• Abordaron temas sobre pensiones y jubilaciones.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada
Angélica Ivonne Cisneros Luján (MORENA), se reunió con integrantes de la
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), a fin de
analizar las pensiones, jubilaciones y la situación económica en la que se
encuentran.
La diputada Cisneros Luján dijo que lograr el acceso
universal a la seguridad social, que incluye las pensiones, es una convicción.
“Sabemos que es una tarea de largo aliento porque vivimos en un país donde se
organizó este acceso a través de diversas instituciones que fragmentan los
sistemas de seguridad social”.
Estableció que “como presidenta de la Comisión de Seguridad
Social, junto con las y los integrantes, daremos la batalla en los problemas
básicos, como el del programa U081, revisar presupuestos para la asignación
patronal y regularización de las plantillas. Haremos lo necesario: tocar las
puertas y revisar el presupuesto”, afirmó.
Agregó que es importante analizar los antecedentes e indagar
cuáles fueron los motivos por los que en el presupuesto 2019-2022 no se
asignaron recursos. Respecto de los tabuladores del personal administrativo,
dijo que tiene sus especificidades porque no todas las universidades se
encuentran en igual situación de riesgo.
Cisneros Luján informó que buscará reuniones con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de analizar el tema del Fondo
U081 y el del subsidio, específicamente para el cumplimiento de la disposición
patronal.
Además, con el subsecretario de Educación Superior, Luciano
Concheiro, agregó, abordaremos lo que corresponde a las plazas del personal
académico. “Tocaría las puertas de la subsecretaría para sentarnos a ver esta
situación que, sin duda, tiene un impacto presupuestal”.
La secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, Neyra Alvarado Morales, ofreció mesas de trabajo con la junta
directiva; se tiene que ver de manera conjunta a fin de analizar las
necesidades de los sindicatos. “Le voy a transmitir estas peticiones al
presidente de la Comisión para ver de qué manera podemos tocar el tema de
manera particular”.
Participación de integrantes del CONTU
Enrique Levet Gorozpe, secretario general de FESAPAUV y
CONTU, dijo que el sistema de pensiones de universidades públicas vive
situaciones difíciles en el manejo del presupuesto. “El subsidio que reciben
las universidades públicas estatales no es suficiente debido a que las
pensiones van en aumento, lo que genera un hueco en sus finanzas. Les pido
restituir el fondo extraordinario para resolver los problemas estructurales”.
Víctor Méndez, asesor técnico del CONTU, afirmó que los
problemas que enfrentan las instituciones radican en la inviabilidad de los
sistemas de pensiones y jubilaciones, el envejecimiento de la planta académica
y el congelamiento de plazas de tiempo completo. “Pediría el apoyo de esta
Legislatura para que revisen el diagnóstico de la situación de las
universidades que les entregamos”.
José Carlos Aceves Tamayo, de SUNTUAS, indicó que la
universalidad y gratuidad es positiva; sin embargo, no se asignan los recursos
suficientes para abrir los espacios a miles de jóvenes, se requieren aulas,
materia prima, contratación y mayor presupuesto. “Pedimos que nos apoyen, que
se rescaten los fondos extraordinarios y presupuestos justos”.
Hugo Hernández García, de SITBUAP, Puebla, dijo que como
apoyo debe existir el reconocimiento al esfuerzo que hacen las universidades y
la respuesta se tiene que dar a esas mismas acciones que se han tomado en los
contratos colectivos de trabajo y en las aportaciones extraordinarias.
José Juan Martínez Pardo, de SPAUAZ de Zacatecas, aseveró
que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea un incremento en la cobertura
de educación superior, pero cuando no va acompañado de presupuesto se convierte
en demagogia. Destacó la importancia de atender el tema del reconocimiento de
las plazas.
Pedro Rodríguez Magallanes, del SUTESUAEM, Estado de México,
puntualizó que los salarios de los trabajadores administrativos sindicalizados
son precarios. “Tenemos algunos montos del tabulador establecido en los
contratos colectivos por debajo de dos salarios mínimos que requieren subsidio
al empleo; entonces, con el próximo incremento al salario mínimo nos vamos a
quedar más atrasados”.
Juan Antonio Pech Chan, de APAUADY, Yucatán, solicitó
incrementar el Fondo U081. “Sabemos que esta presidencia tomará en cuenta estas
peticiones y veremos frutos en el próximo presupuesto”.
