Con la iniciativa presentada la asistencia social se considerará multidimensional, por lo que servirá para reducir las diferencias en las políticas públicas y beneficiara a condiciones favorables de vida.
Fungiendo como presidenta Martha Angélica Bernardino Rojas dio inició a la Sesión Ordinaria del Segundo Año Legislativo mexiquense, donde Yomali Mondragón Arredondo del GPPRD presentó ante el pleno su iniciativa con proyecto de decreto que plantea la reforma de algunas disposiciones de la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios con el objetivo que se implemente una mayor amplitud en los apoyos de programas, acciones y servicios de asistencia social para los mexiquenses.
Puntualizando en los objetivos de la asistencia social como generadora de una tendencia para que las personas que integran una sociedad tengan los mismos derechos y oportunidades, Yomali Mondragón Arredondo calificó de necesario reducir las diferencias que actualmente existen en las políticas públicas, asegurando que su dirección no debe plantearse solamente a los casos de desigualdad económica, sino también a los casos donde existan situaciones que puedan llevar a una reducción en las condiciones favorables de vida.
Asimismo, la diputada perredista consideró que su iniciativa coadyuvará para generar mejores condiciones de vida planteando que actualmente no existe una definición de lo que se debe entender por vulnerabilidad y por situación de riesgo, acentuando que la asistencia social debe ser un soporte o un auxilio que brinde a las personas que lo requieran, con la finalidad de aminorar, aunque pueda ser de forma parcial, la problemática social que conlleva la pobreza.
Tras lo precedente, la diputada Yomali Mondragón puntualizó que la vulnerabilidad, debe entenderse como la situación que tiene una persona o grupo de personas en que debido a sus condiciones de pobreza, marginación y condiciones de vida, se encuentren en riesgo de pérdida o disminución de su bienestar o de sus capacidades básicas. Por lo que planteó el riesgo debe generalizarse ya que puede surgir por un fenómeno natural y hasta situaciones antropogénicas como la inseguridad, relación con zonas de incidencia de crimen organizado, violencia de género, entre otros.
Para continuar, la legisladora del sol azteca subrayó que la definición de “beneficiarios”, requiere ampliarse a efecto de que quienes se beneficien de los apoyos que otorga el Estado, no sean únicamente quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, sino también aquellos que se enfrenten o participen en actividades ilícitas debido al contexto social en que se desarrollan, o bien a las condiciones culturales y sociales que podrían levarlo a una condición victimizante. Por lo que a nombre de su Grupo Parlamentario, comentó:
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Por otra parte, la diputada expuso que en casos en donde las personas son víctimas de desastres naturales, la Ley que se reforma, resulta una injusticia debido a que únicamente se contempla el apoyo asistencial para el caso de zonas de alta y muy alta marginación, olvidando que en los casos de marginación media o baja, así pues planteó que el tamaño del desastre es el que debe indicar la atención que se debe otorgar, y no las condiciones sociales que tenga la zona.
Con lo anterior, la diputada Mondragón planteó los conceptos de: beneficiario, como la persona que es atendida a través de los programas, acciones y servicios de asistencia social; situación de riesgo, posibilidad de que una persona sufra un daño en su integridad física o emocional y que tiene su origen en una causa de tipo social; y vulnerabilidad, como la situación de una persona o grupo de personas en que debido a sus condiciones de pobreza, marginación y condiciones de vida, se encuentra en riesgo de pérdida o disminución de su bienestar o de sus capacidades básicas.
Además planteó como vulnerables a infantes que se vean afectados por: ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de pobreza; por ser migrantes y repatriados en situación de riesgo o vulnerabilidad; por encontrarse en situación de explotación, incluyendo la sexual o trata de personas; o por vivir en lugares en que donde las condiciones de inseguridad las coloquen en situación de riesgo. Asimismo planteó la implementación de una política de mayor amplitud en los apoyos de asistencia social que el Estado tiene la obligación de proporcionar.
Para concluir, la iniciativa será enviada a Comisiones para su discusión y análisis, por lo que se espera su próxima presentación en el pleno.
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