Plantean incluir la paridad de género en el derecho a votar y ser votado en pueblos y comunidades indígenas

• La Diputada Cruz Mendoza (PRI) busca reformar el artículo 2º de la Constitución Política

Con el objetivo de introducir la paridad de género en el derecho de hombres y mujeres indígenas a votar y ser votados, la Diputada Eufrosina Cruz Mendoza (PRI) propuso reformar el artículo 2º de la Constitución Política.

La iniciativa, que se analiza en la Comisión de Puntos Constitucionales, propone incluir la palabra “paridad” al Apartado A, fracción III, del artículo 2º constitucional.

Expone que se pretende adecuar de manera justa la normatividad electoral en los sistemas internos de los pueblos y comunidades indígenas, respetando los derechos de las mujeres bajo un enfoque de género y maximización de los derechos político electorales.

Asimismo, adaptar los principios constitucionales de libre determinación de estos grupos, que nunca deben estar por encima de los derechos humanos, y garantizar de forma efectiva el principio de paridad de género en la integración de los cabildos que se rigen bajo normas propias.

Considera que la paridad de género debe ser eje fundamental de la agenda pública del país, ya que es el resultado de años de lucha por las prerrogativas y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, por lo que debe ser prioridad que estos derechos queden plasmados en la Carta Magna y sean irreversibles.

Refiere que el mandato para establecer la igualdad de género en la representación política ha crecido históricamente en la contribución de las mujeres indígenas en la administración municipal de los pueblos originarios.

Es importante señalar que este avance no necesariamente ha significado la participación de las mujeres indígenas en puestos políticos clave en la toma de decisiones, pues para 2020 sólo 4.6 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres, de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2018 se eligieron autoridades mediante sistemas normativos indígenas en 421 localidades, que representaron 17.2 por ciento del total de municipios. De los 421 municipios, 406 están en Oaxaca y el resto en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Baja California Sur.

Indica que es una realidad que el ejercicio de los derechos político electorales de las mujeres en las comunidades indígenas representa un enorme reto, consecuencia de una cultura que por años ha sido machista, a pesar que la Constitución Política contempla la garantía de los derechos por igual.

Por ello, señala la legisladora, es necesaria una perspectiva de género y la interseccionalidad del espacio que ocupan las mujeres en los cargos internos de cada municipio regido bajo usos y costumbres. A veces no es suficiente una postura meramente jurídica, amerita el diseño de la ley y posteriormente la evaluación de su aplicación.

Afirma que los derechos político electorales de las mujeres indígenas son una deuda histórica y el Estado debe tener conocimiento y reconocimiento de la diversidad cultural y promover la participación de ellas dentro de estas culturas milenarias.

Añade que negar el acceso de las mujeres a cargos de poder es una violencia simbólica que legitima la desigualdad de género que se ha visto naturalizado por los años. “Estas prácticas están cargadas de dominación, segregación y discriminación contra las mujeres indígenas que se acentúan en el ámbito de los derechos político electorales. La legislación queda inconclusa al no proteger específicamente la categoría de mujer indígena”.

Diputadas y diputados aprobaron reformas para armonizar la ley en materia de paridad de género

• El dictamen se remitió al Senado de la República

La Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones y 367 votos, reformar diversas disposiciones de las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, y del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, con el fin de armonizarlas y establecer la paridad de género como un principio que rija en el Sistema del Servicio Profesional.

El dictamen, que se remitió al Senado de la República, adiciona las frases “igualdad de género”, “con perspectiva de género” y “atendiendo el principio de paridad de género” en dichos ordenamientos jurídicos.

Las y los diputados aprobaron en votación económica modificar el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para establecer que: Al frente de cada Secretaría de Estado habrá una persona titular quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las personas titulares de las Secretarías, de las Unidades de Administración y Finanzas, de las Jefaturas de Unidades, de las Direcciones de las Subdirecciones, de las Jefaturas de Departamento y demás personas funcionarias, procurando el principio de paridad de género.

Asimismo, el artículo 28 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, para establecer que las convocatorias procurarán realizarse con perspectiva de género y señalarán en forma precisa los puestos sujetos a concurso, el perfil que deberán cubrir los aspirantes, los requisitos y los lineamientos generales que se determinen para los exámenes, así como el lugar y fecha de entrega de la documentación correspondiente de los exámenes y el fallo relacionado con la selección de los candidatos finalistas.

