Octavio Martínez Vargas: Se impugnará penalización de automovilistas sin placas o tarjetón‏

• Impugnará PRD aprobación de Legislatura para encarcelar a automovilistas sin placa o tarjetón, adelantó el diputado Octavio Martínez, subcoordinador de la bancada en el Congreso mexiquense. • La decisión criminaliza a los conductores y no ataca a quienes realmente comenten delitos, advirtió.

En la LVIII Legislatura del Estado de México, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recurrirá por la vía jurídica la reforma del Ejecutivo mexiquense aprobada por mayoría parlamentaria la tarde de este martes para sancionar con cárcel a los automovilistas sin placas o tarjeta de circulación, por considerar que criminaliza una falta administrativa y no contribuirá a la disminución de la incidencia delictiva. “Estamos evaluando interponer un procedimiento ante los Tribunales, de carácter colectivo, promovido por los conductores de nuestro estado y sólo vamos a definir la figura que aplica y conviene”, advirtió el diputado Octavio Martínez, subcoordinador de la bancada, tras no descartar que sea una alternativa el amparo colectivo. El legislador indicó que en ningún estado de derecho, republicano, se ha solucionado la inseguridad con el aumento de penas; por ejemplo, en algunas ciudades de Estados Unidos en donde aplica la pena de muerte, se siguen presentando ilícitos sancionables con este castigo. “En el Estado de México, desde la Legislatura anterior se decidió sancionar algunas conductas antijurídicas con pena vitalicia y no se han reducido los índices delictivos, los delitos se siguen cometiendo y paradójicamente, observamos que se han incrementado”, expuso. El legislador por Ecatepec consideró que el respaldo mayoritario a esta decisión responde a que los diputados se encuentran nerviosos por convertirse en candidatos y por eso están dispuestos a quedar bien con sus líderes de partido, pese a que con ello se afecte a la población.

“Hay que tener valor para presentar esta iniciativa, es un sinsentido, una torpeza que afectará a miles de ciudadanos de nuestro estado y a quienes atraviesan por la entidad, estaremos enviando a prisión a gente inocente… Las policías están coludidas, ahora bastará con quitarle una placa o la tarjeta de circulación a alguien para enviarlo a prisión, ya no hay necesidad de sembrarle droga”, enfatizó. Si se empieza por criminalizar una falta administrativa y a los conductores, Martínez Vargas consideró que mañana bien podría enviarse a prisión a quien no use cinturón de seguridad o a quien traiga a un bebé en los asientos delanteros del auto, mientras criminales de verdadero riesgo continúan gozando de impunidad. “Tenemos la certeza de que con esta reforma llevaremos a prisión a gente inocente, como ya ocurre y los verdaderos delincuentes seguirán en la calle, aunque se les detenga en flagrancia, sólo porque tienen relación con gente de la Procuraduría mexiquense PGJEM; por ejemplo, hace 10 días detuvieron en Ecatepec a una banda de roba vehículos, con 15 en posesión y a los 3 días fueron liberados”, recalcó. Tan sólo al agravar el robo con violencia, refirió, se consiguió llevar a prisión a más de mil jóvenes, a quienes se les siembra un cuchillo o una navaja y se les acusa de robar cien pesos o una bicicleta, pero purgan sentencia por delito grave porque no tienen para pagar una correcta defensa. “Si el director de Reclusorios reconoce sobrepoblación, habrá más gente inocente procesada y sentenciada”, lamentó. En todo caso, dijo, se trata de buscar alternativas que lleven a una reducción real de los índices delictivos: “Tenemos un problema estructural. Vale la pena explorar los modelos que han dado resultados, como el del DF, donde se modificó el programa de políticas públicas, sociales y económicas, sin necesidad de incrementar penas. Mientras actuemos con esta visión, nuestro estado no saldrá adelante y no habrá justicia ni reducción de índices delictivos. Debiésemos ocuparnos en reformas a la Ley de Educación para utilizar la infraestructura escolar básica y el turno vespertino en lugar de ofrecer vales para útiles escolares, a fin de que los jóvenes estudien”, abundó.

Separar del cargo a investigados por Tlatlaya‏

• Urge presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura, a separar del cargo a los 20 servidores de la PGJEM investigados por el caso Tlatlaya y a emitir las sanciones correspondientes. • Pide no justificar la actuación de estos servidores, arguyendo “inconsistencias” de las víctimas.

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, urgió la separación de sus actividades de los 20 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) investigados por el caso Tlatlaya, para permitir que las diligencias se realicen de forma imparcial y sancionarlos a la brevedad para evitar que los señalamientos por violaciones, recategorizadas como “graves” por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se diluyan. El además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), consideró necesario desclasificar los peritajes, con el objetivo de que se encuentren sujetos al escrutinio público para evitar la impunidad de servidores públicos y autoridades involucradas. Martínez Vargas convocó a no pretender desviar la atención o minimizar la responsabilidad de los servidores públicos de la Procuraduría Estatal arguyendo “inconsistencias” en la declaraciones de las víctimas ante la PGJEM, la Procuraduría General de la República (PGR) y la CNDH, pues no puede perderse de vista que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos advierte que las primeras fueron realizadas bajo presión y tortura. Desde el punto de vista del diputado local por Ecatepec, resulta inconcebible que a estas alturas se desconozcan los nombres de los funcionarios que presuntamente estuvieron involucrados en los hechos de tortura y encarcelamiento de mujeres, encubrimiento y manipulación de la escena del crimen (movimiento de fusiles y cuerpos), pues se entiende que la PGJEM cuenta con un registro de estos datos para llevar el control de las diligencias de su personal. Por tanto, reiteró la urgencia de que los resultados de la investigación se encuentren listos a la brevedad, pues si la CNDH reclasificó hace unos días el expediente del caso Tlatlaya como Investigación por “Violaciones Graves” a los derechos humanos, en buena medida fue porque las autoridades a quienes fue dirigida la Recomendación 51/2014 no han implementado, o al menos no con la celeridad requerida, las acciones necesarias para dar cumplimiento a la misma. Cabe recordar que el 11 de julio se inició de oficio el expediente CNDH/2/2014/5390/Q, que dio origen a la Recomendación emitida el 21 de octubre de 2014, al acreditarse hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, además de actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia durante los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los que resultaron fusilados 22 civiles, presuntamente a manos de elementos del Ejército y en cuyas diligencias participó la PGJEM.

AÚN EN ESPERA COMPARECENCIA DE PROCURADOR MEXIQUENSE POR CASO TLATLAYA: OCTAVIO MARTÍNEZ

*Procurador tiene conocimiento de tortura de mujeres detenidas por caso Tlatlaya, fabricación de pruebas y acción justificada del Ejército.

Luego de que un juzgado federal con sede en el Estado de México ordenara este lunes, la liberación inmediata de dos mujeres que se encontraban en el interior de la bodega ubicada en el municipio de Tlatlaya, donde siete militares llegaron el pasado 30 de junio a realizar un operativo y asesinaron a 22 presuntos secuestradores. El diputado del PRD Octavio Martínez Vargas, una vez más, exigió la comparecencia del Procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, para explicar el motivo por el que torturaron a las dos mujeres durante su estancia en la PGJEM (Procuraduría General del Estado de México), la fabricación de pruebas y los actos justificados de los militares. “Estas mujeres fueron torturadas, se les obligó a firmar declaraciones que nunca dieron, en las que argumentaban que no habían sido secuestradas, sino que eran parte de bandas criminales con armas de grueso calibre, mandándolas a una cárcel de alta seguridad y hoy afortunadamente, se ha resuelto su liberación” comentó. También, para explicar qué ha procedido sobre los robos a casa habitación en Ecatepec, disfrazados de operativos por parte de al menos patrulla de la Policía Federal. Por lo que, cuestionó la propuesta del Ejecutivo Federal de desaparecer a la Policía Municipal, ya que no concibe el hecho de que el Director de Seguridad Estatal, Rogelio Cortés, dirija a los policías para el control de seguridad en el estado, pues a diez años de estar en el cargo no ha dado resultados.

