jueves, 20 de octubre de 2022

Comisión de Pesca se reunió con funcionarios de SADER y CONAPESCA

• El objetivo, analizar las iniciativas que reforman la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de perspectiva de género

La Comisión de Pesca presidida por la diputada María del Carmen Bautista Peláez (MORENA), se reunió de manera virtual con funcionarios de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), así como mujeres pescadoras, para analizar las iniciativas que reforman la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables en materia de perspectiva de género.

La diputada Bautista Peláez dijo que la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable no tiene enfoque de género, es un obstáculo para superar la desigualdad en el sector e invisibiliza a la mujer, “razón por la cual, buscamos incluir un mandato legal para la promoción de las políticas públicas que generen condiciones para la participación igualitaria”.

Puntualizó que las propuestas vertidas en la reunión, buscan empoderar a las mujeres pescadoras, corregir omisiones de género, además de incluir conceptos de igualdad, perspectiva de género y cadena de valor pesquero. También, que los programas pesqueros incluyan la perspectiva de género.

Dijo que “hoy se tiene por primera vez en la Cámara de Diputados una iniciativa con perspectiva de género y estamos tratando de que entre todos y todas sea la mejor propuesta para las mujeres pescadoras que mucho tiempo han estado rezagadas”. Enfatizó que las opiniones serán un factor determinante en la dictaminación de estos asuntos.  

Participación de diputadas y diputados

Vía plataforma digital, la diputada Nelida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) se pronunció por impulsar proyectos en donde se vincule a la mujer en temas principales como comercialización y producción. “En el presupuesto 2023 debemos avalar recursos para Bienpesca y apoyar a los pescadores”.

El diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres (MORENA) destacó la importancia del papel de la mujer en el sector pesquero. “No veo a la pesca sin su participación, porque es un proceso largo en el cual la mujer tiene un papel relevante”.

El legislador Mario Xavier Peraza Ramírez (PVEM) dijo que en el sector hay muchas áreas de oportunidad. Cuando llega el producto a las congeladoras, empacadoras y cooperativas, son las manos de las mujeres las que lo procesan.

La diputada Sandra Luz Navarro Conkle (MORENA) señaló que con esta iniciativa se introduce el concepto para que en ley se considere a las mujeres y, por lo tanto, puedan ser sujetas activas de los beneficios que la misma brinda a todo el sector pesquero. Precisó que este cambio a la ley provocará que se puedan generar políticas públicas en beneficio de todas las pescadoras y haya instrumentos para extender los beneficios de los programas.

Las políticas públicas actuales no tienen perspectiva de género ni financiamiento

Neyra Solano, especialista en temas de igualdad de género de la Asociación Comunidad y Biodiversidad, dijo que el sector enfrenta problemas que van desde el no reconocer las actividades de la cadena de valor pesquera, y que las políticas públicas no tienen perspectiva de género ni financiamiento.

Comentó que cifras del INEGI señalan que en esta actividad hay 213 mil 246 personas involucradas, de estas, únicamente 12 por ciento son mujeres, es decir, más de 24 mil mujeres, y de ellas, sólo 27 por ciento reciben una remuneración económica; por su parte, CONAPESCA señala que más de 22 mil féminas están involucradas en este sector.

Puntualizó que sólo dos por ciento de mujeres del sector pesquero participan en la extracción. Esta situación, añadió, genera que su contribución sea invisibilizada, que no tengan acceso a capacitación, que no reciban apoyos o seguridad social.

Es importante, agregó, incorporar la perspectiva de género porque no se pueden trabajar los temas ambientales sin considerar los sociales, y porque igualdad de género es un tema de derechos humanos. 

Alma Lizeth Gutiérrez Molina, visitadora general, resaltó que se tienen mujeres ejemplares en actividades de pesca. Afirmó que, desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), “estamos de acuerdo y apoyamos toda iniciativa que participe y empodere a la mujer, como es lo que nos tiene aquí”.

Francisco Fabián Ramos, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de CONAPESCA, solicitó que en el presupuesto de egresos 2023 se canalice presupuesto a este sector. Dijo que las iniciativas que trabaja la Comisión son buenas y apoyan la inclusión de ellas en todas las cadenas de valor y producción.

Agregó que “en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres hay ciertos artículos que los copian y los trasladan a la Ley General de Pesca, por lo que da la impresión que es repetitiva, por lo que se debe considerar la técnica legislativa”.

Representantes de pescadoras 

En la reunión, representantes de pescadoras de Tabasco, Sinaloa, Cozumel y Baja California, externaron sus comentarios. Lizbeth Tamayo Chan resaltó que la participación de las mujeres no se visibiliza, no existe una igualdad y perspectiva de género; incluso, “no hemos podido acceder a diferentes programas para proyectos, apoyos” como el Bienpesca, porque simplemente “no estamos registradas, no nos contemplan”. Deseó que esta iniciativa “sea efectiva”.

Anabel Espinosa Higuera recalcó que las mujeres han sido invisibilizadas y que siempre han participado en todas las actividades conexas de la pesca. Consideró necesaria esta reforma a la ley porque “solamente así vamos a tener certeza jurídica las mujeres para poder exigir nuestros derechos como parte de un sector”.  

