• Entre los temas: suspensión de
derechos por violencia, edad para cargos públicos y expulsión de extranjeros
• Diputadas y diputados externaron
comentarios sobre los mismos
La Comisión de Puntos
Constitucionales, presidida por el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (), aprobó
seis dictámenes que reforman la Constitución Política en temas de suspensión de
derechos por violencia, edad mínima para ocupar cargos públicos, expulsión
justificada de extranjeros, zonas metropolitas y prisión preventiva oficiosa.
Robledo Ruiz solicitó que los
asuntos aprobados sean turnados a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
para su atención y continuación en el procedimiento legislativo; se puedan
considerar para su discusión y, en su caso, votación en el Pleno durante las
próximas sesiones ordinarias.
3 de 3 contra la violencia
Con 33 votos a favor, cero en
contra y 3 abstenciones, la instancia legislativa avaló en su 14ª reunión
ordinaria, en lo general, el dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la
Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar
cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
En lo particular, se aceptó con
30 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, la reserva para incluir
una fracción VII al artículo 38, a fin de suspender los derechos o
prerrogativas de los ciudadanos, por tener sentencia firme por la comisión
intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la
libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por
violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por
violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus
modalidades y tipos.
Asimismo, por ser declarada como
persona deudora alimentaria morosa. En los supuestos de esta fracción, la
persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección
popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio
público.
Robledo Ruiz mencionó que el
dictamen tiene antecedentes desde pasadas legislaturas y hoy es producto de un
esfuerzo de diversas legisladoras para establecer una nueva figura; es una
sanción de carácter constitucional “para cualquier persona -sea hombre o mujer-
que incurra en conductas de actividades de violencia y de delitos que afecten
la vida e integridad de las personas”.
La diputada Aleida Alavez Ruiz
dijo que es una iniciativa elaborada de manera plural, para dejar en claro que
el Estado debe poner cartas sobre la violencia contra las mujeres y asumir que
es un problema generalizado y que no se excluye a ningún poder; se norma que
ningún agresor acceda a la función o servicio públicos e incluye a la persona
deudora alimentaria morosa.
Blanca María del Socorro Alcalá
Ruiz, diputada del PRI, resaltó la idoneidad e ilegibilidad de cualquier
persona que aspire a un cargo público. “Se le llama 3 de 3 porque aborda el
Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y es 3 de 3, porque va desde ámbito
federal, estatal y municipal”:
Del PRD, la diputada Elizabeth
Pérez Valdez expresó que la finalidad es que ninguna persona violentadora
acceda al poder público, por lo que llamó a las y los legisladores a que por
unanimidad se apruebe en el Pleno. Aplaudió el trabajo del grupo plural y de
los colectivos “para que las personas agresoras no estén en los espacios de
poder y como personas servidoras”.
La diputada Joanna Alejandra
Felipe Torres (PAN), mediante zoom, argumentó que la sociedad civil recogió
preocupaciones en la materia “haciendo hincapié en que una persona agresora en
el ámbito privado, también lo es en el público; se deben poner límites;
contempla la perspectiva de la familia al incluir a los deudores alimentarios y
abona a los derechos de las mujeres”.
El diputado Salvador Caro Cabrera
(MC) mencionó que hoy se da un paso positivo a favor de las mujeres y de sus
hijos, cuando sufren violencia económica. Resaltó el trabajo de las
organizaciones y del grupo plural para impulsar estas reformas, ya que el tema
de proteger a las familias es sumamente relevante.
Desde la plataforma digital, la
diputada Lilia Aguilar Gil (PT) resaltó que el dictamen no solo es un avance
para las mujeres, sino para la sociedad, para que los agresores, sean mujeres u
hombre, no lleguen a puestos de representación, del servicio público o tomen
decisiones.
La diputada Laura Lorena Haro
Ramírez (PRI), vía zoom, resaltó que hoy se avanza en un tema que abona a los
derechos de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y destacó el
trabajo de los colectivos en el tema.
Disminuir edad para cargos
públicos
La Comisión de Puntos
Constitucionales aprobó, en lo general y en lo particular, con 34 votos a
favor, uno en contra y cero abstenciones, el dictamen que reforma los artículos
55 y 91 de la Carta Magna, en materia de edad mínima para ocupar cargos
públicos.
La diputada Andrea Chávez Treviño
expresó que se elimina un elemento que legitima la discriminación contra las
juventudes; se modifica el requisito etario distinto de mayoría de edad para
ser diputada o diputado federal, es decir, reducirla de 21 a 18 años, así como
bajar de 30 a 25 años, la edad para ser titular de una secretaría de Estado del
Poder Ejecutivo.
Karla Ayala Villalobos, diputada
del PRI, argumentó que se requiere fomentar la participación política de las y
los jóvenes. “Con ello, vamos a propiciar que los partidos políticos nos abran
los espacios a las y los jóvenes que nos interesa incidir en la vida política
del país. Es cuestionable porque sí podemos votar, pero no ser votados; se
eliminan los estereotipos”.
