Aunque el gobierno insiste en amenazar a Artur Mas....

Los Jueces contradicen al Gobierno y niegan que exista delito en la convocatoria de la consulta catalana

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha propinado un auténtico "revolcón" al Gobierno. No sólo ha negado que exista delito en la convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Además, ha dudado de la constitucionalidad de algunas de las refomas legales del PP. El gobierno desoye las críticas de los expertos e insiste en amenazar a los nacionalistas. Los Jueces contradicen al Gobierno y niegan que exista delito en la convocatoria de la consulta catalanaEn efecto, son varios los portavoces del PP que insistieron ayer en hacer caer “todo el peso de la Ley” sobre la Generalitat en su conjunto y Artur Mas en particular, al que, por cierto, el PP ya ve como ganador de las elecciones no celebradas, si insiste en convocar el referéndum sobre la independencia. Entre los amenazantes parlamentos ha destacado el del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón quien ha señalado que Artur Mas cometería un "delito" si lleva adelante "un acto ilegal" como convocar un referéndum secesionista, y "lo sabe perfectamente", ha remachado el ministro. Magnánimo, aunque sólo sea porque estamos en pre campaña electoral, Gallardón se ha mostrado benévolo con los cientos de miles de catalanes que, hipotéticamente, podrían apoyar esta iniciativa. En una entrevista en La Sexta ha declarado que “si hay un acto ilegal por parte de una persona, no creo que haya que castigar a los ciudadanos catalanes. A quien habrá que exigirle responsabilidades es a esa persona", ha señalado el ministro. Opinión muy contraria es la que defienden los Jueces a través de la portavoz oficial del Consejo General del Poder Judicial. Gabriela Bravo ha señalado que Artur Mas no estaría cometiendo un delito si convocase un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Bravo ha opinado que se ha dado una "sobredimensión" a las declaraciones de Mas en las que anunció, "en el marco de una campaña electoral", su intención "escuchar al pueblo catalán" y propuso realizar una "consulta". "Habrá que ver qué convoca", ha añadido. Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución --un tema relacionado con la propuesta de Mas, ya que la Carta Magna con su redacción actual no permitiría celebrar un referéndum--, Bravo ha indicado que la Constitución prevé "un sistema para poderla reformar". El texto constitucional "no es inamovible" y "se puede modificar" si se produce un "cambio de circunstancias" o surge "la necesidad de adaptar determinados preceptos o capítulos a la realidad social, que es cambiante", ha explicado. REFORMA DEL CÓDIGO PENAL Por otro lado, la portavoz ha advertido de que algunos puntos de la nueva reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno tienen "mal encaje" en la Constitución. Aunque el CGPJ aún debe publicar su informe sobre el anteproyecto de ley del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, Bravo ha declarado que, desde su punto de vista, hay algunas "figuras" que tienen "mal encaje en la Constitución", mencionando concretamente a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad. La portavoz ha señalado que el actual Código Penal es el resultado de varias reformas que lo han convertido en "uno de los más duros de Europa". Hay medidas incluidas en el anteproyecto de ley que "me preocupan enormemente", ha reconocido Bravo, que considera que "no se puede utilizar el Derecho Penal" para resolver "asuntos concretos con intereses mediáticos". PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE Respecto a la prisión permanente revisable, que se podrá aplicar en los delitos más gaves, la portavoz del CGPJ ha recordado que las penas deben tener una función retributiva, es decir, castigar a quien ha delinquido, pero también una función resocializadora. A su juicio, con la prisión permanente revisable se pone en duda esa segunda función. "Los problemas de la sociedad española no se pueden resolver endureciendo las penas", ha estimado. También ha criticado el endurecimiento de las penas para quienes provocan incendios forestales, por considerar que hay otras formas de conseguir que "la ciudadanía se conciencie" y que el Derecho Penal debe ser "el último recurso". En cuanto a las nuevas tasas judiciales que el ministro de Justicia pretende empezar a aplicar a principios de 2013, Bravo ha afirmado que, en determinados supuestos, "para algunos ciudadanos será imposible acudir a los tribunales", una situación que "cercena el derecho a tutela judicial".