Toma protesta IEEM a representaciones partidistas y aprueba ruta para realización de análisis de riesgo en casos de violencia política de género

• El documento aprobado permitirá identificar niveles de riesgo y orientar en la generación de planes de seguridad para fortalecer la protección en casos de violencia política contra las mujeres en razón de género.

• Tras subsanar inconsistencias en temas como justicia interna y paridad, el partido Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales dio cumplimiento a los requerimientos del Instituto y tendrá 60 días para integrar sus órganos de dirección.

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) celebró su Quinta Sesión Extraordinaria para abordar temas relacionados con su integración, el cumplimiento de obligaciones de un partido político local, la prevención y atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) y la evaluación de las personas integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) adscritas al IEEM.

Al iniciar la Sesión, la Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, dio la bienvenida y tomó protesta de ley a las representaciones de las fuerzas políticas PAZ y Somos México. De este modo, José Antonio Monroy Mañón asumió como representante propietario del Partido PAZ, mientras que Somos México quedó representado por Agustín Miguel Alonso Raya (propietario) y Karla Stephanie Islas Vera (suplente).

Asimismo, se aprobó el acuerdo que da por cumplido el requerimiento a la entidad partidista Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, tras subsanar inconsistencias en sus estatutos y su programa de acción.

Al respecto, la Consejera Electoral Patricia Lozano Sanabria destacó que, tras la revisión y seguimiento integral a cargo de la Comisión Especial Dictaminadora de Registro de Partidos Políticos y el apoyo técnico de la Dirección de Partidos Políticos, se acreditó la corrección de observaciones. Explicó que se revisaron aspectos como derechos de la militancia, órganos internos, justicia intrapartidaria y disposiciones en materia de VPMRG. Lozano Sanabria añadió que la fuerza política dispondrá de 60 días hábiles para integrar sus órganos de dirección.

Además, por primera vez, el Consejo General respaldó la creación de la Ruta de acción para el análisis de riesgo en casos de VPMRG del IEEM, un mecanismo diseñado para evaluar amenazas y garantizar la seguridad de probables víctimas de violencia.

Sobre dicho punto de Acuerdo, la Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya explicó que este instrumento define criterios para denunciar, medir niveles de amenaza y diseñar planes de seguridad basados en redes de apoyo y autocuidado. De cara a las próximas elecciones, la Consejera Electoral destacó la relevancia de esta Ruta, dado que el ámbito municipal concentra 86.66% de los casos de violencia política registrados en la entidad.

Sobre este tema, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez, señaló que el mecanismo coordinará los trabajos de la la Subdirección de Quejas y Denuncias de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Coordinadora de Género para otorgar certeza en la aplicación de medidas cautelares y la protección de los derechos de las mujeres con una política de cero tolerancia. Vieyra Vásquez recordó la importancia del trabajo preventivo y subrayó que "ninguna persona violentadora tenga la comodidad de nuestro silencio".

En su intervención, la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado enfatizó que la ruta de análisis de riesgo se activa tras presentar una denuncia mediante los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) en materia de VPMRG. Asimismo, invitó a las mujeres que aspiran o ejercen cargos públicos a acercarse a la Unidad Coordinadora de Género para recibir orientación y salvaguardar su integridad física y emocional.

Finalmente, y por unanimidad de votos, el Consejo General también aprobó el Dictamen General de Resultados por reposición de la evaluación del desempeño del personal del SPEN adscrito al Instituto, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre de 2024 y agosto de 2025.

Con estos acuerdos, el IEEM refrenda su compromiso con la importancia de mantener procedimientos institucionales que den certeza, fortalezcan la protección de los derechos político-electorales de las mujeres y contribuyan a la profesionalización constante.

México avanza hacia una democracia paritaria, pese a los desafíos en el combate a la violencia política de género

• La consolidación de la reforma de 2020 enfrenta retos estructurales en el ámbito municipal y el entorno digital

A seis años de la publicación de la reforma contra la violencia política de género, el Estado mexicano, por conducto del Instituto Nacional Electoral (INE), se encuentra en una etapa de transición crítica: de la creación de normas de vanguardia hacia la implementación efectiva de mecanismos que garanticen a las mujeres una participación libre de agresiones.

Este periodo ha permitido identificar escenarios y buenas prácticas, pero también ha expuesto la persistencia de conductas que obstaculizan la construcción de una democracia paritaria y segura para las mujeres.

Bajo esta premisa, el mayor desafío actual reside en la sofisticación de las conductas violentas, en las que se advierte que la resistencia al avance político femenino ha generado nuevas formas de exclusión, las cuales trascienden el marco legal establecido, demandando una vigilancia institucional más estrecha en todos los niveles de competencia, particularmente en los entornos donde el escrutinio es menor.

En este contexto, la apariencia de los partidos políticos aparece como una de las principales alertas, pues la práctica de registrar candidatas para cumplir formalmente con la paridad, para después presionarlas a renunciar en favor de suplentes varones, representa un retroceso que se busca erradicar mediante criterios de asignación y supervisión de mandatos que aseguren la permanencia de las mujeres en los cargos electos.

