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viernes, 6 de diciembre de 2024

Aprueba Senado de la República reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

* Las modificaciones y adiciones a dicha Ley forman parte de la legislación secundaria sobra la reforma judicial


El Pleno del Senado de la República avaló el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, relacionadas a la reforma judicial.

Con 77 votos a favor y 31 en contra, fue aprobada en lo general; mientras que, en lo particular, se avaló con 74 a favor y 28 en contra, tras ser retirada la reserva de la Senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, de MORENA, y rechazada la reserva del Senador Néstor Camarilla Medina, del PRI.

Estás modificaciones y adiciones, consisten en la armonización con la reforma constitucional en materia de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Con el proyecto, se incorpora un lenguaje incluyente con la intención de promover la igualdad y el respeto hacia todas las personas, independientemente de su género, identidad, orientación sexual, origen étnico, discapacidad, entre otros.

También se evita la discriminación y se contribuye a crear un ambiente más justo y equitativo, que ayuda a dar visibilidad a grupos que históricamente han sido marginados, a la vez que reconoce a todas las personas en función de su dignidad humana.

El dictamen adiciona como criterio el de la “buena administración”, como parte de la actuación de las personas servidoras públicas, porque este concepto hace referencia al derecho humano a que los asuntos comunes y colectivos estén ordenados de forma y manera que prime un ambiente de bienestar general e integral para el pueblo en su conjunto.

Un tercer elemento, son las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta, que son instrumentos que establece principios, valores y reglas de integridad para que los servidores públicos actúen en beneficio de la sociedad.

Estos instrumentos propiciarán ambientes laborales adecuados, fomentarán su actuación ética y responsable, y erradicarán conductas que representen actos de corrupción, por lo que su incorporación como motivo para imputar una responsabilidad administrativa no grave tendrá consecuencias, lo que se traduce en un cumplimiento de las disposiciones y principios que fomentan el Código de Ética y diversos Códigos de Conductas.

Con la modificación a la fracción V del artículo nueve de la Ley General, se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, por faltas administrativas; de igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.

La reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para su discusión y, en su caso, aprobación

jueves, 5 de diciembre de 2024

Dan primera lectura a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial

* Se prevé su discusión y aprobación en el pleno del Senado de la República este jueves


La Presidencia de la Mesa Directiva, que encabeza el Senador Gerardo Fernández Noroña, dio primera lectura a los dictámenes referentes a las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial.

Se trata de los dictámenes para expedir la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial, así como el proyecto para reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El decreto por el que se expide la Ley Orgánica permitirá establecer las normas, estructura, integración, funcionamiento y competencia de los órganos que componen dicho poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los Tribunales de Circuito (Colegiados y Unitarios), los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.

Con este dictamen se crea el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, los cuales combatirán la corrupción, la impunidad, el nepotismo y negligencia del Poder Judicial, a través de reglas claras.

El decreto por el que se expide la Ley de Carrera Judicial se ajusta a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además de que respeta los derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación.

Se adiciona un Título Tercero, del combate al nepotismo, en el cual se establecen medidas para impedir nombramientos de familiares por parte de los titulares, así como el deber de informar sobre vínculos familiares o afectivos.

En el dictamen para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se adicionó como criterio el de la buena administración, así como las adecuaciones que permitirán considerar como falta administrativa no grave la inobservancia del Código de Ética y los diversos Códigos de Conducta.

Se otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la atribución de investigar e imponer las sanciones que correspondan a las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, por faltas administrativas; de igual manera, se otorga la facultad a los Tribunales de Disciplina Judicial de las entidades federativas y de la Ciudad de México para que puedan realizar lo propio con las personas servidoras públicas de los poderes judiciales locales.

La Mesa Directiva también dio trámite de primera lectura al dictamen de las comisiones de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se reforman seis artículos del Reglamento del Senado de la República.