Yanett Miranda Castro pidió que sea visibilizada la aportación de las mujeres pesqueras, “merecemos la certeza de tener un trabajo digno, merecemos la certeza de tener un techo porque trabajamos mucho y merecemos que a la pesca y a su familia le vaya bien, pero esto no puede ser posible sin tener una certeza de que esa ley nos esté respaldando”.

Diputadas y diputados se reúnen con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez

• La Comisión de Radio y Televisión tendrá claridad sobre el uso y destino de los recursos que asignan a las instituciones: diputado Luis Mendoza (PAN)
• El Sistema solicita un incremento de 38 millones de pesos para servicios personales y gastos de operación en 2023.

La Comisión de Radio y Televisión, presidida por el diputado Luis Mendoza Acevedo (PAN), se reunió con el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez, para conocer los criterios generales del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en al ámbito de su competencia.

Mendoza Acevedo destacó la importancia de estos ejercicios que permiten un intercambio entre poderes y para que la comisión tenga claridad sobre el uso y destino de los recursos que se asignan a instituciones que tienen por objetivo promover los valores democráticos, a través de la radio y la televisión. “Tenga por seguro que esta comisión incluirá la información vertida en esta reunión a la opinión que habremos de formular”.

La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza (PAN) lamentó que el canal 14 sea de propaganda del presidente del República y de las mañaneras. “Es un medio totalmente tendencioso que cuesta recursos a las y los mexicanos; se aleja de la pluralidad. El Sistema, debiera ser plural; hay tantos temas que le preocupan a México y a la gente, los cuales debieran tratarse en estos espacios”.

Rosa Hernández Espejo, diputada de MORENA, externó su felicitación al presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano por el uso de los recursos públicos, ya que el 80 por ciento ha sido para inversión y no para gastos personales. “Eso es de reconocerse, así como la ampliación que se hace en la infraestructura del Sistema y la optimización de los recursos”.

El diputado Fernando Torres Graciano (PAN) mencionó que el Sistema es del Estado Mexicano, pero no es del gobierno, y por encima de que el presidente de la República difunda sus acciones está el derecho de las audiencias. “Hoy se ve una supremacía a la facultad del gobierno para difundir algunas acciones sobre ese derecho de audiencias; se debe explicar el proceso de definición de los contenidos”.  

Por MORENA, la diputada Martha Alicia Arreola Martínez argumentó que una cosa es la opinión y otra la información, y en un Estado de derecho se tienen que respetar todas las leyes y reglamentos. “En ningún momento se ha violentado la ley, respeto a las audiencias de las matutinas”. 

Jorge Ernesto Inzunza Armas, diputado del PAN, pidió conocer cuánto cuesta el programa diario del presidente de la República, “porque nadie sabe el costo de la mañanera y lo que les cuesta a las y los mexicanos; no hay problema con el derecho de la población para verlas, pero en esas transmisiones también diversos ciudadanos somos insultados, denostados, calumniados y calificados con recursos públicos; el problema son los contenidos”.

Se espera cobertura del 80 por ciento para 2023

El presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil Rodríguez, señaló que en 2022 se les asignó un presupuesto de 999 millones de pesos, de esa cifra, casi el 80 por cien fue para inversión física en la construcción de estaciones de televisión, casetas y antenas de transmisión en 16 sitios del país; seguido el gasto en operación y de los servicios personales.

Para 2023, el gasto en inversión sigue representando más del 55 por ciento del presupuesto total que asciende a 625.2 millones de pesos, lo que quiere decir que disminuye en 395 millones de pesos. Además, el gasto en operación es de 132.8 millones de pesos y los servicios personales es de 97.4 millones de pesos.

En ese sentido y dadas las necesidades de producción, expansión y consolidación del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, añadió, “nosotros le estamos solicitando a la Cámara de Diputados, un incremento de 38 millones de pesos para el capítulo de servicio personales y gastos de operación”.

Villamil Rodríguez indicó que el objetivo general de todo el proyecto de inversión, es que, a finales de diciembre de 2023, tanto el canal 14 como el canal 11, tengan una cobertura del 80 por ciento de la población nacional, ello con la construcción de 8 estaciones retransmisoras, el equipamiento para cuatro estaciones y siete nuevas estaciones de radio; para el cierre de 2022, estaremos al 68.4 por ciento. 

Al responder preguntas, Villamil Rodríguez mencionó que el canal 14 mantiene las puertas y los estudios abiertos a la participación de todas las fuerzas políticas. La transmisión de las mañaneras, dijo, es un ejercicio del derecho de las audiencias y el acceso a la información.

Resaltó que ninguna producción transmitida o que se haya realizado en el canal 14 ha sido una orden del presidente de la República, y tampoco por parte del Legislativo, “nunca ha habido alguna instrucción; tampoco de amigos personales o recomendados en donde haya un moche o un porcentaje de participación”. 

Aclaró que el gasto de la conferencia matutina corresponde a Comunicación Social de la Presidencia de la República, “es el que genera la producción vía Cepropie y el gasto para el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano es gasto de tiempo aire; no hay recursos puestos, más que los salario y el uso del equipo de transmisión”.

Jorge Manuel César Gómez, presidente de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México A.C, expuso que la asociación tiene más de 30 años, cuenta con alrededor de 87 socios y más de 600 frecuencias en el país.