Rechaza PRD alianza con PAN‏

• A propuesta de Octavio Martínez Vargas, secretario general del PRD mexiquense, el Consejo Estatal avaló no ir en alianza con el PAN para la contienda de 2015, sólo habrá coalición de izquierda • El PAN ha respaldado todas las decisiones del PRI-Gobierno, pero no ha coincidido con el PRD en lo sustantivo, advirtió Martínez Vargas.

El Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Estado de México rechazó, a propuesta de su secretario general, Octavio Martínez Vargas, cualquier posibilidad de alianza con Acción Nacional (PAN) para las elecciones locales del 2015, tras advertir que el albiceleste se ha convertido en el principal aliado del Revolucionario Institucional (PRI) y ha planteado propuestas contrarias a la ideología del sol azteca. Aunque el Consejo Nacional del PRD autorizó la posibilidad de alianzas extraordinarias con el PAN “en determinadas condiciones y para propósitos políticos específicos”, Martínez Vargas consideró necesario dar por finiquitada esa alternativa en el Estado de México, por lo que propuso modificar el acuerdo estatal y establecer que el sol azteca podrá coaligarse sólo con la izquierda. “En torno a un programa de compromisos legislativos y de consenso que incluyan el impulso a la justicia social, respeto, promoción y ampliación de las libertades democráticas y los derechos humanos, el combate a la corrupción y a la impunidad, de tal suerte que no se pensaría en una excepcional coalición ni parcial ni total con el PAN”, detalló ante los consejeros estatales. El además subcoordinador del grupo parlamentario del PRD en la Legislatura mexiquense justificó que para estos momentos en el Estado de México una alianza con la derecha carece de sustento, pues el PAN mexiquense“es un desastre, sus legisladores en el Congreso local todo lo han votado a favor del PRI-Gobierno y han avalado todas las iniciativas del gobernador Eruviel Ávila”.

Además, recordó, la derecha auspició desde el 2000 el combate del crimen por parte del Ejército y La Marina, propiciando una crisis en materia de seguridad; sin ir más lejos, expuso, basta con remitirse al caso Tlatlaya, donde el Ejército fue el responsable de los fusilamientos, hechos por los que el PRD ha planteado la renuncia del procurador, después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó que la Procuraduría Mexiquense (PGJEM) sembró armas, alteró el lugar de los hechos y torturó a testigos. En contraste, destacó, iniciativas importantes del PRD han sido rechazadas por el PAN y la gota que derramó el vaso fue su intención de evitar la interrupción legal del embarazo que el sol azteca ha abanderado con éxito en el Distrito Federal (DF) para combatir un problema de seguridad pública. “Por eso es mejor aliarnos sólo con la izquierda: vamos a insistir con Movimiento Ciudadano, aunque está en una posición muy soberbia alentado por compañeros nuestros que quieren ser candidatos y amenazan con salirse del partido”. Finalmente, el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PRD lamentó que a nivel federal no se haya concretado la alianza con el PT porque ese instituto político pedía a cambio dos delegaciones y seis distritos electorales del DF, pero aclaró que a nivel local ya existe acuerdo para concretar la coalición. La propuesta de Octavio Martínez fue aprobada por unanimidad del Consejo Estatal.

Se avergüenza edil de Coacalco de joven que protestó con la bandera de Mexico, ayer en Noruega

En reunión del Gabinete de Seguridad Estatal que se realizó en Toluca, Estado de México; el presidente municipal de Coacalco, David Sánchez Isidoro, hizo el comentario de sentirse avergonzado de Adán Cortés Salas, el joven universitario mexicano que protestó con la bandera de México, ayer en Noruega.

Quien había estado arrestado por alteración al orden durante la entrega del Premio Novel de la Paz y por entrar de forma ilegal al ayuntamiento de Oslo; ahora está en libertad, después que una persona anónima pagó la multa. Cuando lo que es de real importancia, es presentar la agenda de inseguridad estatal, para exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el caso Tlatlaya, de igual manera la investigación de elementos de la policía federal en actos ilícitos, en Ecatepec y así mismo exigir resultados a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

Comparecencia de procurador y renuncia de secretario de seguridad, por fracaso en combate de violencia de género‏

• Exige diputado Octavio Martínez comparecencia del procurador ante el pleno y que el secretario de Seguridad Ciudadana concrete su renuncia, por falta de resultados para combatir violencia contra las mujeres.

El diputado local Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura, exigió la comparecencia ante el pleno cameral del procurador, Alejandro Gómez y del secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales, a quienes demandó hacer efectiva su renuncia ante la falta de resultados para frenar y disminuir la violencia contra las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el que cientos de familiares de víctimas, militantes perredistas y líderes de organizaciones sociales clausuraron simbólicamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y formaron una cadena humana exigiendo que se decrete la Alerta de Género, el también secretario general del Comité Estatal del PRD, Martínez Vargas denunció la incapacidad de las autoridades para resolver este fenómeno: “Solicitamos resultados al procurador y le decimos al titular de la SCC, quien por cierto ofreció disminuir los índices delictivos o renunciar en caso contrario, que se está tardando porque no ha funcionado su política”, dijo. Martínez Vargas adelantó que su bancada exigirá en la Legislatura local la aprobación de iniciativas estancadas para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia.

“El Estado de México es la entidad con mayor número de feminicidios del país, de desaparición de mujeres, violaciones. Han resultado insuficientes las sanciones con prisión vitalicia, la depuración de las estructuras policiacas no ha funcionado, la onerosa política de colocación de 10 mil cámaras en el estado, que implican 6 mil 300 millones, no han funcionado”, lamentó. Señaló que el procurador no acaba de organizar sus Fiscalías especializadas de Trata de Personas y de Feminicidios; “han sido incapaces de detener a los responsables, las familias de niñas desaparecidas están frustradas, los emplazan a que vengan por avances hasta Toluca sin que los haya, dicen que se reúnen mensualmente con el procurador, pero ni lo conocen, siguen desapareciendo mujeres de entre 14 y 19 años y la PGJEM no ha podido detener a los responsables, confunde restos humanos con restos óseos de animales”. Las autoridades, insistió, “han demostrado incapacidad para erradicar la violencia hacia las mujeres, no vemos que el gobierno genere políticas ni el procurador tenga el compromiso con la sociedad”. Por eso, justificó, familiares de víctimas y militantes del sol azteca realizaron una protesta pacífica este medio día a las afueras de la Procuraduría, con la que los servidores ministeriales se mostraron intolerantes y agresivos, como una característica de la dependencia. “El procurador tiene que comparecer ante el Congreso del estado y se deben generar de manera urgente una política de localización de las más de 400 mujeres desaparecidas en el estado en lo que va de la administración, de ellas, cien son originarias de Ecatepec”, dijo. La senadora Angélica de la Peña, recordó, ha formulado en el Senado la iniciativa para que la Secretaría de Gobernación declare emergencia por violencia de género en el Estado de México: “esperamos que esta solicitud sea aprobada a la brevedad posible y que no obstruya el PRI, como en la entidad, esta solicitud, pues el Estado de México requiere una atención similar a Ciudad Juárez”.

