sábado, 13 de agosto de 2016
PGJEM detuvo a cuatro hombres por el secuestro de una menor
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) acreditó la probable responsabilidad de cuatro sujetos que participaron en el secuestro de una menor de 13 años de edad, quien fue privada de la libertad en el municipio de Villa Victoria, por el que la autoridad judicial con sede en Almoloya de Juárez determinó vincularlos a proceso.
Los presuntos secuestradores se identificaron como Juan Quirino Acevedo, Juan Quirino Segundo, Mario Quirino Segundo, y David Quirino Segundo.
Los hechos que se les imputan ocurrieron el pasado 31 de mayo, en el Barrio Loma de la Rosa, en la comunidad de San Diego Suchitepec, en Villa Victoria, donde la menor presuntamente fue interceptada por los cuatro hombres cuando ella salía de su domicilio para dirigirse a la escuela.
Según las indagatorias, se estableció que el día de los hechos, los presuntos delincuentes trasladaron a la víctima a un inmueble localizado en la misma comunidad, lugar en donde la mantuvieron cautiva.
Posteriormente se comunicaron con los familiares de la menor, a quienes les exigieron un pago a cambio de dejar en libertad a la víctima. Un día después, la adolescente fue liberada en el poblado de San Antonio Pueblo Nuevo, en el municipio de San Felipe del Progreso.
Por estos hechos fue iniciada una indagatoria y Agentes de la PGJEM realizaron diversas investigaciones para identificar a los probables responsables del delito de secuestro.
Así, el Representante Social solicitó a un Juez librar una orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables, la cual fue otorgada y cumplimentada por Agentes de Investigación, para que fueran aprehendidos, y ésto sucedió en el estado de Querétaro, mediante los convenios de colaboración existentes entre las Procuradurías de Justicia y Fiscalías de todo el país.
Quirino Acevedo, y los hermanos Quirino Segundo posteriormente fueron ingresados al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez, en donde un Juez los vinculó a proceso y fijó un plazo de tres meses para el cierre de investigación, sin embargo se les presume inocentes hasta que se les dicte una sentencia condenatoria en su contra.
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