Piden derogar preceptos que criminalizan a personas con VIH

El artículo 252 del Código Penal ha institucionalizado su discriminación: Beatriz García.
La Secretaría de Salud registró mil 818 personas portadoras en Edoméx durante 2023.

En nombre del grupo parlamentario de MORENA, la Diputada Beatriz García Villegas propuso derogar preceptos del Código Penal del Estado de México que atentan contra el derecho de las personas que viven con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y las criminalizan de manera injustificada.

En sesión deliberante, la legisladora expuso que se busca derogar el artículo 252 del Código Penal del Estado de México que actualmente establece penas de seis meses a dos años de prisión en contra de quien, sabiendo que padece una enfermedad grave en periodo infectante, ponga en peligro de contagio a otro por cualquier medio de transmisión.

Para la legisladora, aunque en primer momento este artículo podría encaminarse a proteger la salud general de las personas, la realidad es que ha sido la vía idónea para criminalizar a las personas portadoras de VIH y ha institucionalizado la serofobia, entendida como la estigmatización, discriminación y miedo irracional hacia estas personas lo que constituye una violación de sus derechos humanos.

Además, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México señaló que la incorporación de este delito en los códigos penales es producto de prejuicios morales y del desconocimiento del VIH, y que aún se relaciona con la promiscuidad, la homosexualidad, la infidelidad o el uso de drogas, ideas que se encuentran fuera del pensamiento científico, por lo que la primera entidad que lo derogó fue Aguascalientes, posteriormente Nayarit y recientemente la Ciudad de México.

La legisladora dio a conocer que la Secretaría de Salud Federal registró en 2023 aproximadamente 13 mil 489 nuevos casos en el país y en el Estado de México sumó mil 818 personas, en un contexto en el que el VIH, al igual que virus como la gripe o el covid-19, no tienen una cura definitiva, aunque se ha demostrado que la terapia antirretroviral puede controlarlo y la esperanza de vida puede llegar a ser casi la misma que la de alguien que no lo ha contraído.

La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Sancionarán hasta con 20 años de prisión abuso sexual infantil

*Se establece el pago y la reparación de los daños y perjuicios de manera integral.
*Las y los responsables de este delito perderán la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerzan sobre la víctima.

A quien cometa abuso sexual infantil cuando la víctima esté bajo su custodia, guarda, educación o se aproveche de la confianza depositada se hará acreedora a una sanción de hasta 20 años de prisión, establecen las reformas al Código Penal del Estado de México aprobadas por unanimidad de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local.

De acuerdo con las reformas impulsadas por la diputada Ingrid Schemelensky Castro, las penas previstas actualmente para los casos de abuso sexual aumentarán hasta en una tercera parte en su mínimo y máximo cuando el delito lo cometa uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, por un hermano contra el otro, el tutor contra su pupilo, o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra. Además, perderán la patria potestad o la tutela en los casos en los que se ejerza sobre la víctima.

Lo mismo pasará cuando se haga uso de la violencia física o moral o cuando el delito sea cometido por quien tenga o haya tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación; además, si el delito es contra una persona menor de edad, la persona condenada será destituida del cargo o empleo e inhabilitada o suspendida hasta por el término de cinco años en el ejercicio de su profesión, independientemente de las sanciones a que se haga acreedor.

De igual manera, se sancionará cuando la o el ofendido tenga alguna discapacidad que limite las actividades de su vida diaria e impida su desarrollo individual y social. Además, se puntualiza que es obligación de quien ejerza la patria protestad del menor hacer del conocimiento o denunciar ante las instancias competentes cualquier presunto caso de abuso sexual en su contra.

De acuerdo con el dictamen aprobado quien cometa el delito de abuso sexual deberá pagar y reparar los daños y perjuicios de manera integral, además de que este será incluido en los casos de reincidencia y habitualidad, por lo que no se otorgarán beneficios, sustitutivos ni la suspensión de la pena de prisión, aún en el caso de delincuentes primarios. El dictamen será remitido al Pleno Legislativo para su votación definitiva.

Cabe señalar que actualmente este delito tiene penas que van de los dos a cuatro años de prisión, que se extienden a ocho y 15 años si se ejecuta en una persona menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender las cosas o de resistir al hecho, un acto erótico o sexual sin el propósito de llegar a la cópula o a quien lo realice en su presencia o haga ejecutarlo para sí o en otra persona.