Erick Iván Hernández, de la Universidad Juárez de Durango,
solicitó atender este fondo, a fin de inyectar recursos a los fideicomisos y no
depender de un presupuesto. “Se deben liberar las plazas de tiempo completo que
no están reconocidas”.
Carlos Armando Ríos Acevedo, de ASPABUAP, Puebla, destacó la
importancia de mejorar las condiciones laborales, presupuestales y de
investigación porque “los países que avanzan son los que invierten en
educación, innovación tecnológica y brindan oportunidades a los jóvenes”.
José Ramón Magaña Martínez, de SUTUNACAR, Campeche, refirió
que en la Universidad Autónoma del Carmen no hay recursos para jubilaciones.
“Vamos para cuatro años que no se jubila ningún trabajador, alrededor de 80
compañeros; es un problema estructural”.
Raymundo Alejandro Jiménez Ortega, del STAUAG, Guerrero,
puntualizó que la universidad no tiene capacidad financiera para finiquitos.
“En este momento tenemos alrededor de 500 trabajadores con problemas
crónico-degenerativos, por lo que urge que se retiren. Este programa de retiro
y jubilación tiene que ir acompañado de un programa de reemplazo de la
plantilla, por eso es importante que la Secretaría de Hacienda tome en cuenta
estos temas”.
Rafael Garza, del Sindicato de la Universidad Autónoma de
Nuevo León, destacó que, de todos los sistemas pensionarios, los que hicieron
más reformas fueron las universidades públicas, pues desde 1998 crearon un
fondo de pensiones y jubilaciones de poco más de 2 mil millones de pesos.
Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato de
Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, comentó que el fondo
de pensiones que tienen, financiado por trabajadores y la institución, les da
una viabilidad de 25 años, pero se requiere que no haya problemas con las
generaciones futuras, por lo que, subrayó, el fondo que se otorga no debe ser
extraordinario, sino ordinario.
Roxana Cuevas Flores, en representación del Sindicato Único
de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
explicó que no tienen apoyo del estado de Chihuahua para pensiones y no fueron
candidatos al fondo de apoyos, por lo que pidió que en el Fondo U081 se
incluyan a universidades en situaciones similares.
José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pidió revisar
que la propuesta que envíe la SHCP para 2023 cumpla con la ley en cuanto a
pensiones, incluyendo el uno por ciento más, para que en 2030 la aportación
patronal alcance 13.875 por ciento para el tema de retiro, ya que actualmente
es del 5.15 por ciento.
Brenda Alicia Alcaráz González, secretaria general del
Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia, de la
Universidad Autónoma de Guerrero, aseguró que son necesarios los fondos
extraordinarios para que los trabajadores puedan irse con una pensión digna.
“El tabulador de los trabajadores de intendencia está por debajo del salario
mínimo”, lamentó.
Ricardo Moncayo Alvidrez, secretario general del Sindicato
de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aseguró
que van cuatro años sin que el gobierno atienda a las universidades. Han
sufrido recortes, a pesar de que se ha convencido a los trabajadores en favor
de la austeridad. “Tenemos un grave problema en el fideicomiso”.
Laila Torres Caballero, secretaria de Organización del
Sindicato Universitario de Maestros de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca,
advirtió que esa casa de estudios está en riesgo de quiebra, pues desde 2019 se
ha luchado por 350 millones de pesos de recursos para completar la nómina, pues
más de tres veces en los últimos dos años se han retrasado.
Luis Enrique Zamorano Martínez, secretario general del
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, externó que no
está de acuerdo con el programa de austeridad en las universidades públicas,
porque ha dañado a los trabajadores; se les exige hacer más con menos, pero
terminan pagando los platos rotos.
El secretario general del Sindicato de Profesores de la
Universidad Michoacana, Jorge Luis Ávila Rojas, comentó que, a pesar de las reformas,
las instituciones siguen padeciendo problemas con el déficit financiero cada
cierre de año.
Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de
Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional
Autónoma de México, advirtió que hay atraso e incongruencia entre los pagos de
pensión con base al salario mínimo, ya que se están recibiendo en Unidad de
Medida y Actualización (UMA). “Debemos tumbar el tope salarial porque no nos
permite avanzar”.
Raúl Hernández, de la Asociación Sindical de Personal
Académico-Administrativo de la Universidad de Guanajuato, recalcó la
importancia de que se destinen recursos al U081, aunque, aclaró, tuvieron que
implementar un fondo auxiliar solidario con el esfuerzo de los trabajadores;
sin embargo, se estableció un tope a las pensiones y se incrementó la edad de
jubilación.
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