“Hacemos patente la disposición de los medios de servicio público en contribuir en las necesidades que requieran sobre las discusiones del sector y las experiencias, con la finalidad de fortalecer al sector, porque nosotros nos debemos a las audiencias y estamos al servicio de México”, afirmó.

La Comisión de Relaciones Exteriores se reunió con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos

• Las y los diputados expresaron opiniones respecto a los tiempos de trámite para visas

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Alfredo Femat Bañuelos (PT), sostuvieron una reunión de trabajo con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, a fin de dialogar sobre los trámites para el otorgamiento de visas, así como los tiempos para acceder a una cita, que pueden ser hasta de dos años.

El diputado Femat Bañuelos señaló que hay una demanda de las y los ciudadanos, pues desde la pandemia las citas para visas comenzaron a alargarse y aunque ha disminuido la emergencia, las entrevistas se están otorgando hasta 2023 y 2024, por lo que pidió reconsiderar estos lapsos.

“Hay gente que quiere ir de visita, acudir al médico o para situaciones humanitarias de connacionales, como visitar a algún pariente enfermo, pero para que pueda ir se tiene que batallar para obtener la visa”, precisó.

El diputado Maximiano Barboza Llamas (MORENA) dijo que muchas personas con familiares enfermos en Estados Unidos tramitan su cita y se les agenda hasta 2024, por lo que preguntó la posibilidad de generar un conducto, a través de la Comisión, para crear un esquema de citas de cortesía que se acelere cuando se trate de casos extremos, porque además en su mayoría es gente humilde.

Del PT, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel consideró que sacar una cita llega a ser engorroso y tarda hasta 3 días para que al final la cita sea hasta 2024.

El diputado Miguel Ángel Torres Rosales (PRD) planteó abrir una línea de comunicación con la embajada. Apuntó que “la población tiene la idea de que las y los legisladores tenemos la capacidad de incidir en la embajada de Estados Unidos para conseguir citas y en ocasiones son canceladas sin que haya una reprogramación”.

La diputada Karen Michel González Márquez (PAN) insistió en que haya un canal de atención. También preguntó si se ha considerado crear más consulados en diversas zonas.

Del PAN, la diputada Mariana Gómez del Campo Gurza solicitó que pronto se hable sobre la próxima reunión entre los presidentes de ambos países, pues la relación bilateral es muy importante, tanto por el tema migratorio y el comercial, especialmente en lo que respecta al T-MEC, así como para revisar la situación de los migrantes.

La diputada Martha Estela Romo Cuéllar (PAN) pidió a los funcionarios informar sobre los mecanismos especiales para el tema de refugio o visa por emergencia, así como los apoyos que brindan a los mexicanos para que revisen sus casos particulares y ver si son aptos.

El diputado Alberto Villa Villegas (MORENA) preguntó el caso específico de una viuda en México que es acreedora de una pensión de su esposo fallecido en Estados Unidos, pero le fue negada la visa y, por lo tanto, no puede recibir la pensión.

De MORENA, la diputada Olga Leticia Chávez Rojas solicitó información sobre qué pasa en el caso de quienes necesitan renovar sus visas y se les da citas alejadas.

La diputada de MC, Amalia Dolores García Medina, indicó que 92 países no requieren visa a los mexicanos, pero en el caso de Estados Unidos se habla de un país vecino con una relación comercial y de amistad sumamente importante, por lo que el tema de las visas es más bien político. “Pedimos que ustedes transmitan el mensaje al embajador, porque es un asunto que debe resolverse”.

Del PRI, el diputado Augusto Gómez Villanueva dijo que de este encuentro se desprende la gran disposición que hay de parte de la embajada norteamericana de tener contacto con la Cámara de Diputados. Sugirió revisar una agenda temática con los funcionarios que permita definir políticas de trato a migrantes y el tema de las visas.

Herminia Ellerbrock, asociada de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, precisó que el promedio de espera para visas de turismo es de casi dos años; no obstante, la sección consular trabaja arduamente aumentando el número de contrataciones y expandiendo las horas para el procesamiento de visas, pero “el problema fue que la pandemia duró dos años y hay un retraso importante”.

“Lamentablemente no hay una línea de tiempo inmediata para que se vuelva a tener los tiempos que se tenían antes, que eran 15 días”, precisó.

Aclaró que no existe la categoría de visa humanitaria, pero sí de emergencia, a la cual cualquier persona que tenga una emergencia legítima es elegida y mediante la página web puede ser solicitada. “No es lo mismo que una persona quiera ir a hacer unas compras de urgencia que si hubiese fallecido un familiar”.

Informó que aproximadamente se aprueban 200 visas de emergencia por día. “Si la solicitud es legítima, hay un equipo que revisa la solicitud, aunque no todas califican”.

Agregó que tampoco existen las figuras de visas de tránsito, pues quien requiere aterrizar por un par de horas necesita una visa válida.

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación se reunió con representante de la SEGOB

La Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación, presidida por el diputado Alfredo Vázquez Vázquez (MORENA), se reunió con el director general de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Lorenzo Gómez Hernández, para hablar sobre el avance de la ruta de atención a la demanda de los desplazados internos del estado de Chiapas, a causa del levantamiento armado en 1994.

