En sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales y pone sobre la mesa un "elemento clave" que no ha sido considerado por la fiscalía: un quinto autobús que pudo transportar droga al momento del ataque.
Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen. A través de su cuenta de Twitter, Peña Nieto informó que pidió a las autoridades mexicanas tomar en cuenta los resultados del GIEI para investigar los sucesos del 26 de septiembre en Iguala.
La tarde de este domingo, los familiares de los estudiantes desaparecidos exigieron al presidente una audiencia por el informe de los expertos independientes, poco después de que la PGR, ahora a cargo de Arely Gómez, anunciara un nuevo peritaje en Cocula donde presuntamente se realizó la calcinación. Según una "verdad histórica", la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó en enero pasado que, la noche del 26 de septiembre del año pasado, decenas de estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa (Guerrero, sur) fueron atacados por sicarios y policías corruptos en la cercana Iguala.
Los jóvenes estaban tomando a la fuerza cuatro autobuses para sus movilizaciones políticas. Luego, los policías habrían entregado a los 43 estudiantes a narcotraficantes del cártel local Guerreros Unidos, quienes los asesinaron por sospechar que eran miembros de un cártel rival. Los cadáveres, según la versión de la PGR, fueron incinerados en un basurero del cercano poblado de Cocula y arrojados a un río.
Una incineración masiva, imposible En el basurero de Cocula "no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo", concluyó José Torero, un reconocido perito peruano que participó de la investigación independiente. El experto añade que no se observan los daños que resultarían de un fuego tan importante y que no existe evidencia de que el combustible necesario estuviera disponible en las cercanías. Así, el GIEI pide investigar el posible uso de hornos de cremación públicos y privados en los municipios aledaños.
Los desesperados padres de los 43 estudiantes han encabezado multitudinarias marchas en todo el país, gritando a los cuatro vientos que sus hijos aún están vivos. El laboratorio de Innsbruck, Austria ha analizado restos humanos calcinados encontrados en la zona, pero solo ha podido identificar a uno de los estudiantes.
Por otro lado, el informe deplora que la policía estatal, federal y el ejército no auxiliaron a los estudiantes pese a presenciar los ataques e incluso recibir llamadas de auxilio. Muchos lesionados permanecieron sin atención médica, lo que "en algún caso probablemente precipitó la muerte", mientras que dos de los normalistas muertos en los ataques armados quedaron tendidos en el suelo por más de dos horas y bajo la lluvia, señalan los expertos, que no tuvieron autorización para entrevistar a militares.
El evidente vínculo entre el crimen organizado y las autoridades, así como los prontos resultados de la investigación oficial, indignaron a la esfera internacional con pronunciamientos por parte de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
El misterio del quinto autobús La fiscalía general solo consideró en su investigación cuatro de los cinco autobuses tomados por los estudiantes y "no se ha proporcionado ninguna información oficial de esta omisión", lamentó el GIEI. Los expertos explicaron que ese autobús "fue el único que no fue atacado violentamente esa noche" y que la declaración de su chofer, recabada recién en junio de 2015, "señala una versión de la historia que no coincide en absoluto" con la de los sobrevivientes.
La agreste zona de Iguala es epicentro del tráfico de heroína hacia Estados Unidos y los cárteles suelen transportar la droga escondida en autobuses. Así, los investigadores independientes sospechan que las inconsistencias y contradicciones que rodean a ese quinto autobús "esconden aspectos importantes a considerar que pueden tener que ver con el modus operandi y la motivación de la agresión".
La hipótesis sobre la confusión de los estudiantes con un grupo narcotraficante "es inconsistente con el grado de conocimiento de las autoridades de los hechos, con la situación de que los estudiantes iban desarmados" y no explica "la masividad" de los ataques. El GIEI emitió varias recomendaciones a la fiscalía general para resolver este crimen.
Una de ellas es investigar denuncias "por malos tratos o torturas" contra varios de los más de cien detenidos. Incompetencia gubernamental de México, acusa Amnistía La organización Amnistía Internacional se sumó a los reproches del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación de las autoridades mexicanas.
En un comunicado emitido este domingo, Amnistía señaló que el informe de la CIDH dejó al descubierto la absoluta incompetencia y falta de voluntad del gobierno para encontrar y castigar a los responsables. "La revelación del grupo de expertos sobre la incongruencia de la teoría que los normalistas fueron incinerados en un basurero resalta la necesidad de reencaminar las investigaciones de manera urgente", dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
"El gobierno Mexicano debe dejar de poner excusas ante su bochornosa falta de acción. Lo que se necesita es real voluntad política para encausar la búsqueda e investigaciones y así responder al urgente clamor de justicia de las familias de los estudiantes desaparecidos".
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