El diputado Salvador Caro Cabrera
(MC) mencionó que en la Cámara de Diputados se tienen talentos que representan
a la juventud y que hacen bien su trabajo; en el mundo, también hay ejemplos de
liderazgo; sin embargo, dijo, hay amenazas para controlar la edad y a los
llamados junior “por el pago de favores”.
Mediante zoom, la diputada Lilia
García Anaya afirmó que el tema es de gran importancia para que todos los
grupos sociales tengan representación en el país, pero es preocupante la
reducción de edad para ser secretario de Estado, “se debe analizar más de fondo
el tema”.
Por plataforma digital, la
diputada Laura Lorena Haro Ramírez (PRI), celebró este momento histórico para
las juventudes del país, pues han demostrado experiencia y talento; es
necesario destruir barreras y eliminar la discriminación, “ya que somos sujetos
de derechos y obligaciones”.
La diputada Susana Prieto
Terrazas aplaudió las reformas que abonan al relevo generacional y el impulso a
los jóvenes “mismos que no debemos privar de sus derechos; es congruente votar
y ser votado a los 18 años y ocupar cargos de elección popular”.
Expulsión justificada de
extranjeros
De igual modo, la instancia
legislativa ratificó, en lo general, con 23 votos a favor, 5 en contra y 8
abstenciones, el dictamen que reforma al artículo 33 de la Constitución
Política, en materia de libre manifestación de las ideas y expulsión justificada
de extranjeros.
Se menciona que son personas
extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30
constitucional (mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización) y
gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce la Constitución
Política, por lo que queda garantizado su derecho a la libre manifestación de
las ideas.
Se establece que el Ejecutivo de
la Unión, previa audiencia y agotado el procedimiento administrativo que señale
la ley ante autoridad competente, podrá expulsar del territorio nacional a
personas extranjeras, siempre y cuando se acredite que su estancia en el país
constituye un riesgo o afectación a la seguridad nacional.
En lo particular, se aprobó con
21 votos a favor, 6 en contra y 7 abstenciones, la modificación al párrafo
tercero del artículo 33 de la Carta Magna, para que la ley establezca los
límites de la participación de los extranjeros en los asuntos políticos del
país.
Al presentar la reserva, la
diputada Susana Prieto Terrazas argumentó que es una reforma de gran calado, al
ampliar los derechos de la libre manifestación de los extranjeros “No hay
intención de amordazar a nadie y respetar la expresión de ideas no solo de los
connacionales, sino de los extranjeros; buscamos no abrogar el tercer párrafo,
sino modificarlo para que la ley establezca los límites de su
participación”.
El diputado Carlos Iriarte
Mercado (PRI) puntualizó que no se debe perder el valor de los conceptos, en
particular, la palabra inmiscuirse, por lo que debe hacerse un análisis y un
debate profundo de por qué el constituyente lo estableció así.
La diputada Andrea Chávez Treviño
mencionó que en ningún momento del último Siglo se ha aplicado este artículo,
“ha habido amagos e intentos en algunos sexenios: hay una utilización política
de este articulado; se aplaude la posibilidad de que las y los extranjeros
manifiesten sus ideas, así como el mecanismo de audiencia previa”.
Zonas metropolitanas
Con 32 votos a favor, uno en
contra y cero abstenciones, diputadas y diputados de las Comisión de Puntos
Constitucionales, avalaron en lo general, el dictamen a los artículos 73, 115 y
116 de la Carta Magna, en materia de zonas metropolitanas. En lo particular, el
dictamen fue aprobado por 32 en pro, uno en contra y cero abstenciones.
La diputada Raquel Bonilla
Herrera (), a nombre de diversas diputadas, presentó reservas en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, dado que son materias que se
encuentran reguladas en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial
y Desarrollo Urbano.
Se plantea, dijo, suprimir dichos
conceptos y únicamente enfocarse en la materia de desarrollo metropolitano,
cuya complejidad requiere contar con un marco legislativo propio, expedido por
el Congreso a manera de ley general, como se expidió en su momento la Ley de
Movilidad y Seguridad Vial.
Por , la diputada Flor Ivone
Morales Miranda expresó que es fundamental modificar los artículos para añadir
el concepto de zona metropolitana, acorde por el grupo institucional integrado
por SEDATU, CONAPO e INEGI, para la delimitación de las zonas metropolitana.
“No existe una invasión de competencias ni una vulneración a la autonomía de
los municipios”.
Prisión preventiva oficiosa
La Comisión ratificó con 21 votos
a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, el dictamen al artículo 19 de la
Constitución Política, para ordenar la prisión preventiva oficiosa por el tráfico
ilegal de armas de fuego.
El diputado Juan Ramiro Robledo
Ruiz mencionó que se busca adicionar un delito elevado a la categoría de
prisión preventiva oficiosa; los argumentos se esgrimen en la teoría de los
derechos humanos frente a las razones de Estado traducidas en seguridad
nacional.