Proponen cárcel por usurpación de identidad digital

 

Buscan sanciones de hasta 24 años de cárcel en contra de quien cometa fraude digital.

Avalan acuerdos sobre diferendo limítrofe entre Ecatepec y Acolman.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local inició el análisis de propuestas de reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con uno y hasta 12 años de prisión a quien cometa el delito de usurpación de identidad por medios electrónicos, además de hasta 24 años por fraude digital.

Las sanciones de 12 a 24 años de prisión se aplicarían, de acuerdo con la iniciativa, en contra de quien cometa el delito de fraude por sí o por una persona que cuente con nivel de conocimientos suficientes en informática, telemática o alguna otra materia afín del uso de las tecnologías de la información.

Se prevé convocar a una mesa de trabajo para incorporar al análisis la iniciativa que propone castigar con uno y hasta cuatro años de cárcel la usurpación de identidad de una persona mediante el uso de su imagen, por medio de fotos o videos, o el nombre o datos personales para ser utilizados en redes sociales.

Durante esta jornada, la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios aprobó cuatro acuerdos relacionados con el procedimiento para la solución del conflicto territorial que sostienen Ecatepec y Acolman, en el cual se consideran terceros interesados Atenco y Tecámac, ya que podrían verse afectados en sus territorios.

El primer acuerdo admite por realizadas las manifestaciones efectuadas por Atenco en este procedimiento; el segundo pone al alcance de los involucrados en este diferendo el documento original consistente en el dictamen emitido con anterioridad por la Comisión estatal de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, a efecto de que lo puedan cotejar los profesionales designados por tales municipios.

El tercer acuerdo admite por recibido el escrito de la Secretaría Técnica de la citada Comisión estatal por medio del cual pide una prorroga adicional para emitir el dictamen referente a este mismo procedimiento, y en cuarto lugar se aprobó el acuerdo por medio del cual se tienen por recibidos los escritos promovidos por Ecatepec en relación a los informes relacionados con este procedimiento y se hace constar el fenecimiento del término con que contaba para presentarlos en este procedimiento.

Reponen sellos de suspensión qué fueron quebrantados en mina de Arena de Naucalpan

•El caso será turnado a la Dirección General Jurídica y Consultiva para presentar una denuncia ante la fiscalía estatal.

Por Mario Ruiz Hernández

Naucalpan, Méx., mayo del 2022. - El gobierno de Naucalpan repuso los sellos de suspensión de actividades que fueron quebrantados en un predio ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera Naucalpan-Toluca, en El Capulín, que presuntamente fungía como mina de arena sin contar con oficio de manifestación de impacto ambiental.

Servidores públicos de la Dirección General de Medio Ambiente con el apoyo de elementos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura acudieron al referido predio, debido a que fueron quebrantados los sellos que se colocaron el pasado 4 de mayo al detectarse que en el lugar se realizaban de manera irregular actividades vinculadas a la extracción de arena.

El jueves 18 de mayo, personal de la dependencia instaló postes de aproximadamente un metro de altura para colocar nuevamente los sellos de suspensión de actividades y una cinta amarilla que prohíbe el paso en el perímetro del terreno.

Además, se levantó el Acta de Reposición de Sellos, que será turnada a la Dirección General Jurídica y Consultiva para que se presente una denuncia por quebrantamiento de sellos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Como se recordará, el 4 de mayo en este predio se encontraron dos retroexcavadoras que removían escombro sin contar con la manifestación de impacto ambiental necesaria para realizar dicho trabajo, por lo que se colocaron los sellos de suspensión de actividades “a efecto de prevenir riesgos inminentes al equilibrio ecológico, daño o deterioro grave de los recursos naturales”.

El Artículo 124 del Código Penal del Estado de México establece: “Comete este delito el que quebrante los sellos puestos por orden de la autoridad competente o quebrante la restricción impuesta por la autoridad aun sin afectar los sellos y se le impondrán de uno a siete años de prisión y de cien a quinientos días multa”.

Eliminarán delito de ultraje en Edoméx

Este delito ya se declaró inconstitucional en CDMX y Veracruz: Jorge García y Juana Bonilla.
El dictamen aprobado en comisiones conjunta propuestas de MORENA y MC.

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local aprobó por unanimidad reformas al Código Penal del Estado de México para derogar el delito de ultraje, pues consideró que es inconstitucional, viola el derecho a la libertad de expresión, restringe las libertades y se presta a la interpretación que deriva en corrupción de personas servidoras públicas y extorsión a la población.

