Promueven que candidatas y candidatos acrediten no haber sido sancionados por violencia familiar, doméstica o delitos sexuales

 

•    Se plantea garantizar la erradicación y la eliminación de la violencia en todas sus formas

•    A través de una iniciativa, diputadas del PRD buscan reformar la Carta Magna

Diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) impulsan reformas y adiciones a la Constitución Política, para que los institutos políticos estén obligados a observar que las y los candidatos cumplan con el requisito de no haber sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público.

Tampoco, haber sido penalizados por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o condenados como deudores alimentarios morosos.

La iniciativa propone establecer dichos requisitos para ser diputada o diputado, titular de la presidencia de la República y de la Fiscalía General de la República (FGR), ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y aspirante a un cargo de elección popular en los tres ámbitos de gobierno en los estados.

Expone que la sociedad exige que se erradique la violencia en todas sus formas y manifestaciones, de manera especial, la que afecta a las mujeres por razones de género derivado de causas estructurales que perpetúan la desigualdad y la discriminación.

Destaca que la manera más eficaz de evitar que personas violentadoras de mujeres y de los derechos familiares accedan a los cargos de elección popular, es que los partidos políticos exijan a las personas interesadas en una candidatura, que no hayan incurrido en alguna situación de violencia de género ni familiar.

Por esa razón, precisa que la 3 de 3 contra la violencia, constituye una medida que promueve que quienes aspiren a acceder a cualquier cargo público no deben incurrir en conductas que social y culturalmente son connotativas de la perpetuación de actitudes de dominio y actos discriminatorios patriarcales en contra de las mujeres por razón de género.

A través del 3 de 3 contra la violencia, menciona la iniciativa, se instrumenta una medida que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que aspiren a acceder a cualquier cargo público, no detenten antecedentes que, por su naturaleza, son indicativos de conductas constitutivas de violencia en contra de las mujeres.

De ahí, puntualiza, la necesidad de elevar a rango legal la protección de la mujer, con el fin de garantizar la erradicación y la eliminación de la violencia en todas sus formas.

La iniciativa que reforma y adiciona los artículos 41, 55, 82, 95, 102 y 116 constitucionales, la suscriben las diputadas del PRD, Elizabeth Pérez Valdez, María Macarena Chávez Flores, Edna Gisel Díaz Acevedo, Olga Luz Espinosa Morales, Laura Lynn Fernández Piña, Fabiola Rafael Dircio, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia y Gabriela Sodi Miranda.

La propuesta fue turnada para dictamen a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.

Buscan incrementar sanciones por delito de violencia familiar

• La diputada Rosa María González Azcárraga (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal.
• Plantea que el Ministerio Público dé seguimiento a víctimas.

Con el propósito de erradicar la violencia familiar, la diputada Rosa María González Azcárraga (PAN) propuso reformar el Código Penal Federal, para incrementar las sanciones por este delito y que se dé seguimiento a sus víctimas.

Las modificaciones a los artículos 343 Bis, 343 Ter y 343 Quáter del Código, plantean incrementar la sanción a quien cometa el delito de violencia familiar para que, en lugar de seis meses a cuatro años de prisión, sea de 12 meses a ocho años de prisión.

Asimismo, establecer que el Ministerio Público dará seguimiento y acordará visitas trimestrales al domicilio de la víctima, a fin de otorgar atención integral sin que el agresor se encuentre presente.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, refiere que, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta octubre de 2021 se habían denunciado a través de la línea 911, 10 mil 461 casos de violencia familiar, 2 mil 791 de violencia contra la mujer, 10 mil 982 casos de violencia de pareja, así como mil 906 casos de violencia contra la familia, lo que da un total de 26 mil 140 denuncias.

Menciona que, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 35 por ciento de las mujeres en el mundo han sufrido algún tipo de violencia intrafamiliar.

La violencia intrafamiliar, indica, también es conocida como violencia doméstica, es decir se da entre los miembros de una misma familia, poniendo en riesgo a los individuos en tres niveles: físico, emocional y psíquico.

Destaca que en nuestro país esta conducta se presenta en todos los niveles socioeconómicos y/o de grados educativos, sin considerar a los familiares que no denuncian. Es un problema social que afecta no sólo a quien recibe las agresiones sino también a quienes las presencian, y al resto de los integrantes del núcleo familiar.

“Quien sufre de violencia familiar presenta trastornos psicológicos o psiquiátricos, crisis que incluso puede trasladar al suicidio. La dignidad, integridad o libertad de las víctimas de violencia familiar se ven mermadas y menoscabadas”, resalta.

Precisa que esta violencia radica en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica sobre su esposa, esposo, concubina, concubinario, novio, novia, madre, padre, abuela, abuelo, nieta, nieto, o cualquier persona con quien tenga o haya tenido una relación afectiva, con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla, denostarla o denigrarla, independientemente de que se produzcan o no lesiones, o se configure cualquier otro delito.

“Puede darse aún y cuando el agresor y la víctima no vivan en el mismo domicilio, e incluso puede darse fuera del domicilio”, puntualiza. 

Aprueba en Comisión dictámenes en materia de abigeato, violencia familiar, denuncia anónima, y no discriminación

• Fueron turnados a la Mesa Directiva para su programación en el Pleno.

La Comisión de Justicia, que preside el diputado Felipe Fernando Macías Olvera (PAN), aprobó cinco dictámenes para reformar diversos ordenamientos legales en materia de abigeato, violencia familiar, denuncia anónima, igualdad y no discriminación, y de homologación de términos.

Las y los integrantes de la Comisión avalaron el dictamen que reforma y adiciona los artículos 242 Bis y 381 Ter, del Código Penal Federal, en materia de abigeato. 