En este acto, la octava regidora de Ecatepec, Susana García, exigió que el procurador atienda a los padres de víctimas desparecidas y dar con su paradero y emplazó: “que haga la parte que le corresponde y si no, que renuncie”. La tercer síndico de esa demarcación, Diana Méndez, advirtió que en Ecatepec las mujeres tienen miedo de salir a la calle porque “no sabemos si vamos a regresar a nuestras casas, nuestra mamá, nuestras hermanas, o nuestras hijas”. Bernardo González Yáñez, padre de Mariana Elizabeth Yáñez Reyes, desparecida hace poco más de dos meses en los Héroes Tecámac, denunció que al día de hoy su familia carece de noticias sobre la investigación. “Levantamos la denuncia en el MP de San Agustín y no ha investigado nada, la Procuraduría se trajo el expediente a Toluca, pero es tiempo, burocracia y no hemos tenido respuesta”, refirió. A pesar de que las primeras 24 horas resultan cruciales para localizar a una persona desaparecida, refirió que en su caso la búsqueda no comenzó de manera inmediata. Mariana tenía 18 años un mes, a las 9 de la noche del 17 de septiembre salió por unas copias para tramitar su beca en la escuela superior de Zacatenco, donde estudiaba Control e Informática desde hacía dos meses y medio, pero no regresó. En tanto, Juan José acudió a la Procuraduría en demanda de la ubicación de su tía María Dolores Rizo Juárez, quien desapareció el 22 de diciembre de 2012 cuando salió a trabajar; las autoridades no accedieron a levantar la denuncia inmediata, pidieron esperar, al otro día los familiares salieron en su búsqueda pero sólo encontraron sus pertenencias. David Mancera, presidente de la Asociación Solidaridad con las Familias, advirtió que se han denunciado 107 mil 271 homicidios de enero a mayo de 2014 y registrado 2 mil 800 feminicidios de 2010 a 2014. “Tenemos 500 violaciones a la semana en los 125 municipios mexiquenses, a pesar de que Amnistía Internacional emitió una recomendación a la entidad por no acatar los lineamientos generales de protección a las mujeres sin que las autoridades hagan nada por disminuir esta cifra. Hemos exigido Alerta de Género para el Estado de México, pero las instancias de protección a la mujer están en contra, les ganamos el juicio, se ampararon y quieren que lo repongamos porque se entabló en la Legislatura pasada, eso se llama cinismo, poca capacidad política”, consideró.

Octavio Martínez Vargas convoca a “Marcha Contra la Inseguridad”, en Ecatepec

*Se exigirá con Marcha cambiar la estrategia de seguridad en Ecatepec para detener la delincuencia.

Con el propósito de obligar a las autoridades municipales y estatales a corregir la estrategia de seguridad en Ecatepec, en virtud de que es evidente su fracaso porque los índices delictivos no se han disminuido sino, por el contrario, siguen al alza, el diputado local Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la LVIII Legislatura, convocó a la población a la “Marcha Contra la Inseguridad” que se realizará el próximo 16 de noviembre. “Obliguemos al gobierno a cambiar estrategia de seguridad, a corregir, a organizarse, a que haya coordinación, a vigila el quehacer de quienes nos resguardan y representan, a que las 3 Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en el municipio contribuyan a la tranquilidad”, llamó. El además subcoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aclaró que la movilización de ninguna manera tiene tintes políticos, pues la inseguridad en la demarcación ataca a todos los habitantes por igual, sin distingo, con la única excepción de los funcionarios de primer nivel del ayuntamiento, que cuentan con el resguardo oficial necesario. Según datos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) revelan que Ecatepec encabeza los índices delictivos de la entidad en robo a transeúnte, a casa-habitación, a usuarios de transporte público, a comercio, lesiones, extorsiones, secuestros, feminicidios y homicidios. Tan sólo de enero a junio de 2014, la PGJEM registró 149 homicidios dolosos, 102 cometidos con armas de fuego, en esa demarcación; sin ir más lejos, la madrugada de este sábado fue localizada sin vida una persona en la Colonia Tierra Blanca, donde 8 personas han sido acribilladas en lo que va del año. La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) sustenta que este municipio ocupa el primer lugar en robo de vehículos.

Además, refirió el legislador, docenas de mujeres han desaparecido en los últimos meses; elementos de la Policía Municipal se ven involucrados en actos delictivos y los cuatro directores de Seguridad Pública nombrados en lo que va de la administración del alcalde Pablo Bedolla no han arrojado resultados positivos. El tiempo de respuesta ante una emergencia en la demarcación, prosiguió Martínez Vargas, es de al menos 30 minutos en promedio, el número de elementos policiacos es insuficiente y en los patrullajes detienen a gente inocente, a quien comete faltas administrativas, pero no a los verdaderos delincuentes. Por estas razones, consideró necesario que los ciudadanos que se ven afectados en el día a día por alguna conducta antisocial y antijurídica, hagan escuchar sus voces con movilizaciones de esta naturaleza. La cita para la movilización es este domingo 16 de noviembre a las 10:00 de la mañana, con vestimenta blanca, en el Museo Casa Morelos, cerca del Puente de Fierro, para llegar al Palacio Municipal. Martínez Vargas recalcó: “Hazlo por Ecatepec, hazlo por tus hijos, hazlo por ti”.

Que procurador renuncie por caso Tlatlaya: Octavio Martínez Vargas ‏

• El presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez, exigió la renuncia del procurador Alejandro Gómez por las irregularidades del caso Tlatlaya • El diputado advirtió que el gobernador mexiquense debe aceptar las recomendaciones de la CNDH, si respeta los derechos humanos, como asegura.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, se encuentra obligado a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Tlatlaya y el procurador mexiquense, Alejandro Gómez, debe renunciar tras quedar al descubierto que la dependencia a su cargo incurre en tortura, fabrica y altera pruebas y no emplea métodos de investigación científica, advirtió el diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura local. “¡Ahora entiendo por qué confundió restos óseos de animales con los de seres humanos!”, enfatizó, en alusión a los cuerpos encontrados en el Gran Canal en meses pasados y que pueden estar relacionados con jóvenes desaparecidas en Ecatepec. Hasta ahora, expuso el legislador, el mandatario mexiquense sólo ha dicho que se encuentra analizando las recomendaciones y en un plazo de 15 días, como lo establece la ley, responderá a ellas. Sin embargo, destacó, si aseguró que está comprometido con el respeto a los derechos humanos, debe aceptar las recomendaciones y corregir las fallas. Martínez Vargas indicó que el procurador del Estado de México debe renunciar inmediatamente para que se le inicien los procesos judiciales por ocultar y manipular información de los crímenes en Tlatlaya y en general, en el Estado de México, pues cabe la posibilidad de que en muchos de los casos, su personal actúe de forma similar, dado que sólo así se explica que haya confundido los restos óseos encontrados en el Gran Canal de Ecatepec, que no encuentre a las 46 jóvenes desaparecidas en ese municipio en los últimos meses y entregue a los familiares cuerpos que no corresponden con la media filiación de las jóvenes. En sus investigaciones, la CNDH encontró que 15 de las 22 personas que murieron en el presunto enfrentamiento del 30 de junio pasado en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, fueron fusilados por el Ejército, a pesar de que ya se habían rendido. Por tanto, señaló el organismo, el mandatario mexiquense y el procurador no tenían pruebas para concluir, como lo hicieron, que los 22 muertos cayeron en enfrentamiento con soldados, pues ya existían indicios de que fueron asesinados ilegalmente. La CNDH determinó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) actuó de forma irregular al no resguardar adecuadamente las evidencias, no tomar fotografías dentro y fuera de la bodega antes de practicar los estudios periciales, ni tomar detalles individuales, violando los protocolos de investigación científica, “seguramente con la intención de ocultar algo”. Además, las necropsias practicadas omitieron datos para dar certeza de la forma en que ocurrieron los hechos aquella fecha. La CNDH también acreditó tortura y “agresiones sexuales” cometidas por personal de la PGJEM en agravio de dos personas y tratos inhumanos en contra de una más, que fueron interrogadas mediante golpes, torturas y amenazas; y a quienes se obligó a firmar una declaración que no habían leído en la que se reconocen como integrantes de una banda de secuestradores, de tal manera que dos de las mujeres fueron enviadas a penal de Tepic, Nayarit, procesadas por delitos graves.