La enmienda plantea regular la presentación de los votos particulares, reducir los tiempos de convocatoria a sesiones ordinarias en comisiones, y distribuir oportunamente los proyectos a discutir en las sesiones extraordinarias de los órganos legislativos.

martes, 12 de noviembre de 2024

Proponen considerar como faltas administrativas graves de un servidor público el acoso sexual y el hostigamiento

• La Diputada Lilia Aguilar (PT) sugiere adicionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas


Para considerar el acoso sexual y el hostigamiento como faltas administrativas graves de un servidor público, la Diputada Lilia Aguilar Gil (PT), impulsa iniciativa que adiciona una fracción I Bis y XVII Bis al artículo 3 y un artículo 64 Quater de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El documento, enviado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, define el acoso sexual, como cualquier comportamiento físico o verbal de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona; en particular, cuando se crea un entorno laboral intimidatorio, degradante u ofensivo.

Mientras que el hostigamiento lo define como el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas; el ejercicio del poder relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva.

Precisa que es el asedio reiterado a persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales.

Aguilar Gil expone que el objetivo es que los sujetos que sean sancionados por hechos de acoso y hostigamiento sexual queden inscritos en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados de la Plataforma Digital Nacional y se haga público.

Refiere que la ley no contempla actualmente el hostigamiento y el acoso sexual laboral como una falta administrativa en los tres tipos (graves, no graves y de particulares), y en el apartado de faltas graves, solo se considera el cohecho, peculado, desvío de recursos, utilización indebida de la información privilegiada, abuso de funciones, conflictos de interés, contrataciones indebidas, enriquecimiento indebido, simulación, tráfico de influencias, encubrimiento y desacato.

Entre los tipos de violencia contra el género femenino, subraya, se encuentra el hostigamiento y acoso sexual laboral, los cuales son una forma de violencia y discriminación.

Indica que el acoso sexual afecta negativamente a la persona trabajadora y al proceso, repercute sobre la satisfacción laboral, aumenta el ausentismo y disminuye el ritmo de trabajo. Tiene consecuencias psicológicas, estrés, ansiedad, depresión, estado de nerviosismo, desesperación, impotencia, y consecuencias físicas como trastornos del sueño, dolores de cabeza, náuseas e hipertensión, entre otros.

Menciona que para lograr ambientes laborales igualitarios y equitativos es necesario que las instituciones sean espacios libres de todo tipo de violencia contra las mujeres; por ello, es se deben impulsar políticas de actuación para prevenir el acoso sexual y por razón de sexo, que es la principal forma de violencia que “sufrimos las mujeres al desarrollar nuestros trabajos.

Comenta que la Ley Federal de Trabajo define y sanciona dichos actos, no obstante, en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no se encuentran definidos dichos actos que pueden ser ejercidos por servidores públicos, por ello, que la propuesta pretende introducir los conceptos en dicho ordenamiento y en aras de tener concordancia con el Código Penal Federal y la Ley Federal de Trabajo, se utilicen las mismas definiciones.

martes, 20 de agosto de 2024

Plantean establecer plazos máximos para concluir investigaciones por presuntas faltas administrativas

• El Diputado Cardona Pérez (PT) impulsa reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas


El Diputado Rodolfo Cardona Pérez (PT) presentó una iniciativa que modifica los artículos 91 y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de establecer un plazo máximo de 365 días naturales para finalizar una investigación cuando exista una denuncia por presunta responsabilidad de faltas administrativas cometidas por servidores públicos o particulares.

Instituye que una vez que inicie formalmente la investigación, es decir, que se le haya notificado al denunciante, al área interna o a la autoridad gubernamental o externa que practicó la auditoría al inicio de la investigación, la autoridad investigadora tendrá como plazo máximo 365 días naturales para finalizar la investigación correspondiente.

Indica que se podrá informar al denunciante o al superior jerárquico, con 15 días hábiles previos al cumplimiento del plazo señalado anteriormente, la necesidad de realizar una investigación complementaria, que tendrá una duración máxima de 183 días naturales más, a partir del cumplimiento del primer plazo.

