Hamburgo saca a la policía a la calle y declara el «Estado de excepción» para frenar disturbios

Partidos de la oposición de Hamburgo analizan este lunes la presentación de una demanda contra la instalación de una llamada "zona de peligro" en el centro de la ciudad alemana con el objetivo de reprimir la protesta social. Las autoridades declararon la mencionada zona en los barrios de Altona, St. Pauli y Sternschanze, luego de enfrentamientos violentos entre manifestantes y la policía en diciembre pasado, con un saldo de más de 600 heridos. Dentro de ella los derechos fundamentales están limitados y la policía puede controlar, detener y expulsar a ciudadanos sin indicios concretos. Los graves incidentes en esa ciudad estallaron cuando la policía atacó a unos 10.000 manifestantes opuestos al desalojo de un tradicional centro cultural de la izquierda. Un reporte de la policía indica que 120 agentes del orden recibieron lesiones, mientras que los manifestantes reportaron entre sus filas más de 500 heridos. Los organizadores y la oposición en la Cámara de Representantes de Hamburgo reprocharon a la policía haber atacado la manifestación para impedirla. Con motivo del establecimiento de la zona de peligro, el grupo del Partido de la Izquierda (Die Linke) en el órgano legislativo analiza una posible demanda contra esta medida. "Para nosotros esta zona es un acto ilegal", afirmó la portavoz del grupo, Christiane Schneider, en una entrevista de prensa. Según Schneider, la medida es ilegítima porque la policía misma decide sobre la extensión y la duración de los arrestos, sin ningún control parlamentario. Mientras, la policía anunció en una declaración de prensa que "aprovechará todas las posibilidades legales para defender la seguridad de sus agentes". También se refiere a un ataque de militantes a una estación de policía con un saldo de varios agentes lesionados. A pesar de estos incidentes, la oposición compara la creación de la zona de peligro con la aplicación de leyes de emergencia. Según el partido de Los Verdes, la policía y el gobierno socialdemócrata ponen "miles de personas bajo sospecha general".