“Responsabilizo a procurador de cualquier agresión por caso de desaparecidas en Ecatepec”‏: Octavio Martínez

• Responsabiliza presidente de la Comisión de Seguridad en la Legislatura, Octavio Martínez, a Procurador de cualquier agresión en su contra, la de su familia y colaboradores. • Formaliza exigencia para que Alejandro Gómez Sánchez comparezca y esclarezca desaparición de mujeres en Ecatepec y la identidad de los cuerpos encontrados en Gran Canal. Tras denunciar el uso de la maquinaria de estado en su contra para pretender acallar una realidad que se minimiza u omite, pero existe, el diputado Octavio Martínez, secretario de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, solicitó al pleno de la Cámara citar a comparecer al procurador, Alejandro Gómez, y la creación de una Comisión parlamentaria Especial de Seguimiento, con el objetivo de que esclarezcan las desapariciones de mujeres en Ecatepec y se identifiquen los restos óseos encontrados en el Gran Canal. “Echan a andar una maquinaria dirigida por el Estado para señalarme como irresponsable, iluso, inventor de historias, pero en Ecatepec la sociedad sabe lo que está sucediendo y que lo que dijimos es la verdad”, indicó. Luego de comentar que la PGJEM ahora desconoce la voz de la Fiscal de Feminicidios y pretenden sancionar al presidente de la asociación porque dicen que grabó la llamada en la que no rechaza la existencia de más cuerpos en el Gran Canal; “ahora resulta que hay que perseguir a quienes defienden a la sociedad”, lamentó. El legislador aprovechó para responsabilizar a la Procuraduría mexiquense de cualquier agresión en su contra, la de su familia o equipo, después de recibir algunas advertencias sobre la necesidad de cuidarse tras otorgar foro para que los familiares de víctimas desaparecidas solicitaran eficientar sus casos. “Ahora dicen que me tengo que cuidar. La verdad es que conduzco mi vehículo, no tengo guaruras, el vehículo no está blindado, saben dónde vivo, dónde despacho, lo hago público, y responsabilizo al procurador de lo que me suceda, a mi familia y a mis colaboradores”, destacó. Martínez Vargas recordó que la Constitución local faculta a la PGJEM a la investigación de los delitos, y el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público (MP), por lo que el procurador está obligado a cumplir expedita, completa e imparcialmente esta tarea. “La búsqueda y localización debe realizarse sin dilación alguna, cuando se trate de hechos relacionados con la pérdida, extravío, abandono o ausencia de una persona”, dijo.

 Por estas razones, el legislador consideró ineludible que el procurador comparezca ante el pleno para que informe acerca del estado que guardan las investigaciones sobre las desapariciones de mujeres en nuestra entidad, el avance en las diligencias que se practican a la revisión de desechos derivados del trabajo de desazolve que se han realizado en el dren general del Valle, donde tan sólo en un tramo de 19 kilómetros se encontraron 6 mil 962 restos óseos. También solicitó integrar una Comisión Especial de Seguimiento a las diligencias, plural, que solicite información a la Procuraduría, a instituciones académicas y especialistas en materia forense para contribuir a la identificación de los restos, y la intervención de organismos internacionales que den certeza a las investigaciones. Además, propuso se realice nuevamente la limpieza del canal, pero con presencia de peritos, organizaciones internacionales, y familiares de jóvenes desaparecidas. El diputado Norberto Morales Poblete (PT), se unió a la petición de la bancada perredista, ya que dijo que no es sólo su voz, sino de todos los mexiquenses en general, pues ya no es momento de continuar leyendo cifras, ya es momento de recomponer el camino, y no caer en la negación de este grave problema. Por su parte, el diputado Oscar González Yáñez (PT), pidió al presidente de la Mesa Directiva, hacer un llamado de atención al procurador, independientemente de la solicitud de comparecencia que pide el diputado Octavio Martínez. Finalmente, hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política para que se escuche a los trabajadores despedidos del Poder Legislativo, ya que ellos demandan despido injustificado. Por lo que el GPPRD, se solidariza con dichos compañeros, y pidió se construya una ruta crítica de su situación laboral.

El legislador Octavio Martínez exigió la renuncia del Procurador por su ineficiencia

• También responsabilizó al edil de Ecatepec por la falta de seguridad en el municipio • Que peritos internacionales investiguen restos óseos de La Compañía, solicita el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense • También promoverá la creación de una Comisión de Seguimiento y Atención a Mujeres Desaparecidas desde la Legislatura local.

El diputado Octavio Martínez Vargas, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, promoverá la integración de una Comisión de Seguimiento y Atención a Mujeres Desaparecidas, que convoque a peritos reconocidos por la ONU y organismos internacionales; además demandará un dictamen pericial de terceros sobre los restos óseos encontrados en el Gran Canal entre junio y septiembre de este año. Después de que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) negara que encontrara los cuerpos de al menos 16 mujeres en el Gran Canal, el legislador advirtió que resulta absurdo que las autoridades le soliciten pruebas de su dicho, cuando ese es trabajo del procurador. “No soy perito, sino un representante de la sociedad, exijo al procurador (Alejandro Sánchez) respeto a las familias, a las organizaciones y al Poder Legislativo”, dijo.

El perredista consideró absurdo que la autoridad ministerial reduzca a sólo dos personas los 6 mil 962 restos óseos encontrados en el canal y advirtió que se contradice cuando asegura que es complicado identificar los cuerpos, pero fue muy eficiente al reconocer que 60 de los restos pertenecen a una misma persona y 19 pueden pertenecer a otra, por lo que el procurador “o es muy exhaustivo o está mintiendo”. Demandó la renuncia del Procurador por su ineficiencia y porque miente, el diputado Octavio Martínez Vargas indicó: “se tiene que conducir con verdad, si hubiese un reconocimiento de lo que está sucediendo e involucrará a las autoridades otro resultado tendríamos”. También denunció que el presidente de Ecatepec, Pablo Bedolla López es el responsable directo por la falta de seguridad pública en este municipio.

Martínez Vargas aclaró que el acercamiento de autoridades de la Procuraduría con los padres de menores desaparecidas el miércoles 8 de octubre fue solicitado por él, admitió que no acudió porque se lo impidieron sus labores parlamentarias, pero en su lugar asistieron especialistas de toda su confianza y serios como David Mancera Figueroa, presidente de la asociación civil Solidaridad por las Familias y Armando Gaona, quienes en todo momento lo mantuvieron informado. El diputado presentó un par de audios, en los que Irma Millán Velásquez, fiscal de Feminicidios en la región, reconoce que en el área desazolvada se encontraron los restos de varias personas y no sólo de dos como la PGJEM afirmó. “Esa información la dio la Procuraduría, no nosotros por una ocurrencia”, expuso.