Agrega que una vez admitida la denuncia por la autoridad investigadora, ésta última tendrá la obligación de informar cada 90 días naturales al denunciante sobre el avance que guarda la investigación, informándole el carácter de confidencial y respetando los datos personales de las partes en dicho informe.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, menciona que la corrupción tiene repercusiones negativas en todos los aspectos de la sociedad y está profundamente ligada a los conflictos y a la inestabilidad, pone en peligro el desarrollo social y económico y las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En su fundamentación asegura que el personal que integra las contralorías ha externado comentarios en el sentido de que la Ley de Responsabilidades Administrativas, tanto la general como las estatales, no son claras en el apartado de las investigaciones por la comisión de presuntas faltas administrativas.

Puntualiza que el personal dentro de los mismos órganos internos de control desconoce completamente el funcionamiento de los sistemas anticorrupción, lo que puede ser considerado como un reto a enfrentar tanto por el gobierno como por las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil.

“La corrupción no sólo sigue al conflicto, sino que a menudo es una de sus causas fundamentales; alimenta los conflictos e inhibe los procesos de paz al socavar el Estado de derecho, agravar la pobreza y facilitar el uso ilícito de recursos”, describe.

Enfatiza que la prevención de este delito, el fomento de la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones son fundamentales para alcanzar las metas previstas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales el Estado mexicano ha mostrado su compromiso con los mismos.

lunes, 3 de julio de 2023

Necesario, apoyar a servidores públicos en condición de vulnerabilidad para presentar su declaración patrimonial

• El diputado Rodríguez Carrillo (MC) impulsa reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas

El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC) propuso reformar el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para apoyar a las y los servidores públicos en condición de vulnerabilidad durante la presentación de sus declaraciones patrimonial y de intereses.

Mediante una iniciativa, establece que los entes públicos, a través de sus respectivos órganos internos de control, de manera permanente y particularmente durante el mes de mayo de cada año, destinarán los recursos humanos y el equipo informático necesario para apoyar a las personas servidoras públicas que, por su condición de vulnerabilidad, así lo requieran en la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

El diputado explica que su propuesta tiene la finalidad de facilitar el proceso de presentación de las declaraciones para aquellas personas servidoras públicas que, por razones de discapacidad, falta de conocimientos en la materia, incapacidad para acceder a un equipo de cómputo o en los llenados de los formatos, se ven impedidas para realizar ese trámite. 

El documento indica que la presentación de la declaración patrimonial es fundamental para fomentar la transparencia y rendición de cuentas en el sector público; a través de este mecanismo se busca garantizar que los funcionarios públicos cumplan con su deber de servir al interés público de manera honesta y responsable, evitando el enriquecimiento ilícito y la corrupción. 

Menciona que la normatividad señala la obligación para las secretarías, así como para los órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, de establecer mecanismos de difusión, capacitación, asesoría y apoyo para que los servidores públicos conozcan las reglas para la presentación de las declaraciones.

No obstante, estos mecanismos no son suficientes para solucionar la problemática a que se enfrentan aquellas personas servidoras públicas que presentan alguna vulnerabilidad por razones de discapacidad o de accesibilidad que les imposibilita cumplir con la obligación de presentar sus respectivas declaraciones, puesto que implican los mismos problemas e inclusive incrementan los esfuerzos que deben realizar.

La propuesta, enviada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, considera que presentar la declaración patrimonial en México es un proceso que conlleva una serie de complejidades y desafíos; una de ellas, radica en la extensa cantidad de información que se debe proporcionar. 

También, los funcionarios públicos están obligados a detallar minuciosamente todos sus bienes, ingresos, deudas y otros activos financieros. Esto implica recopilar documentación relevante, como escrituras, estados de cuenta, comprobantes de ingresos y otros documentos legales, lo cual puede resultar un proceso tedioso y engorroso. 

Además, la declaración patrimonial debe ser presentada de manera precisa y completa, sin omitir ningún dato relevante, ya que cualquier error o falta de información puede generar sanciones legales y poner en entredicho la integridad de la persona servidora pública. 

