•La guardia y custodia de menores de edad, es de tres años
en Centro Penitenciarios, pero hay niños de hasta 6 años.
•La Secretaría de Seguridad recibió presupuesto de $17 mil
800.6 mdp para mejorar el sistema penitenciario
•Menores están expuestos a entornos de violencia, abuso de
autoridad, drogas y depresión
Por Mario Ruiz Hernández
Toluca, Méx., junio del 2023.- La diputada Karina Labastida
Sotelo del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó iniciativa para reformar la
“Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del estado de México”,
con la finalidad de reconocer la situación especial en que se encuentran las
niñas y niños que viven con sus madres o padres en prisión, y priorizar
políticas incluyentes.
La iniciativa propone, que se les brinde protección oportuna
a las niñas y niños mexiquenses, se les atienda en igualdad de condiciones en
todos los servicios, antes que los adultos, se diseñen y ejecuten políticas
públicas necesarias para la protección de sus derechos, por lo que se deberá
asignar mayores recursos a las instituciones públicas o privadas encargadas en
la atención de sus necesidades, y prevalezca el interés superior de la niñez
para el diseño y ejecución de las políticas públicas necesarias para su
protección.
Cabe resaltar que en la entidad los centros penitenciarios
están a cargo de la Secretaría de seguridad, la cual para el ejercicio fiscal
2021 recibió un presupuesto de $17,800,679,036 (DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.),
para el Fortalecimiento y mejorar el sistema penitenciario.
El recurso debía enfocarse en dos estrategias: incrementar
la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad de las instalaciones
penitenciarias, e implementar mecanismos para la reinserción social, asimismo,
se estableció “proteger los derechos humanos de población vulnerable, con
estrategias dirigidas a reforzar los programas de respeto de los derechos
humanos en reclusorios, agencias del ministerio público y órganos
jurisdiccionales”.
Labastida Sotelo, explicó que la Encuesta Nacional de
Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2020 indica que la cifra total de
personas recluidas en los centros penitenciarios federales, estatales y
municipales es de 210,991 internos; en dónde 94.9% son hombres y sólo el 5.1%
pertenece a la población femenina, son 10,718 mujeres que viven en prisión,
para quienes la maternidad es un asunto omnipresente, ya que el 86.7 por ciento de las mujeres en prisión son
madres, de las cuales el 78.9% tiene hijos o hijas menores de 18 años.
De acuerdo a la información pública, de los Centros
penitenciarios federales y estatales, sólo 34 cuentan con espacios para la
educación integral y formativa de las niñas y niños que viven con sus madres
privadas de la libertad/madres adolescentes internadas.
Datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y
Estatales 2021, revelan que, al cierre de 2020, a nivel nacional, la cantidad
de mujeres privadas de la libertad que se encontraban embarazadas y/o en
periodo de lactancia fue de 356, de las cuales, 57.3 por ciento se encontraba
en periodo de lactancia.
Adicionalmente, se registraron 384 mujeres privadas de la
libertad que tuvieron consigo a sus hijos menores de seis años.
“Esta es una reforma a la Ley de niños y niñas. En el estado
de México en los reclusorios hay madres que tienen a sus hijos en los penales,
unas por decisión y otras porque no tienen redes de apoyo y representa una
problemática con los menores porque algunos tienen que permanecer más del
tiempo permitido, y están hasta los 6 años de edad. En este sentido, lo que se
busca es precisamente que los niños tengan ese libre desarrollo”, precisó
Karina Labastida.
La Ley Nacional de Ejecución Penal, establece una serie de
Derechos de las Mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios, y de
sus hijas e hijos: conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de
tres años; recibir alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos;
recibir educación inicial para sus hijas e hijos, vestimenta acorde a su edad y
etapa de desarrollo, y atención pediátrica, y acceder a los medios necesarios
que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar
disposiciones respecto a su cuidado.
También tienen derecho a contar con las instalaciones
adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica, de conformidad
con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y a sus
necesidades de salud específicas y la autoridad penitenciaria deberá garantizar
que haya espacios adecuados para el desarrollo integral de las hijas o hijos de
las mujeres privadas de su libertad, o en su defecto, para el esparcimiento del
niño o niña en las visitas a su madre.
En ese sentido, la legisladora morenista señaló que contrario
a lo que señala la Ley, la realidad de las mujeres privadas de su libertad y
sus hijas e hijos, está muy alejada de ésta, y las condiciones a las que son
expuestos derivado del encierro, son de un entorno de violencia, abuso de
autoridad, drogadicción, sexualidad, depresión, angustia y la desesperación que
se vive dentro de los centros penitenciarios, que generan un ambiente nocivo
para el desarrollo de infantes.