La reforma conjunta las iniciativas presentadas, por separado, por el diputado Jorge García Sánchez, en nombre de MORENA, y por el legislador Martín Zepeda Hernández y la diputada Juana Bonilla Jaime, de MC, Durante la reunión, presidida por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), el legislador Jorge García señaló que con esta reforma prevalece en la entidad el Estado de Derecho porque el delito de ultraje es inconstitucional al violar el derecho humano a la libertad de expresión, en tanto que la diputada Juana Bonilla destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de dicho delito en la Ciudad de México y en Veracruz al considerarlo una coacción a la libertad de expresión, principalmente por policías que extorsionaban a la ciudadanía.

El dictamen señala que el delito es letra muerta, pues desde 2015 a la fecha no se tienen registros del delito en datos de averiguaciones previas o carpetas de investigación de las procuradurías o fiscalías generales de las entidades, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Previo a la votación, el diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas y la diputada Paola Jiménez Hernández, del PRI, solicitaron la opinión técnica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en tanto que la diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA) y el legislador Adrián Juárez Jiménez (PAN) subrayaron que la SCJN ya se había posicionado al respecto.

Delito de ultrajes restringe libertades; buscan abrogarlo

De seguir vigente podrían limitarse discursos de inconformidad contra autoridades e instituciones: Jorge García.
De 2015 a la fecha no se han presentado denuncias por este delito.

Derogar el delito de ultrajes debido a que es considerado inconstitucional, viola el derecho a la libertad de expresión, restringe las libertades y se presta a la interpretación, es el propósito de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México, cuyo análisis inició la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso local.

De acuerdo con la iniciativa del diputado Jorge García Sánchez (MORENA), se considera ultraje a las expresiones o acciones contra personas servidoras públicas o instituciones que impliquen ofensa o desprecio, por lo que su abrogación pretende contribuir a una sociedad más democrática, con libertad de expresión y opinión, pues si el tipo penal continua vigente, podrían limitarse discursos de inconformidad y ser un arma de autoridades e instituciones para callar a la ciudadanía, grupos oponentes e inconformes.

Al exponer la propuesta, la diputada Karina Labastida Sotelo (MORENA), indicó que se busca derogar el tipo penal y las sanciones, que van de seis meses a dos años de prisión, y que actualmente está tipificado en 25 de 32 estados, aunque existen jurisprudencias que lo han considerado inconstitucional, además de que “dicho delito es letra muerta en nuestra entidad”, pues en los informes de incidencia delictiva de 2015 a la fecha no se han registrado denuncias por este delito.

Durante la reunión, la diputada Juana Bonilla Jaime propuso analizar de manera conjunta la iniciativa, presentada con el mismo propósito por el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano, pues como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, restringe la libertad de expresión; petición que será remitida a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, indicó el diputado Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN), quien condujo la reunión de trabajo.

Proponen sancionar con más de 10 años de prisión la violencia vicaria

* También plantea sanciones para la persona servidora pública que entorpezca la investigación de un delito de violencia vicaria.
* Plantean reformas para sanear finanzas del ISSEMyM.

Los grupos parlamentarios del PAN y el PRD, a través de la diputada Viridiana Fuentes Cruz, plantearon sanciones de cuatro a ocho años de prisión en contra de que quien cometa el delito de violencia vicaria; penas que podrían ser superiores a los 10 años de prisión si se incurre en daño a las hijas o hijos de la víctima, personas adultas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, así como a mascotas con las que la mujer tenga una relación afectiva.

Las reformas al Código Penal del Estado de México proponen que, si el agresor devuelve a los menores a la madre durante el proceso, la pena podrá reducirse de uno a cinco años de prisión, aunque el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima y a las hijas e hijos, y que el delito se perseguirá de oficio.

También propone penas de tres a ocho años de prisión, así como la destitución e inhabilitación de seis a 10 años para desempeñar otro cargo, a la o el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, cuando se trate de la investigación de un delito de violencia vicaria, sustracción de menores o violencia familiar.

Además, con adecuaciones al Código Civil de la entidad se busca que la patria potestad se pierda por resolución judicial por el ejercicio de cualquier tipo de violencia en contra de sus hijas o hijos menores, siempre y cuando no se hayan cometido otro tipo de delitos en agravio de los menores, aunque se podrá recuperar mediante valoraciones psicológicas y de trabajo social.