La eliminación de la discriminación en la búsqueda de la protección de los derechos humanos es un objetivo fundamental para promover la igualdad y la justicia en cualquier sociedad. Por ello, es esencial contar con leyes y políticas sólidas que prohíban la discriminación en todas sus formas, y garantizar la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos humanos para todas las personas, sin excepción.  

jueves, 8 de diciembre de 2022

Comisión de Transparencia aprobó dictamen para fomentar en las compras públicas la innovación y a tecnología

• También avaló reformas para sancionar hostigamiento y acoso sexual de servidores públicos

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes que reforman las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de fomentar la claridad en las compras públicas de innovación y evitar el hostigamiento y acoso sexual.

Compras públicas de innovación


El primer dictamen aprobado plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compras públicas de innovación.

El diputado Romero Hicks expuso que el propósito de este dictamen es buscar que en las contrataciones por adjudicación directa se autorice la contratación de bienes o servicios que tengan aparejada una innovación tecnológica.

Al respecto, la promovente de la reforma, la diputada María Eugenia Hernández Pérez (MORENA) explicó que se toma como eje la necesidad de fortalecer a nuestras empresas nacionales de base tecnológica de impulsar el emprendimiento en el ámbito de la innovación y dar confianza a los centros de investigación y universidades. Las compras públicas en esta materia pueden juagar un papel fundamental para este sector”.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (MORENA) señaló que es claro que las universidades y los centros de desarrollo tecnológico donde participan jóvenes y docentes han hecho gala de la aplicación de su conocimiento, por lo que esta modificación normativa permitirá incentivar el campo tecnológico.

Lidia Pérez Barcenas, diputada de MORENA, planteó que su voto sería a favor, pues se eliminó el carácter de excepción, ya que si bien es cierto que se considera importante que se incorpore a esta ley la tecnología es necesario que se someta a los procesos que establece la legislación.

La diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, aseguró que la modificación que se plantea contribuirá a que se incentive la tecnología y la innovación en la administración pública en sus tareas y atribuciones, al buscar que en las compras y adquisidores se privilegien a las innovaciones, por lo que dijo que su voto sería a favor.

Amalia Dolores García Medina, diputada de MC, apuntó que el espíritu de la iniciativa es que las instituciones de la administración pública vayan en el camino de la tecnología y el conocimiento del siglo XXI aprovechando estos avances. Resaltó que no se trata de más asignaciones, sino que la legislación prevea que en sus convocatorias participen empresas nacionales comprometidas con el desarrollo de la innovación.

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) pidió que esta reforma se adecue a los parámetros internacionales en materia de adquisiciones y felicitó a los promoventes de esta propuesta.
 
Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, refirió que su voto sería a favor, toda vez que abona a que se perfeccione la norma e impulse la tecnología y la innovación en la administración pública.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) expresó que su voto sería en sentido positivo, ya que se impulsa el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del servicio público, lo cual contribuirá que se otorguen servicios más ágiles para la ciudadanía.

La diputada del PAN, Carmen Rocío González Alonso mencionó que este dictamen da la apertura para que las licitaciones se ajusten a la promoción de empresas que fomentan la tecnología y la innovación.

Reformas sobre hostigamiento y acoso sexual


La Comisión también aprobó el dictamen con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de hostigamiento y acoso sexual.

El diputado Romero Hicks recordó que el documento deriva de una iniciativa presentada por el Congreso de Aguascalientes y dijo que históricamente como Poder Legislativo se tiene una deuda pendiente en garantizar el derecho a todas las personas a una vida libre de violencia, principalmente de las mujeres.

Añadió que con el dictamen se da un paso más para asegurar que toda conducta de un servidor público que involucre hostigamiento o acoso sexual sea castigada. Advirtió que la reforma es en el ámbito administrativo, pero hay otros, como el penal y laboral que deben incursionar. “Lo dejamos como una tarea para hacer una construcción común y no solamente quedarnos en materia administrativa”.

El diputado Ramírez Barba aplaudió que se avale una iniciativa de un congreso local. “Es un mensaje de que el congreso federal está siendo sensible a las necesidades, que están sintiendo y formulando para mejorar esta normativa”.