El diputado Vázquez Vázquez señaló que hay grupos que no han recibido ni percibido ningún tipo de apoyo y la Comisión Bicamaral fue creada para dar seguimiento a este rezago y contribuir a la búsqueda de justicia social hacia un sector desprotegido. 

Dijo estar agradecido con el trabajo conjunto que se ha podido llevar a cabo entre diputadas, diputados, senadoras y senadores, para hacer justicia y responder al pendiente que tiene el Estado mexicano con Chiapas. 

Agregó que se ha analizado la posibilidad de un plan de justicia para el pueblo de Chiapas. “Ojalá pudiéramos como Comisión hacer una propuesta al Gobierno Federal para elaborar ese plan, porque no solamente demandaban tierras, sino educación, salud, infraestructura social y acceso a bienes y servicios en las comunidades, lo que les daría vida, crecimiento cultural y económico”.  

Aseguró que la Comisión seguirá trabajando muy puntualmente en lo que le compete; esta instancia “ha servido para activar este asunto que en mucho tiempo no pudo avanzar y creemos que vamos a encontrar la ruta. 

Intervención de las y los diputados

El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) dijo que son 28 años violentando sus derechos y “algo tenemos que hacer, porque tenemos el compromiso de cumplir con lo que quedó plasmado en los Acuerdos de San Andrés”. Agregó que su grupo parlamentario siempre estará a favor de acompañar medidas que ayuden a resolver de forma definitiva este conflicto.    

En tanto, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC) manifestó su voluntad por hacer que en esta Legislatura se puedan cumplir los objetivos de la Comisión. Estimó que es un tema complejo, “pero que depende de la voluntad, por lo que tenemos que encontrarla en las autoridades y en el Gobierno Federal”.

Del PT, el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos planteó que el gobierno de Chiapas y la Secretaría de Gobernación, junto con la Presidencia, elaboren y trabajen para avanzar en una propuesta que se ponga a consideración de todos. “Ya es tiempo de que haya una solución y que se escuche una salida justa y correcta al problema”.  

La diputada Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes (PRI) indicó que el compromiso de su grupo parlamentario es apoyar esta lucha que aqueja a los desplazados, porque “ya son años en los que no se logra hacer justicia y no se encuentra el camino correcto, pero los afectados no están solos y en esta Comisión trabajamos para buscar la mejor ruta y seguir exhortando a las diferentes dependencias a coadyuvar a una solución”.   

Funcionario de la SEGOB

Al informar sobre el avance de esta demanda, Lorenzo Gómez Hernández dijo que la ruta de trabajo consistió en el acopio de información y en la elaboración de una carpeta con documentos de diversas dependencias, así como en un proyecto de instrumentación de acciones, y reuniones periódicas interinstitucionales de seguimiento en la Ciudad de México, en la representación de SEGOB en Chiapas y con pequeños propietarios. 

Señaló que la Unidad de Gobierno de la SEGOB se acercó a las y los legisladores de la Comisión Bicamaral, a fin de solicitarles una reunión para tratar los asuntos y que después de ello se elaborara un plan trabajo coordinado, que es lo que se ha venido haciendo, con el propósito de subsanar algunas barreras que se fueron presentando y seguir caminando en la búsqueda de solución. 

En la reunión de este miércoles estuvieron representantes de desplazados, quienes señalaron que el gobierno del estado ha dicho que no tiene los recursos necesarios para afrontar esta situación; sin embargo, “el tiempo pasa y los muertos se siguen acumulando”.

Aclararon que lo único que quieren es que se les indemnice por las tierras de las que en su momento fueron despojados por el movimiento armado. Asimismo, destacaron la importancia de que los tres órdenes de gobierno asuman la responsabilidad. 

Informe y programa de trabajo

La Comisión avaló por unanimidad su segundo informe semestral de actividades, correspondiente a marzo-agosto de 2022, así como su programa anual de trabajo del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.

Diputadas, diputados y especialistas analizan el Anexo 13 del PEF 2023

• Realizan Mesa de Diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto: Presupuesto con Perspectiva de Género

Durante los trabajos de la mesa de diálogo bajo el esquema de Parlamento Abierto: Presupuesto con Perspectiva de Género, la diputada Mirza Flores Gómez (MC), afirmó que es necesario contar con mecanismos para acelerar el avance progresivo en la erradicación de desigualdades y discriminación entre mujeres y hombres.

En su calidad de coordinadora del Grupo de Trabajo de Presupuesto con Perspectiva de Género, indicó que la organización de estas mesas tiene el objetivo de generar insumos para fortalecer y apoyar el trabajo legislativo rumbo al presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2023.

Se busca, dijo, que todo lo que se trabaje con perspectiva de género en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sea obligatorio para todos los programas federales y quede transversalizado bajo una perspectiva de igualdad, para erradicar la discriminación y la violencia. 

Destacó la importancia de abrir las puertas del Congreso para conocer el trabajo de la sociedad civil organizada y el apoyo que necesitan en agendas particulares, “en el marco de un profundo entendimiento de lo que significa la igualdad de género”. 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo (MORENA), indicó que es necesario establecer prioridades en este renglón, y que la visión de esta mesa de trabajo será relevante para tener puntos de referencia e incidir en esas prioridades.