Asimismo, la implementación de la denominada Ley 8 de 8 contra la Violencia se posiciona como el estándar ético indispensable para el servicio público, en virtud de que prohíbe el registro de candidaturas a personas con sentencias firmes por delitos que incluyen violencia familiar, delitos sexuales y morosidad alimentaria, al establecer un filtro riguroso para asegurar que quienes ocupen espacios de decisión cumplan con el requisito constitucional de un modo honesto de vivir.

Más allá de los filtros de registro, se observa que la vulnerabilidad persiste en el ámbito municipal, donde la violencia se manifiesta no sólo en agresiones verbales, sino también en obstrucciones administrativas, como la retención de salarios y la exclusión de sesiones de cabildo, situaciones que requieren de una articulación más ágil entre las autoridades federales y los Organismos Públicos Locales para brindar oportunas medidas de protección.

Por otro lado, la evolución tecnológica ha trasladado el conflicto al terreno digital y el uso de Inteligencia Artificial, ya que el despliegue de campañas de desprestigio automatizadas y la creación de contenidos falsos para dañar la reputación de las contendientes representan retos técnicos inéditos para la fiscalización y la aplicación de medidas cautelares y obligan a una actualización constante de los protocolos de atención y retiro de contenido.

El fortalecimiento del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género —que con corte a marzo de 2026, acumula un total de 476 registros que incluyen a 432 personas inscritas, 354 hombres y 78 mujeres— se ha consolidado como un referente mundial para transparentar el historial de los agresores. No obstante, para potenciar su alcance, es fundamental robustecer la interconectividad con los poderes judiciales estatales, asegurando la verificación en tiempo real de sentencias firmes que inhabiliten a quienes pretendan postularse bajo los ocho supuestos de la ley.

Para concluir, el compromiso institucional se encamina a reducir la carga de la prueba para las víctimas y evitar procesos de revictimización durante las quejas. El objetivo central es transitar de una paridad meramente numérica a una disputa por el poder real, donde el costo de la participación política para una mujer no sea su integridad personal ni su tranquilidad, a fin de consolidar así un modelo de justicia electoral preventivo y reparador.

Se suman legisladoras al combate de la violencia política de género

* Firman convenio para visibilizar y desnaturalizar este tipo de violencia

* El pacto, promovido por la Congresista Joanna Felipe, incluye a síndicas y regidoras electas

A iniciativa de la Legisladora Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN), 15 diputadas de las bancadas de MORENA, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD de la LXII Legislatura mexiquense firmaron el pacto de sororidad ¨Por la unión de las mujeres políticas del Estado de México”, con el que se busca unidad, respeto y alianza entre mujeres; sororidad política, y visibilizar y desnaturalizar la violencia política en razón de género.

Con este pacto, las legisladoras se comprometieron a brindar apoyo en la defensa de mujeres que enfrenten esta violencia; a encausar acciones para garantizar acompañamiento; a incentivar la implementación de medidas legislativas, mecanismos institucionales y protocolos de actuación para prevenir, sancionar y erradicar esta conducta, y promover una cultura de igualdad sustantiva.

Ante Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres del Gobierno Estatal; Amalia Pulido Gómez, consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); y Martha Patricia Tovar Pescador, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), quienes fueron testigos de honor, la Diputada Yesica Yanet Rojas Hernández (MORENA) subrayó que es fundamental apoyar una agenda de género plural con énfasis en las mujeres más vulnerables y que deseen participar activamente en la vida pública.

La Legisladora Itzel Guadalupe Pérez Correa (PVEM) señaló que el pacto, firmado por 38 mujeres, entre diputadas, regidoras y síndicas electas, permitirá que, a pesar de sus diversas posturas e ideologías, las representantes populares sean compañeras de causa, para contrarrestar la realidad en que ocho de cada 10 mujeres sufren maltratos; mientras que la Diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PT) reconoció la relevancia de la sororidad, pues aseguró que promueve redes de apoyo y solidaridad en diferentes ámbitos, y se pronunció por una representación realmente paritaria en el Congreso.

La Diputada Paola Jiménez Hernández (PRI) enfatizó que el pacto compromete a generar condiciones de igualdad y libres de violencia para las mexiquenses y admitió que las mujeres se unen ante momentos complicados; la Legisladora Krishna Karina Romero Velázquez (PAN) expresó que, con el liderazgo de las diputadas, se lograrán cambios profundos en la entidad, como más espacios de justicia e inclusión para todas.

También del PAN, la Diputada Rocío Alexia Dávila Sánchez resaltó que desde el Congreso Local se alce la voz, sin importar la filiación partidista, así como la búsqueda de una cultura política que favorezca la oportunidad para hombres y mujeres; en tanto que la legisladora Ruth Salinas Reyes (MC), coincidió en impulsar acciones legislativas que reflejen paridad en los empleos, como el secretarial y el de seguridad, y adelantó que vigilará la conformación de presidencias de comisiones y comités legislativos.