También, el artículo 30 de la misma ley para señalar que la Secretaría emitirá, procurando la perspectiva de género, las guías y lineamientos generales para la elaboración y aplicación de los mecanismos y herramientas de evaluación que operarán los comités para las modalidades de selección de servidores públicos, de acuerdo con los preceptos de esta ley y reglamento

La Diputada Carolina Morales García (PAN) consideró que la reforma generará las condiciones para que las mujeres puedan ascender y permanecer en los puestos de liderazgo sin enfrentar barreras adicionales a sus pares, los hombres.

Además, agregó, aumentará su liderazgo en el sector público y hará posible la construcción de políticas públicas más incluyentes, lo que permitirá visibilizar distintas perspectivas, prioridades y necesidades que existen entre hombres y mujeres.

Recordó que el principio constitucional de paridad de género tiene por objeto asegurar la participación y representación equilibrada de ellas y ellos en los puestos de poder y de toma de decisiones en distintas esferas de la vida política y pública.

Mencionó que en los puestos titulares de las secretarías de Estado existe paridad de género, ya que la mitad de ellos son ocupados por mujeres; sin embargo, también hay una menor participación de mujeres en los puestos de mandos superiores en la Administración Pública Federal, pues sólo el 30 por ciento de las Subsecretarías son encabezadas por ellas.

Consideró necesario fortalecer el sistema jurídico y tomar en cuenta las múltiples discriminaciones que históricamente han sido objeto las mujeres.

Aprueban en Comisión dictamen para incluir la paridad de género en los órganos directivos del INFONAVIT

La Comisión de Vivienda, presidida por la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT), avaló por unanimidad incluir el principio de paridad de género en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).   

El dictamen que reforma los artículos 7, 12, 17, 18 Bis, 25, 25 Bis y 26 de dicha ley establece que con ello se posibilitaría no sólo el acceso de las mujeres a los órganos directivos del Instituto, sino que también los créditos de vivienda se otorgarían con una mayor perspectiva de género.

Señala que es pertinente incluir en la Ley del INFONAVIT el principio de paridad de género para otorgar a las mujeres la garantía de integrar sus órganos colegiados, dando con ello un paso firme para eliminar las brechas de género y fomentar que las decisiones de esta institución incorporen una perspectiva de género más amplia.

Considera dos aspectos fundamentales: que las mujeres se encuentran subrepresentadas en puestos de mando y directivos de las dependencias del Gobierno Federal, lo que impide conformar una agenda inclusiva que tome en cuenta las diferencias específicas de este grupo que conforma el 51.2 por ciento de la población nacional y se traduce en 64.5 millones de mujeres y niñas.

Asimismo, que la paridad de género es pilar fundamental para garantizar derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres, entre ellos, el de acceso a una vivienda adecuada, aspecto en el que son notables las brechas de género, pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2015 sólo el 35 por ciento de las casas escrituradas en el país lo estaban a nombre de mujeres, y en 2020 el INFONAVIT reportó que apenas el 34 por ciento de los créditos se otorgaron a mujeres frente al 66 por ciento de hombres.

Indica que con la apertura a la participación de las mujeres se garantiza que sus necesidades e intereses sean escuchados y se vean reflejados en los órganos colegiados que componen el INFONAVIT.

La Diputada Aguilar Gil comentó que con esta reforma se pretenden modificar diversas disposiciones de dicha ley, con el objeto de que la integración de los órganos plurales del INFONAVIT se haga respetando el principio de paridad de género.

Manifestó que, con una mayor participación de las mujeres en la composición del Instituto, se legisla con una visión transversal en las políticas de género y vivienda.

Aprueban comisiones paridad de género en órganos directivos del ISSSTE

• La reforma también promoverá un mayor acceso a créditos para este sector.

Las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron un proyecto para involucrar a las mujeres en la integración y toma de decisiones de los órganos directivos del ISSSTE y del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores. 

La reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado busca sensibilizar a los miembros del instituto respecto de la problemática que enfrentan las mujeres para acceder, en condiciones de equidad, al mercado laboral formal y a los puestos de toma de decisiones de la Administración Pública Federal. 

Con ello, se menciona en el dictamen que avalaron las comisiones que presiden Gricelda Valencia de la Mora y Rafael Espino de la Peña, se fomentaría la perspectiva de género como metodología que en materia de crédito y acceso a la vivienda adecuada deben superar las mujeres. 

Durante la reunión de la Comisión, los legisladores coincidieron que la paridad de género se plantea como una forma de asegurar la igualdad en la representación y en la distribución del poder entre hombres y mujeres. 

Señalaron que es indispensable introducir el principio de paridad de género, ya que posibilitaría no sólo el acceso de las mujeres a los órganos directivos del ISSSTE y del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores, ya que podrían obtener créditos con una mayor perspectiva de género y acceder a una vivienda adecuada.