 A su vez, la diputada Pérez-Jaén Zermeño precisó que se busca fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, al incluir el hostigamiento y el acoso sexual como faltas administrativas graves. “Coincido con el sentido del dictamen y mi voto será a favor”.

La diputada García Medina se manifestó por mantener una relación federalista fluida, constante y en positivo, sobre todo cuando se pone en el centro los derechos humanos; hoy se pone en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, temas de hostigamiento y el acoso sexual; generalmente son las mujeres las que son víctimas.

El diputado Gómez Villanueva se congratuló por esta reforma ya que responde a una demanda de la sociedad civil en materia de género y dijo que es importante calificar como una falta grave el hostigamiento.

Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del PRI, destacó el federalismo que hoy retoma el Congreso Federal con la aprobación de la iniciativa, y que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres hoy se avalen estas reformas, ya que su inclusión en el mercado laboral cada día es mayor, pero no necesariamente en las mejores condiciones.

El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro (MORENA) expuso que da gusto que este tipo de iniciativas deriven de un congreso local. “Todos tenemos madre, hermanas e hijas, entonces por instinto de supervivencia y protección esto y más debemos hacer para que sean libres de cualquier violencia, más el hostigamiento y el abuso sexual; no solamente se da en el servicio público sino en cualquier ámbito laboral privado”.

Asuntos generales


El diputado Romero Hicks anunció que mañana en el Pleno habrá una efeméride por el Día Mundial Anticorrupción, por lo que la Junta de Coordinación Política solicitó que cada grupo parlamentario designe a una persona para tomar la palabra hasta por tres minutos.

Asimismo, informó a las y los diputados que se recibió comunicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside el diputado Erasmo González Robledo (MORENA), en la cual se da a conocer que esta instancia presentará una iniciativa para que se incorpore en el cuerpo del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación el Anexo Transversal Anticorrupción.

En este sentido, la diputada Pérez Bárcenas argumentó que la Comisión ha promovido en dos años consecutivos en los ejercicios de Presupuesto de Egresos de la Federación, la incorporación del Anexo Transversal Anticorrupción, toda vez que en el cuerpo del Decreto no se menciona y sólo se incorpora el anexo.

La preocupación de esta instancia, agregó, ha sido que al no estar incorporado en el cuerpo del Decreto pudiera desaparecer, por lo que desde hace dos años en su opinión sugirió la incorporación del transitorio, lo mismo ocurrió este año. Sin embargo, apuntó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción trabajaron una metodología para poder incorporar a las dependencias en este Anexo Transversal.

jueves, 20 de octubre de 2022

Comisión aprobó dos dictámenes para proteger a las mujeres y promover la transparencia en adquisiciones

• También avaló su opinión al proyecto de PEF 2023

La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Juan Carlos Romero Hicks (PAN), aprobó dos dictámenes que promueven la protección de las mujeres víctimas de violencia y refuerzan las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El primer dictamen, aprobado por 30 votos a favor, plantea adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de promover la supervisión, denuncia y sanción de los servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.

El diputado Romero Hicks explicó que el dictamen busca fortalecer la paridad de género y la protección de la víctimas y denunciantes al promover la protección de los derechos humanos.

La diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes (MORENA) consideró que la reforma beneficia a quienes mucho tiempo estuvieron olvidadas y para recordar que la ley es para todas y todos.

Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado del PAN, celebró la aprobación de este dictamen, ya que está enfocado a garantizar la paridad y en contra de la violencia de género. 

La diputada de MC, Amalia Dolores García Medina, indicó que la inclusión de las mujeres significa otorgarle calidad a la democracia, ya que no puede existir ésta sino se incluye a la paridad en la toma de decisiones; además, se garantiza que las mujeres no serán víctimas de acoso y violencia. 

Desde plataforma digital, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) aplaudió el trabajo realizado desde la Comisión para hacer coincidir a dos legislaturas en el tema de las mujeres, en la toma de decisiones y supervisión.

