Urgente regular CUSAEM para abatir inseguridad‏: el legislador Octavio Martínez Vargas

Urgente regular los CUSAEM como un mecanismo para abatir la creciente inseguridad, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense.

Si realmente se desea combatir la inseguridad en la entidad, deben ser regulados los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), advirtió el diputado local Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, tras destacar que los vacíos legales en que operan se prestan para dar impunidad a sus elementos y facilitarles la comisión de ilícitos. Debido a la incidencia de eventos delictivos en el Estado de México en los que participan integrantes de los CUSAEM, destacó, es urgente y necesario que se retome la discusión y se defina la situación legal de este organismo: objetivos, alcances, reclutamiento, operación, financiamiento, exámenes de control de confianza, etc. Sólo de esta manera, consideró, podrán fincarse responsabilidades en los casos en que sus elementos se vean involucrados, pues de otra manera quedan vacíos jurídicos importantes a través de los cuales es posible evadir la acción de la justicia y este organismo seguirá operando en la impunidad absoluta. Apenas hace 15 días, recordó el legislador, dos elementos de los CUSAEM fueron detenidos “in fragantti”, Armando Soriano Reyna y Jonathan Daniel Díaz Vargas, cuando golpeaban a dos jóvenes para despojarlos de sus pertenencias en Tlalnepantla. Hace unos meses, elementos de los CUSAEM denunciaron que el actual director del agrupamiento en Lerma, Víctor Hugo Gutiérrez Ayala, enfrentó proceso como presunto responsable por robo y secuestro en Tlalnepantla, según expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). En junio de 2013, prosiguió Martínez Vargas, en el condado de Sayavedra, Tlalnepantla, ocho elementos de los CUSAEM: Héctor Rodríguez, Ever Almeida, Merac Ayala, Abraham Gudiño, Juan Cerqueda, Óscar Flores, Sergio Hernández, Ulises García y Sebastián Gabriel, fueron detenidos tras disparar contra Alicia Rivera, una civil que resultó muerta. En junio de 2009, recordó, fueron detenidos sicarios de los Zetas en Jalisco y Querétaro, 9 de los cuales portaban armas propiedad del CUSAEM y credenciales firmadas por su ex director, Ciro Mendoza Becerril. En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, mejor conocido como el J.J, detenido como presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas, pertenecían a los CUSAEM, por lo que incluso comparecieron ante las autoridades Marco Rutilio Vargas, José Ángel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de esta corporación. También rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de CUSAEM, quien tramitó en septiembre de 2008 un contrato de servicio de escolta con Maximiliano Peralta Sáenz, una de las siete identidades del J.J. Azalia Ojeda, ex concursante de Big Brother y quien multiplicó su fama por el video en las redes sociales “Ladies de Polanco” en el que aparece agrediendo a policías del Distrito Federal (DF), trabajó durante 62 días para los CUSAEM, en el cuerpo denominado Grupo Atenea, integrado por mujeres para escoltar a otras mujeres y niños. Desde el punto de vista económico, enfatizó el además subcoordinador de la bancada perredista, los ingresos anuales de los CUSAEM superan los 2 mil millones de pesos que, no obstante, permanecen sin fiscalización, a pesar de que el armamento que emplean es tramitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son equipados con recursos públicos y sus 35 mil elementos (cifra superior a los 16 mil elementos adscritos a la SSC) son derechohabientes del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM). Los CUSAEM ofrecen servicios como policía privada de particulares, empresas y hasta dependencias públicas. Por estas razones, reiteró el legislador, es urgente determinar la situación legal de la corporación, pues es inapropiado que una institución que presta servicios de seguridad privada se financie, legitime y proteja a través de la autoridad estatal sin rendir cuentas.