Por su parte, el abogado Carlos Mata Martínez refirió que los dragados del canal fueron resultado de la solicitud del juzgado para adolescentes de Zinacantepec, por el expediente 117 de 2014 y no a desazolve de basura de acuerdo a tareas ordinarias, como lo refirió el procurador. También, aseguró, se fabricaron algunos culpables para acallar las presiones de los familiares y se habla de que tan sólo un presunto asesino serial cometió 16 feminicidios en Ecatepec y Tecámac y después arrojó los cuerpos al rio. En la conferencia de prensa en la que se informó sobre estos hechos, Octavio Martínez estuvo acompañado por Jaime Amador, padre de Fabiola; Virginia Cervantes Jiménez, madre de Valeria; Isela Rodríguez Quiroz, madre de Abril Selena y a quien le entregaron un cuerpo que no es el de su hija; Bernardo González Yáñez y esposa, padres de María Elizabeth Yáñez; y Aracely Pérez Reyes, madre de Sandra Cabrera, todas menores desaparecidas en Ecatepec y Tecámac.

Los padres de las menores desaparecidas acusaron que no hay avance en las investigaciones por parte de la Procuraduría a pesar que en muchas ocasiones ellos han dado mayor información recabada por ellos mismos, destacando la ineficiencia de esta instancia ministerial. Mancera Figueroa precisó que muchos padres de familia no acudieron al encuentro con los medios de comunicación, pues coincidentemente la PGJEM los citó a la misma hora en diversas agencias del Ministerio Público de la zona.

Dip. Armando Portuguez Fuentes: No pasa sólo de cifras alentadoras del GEM,mejora de seguridad

· Cifra negra de inseguridad es más grande de lo que perciben las autoridades · Consideran competente a MP para intervenir en caso Tlatlaya. El diputado Armando Portuguez Fuentes, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, durante la comparecencia del Procurador de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez y el Secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena, señaló que la mejora de seguridad que dichos titulares expusieron, sólo son cifras alentadoras, pues la mancha negra es más grande de lo que las autoridades y el Gobierno del Estado de México perciben.

“La mancha negra de inseguridad es más grande de lo que el GEM y los titulares perciben, pues de enero a agosto de este año, en suelo mexiquense se han registrado 1 mil 273 violaciones, 3 mil 569 robos a negocio, 2 mil 341 homicidios, 29 mil 626 robo de autos, 5 mil 109 robos a casa habitación, 89 secuestros y 638 casos de extorsión, primer lugar en feminicidio” alertó. Portuguez Fuentes señaló que la impunidad de los delitos genera desconfianza de la sociedad a las instituciones, es por ello, que se requiere de una eficaz prevención del delito. “El pueblo requiere eficacia en la prevención del delito y en la procuración de justicia, pero basada en la legalidad, con pleno respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos” resaltó. Ante la incompetencia declarada por parte de la misma PGJEM en el caso Tlatlaya, el legislador perredista, señaló que es un asunto que exige absoluta honradez, transparencia y legalidad en el actuar del gobierno, cualquiera que sea su nivel. No puede pasar por la simple respuesta de que será la PGR la instancia que se encargue del tema.

“El Ministerio Público se rige bajo el principio de unidad y en ese sentido, también el ámbito estatal puede y debe participar en la investigación. De hecho conoció primero de los hechos antes que la PGR y debió haber practicado las primeras diligencias de investigación” señaló. Por lo anterior, el legislador pidió se informe si las instancias estatales, contribuirán a la investigación exhaustiva y seria de los hechos de Tlatlaya, para deslindar y esclarecer responsabilidades, perseguir y pedir castigo a los responsables. También cuestionó el porqué de sólo utilizar las vías de endurecimiento de las penas para el combate a la delincuencia, o bien dejar todo a la presencia policial. Finalmente, preguntó sí el estado cuenta con la suficiencia técnica y científica para investigar y esclarecer los delitos y en cuanto a la creación del Grupo Multidisciplinario para la Investigación del Feminicidio, pidió se proporcione mayor información del mismo, así como el número de veces que se ha reunido.

Incumplen expectativas SSC Y PGJEM, advierte diputado Octavio Martínez Vargas en Glosa‏

• No han cubierto las expectativas titulares de la SSC y PGJEM, consideró el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública • Durante la comparecencia de los funcionarios para la Glosa del Tercer Informe • Sus cifras contrastan con la realidad, advierte.

“Han quedado a deber” el secretario de Seguridad Ciudadana, Damián Canales y el procurador de Justicia estatal, Alejandro Sánchez, advirtió el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, Octavio Martínez Vargas, durante la comparecencia de los dos funcionarios con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, tras destacar que arribaron al cargo con amplias expectativas pero no han arrojado resultados en el combate a la delincuencia. El informe, consideró, está plagado de cifras alentadoras que parecen referir a otra entidad, por lo que el procurador y el secretario de Seguridad Ciudadana hacen mal al compararse con países como Costa Rica, donde priva la seguridad y no hace falta que los funcionarios se hagan acompañar por un séquito de guaruras, ni que el Ejército patrulle las calles debido a que cuenta con el menor índice de inseguridad de todo el continente Americano. “El procurador asegura que sólo se han registrado 37 feminicidios en lo que va del año, pero sólo en Ecatepec tengo conocimiento de 62 y no refiere nada de las más de mil mujeres desaparecidas que la Procuraduría mexiquense (PGJEM) investiga desde 2005 a la fecha; habla de 40 medidas de protección a víctimas, pero ¿cuáles son? si los familiares de las víctimas no conocen una sola”, manifestó el diputado perredista. Martínez Vargas, recordó que entregó en propias manos del procurador información e imágenes de elementos de la Policía Municipal de Ecatepec y la Policía Federal que participan en actos ilícitos, sin que a la fecha haya resultados de las investigaciones. “Incluso después se han presentado 55 actos ilícitos más bajo el mismo modus operandi en la demarcación: elementos encapuchados derriban puertas, presumen que es un operativo de seguridad, golpean a los familiares, saquean el patrimonio de la familia y se retiran y la Procuraduría no ha detenido a nadie. ¿Acaso falta que entren al domicilio de algún funcionario para que se investigue?”, cuestionó.

Desde su punto de vista, convocar a las fuerzas federales: Ejército, Marina, Policía Federal, Gendarmería, no ha resuelto la inseguridad y los patrullajes no arrojan resultados. Durante la comparecencia, expuso, el procurador omitió hablar sobre los acontecimientos de Tlatlaya y el robo al Coppel de Tenango, donde se presume participaron elementos del Ejército. “La intromisión de militares y elementos de seguridad en actos delictivos, consideró el legislador, debe llamar la atención del abogado de la entidad, para que investigue y defienda a la población; es necesario que sin temor y con firmeza detengan a los malos elementos que están robando casas-habitación en Ecatepec”, llamó. El perredista consideró que los funcionarios omitieron en sus exposiciones durante la glosa referir el caso Tlatlaya, “a lo mejor porque colinda con Guerrero y hace dos siglos perteneció a otra entidad”. Cuestionó cuál es el contenido del instrumento legal que sustenta la actuación de las fuerzas federales: Ejército, Marina, Policía Federal y Gendarmería en la entidad, sobre todo para el caso Tlatlaya, especificando convenio signado, jurisdicción, alcance y competencia operativa o, en su defecto, referir si el Ejército actúa en cumplimiento a las funciones que distintos instrumentos legales les facultan, como su Ley Orgánica. También señaló que desde el inicio de operaciones del Mando Único, el 4 de marzo de 2013 al día de hoy, no ha habido una estrategia adecuada porque no se ha aterrizado ni homologado lo más elemental entre los tres niveles de coordinación: las claves de comunicación, vestimentas, rangos, etc. Finalmente, lamentó que las comparecencias de la Glosa se hayan realizado en Comisiones y no ante el Pleno, pues la Legislatura es la representación máxima de la sociedad y los gobernantes están obligados a dirigirse a ella con dignidad. Además, consideró que las comparecencias de los funcionarios deben conducirse bajo protesta de decir verdad, como a nivel federal, para garantizar que no se conduzcan con parcialidad, pues quien se conduce contra la verdad configura un acto ilícito.