Por el PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, mediante zoom destacó la importancia de la armonización legislativa para combatir la violencia contra las mujeres. “Hoy se abunda en un tema que parecía olvidado; sigamos impulsando los pendientes de la legislación secundaria, avanzar en la 3 de 3 y contribuir a eliminar la cultura de violencia que aún persiste hacia las mujeres”.

Daniel Gutiérrez Gutiérrez, diputado de MORENA, celebró que el dictamen sea en temas de equidad y perspectiva, “pero me preocupa que se le hayan quitado todas las sanciones, ya que se queda solo en buenas intenciones y eso de nada sirve; las sanciones son importantes para hacer cumplir la norma”.

El diputado del PVEM Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que se está llamado a legislar a favor de la paridad de género. “En el Partido Verde, estaremos siempre en contra de cualquier acto discriminatorio y violatorio de derechos humanos, más tratándose de mujeres víctimas de violencia cuando el agresor es un servidor público”.

Vía plataforma digital, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada del PAN, aseguró que con la reforma podrá ser decretada como una medida cautelar la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada.

Por el PRD, la diputada Elizabeth Pérez Valdez mencionó que este dictamen trata de evitar que se vulneren los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia y reconoció que este sea un consenso de las y los integrantes de la Comisión, toda vez que plantea sancionar y erradicar la violencia.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas (MORENA) expuso que el dictamen plantea sanciones para aquellos supuestos que pudieran cometer una acción que violente a las mujeres, por lo que anunció que su voto sería a favor. 

Wilbert Alberto Batun Chulim, diputado de MORENA, se pronunció a favor del dictamen, ya que contribuye al bienestar de las mujeres. 

En representación del PT, el diputado Ángel Benjamín Robles Montoya manifestó que esta adecuación normativa abona a la lucha de las mujeres por erradicar la violencia en su contra y sancionar cuando se vulneren sus derechos humanos.

Transparencia en materia de adquisiciones

El segundo dictamen, aprobado por 30 votos a favor, busca adicionar y reformar la fracción XXVIII del artículo 70, fracción I del artículo 71 y fracción III al artículo 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de reforzar las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados en materia de adquisiciones.

El diputado Romero Hicks apuntó que la reforma establece el deber de publicar los documentos donde consten las razones y criterios que motivaron a una adjudicación directa sobre licitación pública y la invitación a cuando menos tres personas y, con ello, se cumpla la máxima publicidad y transparencia en el ejercicio del gasto público sin hacer distinciones en el método de adquisiciones.

Del PRI, la diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz pidió el voto a favor, ya que hay temas que “en lugar de irse al cajón del olvido se les tiene que dar continuidad”.

Por su parte, el diputado Téllez Hernández celebró que este dictamen encuentre los consensos correspondientes para una votación positiva, pues el haber pasado una emergencia sanitaria llevó consigo la toma de decisiones para enfrentarla de manera clara especialmente en materia de salud; no obstante, subrayó, el espíritu de opacidad no debe prevalecer en compras durante emergencias 

El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, también del PAN, dijo estar a favor de la reforma; sin embargo, señaló que en el cuerpo del dictamen se pone contingencia sanitaria, pero éste no está contemplado en la ley, por lo que se debe tener cuidado con el término.

La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño (PAN) expuso que la disposición abona a la transparencia en materia de contrataciones públicas, pues se debe evitar la opacidad en el acceso a la información de carácter relevante. Dijo estar a favor de la prevención de la corrupción y la rendición de cuentas. 

A su vez, el diputado Robles Montoya subrayó que es necesario transparentar y negar la reserva de información para no difundir con apertura y transparencia porque se toman determinadas acciones como gobierno a nivel federal, estatal y municipal. 

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (MORENA) resaltó que el dictamen significa transparentar o detallar un procedimiento de adjudicación directa, pues durante años se ha justificado por un procedimiento o porque hace falta por los tiempos. Consideró que se debe combatir la corrupción e impunidad”. 