Manifestó que se busca llegar a una aprobación presupuestal con perspectiva de género y destacó que, para transitar hacia la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, se requiere que sociedad y gobierno trabajen en el objetivo de lograr el mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Indicó que el PEF beneficiará políticas públicas de combate a la violencia contra las mujeres, proteger los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes, y asegurar recursos para el fomento económico y reducir brechas de desigualdad. “Debemos construir juntos para tener el mejor Presupuesto”

La diputada Leticia Zepeda Martínez (PAN) reconoció que hay un aumento de 41 por ciento en el presupuesto del Anexo 13, y que 92 por ciento de esos recursos se destina a igualdad, siete por ciento a violencia y uno por ciento a discriminación. “En un país donde se asesinan 11 mujeres al día, destinar menos de uno por ciento a estos programas, no lo justificamos”.

La diputada Edna Gisel Díaz Acevedo, presidenta de la comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad (PRD), dijo que existe una deuda pendiente con las mujeres, niñas y adolescentes del país y que el presupuesto debe reconocer las desigualdades entre mujeres y hombres. Planteó modificar el presupuesto obedeciendo a la exigencia social y actuar con racionalidad y sensibilidad.

Del PVEM, el diputado Juan Carlos Natale López, refirió que el PEF 2023 contiene un aumento del 41 por ciento, que equivale a 346 mil 77 millones de pesos, en el anexo 13, para promover igualdad; erradicar la violencia de género y eliminar la discriminación y reconoció el compromiso del gobierno con los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

La diputada Johana Montcerrat Hernández Pérez (PRI) expresó que se debe modificar el Presupuesto del Anexo 13 para atender estos temas y hacer valer la paridad de género de la Cámara de Diputados. Señaló que estos ejercicios de parlamento abierto han dado la oportunidad de conocer más las necesidades de este rubro. 

La diputada Laura Imelda Pérez Segura (MORENA), afirmó que es necesario revisar el presupuesto de 346 mil millones de pesos para en Anexo 13, pues deja incógnitas y dudas. Indicó que deben identificarse los programas específicos y acciones afirmativas para avanzar. Manifestó que se atenderán las inquietudes de las participantes para ampliar y enriquecer la agenda legislativa en favor de las mujeres. 

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (MORENA) dijo hay coincidencias en las necesidades del renglón y lo que se debe trabajar. Agradeció las aportaciones del foro y dijo que se tomarán en cuenta. “Lo importante es que las decisiones del presupuesto federal se consideren en los presupuestos estatales y municipales”. 

Participación de especialistas

La directora general de Evaluación y Planeación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Celia Aguilar Setién, expresó que se debe realizar un análisis más serio del presupuesto “y no enfrascarnos en el Anexo 13”. Pidió ampliar la mirada para que el país tenga un desarrollo económico más coherente con un enfoque de inversión. Propuso trabajar con la sociedad civil, como las mejores aliadas para la construcción de alternativas. 

La directora general de Red Nacional de Refugios, A.C., Wendy Figueroa Morales, dijo que se requieren 495 millones de pesos para los refugios. Expresó que el Presupuesto debe garantizar en el Anexo 13, la atención de las necesidades de las mujeres y contar con fondos plurianuales para que tengan recursos todo el año. 

La coordinadora de Vinculación Estratégica de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), señaló que el presupuesto debe reconocer las necesidades de este rubro y proyectar los recursos para atenderlas; además, que los aumentos de recursos sean acordes a las atribuciones del organismo y visualizar y corregir los vacíos de política pública. 

La directora general de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, Dulce Claudia Colín Colín, pidió que las entidades encargadas participen en la promoción y protección de los derechos de las mujeres respecto a las modificaciones de los lineamientos de refugios y reglas de operación de programas federales, pues viven obstáculos para recibir y gestionar los recursos a tiempo.

Juana Gabriela Hernández González, directora de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del estado de Jalisco, comentó que visibilizar las acciones hará notar si se reducen las brechas de desigualdad y si se da cumplimiento a la normatividad. 

Al explicar el Anexo Transversal de Igualdad de Género, Aimee Nicole Duglas Ruiz, coordinadora general de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, de Jalisco, dijo que éste incorpora a los sectores público, social y privado, contiene perspectiva de género y genera acciones afirmativas sobre la empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida para disminuir las desigualdades.

Magdalena García Hernández, coordinadora de MIRA Pensadoras Urbanas, hizo énfasis en que el presupuesto debe ser para igualdad, pues también los hombres tienen rezagos que deben superarse. Felicitó a la Legislatura, pues mediante la subcomisión se ha hecho un proceso de reflexión.

Karina Barrios Sánchez, coordinadora general de Evaluación, de la Coneval, afirmó que durante la emergencia sanitarias las mujeres tuvieron afectaciones mayores y las desigualdades fueron más evidentes. Planteó que el presupuesto garantice condiciones de salud, seguridad social y vivienda.

María José López Lugo, directora General de Supervisión de la Progresividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, propuso revisar los instrumentos jurídicos y actualizarlos, considerando los estándares internacionales, fomentar el desarrollo de capacidades de los servidores públicos responsables de generar los presupuestos y la elaboración de indicadores con enfoque de derechos humanos. 

Andrea Larios Campos, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, apuntó que las brechas de género y la violencia hacia las mujeres es una constante en el país, pues en lo que va del año, dos mil 505 mujeres han sido asesinadas; además, de las mayores de 15 años, el 70.1 por ciento ha sufrido violencia, lo que significa una agudización.