“PGJEM debe admitir y sancionar a militares asaltantes de Coppel Tenango”: el legislador Octavio Martínez

• Reconocer, informar y sancionar participación de militares en asalto a Coppel Tenango, exige diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense.

Con el objetivo de evitar impunidad en este caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) está obligada a reconocer o rechazar e informar sobre la presunta participación de militares en el asalto del 29 de agosto pasado al Coppel del centro de Tenango y no permitir que estos elementos sean juzgados por la Corte Militar, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense. El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que la participación de elementos de la XXII Zona Militar en los hechos de los que resultaron abatidos un policía estatal y un presunto delincuente se conocieran gracias a los medios de comunicación y no por informes de la propia autoridad. Para Martínez Vargas, es importante que la ciudadanía conozca en manos de quién se encuentra su seguridad, ahora que el Ejército ha sido involucrado en el combate a la delincuencia y generar confianza con un castigo ejemplar para los servidores públicos que contravengan su obligación pública. Martínez Vargas consideró que en la omisión de estos detalles en el acto delictivo referido se encuentra la necesidad de no desgastar la imagen de la milicia porque es una figura clave en la intención de legitimar el combate a la delincuencia. Sin embargo, advirtió que, de dejar estos hechos impunes, se propiciará desde el sistema la participación de soldados en eventos delictivos y dejará complemente desprotegida a la ciudadanía ante la alarmante y creciente inseguridad que priva en la entidad y en el país. Subrayó que tampoco debe permitirse que estos elementos sean juzgados por la Corte Militar, pues esta instancia generalmente es condescendiente con ellos y evita que sean sancionados conforme a derecho; deben ser juzgados, destacó, por autoridades civiles. Hasta el momento, la PGJEM no ha confirmado la participación de integrantes de la XXII Zona Militar en el intento de robo ocurrido hace un par de semanas en Tenango del Valle, pero fuentes allegadas a los hechos lo han revelado. Conforme a estos datos, dos militares de nombre Luis Miguel, originario del municipio de Almoloya de Juárez y Edgar David del estado de Puebla, han aceptado su responsabilidad en los hechos y uno de ellos cuenta con un rango que le permite dirigir a dos pelotones.

Urgente regular CUSAEM para abatir inseguridad‏: el legislador Octavio Martínez Vargas

Urgente regular los CUSAEM como un mecanismo para abatir la creciente inseguridad, advirtió el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense.

Si realmente se desea combatir la inseguridad en la entidad, deben ser regulados los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM), advirtió el diputado local Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, tras destacar que los vacíos legales en que operan se prestan para dar impunidad a sus elementos y facilitarles la comisión de ilícitos. Debido a la incidencia de eventos delictivos en el Estado de México en los que participan integrantes de los CUSAEM, destacó, es urgente y necesario que se retome la discusión y se defina la situación legal de este organismo: objetivos, alcances, reclutamiento, operación, financiamiento, exámenes de control de confianza, etc. Sólo de esta manera, consideró, podrán fincarse responsabilidades en los casos en que sus elementos se vean involucrados, pues de otra manera quedan vacíos jurídicos importantes a través de los cuales es posible evadir la acción de la justicia y este organismo seguirá operando en la impunidad absoluta. Apenas hace 15 días, recordó el legislador, dos elementos de los CUSAEM fueron detenidos “in fragantti”, Armando Soriano Reyna y Jonathan Daniel Díaz Vargas, cuando golpeaban a dos jóvenes para despojarlos de sus pertenencias en Tlalnepantla. Hace unos meses, elementos de los CUSAEM denunciaron que el actual director del agrupamiento en Lerma, Víctor Hugo Gutiérrez Ayala, enfrentó proceso como presunto responsable por robo y secuestro en Tlalnepantla, según expedientes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). En junio de 2013, prosiguió Martínez Vargas, en el condado de Sayavedra, Tlalnepantla, ocho elementos de los CUSAEM: Héctor Rodríguez, Ever Almeida, Merac Ayala, Abraham Gudiño, Juan Cerqueda, Óscar Flores, Sergio Hernández, Ulises García y Sebastián Gabriel, fueron detenidos tras disparar contra Alicia Rivera, una civil que resultó muerta. En junio de 2009, recordó, fueron detenidos sicarios de los Zetas en Jalisco y Querétaro, 9 de los cuales portaban armas propiedad del CUSAEM y credenciales firmadas por su ex director, Ciro Mendoza Becerril. En febrero de 2010, tres policías que escoltaban a José Jorge Balderas, mejor conocido como el J.J, detenido como presunto agresor del futbolista Salvador Cabañas, pertenecían a los CUSAEM, por lo que incluso comparecieron ante las autoridades Marco Rutilio Vargas, José Ángel Cabello y Rey Antonio López Vázquez, director jurídico, coordinador operativo y apoderado legal de esta corporación. También rindió su declaración José Roberto Mancio Bonilla, jefe del agrupamiento 41 de CUSAEM, quien tramitó en septiembre de 2008 un contrato de servicio de escolta con Maximiliano Peralta Sáenz, una de las siete identidades del J.J. Azalia Ojeda, ex concursante de Big Brother y quien multiplicó su fama por el video en las redes sociales “Ladies de Polanco” en el que aparece agrediendo a policías del Distrito Federal (DF), trabajó durante 62 días para los CUSAEM, en el cuerpo denominado Grupo Atenea, integrado por mujeres para escoltar a otras mujeres y niños. Desde el punto de vista económico, enfatizó el además subcoordinador de la bancada perredista, los ingresos anuales de los CUSAEM superan los 2 mil millones de pesos que, no obstante, permanecen sin fiscalización, a pesar de que el armamento que emplean es tramitado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, son equipados con recursos públicos y sus 35 mil elementos (cifra superior a los 16 mil elementos adscritos a la SSC) son derechohabientes del Instituto del Seguridad Social del Estado de México (ISSEMYM). Los CUSAEM ofrecen servicios como policía privada de particulares, empresas y hasta dependencias públicas. Por estas razones, reiteró el legislador, es urgente determinar la situación legal de la corporación, pues es inapropiado que una institución que presta servicios de seguridad privada se financie, legitime y proteja a través de la autoridad estatal sin rendir cuentas.

Que no busquen a “chivos expiatorios” y se castigue a los verdaderos culpables de la tragedia de Ecatepec

• Representantes legales del oficial acusado de provocar la estampida donde fallecieron tres personas, aseguran que es inocente. • Junto con el padre del elemento de Seguridad Ciudadana y Vial del municipio de Ecatepec piden apoyo al legislador Octavio Martínez Vargas para que se esclarezcan los hechos.

Demandando que no se busquen “chivos expiatorios” y se castigue a los verdaderos culpablesde la muerte de tres mujeres acaecidas en el baile de la 30-30, los representantes legales y el padre del oficial Jorge Alberto Sánchez Carbajal, acusado por estos hechos, solicitaron apoyo al legislador Octavio Martínez Vargas para que en su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la entidad, pida explicaciones al Procurador General de Justicia del Estado de México, por las múltiples irregularidades en el caso, supervisando además que el proceso se lleve a cabo bajo los principios de justicia y legalidad y no se le finque una responsabilidad que no le corresponde. Al comentar que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México está violentando todos los derechos de su representado, el licenciado Carlos Mata indicó que la PGJEM solicitó la audiencia para la formulación de imputación o en su caso de orden de aprehensión en contra de Jorge Alberto Sánchez Carbajal, elemento de Seguridad Ciudadana y Vial del municipio de Ecatepec, por el hecho delictuoso de homicidio en agravio de Jaqueline Alejandra Sánchez Avelar, Mariana Socorro Castellanos Rodríguez y Eunice Rosalía Monterrubio, señalándolo como el responsable de provocar la estampida humana que derivó en la muerte de las tres mujeres. Acusó que el comunicado de prensa que emitió esta instancia de Justicia violentó la ley al realizar señalamientos facciosos, afirmando que Jorge Alberto Sánchez Carbajal fue el culpable de la estampida humana, por disparar un arma de fuego en el interior del inmueble, sin darle oportunidad de presentar pruebas en su defensa y que además no le conceden la presunción de inocencia, violando así sus derechos.

Reiteró que estos hechos están asentados en la carpeta administrativa 1602/2014 que la conforman cuatro volúmenes de gran tamaño y la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no les ha permitido el acceso a los mismos, argumentando que todavía no están completos los expedientes. Refirió que les entregaron un citatorio para que se presente a declarar en los juzgados del Cereso de Santa María Chiconautla, este jueves y determinar si será vinculado a proceso o no de la carpeta de investigación 344610550618314 por el delito de homicidio. “lo citan de un día para otro, pretenden que en menos de 24 horas conozcamos los hechos, recabemos las pruebas y demostremos la inocencia”, insistió el representante legal. “Es una actitud facciosa de la Procuraduría y tememos ser sus chivos expiatorios”, reiteró el representante legal del Jurídico “Delos” expresando que van a escuchar por primera vez lo que realmente le imputan a su cliente y solamente les van a dar de 72 a 124 horas para demostrar su inocencia, es muy poco tiempo para ofrecer pruebas sobre algo que la Procuraduría está cocinando desde hace más de mes y medio”, aseveró. “Vamos a pedir que la justicia se aplique y que se castigue a los verdaderos culpables, que a Jorge Alberto Sánchez Carbajal se le castigue por los delitos que cometió, no por lo que no cometió”, agregó. Aseguró que el oficial Sánchez Carbajal aceptó haber hecho dos detonaciones al suelo con su arma de fuego a la una y media de la mañana, con la intención de contener a una turba de 20 o 30 personas que en estado de ebriedad intentaban a toda costa ingresar al baile sin pagar.

Sin embargo los disparos que originaron la estampida que causó la muerte a las tres mujeres se efectuaron dos horas más tarde, es decir a las cuatro y media de la mañana y los casquillos del arma se encontraron lejos de los torniquetes donde estuvo el oficial Sánchez Carbajal, quien a esas horas ya se encontraba en su base para efectuar el cambio de turno y existen pruebas en la bitácora de su corporación. Recalcó que esperan que la Procuraduría no vaya a manipular la información, afirmando que no tienen la seguridad de que no vayan a alterar los datos. Por su parte el licenciado Sergio Sánchez Montes de Oca, padre del oficial Jorge Alberto Sánchez Carbajal, mostró su inconformidad y refirió que solamente le piden a la Procuraduría que sea justa, que no culpen a su hijo por querer limpiar a los verdaderos culpables. Aclaró que su hijo reconoce su responsabilidad al disparar al suelo, que pague a la medida de lo que le corresponde, pero de ninguna manera que tenga que pagar por un delito que no cometió. También envió sus condolencias a los familiares de las mujeres que perdieron la vida en los trágicos hechos. Finalmente explicó que se acercaron al diputado Octavio Martínez Vargas, porque él tiene la facultad constitucional de pedirle pruebas a la Procuraduría, que le expliquen por qué culpan a su hijo sin darle oportunidad de defenderse, porque no les permiten el acceso a las carpetas de investigación, pues se dio tan rápido la investigación, múltiples anomalías e irregularidades más que se han presentado en este proceso, solicitándole que se esclarezcan los hechos, que salga a la luz la verdad y que sus voces sean escuchadas.

No dejar impune baile de la 30-30 con Ley de Eventos Públicos de Edomex

El diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, exigió que la Ley de Eventos Públicos del Estado de México no sea utilizada para evadir la responsabilidad del alcalde de Ecatepec, Pablo Bedolla, en la muerte de tres mujeres provocada por una estampida humana la madrugada del 6 de julio pasado en un baile de la 30-30.

La nueva normatividad, promovida por el Gobierno del Estado de México, advirtió, “no borra el agravio; por lo tanto, no deben sustituir la sanción a los asesinos ni mucho menos lavarle el rostro al alcalde de Ecatepec”. “Requerimos sanciones, seriedad; si alguien violenta la norma, sea del partido que sea, tiene que ser sancionado, porque si no estamos llevando a este Estado a la frivolidad, al exceso, la corrupción y la impunidad. Espero que la Procuraduría (PGJEM) no se haga de la vista gorda y que con esta ley no se pretendan dejar en la impunidad los homicidios que se cometieron”, enfatizó. El legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) lamentó que, a la fecha, todo mundo se eche la culpa pero nadie asuma ni se finquen responsabilidades, pues no hay detenidos por los hechos, a pesar de que la PGJEM reconoció que en el lugar se activó el arma de fuego de un policía municipal. Sólo fueron destituidos dos funcionarios de bajo rango. “El PRI le apuesta a que pasen las semanas y el tema se olvide. Este asunto no puede quedar sustituido por una iniciativa, el procurador tiene que sancionar a los responsables, a los criminales, a quienes a sabiendas de que podía ocurrir un accidente permitieron este baile. El alcalde es el responsable, de acuerdo a la Ley Orgánica y el Bando Municipal, de la administración y de áreas como seguridad pública y protección civil. Está involucrado el alcalde, quien, por cierto, vive a un kilómetro”, insistió Martínez Vargas. El legislador por Ecatepec indicó que el baile de la 30-30 fue “singular”, e incluso se emplearon los espacios administrados por el gobierno municipal para promocionar un evento de la iniciativa privada y se acordó un operativo de seguridad con 400 elementos, un helicóptero que iba a sobrevolar el área y el apoyo de la Base de Operaciones Mixtas (BOM), que nunca se realizó. El tema, recordó, no es menor, pues ya se había denunciado que el 29 de abril cuatro personas habían sido acribilladas en otro baile de la colonia Hank González, donde tampoco hay detenidos porque las autoridades “son indiferentes”. Finalmente, consideró que la Ley, avalada la noche del pasado jueves 14 por el pleno cameral, por sí misma es insuficiente para evitar que este fenómeno se repita, pues cuenta tan sólo con 38 artículos, es poco precisa y no garantiza que no se expendan drogas o alcohol al interior o en las inmediaciones.

EVITAR CORRUPCIÓN CON VIDEOGRABACIONES DE DILIGENCIAS DE MP`S

Con el propósito de evitar corruptelas y fabricación de pruebas en la etapa de investigación, el diputado Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en la Legislatura mexiquense, presentó ante la Diputación Permanente una iniciativa para obligar la videograbación de las acciones y diligencias judiciales desde el momento en que los agentes del Ministerio Público abren los expedientes.

El autor de la iniciativa consideró que “la implementación del registro audiovisual permitirá evitar el desahogo indebido de probanzas, tales como la confrontación que en pocas ocasiones se realiza tal y como lo marca la norma penal procesal, pues en el acta correspondiente es imposible asentar los detalles precisos en que se desarrolla el desahogo”. El registro audiovisual, prosiguió, además permitirá percatarse del contexto en que un indiciado declara y permitirá advertir si en su declaración se generó presión de algún tipo o si ésta fue espontánea, y evitará que por la vía legal los defensores argumenten una presión inexistente. Martínez Vargas confió en que el registro de las actuaciones del Ministerio Público en medios audiovisuales permitirá tener de manera total e íntegra el contenido de las declaraciones de las partes, testigos y terceros, y las demás diligencias de investigación que obren en la carpeta correspondiente, lo que permitirá a las partes la reproducción de la actuación para apreciarla tal cual ocurrió y preparar con mejor base sus argumentaciones. El estado de México, recordó, es de las entidades que ya adoptaron el sistema penal acusatorio, pero en la etapa de investigación aún se prioriza el registro escrito, por lo que se considera necesario incorporar elementos que lo modernicen a través de medios técnicos que permitan una justicia eficaz que también sirva como forma de vigilar que los derechos de las partes sean respetados cabalmente. Aplicar esta medida, expuso, requiere de soportes aptos y equipos, de tal manera que no se puede descartar una reasignación presupuestal; no obstante, refirió, el abaratamiento de los sistemas de cómputo, el costo no sería un obstáculo para su instrumentación. Además, la intención es que la implementación de este sistema sea gradual, para lo que se delega al Ejecutivo la calendarización, para que el año próximo todas las agencias del MP de la entidad cuenten con los insumos necesarios. Lo importante es que el registro de medios se realice de un modo tal que pueda producir fe y permita garantizar la conservación y la reproducción de su contenido. Para ello, también es necesario adicionar un Título Octavo a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, a fin de que el sistema de registro audiovisual sea vigente aun cuando entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales que no lo contemplan. La iniciativa fue remitida a las comisiones unidas para su análisis y posterior dictamen.

EXIGE PRD ACTUALIZAR PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN EN FEMINICIDIOS

Veneranda Mendoza. Debido a que los protocolos de investigación de feminicidios incluyen requisitos absurdos como la práctica de la necropsia psicológica a la víctima, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) promoverá su actualización con recomendaciones de la ONU y buscará que procedan de manera inmediata las órdenes de protección como un mecanismo para evitar los crímenes de género.

En conferencia de prensa convocada por integrantes del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio con motivo del Día Internacional de la Mujer, la diputada Ana Yurixi Leyva, integrante de la Comisión de Equidad y Género en la Legislatura mexiquense, adelantó que también se impulsarán mecanismos para obligar la expedición de órdenes de protección a las mujeres que lo soliciten, como un mecanismo de prevención para evitar que estos casos se conviertan en feminicidios. “Vamos a seguir dando la batalla, ahora con los protocolos de investigación, estamos haciendo las propuestas, vamos a promover un exhorto para que la Procuraduría de Justicia (PGJEM) cuanto antes lo modifique porque no es acorde a las necesidades”, adelantó. La legisladora consideró inconsistentes muchas de las 25 acciones que maneja el protocolo publicado en 2012 por la PGJEM, “como la que establece la realización de una necropsia psicológica, medida que resulta absurda”. La ONU, recordó, acaba de aprobar un protocolo, pero a esa reunión el estado de México le dio muy poca importancia y sólo envió a un agente del Ministerio Público. Leyva Piñón recordó que en diciembre pasado, a través del grupo parlamentario del sol azteca se promovió la homologación del feminicidio con el tipo penal federal. Por su parte, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio, advirtió que no basta con la correcta tipificación del delito, si los protocolos de investigación criminal no preservan la escena del crimen ni mantienen intactas las pruebas. “Si tenemos tipo penal pero se sigue investigando mal, estos casos seguirán en la impunidad”, advirtió. Desde la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, prosiguió, se debe obligar a las autoridades a que quien no cumpla con respetar protocolos con perspectiva de género, sean sancionados. En tanto, el marco normativo de las órdenes de protección es difuso, pues establece que serán emitidas por las autoridades competentes, pero nunca especifican quiénes son las autoridades competentes, y sólo proceden con denuncias; al contrario, obligan a las mujeres a entregar los citatorios a sus victimarios, con lo que se les pone el riesgo, y al entablar las denuncias son discriminadas con cuestionamientos como el de “si no le da pena meter a la cárcel al padre de sus hijos. En 2010, recordó, en la entidad se aprobó un protocolo de investigación que no ha servido, luego se modificó, “pero ni siquiera nos permiten acceder a él porque arguyen que es de carácter confidencial”, lamentó.

Detiene a feminicida la PGJEM

En el Estado de México, Elementos de la Procuraduría General de Justicia cumplieron una orden de aprehensión contra de Carmelo Hilario Cruz, señalado como probable responsable de los delitos de feminicidio y aborto, ilícitos registrados el 30 de noviembre pasado.

El cuerpo de Elizabeth González Medina de 21 años fue encontrado en un paraje conocido como "Rancho de Adán Ríos", en la comunidad de la Ciénega, en el municipio de San Felipe del Progreso. Hilario Cruz está acusado de asesinar a la jóven quien estaba embarazada. Los hechos ocurrieron al parecer, luego de que la víctima y él sostuvieran una discusión por problemas personales. Una vez iniciada la investigación, el Representante Social se encargó de reunir los elementos de prueba necesarios en contra de Hilario Cruz y solicitó a la autoridad judicial librar una orden de aprehensión en su contra, misma que fue otorgada y cumplimentada por personal de la PGJEM. El probable responsable fue ingresado al Centro de Prevención y Readaptación Social de Ixtlahuaca, y será un Juez quien determine su situación legal.

Ser pide abrir MP metropolitano abandonado

En el municipio de Naucalpan, dirigentes empresariales, vecinales y el diputado David Parra Sánchez, piden al nuevo fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), Juan Minutti López, abrir la agencia Metropolitana del Ministerio Público que está abandonada en el paradero del Metro Cuatro Caminos.

Se conoce el paradero del Metro Cuatro Caminos como un sitio donde todos los días se registran robos a pasajeros, estudiantes y trabajadores que llegan y salen del Sistema de Transporte Colectivo, según vecinos de Lomas de Sotelo. En reunión de la Asociación de Empresarios y Colonos del Estado de México (ASECEM), con el nuevo fiscal de la PGJEM, vecinos de Lomas de Sotelo lamentaron que la agencia Metropolitana del MP, esté cerrada y abandonada desde hace años y los robos de esta zona, muchos de ellos muy violentos, no se denuncian. Es por esta razón que el diputado David Parra Sánchez, se sumó a la petición vecinal de reactivar la Agencia Metropolitana del MP de Cuatro Caminos y erradicar la corrupción e ineficiencia en los Ministerios Públicos de esta región. Pues esta zona es un foco rojo en materia de seguridad, apuntaron dirigentes vecinales, quienes documentaron 10 homicidios en 2013 y uno en lo que va de este año.