El documento señala que se impondrán penas de prisión de uno a cinco años y multa de doscientos a dos mil pesos a quien marque, hierre o tatúe a una o más cabezas de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

Plantea equiparar al delito de abigeato el destazamiento, traslado, tráfico, posesión o enajenación de ganado, sin el consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo.

También se aprobó el dictamen para reformar diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que la nueva Ley de la Fiscalía General de la República cambió la denominación de la Procuraduría General de la República, por lo que es necesario homologar diversos artículos que se refieren a la antigua institución y a su Titular para ajustarlos a lo establecido por el nuevo ordenamiento. 

De igual forma, se aprobó el dictamen para reformar el artículo 343 del Código Penal Federal y sancionar con mayor dureza las conductas por violencia familiar cuando se cometan en contra de una mujer embarazada, una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, y aumentar la pena hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo. 

La sanción que prevé el Código Penal Federal es de seis meses a cuatro años de prisión y la pérdida del derecho de pensión alimenticia, además de sujetarse a tratamiento psicológico especializado.

Enseguida, aprobaron el dictamen que reforma el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que el Consejo de la Judicatura Federal incorpore la perspectiva de igualdad y no discriminación en el desempeño de sus atribuciones, programas y acciones, para garantizar a las mujeres y hombres el ejercicio y goce de sus derechos humanos, en igualdad de condiciones, y velar por que los órganos a su cargo así lo hagan.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) dijo que no hay jueces menores de 40 años con discapacidad, de un pueblo originario o que pertenezcan a alguna minoría, y, si bien se ha hecho esfuerzo en cuanto a la paridad de género, el número de ministras y magistradas está por debajo del 30 por ciento. Consideró que el dictamen “cierra la pinza” en torno al derecho a la igualdad y no discriminación, y obliga al Consejo de la Judicatura Federal a incorporar esa perspectiva. 

Asimismo, se aprobó el dictamen que reforma la fracción III del artículo 40 de la Ley de la Fiscalía General de la República, para agregar entre las facultades de las personas Agentes del Ministerio Público de la Federación, la de recibir denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito.

Con esta reforma se homologa el texto de este precepto con el artículo 131, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que estipula las obligaciones del Ministerio Público y reconoce entre ellas esa facultad.

Una vez aprobados, los proyectos de dictamen se remitieron a la Mesa Directiva para los efectos de la programación de los trabajos legislativos. 

Posteriormente, las y los integrantes de esta instancia aprobaron el Primer Informe Semestral de actividades, correspondiente al Primer año de Ejercicio de la LXV Legislatura, mismo que se remitió a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, para los efectos reglamentarios.

En asuntos generales, la diputada Isabel Alfaro Morales (Morena) invitó a la exposición fotográfica, con el tema de la Hepatitis C y dijo que a partir de hoy se realizarán pruebas rápidas para su detección en el Lobby del edificio “A”. Destacó la importancia de que los estados cuenten con estos reactivos para prevenir esta enfermedad, la cual pueden padecer muchas personas sin saberlo.

Proponen que matrimonio forzado por costumbres se considere violencia familiar o en la comunidad

• La diputada Navarrete Navarro busca reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
• Señala que ninguna costumbre puede estar por encima de los derechos humanos ni del interés superior de la niñez.

La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro (PVEM) presentó una iniciativa para establecer como violencia familiar y en la comunidad el obligar a las mujeres a contraer matrimonio en razón de las costumbres familiares o de la comunidad, lo que se considera como matrimonio forzado.

La propuesta de reforma a los artículos 7 y 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señala que no existe razón que justifique el obligar a una niña o adolescente a casarse, ni siquiera evocando costumbres familiares o comunitarias, pues esto tiene consecuencias graves para la salud de las menores involucradas, además de una violación a sus derechos.

“Si bien las costumbres son prácticas heredadas del pasado que son aceptadas y respetadas por los miembros de una comunidad en tanto se convierten en símbolo de identidad, éstas no pueden tolerarse cuando causan sufrimiento y dolor a alguno de los involucrados. Ninguna costumbre puede estar por encima del respeto a los derechos humanos ni del interés superior de la niñez”, añade.

Refiere que información de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, permite distinguir que el matrimonio infantil persiste en México y la cifra en el caso de las niñas hablantes de alguna lengua indígena actualmente duplica la tasa registrada en el ámbito nacional.

Esto significa que 12 niñas indígenas por cada mil son obligadas o convencidas a contraer matrimonio en nuestro país, lo cual duplica los casos de quienes no son indígenas. Los datos son alarmantes, por lo que “no podemos permitir que en pleno 2022 siga existiendo esta situación y ya sea por motivos económicos, sociales o siguiendo costumbres, se viole el derecho universal de los menores a vivir una niñez plena y al libre desarrollo de su personalidad”.

Expone que hay niñas en México que son obligadas a casarse o son vendidas dentro de sus comunidades a personas pertenecientes a ellas o a personas ajenas y ello provoca que sufran trastornos psicológicos durante el resto de sus vidas, ya que ninguna tiene la suficiente madurez para enfrentar los abusos cometidos en su contra por personas que prácticamente se convierten en sus dueños. En muchos casos esta violencia se extiende también a sus hijas e hijos.

A pesar de la existencia de legislación que prohíbe el matrimonio infantil en las localidades apartadas, muchas de ellas con población mayoritariamente indígena, no se ha logrado erradicar aun el matrimonio infantil por costumbre, lo cual definitivamente debe considerarse como una forma de violencia contra niñas y adolescentes, indica.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y dictamen.