Del PVEM, la diputada Eunice
Monzón García afirmó que el tráfico de armas es uno de grandes problemas que
enfrenta México, pues sean o no del uso exclusivo del Ejército, han cobrado
miles de vidas y son utilizadas para cometer delitos que afectan la economía
del país, la seguridad y la tranquilidad y el orden social. “Se debe detener el
flujo de armas y el dictamen nos ayudará a tener mayores elementos para
castigar a quienes las introducen de manera ilegal”.
El diputado Salvador Caro Cabrera
(MC) sugirió transitar hacia una nueva institución que dé garantías, porque la
prisión preventiva se usa con fines políticos. “La reforma es ociosa, pues ya
está regulado y está totalmente cubierto; hoy los grupos trafican armas de uso
exclusivo del Ejército; es pura pirotecnia legislativa”.
Susana Prieto Terrazas, diputada
de , mencionó que no es ociosa la reforma a la Carta Magna, dado que busca
aplicar e incluir la prisión preventiva por el tráfico ilegal de armas de
fuego. “Por eso, es necesaria la reforma”.
Por el PAN, el diputado Santiago
Torreblanca Engell argumentó que la figura de prisión preventiva oficiosa y
esta reforma son inútiles, pues lo que se debe hacer es fortalecer a las
Fiscalías para la persecución de los delitos graves o no graves.
Lenguas nacionales
Con 26 votos a favor, cero en
contra y 8 abstenciones, la Comisión aprobó en lo general, el dictamen a la
minuta con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 2º
de la Constitución Política, en materia de lenguas nacionales.
En lo particular, fue validado
por 29 votos a favor, uno en contra y 7 abstenciones, para incluir un artículo
segundo transitorio y señalar que son lenguas indígenas nacionales las
comprendidas en el catálogo publicado por el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas.
El diputado Robledo Ruiz mencionó
que las 68 lenguas nacionales son expresiones de los múltiples grupos étnicos
de origen prehispánico que viven en el país. Mencionó que el diputado Irán
Santiago Manuel, presentará una reserva para hacer una acotación que deje con
claridad posibles repercusiones económicas por la reforma constitucional.
Desde plataforma digital, el
diputado Irán Santiago Manuel () argumentó que diversas industrias han
manifestado que la reforma puede generarles complicaciones económicas, por lo
que planteó anexar un transitorio para que se enumeren las lenguas, de
conformidad con el catálogo publicado por el Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de enero de 2008, y que
la difusión, uso y empleo, no imponga obligaciones que representan cargas
económicas a terceros.
El diputado del PT, Pedro Vázquez
González consideró necesario seguir apoyando las iniciativas que permitan
construir derechos de todas las personas y en beneficio de las y los indígenas
para conservar sus tradiciones y cultura. “Las lenguas juegan un papel
importante en la defensa de los derechos humanos y la paz, por ejemplo, para
ser asistidos por intérpretes que tengan conocimiento en su lengua, cultura y
para seguir preservándolas”.
Acuerdan trasladar asunto a una
siguiente reunión
Con 21 votos a favor y 15 en
contra, se aceptó la propuesta del diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (), para
que el dictamen que reforma el artículo 123 de la Constitución Política, en materia
de días de descanso, se discuta en su reunión del miércoles 29 de marzo, a fin
de mejorar la propuesta y hacer consultas con las secretarías de Economía y de
Hacienda y Crédito Público.
Desde plataforma digital, la
diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) aplaudió que se posponga el análisis del
dictamen; sin embargo, pidió se tomen en cuenta las propuestas de todos los
grupos parlamentarios que vayan en este sentido, a efecto de hacer un análisis
más amplio en beneficio de las y los mexicanos.
La diputada Susana Prieto
Terrazas llamó a retomar todos los temas sobre la jornada laboral, ya que desde
hace 40 años se han presentado propuestas. “No se trata de ver quienes ponen
las iniciativas, sino cumplir una deuda con las y los trabajadores del país; es
una demanda de justicia social; buscamos que no haya una jornada mayor de ocho
horas diarias”.
Mediante zoom, la diputada Laura
Lorena Haro Ramírez (PRI) pidió seguir con la discusión del dictamen que recoge
anhelos, aspiraciones y de justicia laboral de las y los trabajadores del país.
Por plataforma digital, la
diputada Cynthia Iliana López Castro (PRI) argumentó que son pocos los países
del mundo en donde la jornada laboral incluye los sábados, ya que trae
problemas de salud y de convivencia familias. “A más de 130 años, no se ha
hecho una modificación; no es momento de parar estas iniciativas; como
legisladores, debemos velar por las y los trabajadores”.
El diputado Salvador Caro Cabrera
Salvador (MC) destacó que es necesario pugnar por cumplir con la norma sobre
cinco días por semana y no mayor a ocho horas diarias, pues otro tipo de
jornada laboral genera rupturas y costos familiares que “nos han llevado a una
situación de violencia que se vive en el país”.
Yeidckol Polevnsky Gurwitz,
diputada de , precisó que en su partido están a favor de las y los
trabajadores, “vamos a ir brazo con brazo y codo con codo con ellos; pero hay
propuestas que deben revisarse; no se trata de no aplazar, sino de revisarlas”.