Además, destacaron que al impulsar acciones y políticas de empoderamiento se garantiza el acceso a los recursos productivos, políticos, culturales y de autoridad, así como aumentar la confianza y legitimación para ejercer sus derechos. 

Por primera vez en la Cámara de Diputados una mujer ocupa el cargo de supervisora de Seguridad

• La secretaria General, Graciela Báez Ricárdez, hizo la designación.
• Es un reconocimiento a Sandra Capilla Yerena a sus 27 años de trayectoria y destacada labor.

La secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, designó a Sandra Capilla Yerena como supervisora de Seguridad y Protección Civil de la Cámara de Diputados.

Al dar posesión del cargo por primera vez ocupado por una mujer, expresó que este nombramiento es un reconocimiento al esfuerzo, perseverancia y profesionalismo de alguien que durante 27 años ha contribuido a garantizar la seguridad de quienes laboran en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Por su parte, Carlos Noriega Cano, director general de Resguardo y Seguridad, destacó la importancia que representa esta designación “puesto que se ha alcanzado el objetivo de tener por primera vez a una mujer en ese cargo tan relevante que significa coordinar el esfuerzo para preservar la seguridad de las personas, del inmueble y mejorar su funcionamiento”.

Sandra Capilla Yerena ocupa el cargo de supervisora de Seguridad de la Cámara de Diputados, luego de laborar 27 años desarrollando diferentes labores y responsabilidades en el área de Resguardo.

Al recibir el nombramiento, expresó que “empecé de cero, en un tiempo en el que había muy pocas oportunidades para las mujeres y menos en un área en la que predominan los hombres. Por fortuna se han abierto espacios de responsabilidad para las mujeres en los últimos años, en especial en la Cámara de Diputados a la que le he dedicado toda mi atención y responsabilidad”.

A la ceremonia, realizada a un costado del estacionamiento 1 del recinto legislativo, asistió el personal asignado a las labores de Seguridad y Protección Civil, así como Yuriria García Núñez, titular de la Unidad para la Igualdad de Género.

Aprueban reformas a la Ley de productividad y competitividad en materia de lenguaje inclusivo

Con 467 votos a favor, 14 abstenciones y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el artículo 10 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, en materia de lenguaje inclusivo.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, sustituye la referencia de “los trabajadores” por “personas trabajadoras”.

Fomentar la paridad de género

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), expresó que la reforma busca la paridad de género, sin transgredir ni trastocar el objetivo primordial de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional; tampoco se contrapone con ningún ordenamiento.

Relató que el eje motor de la reforma es el principio que se deposita en el artículo 4º constitucional, es decir, la igualdad y equidad entre la mujer y el hombre, que debe ser no solamente una cuestión de terminología teórica, sino una amplia praxis en cuanto a los usos y costumbres, la técnica legislativa y en la redacción de contenidos de los ordenamientos normativos.

La reforma, añadió, es un paso más hacia la progresividad de las leyes que demuestran la realidad de un mundo igualitario y equitativo, con un lenguaje jurídico que permite disminuir y erradicar, de manera amplia, la discriminación y continuar con la agenda global sostenible por la misión de un mundo horizontal.

Inzunza Armas manifestó que el dictamen permite integrar un contenido que fomente la paridad de género al texto normativo de la ley, sin que se generalice en el concepto de trabajadores a las mujeres, quienes deben ser incluidas en igualdad de condiciones en la descripción.

Usar el lenguaje incluyente

La promovente del tema, diputada Susana Cano González (Morena), señaló que las mujeres, a pesar de los incontables obstáculos que han tenido que superar en la lucha por sus derechos, han alcanzado enormes logros en garantizar su autonomía física, económica y en la toma de decisiones. La discriminación por razón de género y la desigualdad han estado entre las principales causas estructurales de violencia contra las mujeres y niñas, consideró.

Añadió que la reforma busca precisar, fortalecer y promover el lenguaje incluyente, con la finalidad de erradicar la discriminación y la desigualdad. Se integra el concepto de “personas trabajadoras” en lugar de “trabajadores”, a fin de democratizar el lenguaje y propiciar una sociedad más igualitaria y transparente

El Pleno, en votación económica, no admitió a discusión la reserva de la diputada Edna Gisel Diaz Acevedo (PRD), que buscaba reformar el artículo 10 de la Ley para Impulsar el Incremento Sostenido de la Productividad y la Competitividad de la Economía Nacional, por lo que se desechó.