La iniciativa, que contó con la colaboración del colectivo Cam Cai y del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Van por reformas para sanear finanzas del ISSEMyM.

La legisladora Ingrid Schemelensky Castro y el legislador Enrique Vargas del Villar, en nombre de la bancada del PAN, propusieron reformas para evitar que causen recargos y actualizaciones, el pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), debido a la inscripción retroactiva de una persona servidora pública a consecuencia de un laudo laboral.

La propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y al Código Financiero del Estado de México y Municipios está encaminada a atender la problemática presupuestal que genera la orden de los tribunales laborales para reinstalar a una persona servidora pública debido a un laudo laboral, pues durante el periodo de la demanda, la institución no realizó las aportaciones correspondientes toda vez que dicha persona no estaba en funciones.

De acuerdo con la propuesta, instituciones gubernamentales estatales o municipales deben al ISSEMyM más de cinco mil 215 millones de pesos. La propuesta será analizada por las Comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas.

Castigarán con prisión a quien explote a personas indígenas

* Comisiones legislativas aprobaron incorporar a la legislación local el delito de mendicidad ajena.
* Penalmente será castigado como una modalidad de trata de personas.

A fin de contribuir a erradicar la mendicidad forzada, entendida como la explotación de personas indígenas o que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, Comisiones Unidas del Congreso mexiquense aprobaron incorporar este delito a la legislación local y sancionarlo con penas de prisión como una modalidad de trata de personas.

De acuerdo con la propuesta de la diputada Juana Bonilla Jaime y el legislador Martín Zepeda Hernández, integrante y coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, se entenderá como mendicidad ajena la explotación para obtener un beneficio, cuando se obligue a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad a través de amenazas de daño grave, uso de la fuerza y otras formas de coacción o engaño, valiéndose de una situación de vulnerabilidad o indefensión.

De acuerdo con el dictamen, expuesto por la diputada Karina Labastida Sotelo, la mendicidad ajena lesiona la dignidad y se agrava por la delincuencia organizada que ha hecho del tráfico de personas una fuente de ingresos, además de que en los últimos tiempos se ha incrementado la migración de personas de comunidades originarias a la entidad, quienes se vuelven víctimas potenciales de la delincuencia.

Las reformas al Código Penal del Estado de México equiparan la mendicidad ajena con el delito de trata de personas que se sanciona con penas de seis a doce años de prisión, o de nueve a 18 años cuando es cometido por una persona servidora pública.

Estas penas se incrementarán al doble cuando el delito se ejecute en contra de una persona perteneciente a un grupo indígena o que se encuentre en condiciones de marginalidad o vulnerabilidad social, establece el dictamen.

Además, las modificaciones a la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México integran el concepto de mendicidad ajena y estipulan que corresponderá al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad (DIFEM) implementar campañas de prevención y denuncia bajo una perspectiva interseccional de género y con enfoque en derechos humanos.

Las reformas avaladas por unanimidad de las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, presididas por el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) serán remitidas a la Asamblea plenaria para su votación definitiva.

Proponen prisión vitalicia para padre o madre infanticida

* Se clasificará como infanticidio cuando la víctima tenga de cero a cinco años: María Luisa Mendoza.
* Durante 2020 en México murieron diariamente tres niños muchos de ellos a manos de sus progenitores.

La diputada María Luisa Mendoza Mondragón propuso tipificar el delito de infanticidio en el Estado de México y sancionarlo con penas de 60 a 70 años de prisión y hasta prisión vitalicia, cuando la madre y/o padre ocasione la muerte de su descendiente consanguíneo en línea recta en primer grado desde el momento de su nacimiento y hasta los cinco años de edad.

La diputada explicó que la legislación local no considera este delito como tal, pues se encuentra enmarcado en el tipo de homicidio, que no responde a la exigencia social de impartición de justicia antes estos crímenes.

Expuso que, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia, durante 2020 en México murieron diariamente tres menores, muchos de ellos a manos de sus progenitores, como en el caso de esta entidad en la que ha registrado 30 casos en los últimos años.
Para la legisladora este delito requiere una regulación específica en el Código Penal del Estado de México, pues en los delitos que traen como consecuencia la privación de la vida de las niñas y los niños el Estado no debe dar marcha atrás en las penas que deben imponerse.
La iniciativa se remitió para su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Piden hasta cinco años de cárcel para quien realice disparos al aire

* Falta mucho por hacer en materia de seguridad pública en el Estado de México, afirmó Rosa María Zetina.
* Proponen inscribir en el Muro de Honor del Congreso local, la leyenda “13 de agosto. Firma de los Tratados de Teoloyucan”.