En presencia de Pablo Fernández de Cevallos González, Coordinador Parlamentario del PAN, la Legisladora Araceli Casasola Salazar (PRD) cuestionó que en la Junta de Coordinación Política no haya ninguna diputada, y afirmó que su agenda se basará en la lucha por alcanzar los ideales de igualdad y paridad.

Mónica Chávez indicó que se deben asegurar el respeto y protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y subrayó la importancia de promover el empoderamiento y autonomía de mujeres indígenas y rurales; Amalia Pulido expresó que la sororidad es clave para la erradicación de las violencias asociadas al ámbito político y en donde el acompañamiento puede salvar vidas; y Martha Tovar dijo que la sororidad es generadora del cambio social que crea hermandad y empoderamiento.

Ex trabajadores del ayuntamiento de Nicolás Romero temen un pacto entre alcalde y regidora agraviada

Por: David Esquivel

Nicolás Romero, Méx. – Ex trabajadores de la segunda regiduría de este ayuntamiento, quienes piden se omitan sus nombres para evitar represalias, temen haya habido un pacto de impunidad entre Armando Navarrete y Melva Carrasco, para que ésta no continuara el curso de la queja que interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEEDOMEX), y otra ante la Comisión de Derechos Humanos (CDHEDOMEX), a cambio la segunda regidora obtendría, supuestamente, prebendas económicas.

De confirmarse dicha situación los principales afectados y agraviados serían los colaboradores despedidos de la segunda regiduría, pues no sólo se violaron sus derechos laborales y perdido su fuente de ingresos, sino que, también, fueron utilizados para beneficiar a la edil con prebendas personales, a cambio de que el alcalde tenga impunidad y pueda postularse nuevamente como candidato del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señalaron los ex empleados del gobierno municipal de Nicolás Romero.

Indicaron que el TEEEDOMEX señala en el expediente JDCL/158/2020 que “se encontraron elementos suficientes de violencia política de género cometidos por el alcalde Armando Navarrete contra la Regidora Melva Carrasco”, pero, agregan, es necesario que la agraviada inicie el proceso de denuncia ante la instancia correspondiente para sancionar al agresor y evitar la impunidad.

Según el TEEEDOMEX, existen elementos de prueba de la violencia política de género cometido por el alcalde de Nicolás Romero Armando Navarrete contra la Regidora Melva Carrasco, pero el TEEEDOMEX no es autoridad facultada para sancionar al agresor, por lo que recomienda a la agraviada seguir el procedimiento de queja ante la autoridad facultada, en este caso, la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia de Género (Fedvg).

A la fecha nada se sabe que se haya presentado denuncia judicial al respecto y se corre el riesgo de que el caso quede en la impunidad, los trabajadores dados de baja y la regidora, aunque ella no lo crea, una vez que pase el proceso electoral, el edil no le cumpla lo prometido, opinan los entrevistados.

CODHEM investiga violencia política de género cometida por alcalde de Nicolás Romero

Por: David Esquivel

Villa Nicolás Romero. -Méx-. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), inició una investigación por violencia política de género, cometida contra la segunda regidora de este ayuntamiento Melva Carrasco Godínez.

El visitador general de Codhem, Víctor Delgado Pérez, informó que al hacerse pública la actitud de obstrucción del desempeño del cargo, discriminación y trato desigual que ha recibido la regidora, se inició el expediente CODHEM/TOL/IG/127/20020.

“Con esta acción, señaló, se solicitó un informe al presidente municipal del municipio de Nicolás Romero, Armando Navarrete López, respecto a las razones por las cuales se le han negado los medios para ejercer las funciones para las que resultó electa”.

Además, la Codhen dictó medidas precautorias, a fin de salvaguardar el derecho de la regidora Carrasco Godínez, en cuanto a la igualdad de género y a acceder con justicia e imparcialidad al uso, control y beneficios de bienes y servicios.

“Esto, precisó el visitador Delgado Pérez, con la finalidad de lograr la participación equitativa entre hombres y mujeres en la toma de decisiones, lo cual se comprobará durante el desarrollo de la investigación que está en trámite.

Entre los agravios expuestos por la regidora ante el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), por los cuales se amonestó públicamente al alcalde Navarrete López y su cabildo, están la negativa a entregarle copias certificadas de las sesiones de ese órgano de gobierno municipal. También está el hecho de haber sido la única regidora a quien se dejó sin personal de confianza, con la única explicación de que su contrato laboral había sido rescindido.

Los magistrados del TEEM consideraron que los actos cometidos contra la regidora acreditaron conductas y omisiones susceptibles de vulnerar su derecho político a votar y ser votada en su vertiente de ejercicio y desempeño del cargo.

Además de la sentencia ya emitida por el TEEM, traducida en una amonestación pública que fue publicada en los estrados del Tribunal y del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), es de esperar que la CODHEM expida una recomendación a las autoridades municipales para coadyuvar a que no se repita dicha conducta, o sea, la de hostigar a la regidora.