El diputado Jorge Luis Llaven Abarca (PVEM) expresó su apoyo a este dictamen, toda vez que abona a la transparencia y a recobrar la confianza de la ciudadanía y en el trabajo con honestidad.

En tanto, la diputada Amalia Dolores García Medina (MC) comentó que las adjudicaciones directas son legales, por lo que se propone ratificar las razones y los criterios que las motivan.

La diputada Carmen Rocío González Alonso (PAN) expuso que esta reforma contribuirá a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en las adjudicaciones directas, aunque esto ya se contempla en la legislación. 

Opinión al Proyecto del PEF 2023

Se aprobó con 26 votos a favor y seis abstenciones, la opinión de la Comisión referente al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Romero Hicks explicó que esta votación no prejuzga cómo se avalará el Presupuesto de Egresos de la Federación, “y en lo que coincidimos es en la modificación e incorporación del transitorio”.

La diputada Alcalá Ruiz dijo que el voto de su grupo parlamentario sería en abstención por lo que implica el Anexo específico, pues, aunque no hay incrementos o reducciones, se desconoce si lo asignado es lo suficiente para el combate a la corrupción, y en lo sucesivo se debe conocer qué debe hacerse mejor.

La diputada Pérez Bárcenas celebró que la opinión no solo destaca el incremento del 78 por ciento del presupuesto en combate a la corrupción, también que se incorporen 12 nuevas dependencias y se agreguen los Objetivos de Desarrollo Sostenible en beneficio de la ciudadanía mexicana.

La diputada Pérez Valdez anunció que su voto será en abstención, ya que hay decrementos que pegan de manera tangible a la consolidación de las instituciones y no hay total transparencia en los recursos públicos para la erradicación de la corrupción. 

A su vez, la diputada González Alonso externó su preocupación de que se hable de un Anexo transversal anticorrupción, “cuando todos los temas que han generado ruido en el gobierno están reservados o se justifican con seguridad pública; es inquietante ese anexo, cuando no hay una verdadera rendición de cuentas en el gobierno”.

La diputada García Medina consideró vital fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, pues está frágil y tiene que robustecerse. Además, dijo que en el Anexo anticorrupción se agregan dependencias de las cuales “valdría la pena saber su objetivo, así como analizar las reducciones que se observan en la Secretaría de la Función Pública y la unidad de contrataciones públicas”.  

En tanto, la diputada Márquez Alkadef aplaudió la opinión emitida por la Comisión respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación 2023.

El diputado Téllez Hernández estimó adecuado el proyecto de la opinión que se remitirá a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, toda vez que destina montos adecuados a los organismos encargados de la transparencia, la función pública y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Anticorrupción. 

El diputado Gutiérrez Gutiérrez se pronunció a favor de la opinión, ya que las dependencias y Secretaría invierten de cada 100 pesos 84 para el combate a la corrupción, lo cual garantiza un eficiente gasto público del país.

La diputada Pérez-Jaén Zermeño apuntó que sorprende el aumento en el presupuesto para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), ya que se propone para el 2023, casi 83 millones de pesos más que lo destinado en el 2022, no obstante, apuntó que esta ampliación es para el campo de gastos personales.

El diputado Gómez Villanueva dijo que el gobierno tiene sus prioridades en el PEF, las cuales son seguramente las dominantes y aunque se ha advertido que hay una cerrazón para atender las recomendaciones hechas, se debe tener un equilibrio con una visión no solo en la parte social, sino también en la infraestructura y lo que representa el presupuesto. 

El diputado Ramírez Barba comentó que se sigue pensando en la lógica de un presupuesto inercial; se necesita entender si es un presupuesto basado en resultados y si el incremento tiene que ver con una futura aprobación para una institución que haga compras consolidadas y se haga cargo de temas como la previsión de medicamentos y compras para la salud.

La diputada Terrazas Baca expuso que acompañarán el Anexo transversal 39; “no vamos a acompañar el presupuesto, porque es evidente que no hay dinero para lo que ralamente le importa a las y a los mexicanos. El Presidente no tiene como objetivo combatir la corrupción”.