La diputada Rosa María Zetina González propuso reformas al Código Penal del Estado de México para imponer hasta cinco años de prisión a la persona que realice disparos al aire sin justificación alguna.

De acuerdo con la diputada proponente, las tragedias que causan las balas perdidas se han incrementado en los últimos años en países de América Latina como producto de la proliferación de armas de fuego y municiones de calibres menores, que, en combinación con otros factores han derivado en el aumento de los niveles de violencia.

Indicó que, de acuerdo con el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo de América Latina, México ha registrado 116 incidentes o muertes por balas perdidas que dejaron 132 víctimas; 55 personas muertas y 77 lesionadas, 54 de estos eran menores de edad.

Sumado a esto, indicó, falta mucho por hacer en materia de seguridad en el Estado de México, pues ocupa el primer lugar a nivel nacional en delitos de homicidio, feminicidio, robo a transporte público, de motociclista y a transportista.

Conforme a la iniciativa, remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la sanción de hasta cinco años de prisión aplicará cuando el hecho no cause daño, o no constituyan tentativa de homicidio, en caso contrario, se impondrán las penas del delito consumado o en grado de tentativa. 

Proponen sancionar con prisión la violencia en eventos deportivos

* El diputado Sergio García Sosa explicó que la pena máxima superior a 5 años aplicará cuando se produzcan lesiones entre los grupos de animación.
* Busca evitar que se repitan hechos como los registrados en el estadio Corregidora.

El diputado Sergio García Sosa propuso tipificar y perseguir de oficio el delito de violencia en eventos deportivos con penas que podrían superar a los cinco años de prisión en contra de la persona que incite a otras a practicar actos de violencia, cuando se produzcan lesiones o daños entre personas integrantes de los grupos de animación.

La iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de México también plantea penas de dos a cuatro años de prisión en contra de quien cometa este delito, cuando una persona espectadora, antes, durante o después de un evento o espectáculo deportivo, ejecute o incite a otros a practicar dentro del estadio o espacios deportivos, así como sus áreas comunes, estacionamiento o calles inmediatas al recinto del evento, actos que causen daños a las personas o sus bienes, la pena máxima aplicará en caso de que presenten lesiones.

El legislador explicó que esta reforma busca impedir que se replique lo ocurrido en el Estadio Corregidora durante el encuentro entre el Querétaro y Atlas, donde un enfrentamiento entre pseudo aficionados dejó como saldo a 26 personas heridas, por lo que obliga a replantearse lo que acontece en los eventos deportivos en los cuales se llegan a presentar violencia, caos, descontrol e impunidad.

Dijo que este tipo de hechos evidencian la violencia existente en el país, por lo que es necesario fortalecer la protección de las personas espectadoras y aficionadas que asisten a un evento deportivo. La propuesta será analizada por la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Plantea bancada del PRD tipificar el turismo sexual en la entidad

* Se sancionaría como delito grave con penas de siete a 14 años de cárcel: Viridiana Fuentes.

Al informar que México está considerado entre los 32 países del mundo más visitados para ejercer turismo sexual, el grupo parlamentario del PRD en el Congreso Local propuso reformas al Código Penal del Estado de México para tipificar esta práctica como un delito grave con penas de siete hasta 14 años de prisión.

De acuerdo con la diputada Viridiana Fuentes esta reforma busca castigar a quien ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio que una o más personas viajen el territorio estatal, o del Estado de México hacia el exterior, para realizar o presenciar actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años, o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

Esta misma pena aplicará contra quienes, por sí mismos o mismas, practiquen la misma conducta, y se considerará que también comete este delito el propietario o arrendatario del servicio turístico que tenga en conocimiento de estas actividades.

La legisladora expuso que, de acuerdo con estimaciones oficiales, en el mundo cada año 250 mil turistas viajan a diferentes países para ejercer esta práctica, la que genera ganancias por más de 30 mil millones de dólares al año, y dijo que esta conducta ya ha sido tipificada a nivel federal y retomada en varias otras entidades.

La propuesta, que también reforma las leyes para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el Estado de México, será analizada por las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición.