Bachelet envía al Congreso el proyecto para anular la Ley de Amnistía de la dictadura

© AFP Martin Bernetti. Coincidiendo con el 41º Aniversario del Golpe del Estado del 1973 encabezado por Augusto Pinochet, la presidenta de Chile Michel Bachelet firmó el proyecto para anular la polémica ley de amnistía promulgada por el dictador y reformar el Código Penal. La ley de amnistía impide iniciar juicios contra los militares que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el régimen de Pinochet entre los años 1973 y 1978, cuando fue promulgada. Desde hace 35 años la anulación de la ley ha sido una aspiración de la víctimas de la dictadura, entre las que se encuentra la propia presidenta Bachelet, cuyo padre murió estando preso de la dictadura, mientras ella tuvo que exiliarse del país junto con su madre. Por otro lado, el artículo 93 del Código Penal, que también podría ser reformado, regula aquellos casos en que "la responsabilidad penal se extingue", entre ellos por muerte del responsable, cumplimiento de la condena, amnistía, indulto, perdón del ofendido o prescripción de la acción penal y de la pena. La moción parlamentaria que busca anular 5 artículos de la ley de amnistía y cambiar el artículo 93 del Código Penal existe desde el año 2006. Hoy dicho proyecto fue firmado por la presidenta y presentado al Congreso, según anunciaron la secretaría general de la Presidencia, Ximena Rincón, y el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, según medios locales. La líder de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, indicó a los medios que la presidenta chilena le aseguró que el proyecto será tramitado por el Congreso en calidad "de suma urgencia". De esta forma, Chile busca "adecuar la legislación chilena a la legislación internacional", explicó el ministro de justicia, puntualizando que, en realidad, la iniciativa no supone "un cambio muy de fondo" respecto a lo que vienen haciendo los tribunales chilenos hasta la fecha, "que es no aplicar la ley de amnistía", agregó citado por AFP. Según él, el Gobierno impulsará además la creación de una subsecretaría de Derechos Humanos en el ministerio de Justicia, y tipificará el delito de tortura.