Sunny Arely Villa, directora de Operaciones del CIEP, aseguró que el Anexo 13 tiene una metodología en la que los ejecutores del gasto registran las acciones, pero no se revisa que la proporción se refleje en las metas de los programas presupuestarios, lo que es una debilidad de dicho Anexo.    

La coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género y no Discriminación del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, Mariana González Torres, planteó que el componente para el bienestar e impulso a la mujer rural, forme parte de la estructura programática presupuestal 2023, con recursos del programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería y Pesca.

Vanessa Sánchez Vizcarra, del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados, destacó la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en planeación, programación y asignación de presupuesto, y contar con estadísticas oficiales para elaborar políticas públicas con perspectiva de igualdad.

La coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, Mariana Campos Villaseñor, pidió modificar el presupuesto y que el Congreso discuta una política pública y de presupuesto. Además, dijo que se debe analizar el Anexo 13 como una herramienta útil, cuyos montos debieran de invertirse en programas con los mejores resultados para cerrar las brechas.

Denisse Vélez Martínez, de Equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia A.C., dijo que, a pesar de los avances normativos para garantizar recursos a la igualdad de género en el PEF, no se ha visto el impacto en la vida de las mujeres y afirmó que garantizar recursos para este fin, es un asunto de justicia y de seres humanos. Agregó que las aportaciones vertidas en esta mesa deben dar pautas para el futuro. 

Liliana Ruiz Ortega, directora ejecutiva de Simetría A.C., propuso revisar el Anexo 13 y su objetivo; revisar la metodología para elaborarlo y transparentar y explicar los criterios para incluir sus programas; además, revisar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues no tiene un reglamento y eso dificulta su operación; e incorporar la perspectiva de género en los programas presupuestarios de mayor impacto, para cerrar las brechas de género.

Tatiana Galicia Carmona, del Modelo Integral para la Atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado y Avanzado, del Instituto Nacional de Cardiología, solicitó incluir recursos en el PEF para ofrecer tratamientos oncológicos que amplíen la supervivencia y beneficien a pacientes con enfermedad metastásica. 

Alma Ortiz Pellón, de la Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer, señaló que es necesario reconsiderar en el PEF y las partidas presupuestales de salud con una perspectiva de género para cáncer de mama, cervicouterino y de próstata. Planteó actualizar las normas oficiales de salud, implementar el Programa Nacional contra el Cáncer y destinarle recursos, “si no, muchas niñas y adolescentes de hoy pueden morir en los próximos años”. 

Angélica Nadurille Álvarez, de Aliadas por la Igualdad, afirmó que los programas de igualdad de género no garantizan los derechos de las mujeres, pues no hay política interseccional para prevenir y combatir la violencia contra mujeres. Solicitó que los recursos para acciones de igualdad, política pública y contra la violencia no se descuiden, y contribuyan a eliminar las brechas de desigualdad y la discriminación.

La Coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana, Nelsy Marisela Ku Chay, pidió etiquetar un presupuesto específico en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para este proyecto, dar seguimiento y exista rendición de cuentas. Además, incrementar 25 por ciento el monto para el inicio, fortalecimiento y consolidación de estas causas. 

Leticia González Luna, de Voz Pública, A.C., se pronunció por impulsar políticas públicas y reformas legales que refuercen las relaciones familiares para reconstruir el tejido social. Pidió que las y los legisladores modifiquen el proyecto de presupuesto para destinar recursos a políticas públicas y programas de gobierno con equidad de derechos entre mujeres y hombres. 

Dulce Susana Sebastián Rodríguez, Coordinadora de Programación y Presupuesto de Desarrollo Social, Trabajo, Economía y Comunicaciones, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, explicó la integración del Anexo 13 y Erogaciones para Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual refleja un incremento de 41.1 por ciento, con 346 mil 77 millones de pesos, de los cuales 92.8 por ciento se destina a acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres; 7 por ciento a erradicación de violencia y 0.2 a erradicar la discriminación

Comisión de Cambio Climático analizó con especialistas presupuesto para cambio climático

• Importante sumar todas las voces para llegar a un consenso sobre la opinión de los recursos para este ramo: diputada Díaz Acevedo

La Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad, que preside la diputada Edna Gisel Díaz Acevedo (PRD), sostuvo un diálogo con especialistas relativo al análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2023, anexo transversal 16 y recursos asignados al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). 

La legisladora precisó que este ejercicio es con la intención de construir la opinión de la Comisión respecto del Presupuesto Egresos de la Federación 2023, a fin de “sumar todas las voces, todas las posturas, poder llegar a un consenso en esta opinión y todos los posicionamientos de los grupos parlamentarios”.  

Celebró la diversidad de las participaciones de la sociedad civil organizada, especialistas, funcionarios del órgano rector en la materia y de todas y de todos “porque considero que así es como se construye y tenemos toda la intención de construir, así es que estas críticas u opiniones diferentes nos ayudan a mejorar nuestro trabajo”. Afirmó: “todo esto enriquece nuestra labor legislativa”. 