Van por paridad de género en juzgados y magistraturas del PJEM

 

⦁ Actualmente 61.9% de estos cargos son ejercidos por hombres y 38.1% por mujeres: Trinidad Franco. 

La diputada Trinidad Franco Arpero propuso, en nombre del grupo parlamentario del PT en el Congreso local, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para establecer el principio de paridad de género en los procesos de selección y designación de magistraturas y juzgados del Tribunal Superior de Justicia de la entidad.

De acuerdo con la iniciativa, actualmente de las 35 magistradas y magistrados adscritos a las salas del Poder Judicial, 23 son hombres y 12 mujeres, mientras que el Pleno del Consejo de la Judicatura es integrado por 2 mujeres y 5 hombres, por lo cual, del total de personas servidoras públicas que realizan funciones de jueces y magistrados 61.9% son hombres y 38.1% mujeres, situación que evidencia la necesidad de integrar la paridad de género en estos nombramientos.

Con esta propuesta, se busca que más mujeres participen en los órganos jurisdiccionales, que tomen decisiones y que juzguen casos, pues existen mujeres abogadas que cuentan con los méritos profesionales paras ocupar lugares de máxima responsabilidad en el Poder Judicial. La propuesta fue remitida a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género para su dictamen.

Propone el GPPRD ampliar medidas para proteger a mujeres violentadas

Con el propósito facilitar el acceso a la justicia y a la protección efectiva a las mujeres víctimas de violencia, el grupo parlamentario del PRD en el Congreso local propuso reformas para establecer que la temporalidad mínima de las órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de mujeres y sus hijas e hijos menores violentados, no sea menor de 60 días, con posibilidad de prorrogarlo hasta por 60 días adicionales, y que la Secretaría de Salud asigne personal médico capacitado para atender los Dictámenes Médicos de las víctimas del delito en cada una de las agencias del Ministerio Público de la entidad.

De acuerdo con la iniciativa expuesta por la diputada Viridiana Fuentes Cruz también se propone que la Secretaría de Seguridad especialice al personal policiaco en perspectiva de género, para que brinden un trato acorde a la situación de violencia que las mujeres viven.

Prevé además que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) designe en las Agencias del Ministerio Público o las instancias especializadas de atención a la mujer, personal capacitado itinerante para que realice las diligencias de entrevistas y declaraciones con las víctimas en los albergues o centros de resguardo para que sus derechos sean respetados.

PRD exige al Gobierno Federal garantizar la paridad de género y trabajar en la construcción de una sociedad más justa

·Es lamentable que el Ejecutivo Federal siga sin reconocer la violencia que existe hacia las mujeres en todos los sentidos.
·Es urgente hacer un balance crítico sobre las deficiencias que hay en cuanto a sus derechos laborales y sociales.

La Dirección Nacional Ejecutiva (DNE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) hace un llamado al Gobierno Federal para garantizar la paridad de género y trabajar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, ya que el presidente de la República, hasta el momento, se ha negado a reconocer la violencia que existe hacia las mujeres en diversos ámbitos.

Lo anterior, luego de que se dieron a conocer los resultados de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) del INEGI y del Instituto Nacional de las Mujeres, que señalan que las mujeres trabajan en promedio seis horas más que los hombres a la semana de acuerdo con el tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado.

Por ello, la dirigencia perredista recalcó la urgencia de hacer un balance crítico sobre las deficiencias que se tienen en cuanto a los derechos y defensa de la mujer, ya que hay un severo retroceso y el Gobierno de la República sigue sin atender este problema, al contrario, se han agudizado los índices de violencia en contra de este sector, llegando a los índices más altos de los últimos sexenios.

Añadieron que el presidente López Obrador se contradice al decir que su gobierno ha apoyado a las mujeres, sin embargo, desde el inicio de su sexenio se han presentado manifestaciones multitudinarias en las calles de la ciudad y afuera del Palacio Nacional para exigir justicia para las víctimas de feminicidio.

Ahora, con la encuesta del INEGI, también queda en evidencia la desigualdad que hay en el terreno laboral, destacando que el promedio de horas semanales de tiempo total de trabajo para las mujeres de 12 años y más es de 59.5 horas, mientras que para los hombres es de 53.3 horas, lo que arroja un tiempo desfavorable de seis horas más a la semana.

En ese sentido, la DNE exigió al presidente de la República, así como autoridades laborales y empleadores, garantizar condiciones igualitarias de trabajo para hombres y mujeres, así como una remuneración justa, sin distinción de género, ideologías u orientación sexual.