El diputado Alfredo Porras Domínguez (MORENA) estimó que “no aprovechamos lo que tenemos en el país, el cambio climático es el reto que tenemos la humanidad”. Subrayó que el gran problema “es que no tenemos la autosuficiencia y tenemos una carestía de productos que no generamos los mexicanos por tanta regulación”. Agregó que “en vez de permitirnos producir con control ambiental amigable con el ser humano, lo único que están haciendo, es decir: no”. 

Participación de especialistas

El coordinador de políticas públicas del INECC, José Francisco Pérez de la Torre, indicó que para el PEF 2023, desde junio se creó un programa de trabajo con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con el INECC para robustecer el anexo trasversal de cambio climático e identificar algunos programas que tuvieron incidencia climática. 

Francisco Tomas Ramírez Méndez, coordinador general de proyectos estratégicos y alternativas contra el cambio climático del INECC, dijo que dentro de los objetivos prioritarios está el aumentar el conocimiento sobre cambio climático, protección al ambiente y ecología en México; mejorar la formulación e implementación de la política nacional de cambio climático y equilibrio ecológico; facilitar el acceso a la información y al conocimiento técnico y científico. 

Jorge Plaza Quintana, consultor y especialista ambiental, mencionó que en el PEF no se señala el tipo de contribución, ya sea directa o indirecta, que los programas incluidos en el ramo 16 tendrán para la adaptación, mitigación de los efectos de cambio climático. Tampoco se encontró explicito cómo el monto incluido en este anexo va a contribuir a cumplir con los objetivos. 

Mauricio García Velasco, analista de cambio climático de Polea, comentó que su organización realiza un estudio sobre presupuesto para este tema, cuánto cuesta el cambio climático y qué es lo que se necesita para poder hacer frente. 

“Este ejercicio que estamos haciendo lo queremos traducir en un documento que recoja experiencias que estamos analizando y de alguna u otra manera concluya con algunas recomendaciones con una visión hacia el próximo año”, añadió. 

De la Red de jóvenes ambientalistas, Aldo Muller, comentó que son un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que “buscamos generar un entorno influyente y que haya ampliación de presupuesto para los diversos programas de este tema”.

Comisión aprobó dos dictámenes para proteger a las mujeres y promover la transparencia en adquisiciones

• También avaló su opinión al proyecto de PEF 2023

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes que promueven la protección de las mujeres víctimas de violencia y refuerzan las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El primer dictamen, aprobado por 30 votos a favor, plantea adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de promover la supervisión, denuncia y sanción de los servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

El diputado Romero Hicks explicó que el dictamen busca fortalecer la paridad de género y la protección de la víctimas y denunciantes al promover la protección de los derechos humanos.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (MORENA) consideró que la reforma beneficia a quienes mucho tiempo estuvieron olvidadas y para recordar que la ley es para todas y todos.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, celebró la aprobación de este dictamen, ya que está enfocado a garantizar la paridad y en contra de la violencia de género. 

La diputada de MC, Amalia Dolores García Medina, indicó que la inclusión de las mujeres significa otorgarle calidad a la democracia, ya que no puede existir ésta sino se incluye a la paridad en la toma de decisiones; además, se garantiza que las mujeres no serán víctimas de acoso y violencia. 

Desde plataforma digital, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) aplaudió el trabajo realizado desde la Comisión para hacer coincidir a dos legislaturas en el tema de las mujeres, en la toma de decisiones y supervisión.

Por el PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, mediante zoom destacó la importancia de la armonización legislativa para combatir la violencia contra las mujeres. “Hoy se abunda en un tema que parecía olvidado; sigamos impulsando los pendientes de la legislación secundaria, avanzar en la 3 de 3 y contribuir a eliminar la cultura de violencia que aún persiste hacia las mujeres”.

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de MORENA, celebró que el dictamen sea en temas de equidad y perspectiva, “pero me preocupa que se le hayan quitado todas las sanciones, ya que se queda solo en buenas intenciones y eso de nada sirve; las sanciones son importantes para hacer cumplir la norma”.

El diputado del PVEM Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que se está llamado a legislar a favor de la paridad de género. “En el Partido Verde, estaremos siempre en contra de cualquier acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos, más tratándose de mujeres víctimas de violencia cuando el agresor es un servidor público”.

Vía plataforma digital, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada del PAN, aseguró que con la reforma podrá ser decretada como una medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada.

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez mencionó que este dictamen trata de evitar que se vulneren los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y reconoció que este sea un consenso de las y los integrantes de la Comisión, toda vez que plantea sancionar y erradicar la violencia.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) expuso que el dictamen plantea sanciones para aquellos supuestos que pudieran cometer una acción que violente a las mujeres, por lo que anunció que su voto sería a favor. 

Wilbert Alberto Batun Chulim, diputado de MORENA, se pronunció a favor del dictamen, ya que contribuye al bienestar de las mujeres. 

En representación del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya manifestó que esta adecuación normativa abona a la lucha de las mujeres por erradicar la violencia en su contra y sancionar cuando se vulneren sus derechos humanos.

Transparencia en materia de adquisiciones

El segundo dictamen, aprobado por 30 votos a favor, busca adicionar y reformar la fracción XXVIII del artículo 70, fracción I del artículo 71 y fracción III al artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de reforzar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El diputado Romero Hicks apuntó que la reforma establece el deber de publicar los documentos donde consten las razones y criterios que motivaron a una adjudicación directa sobre licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas y, con ello, se cumpla la máxima publicidad y transparencia en el ejercicio del gasto público sin hacer distinciones en el método de adquisiciones.

Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz pidió el voto a favor, ya que hay temas que “en lugar de irse al cajón del olvido se les tiene que dar continuidad”.

Por su parte, el diputado Téllez Hernández celebró que este dictamen encuentre los consensos correspondientes para una votación positiva, pues el haber pasado una emergencia sanitaria llevó consigo la toma de decisiones para enfrentarla de manera clara especialmente en materia de salud; no obstante, subrayó, el espíritu de opacidad no debe prevalecer en compras durante emergencias 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, dijo estar a favor de la reforma; sin embargo, señaló que en el cuerpo del dictamen se pone contingencia sanitaria, pero éste no está contemplado en la ley, por lo que se debe tener cuidado con el término.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) expuso que la disposición abona a la transparencia en materia de contrataciones públicas, pues se debe evitar la opacidad en el acceso a la información de carácter relevante. Dijo estar a favor de la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas. 

A su vez, el diputado Robles Montoya subrayó que es necesario transparentar y negar la reserva de información para no difundir con apertura y transparencia porque se toman determinadas acciones como gobierno a nivel federal, estatal y municipal. 

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA) resaltó que el dictamen significa transparentar o detallar un procedimiento de adjudicación directa, pues durante años se ha justificado por un procedimiento o porque hace falta por los tiempos. Consideró que se debe combatir la corrupción e impunidad”. 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) expresó su apoyo a este dictamen, toda vez que abona a la transparencia y a recobrar la confianza de la ciudadanía y en el trabajo con honestidad.

En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) comentó que las adjudicaciones directas son legales, por lo que se propone ratificar las razones y los criterios que las motivan.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) expuso que esta reforma contribuirá a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las adjudicaciones directas, aunque esto ya se contempla en la legislación. 

Opinión al Proyecto del PEF 2023

Se aprobó con 26 votos a favor y seis abstenciones, la opinión de la Comisión referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Romero Hicks explicó que esta votación no prejuzga cómo se avalará el Presupuesto de Egresos de la Federación, “y en lo que coincidimos es en la modificación e incorporación del transitorio”.

La diputada Alcalá Ruiz dijo que el voto de su grupo parlamentario sería en abstención por lo que implica el Anexo específico, pues, aunque no hay incrementos o reducciones, se desconoce si lo asignado es lo suficiente para el combate a la corrupción, y en lo sucesivo se debe conocer qué debe hacerse mejor.

La diputada Pérez Bárcenas celebró que la opinión no solo destaca el incremento del 78 por ciento del presupuesto en combate a la corrupción, también que se incorporen 12 nuevas dependencias y se agreguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de la ciudadanía mexicana.

La diputada Pérez Valdez anunció que su voto será en abstención, ya que hay decrementos que pegan de manera tangible a la consolidación de las instituciones y no hay total transparencia en los recursos públicos para la erradicación de la corrupción. 

A su vez, la diputada González Alonso externó su preocupación de que se hable de un Anexo transversal anticorrupción, “cuando todos los temas que han generado ruido en el gobierno están reservados o se justifican con seguridad pública; es inquietante ese anexo, cuando no hay una verdadera rendición de cuentas en el gobierno”.

La diputada García Medina consideró vital fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pues está frágil y tiene que robustecerse. Además, dijo que en el Anexo anticorrupción se agregan dependencias de las cuales “valdría la pena saber su objetivo, así como analizar las reducciones que se observan en la Secretaría de la Función Pública y la unidad de contrataciones públicas”.  

En tanto, la diputada Márquez Alkadef aplaudió la opinión emitida por la Comisión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Téllez Hernández estimó adecuado el proyecto de la opinión que se remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que destina montos adecuados a los organismos encargados de la transparencia, la función pública y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. 

El diputado Gutiérrez Gutiérrez se pronunció a favor de la opinión, ya que las dependencias y Secretaría invierten de cada 100 pesos 84 para el combate a la corrupción, lo cual garantiza un eficiente gasto público del país.

La diputada Pérez-Jaén Zermeño apuntó que sorprende el aumento en el presupuesto para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ya que se propone para el 2023, casi 83 millones de pesos más que lo destinado en el 2022, no obstante, apuntó que esta ampliación es para el campo de gastos personales.

El diputado Gómez Villanueva dijo que el gobierno tiene sus prioridades en el PEF, las cuales son seguramente las dominantes y aunque se ha advertido que hay una cerrazón para atender las recomendaciones hechas, se debe tener un equilibrio con una visión no solo en la parte social, sino también en la infraestructura y lo que representa el presupuesto. 

El diputado Ramírez Barba comentó que se sigue pensando en la lógica de un presupuesto inercial; se necesita entender si es un presupuesto basado en resultados y si el incremento tiene que ver con una futura aprobación para una institución que haga compras consolidadas y se haga cargo de temas como la previsión de medicamentos y compras para la salud.

La diputada Terrazas Baca expuso que acompañarán el Anexo transversal 39; “no vamos a acompañar el presupuesto, porque es evidente que no hay dinero para lo que ralamente le importa a las y a los mexicanos. El Presidente no tiene como objetivo combatir la corrupción”.