jueves, 7 de septiembre de 2017
A prueba el INE para ganar la confianza de la ciudadanía en el proceso 2018: PRD
El Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas denunció que existe el acecho del crimen organizado, la participación de recursos públicos, el lavado de dinero y los actos de corrupción, hechos que no garantizan certeza, democracia e imparcialidad en el proceso electoral que se avecina.
Afirmó que el primer domingo de julio se elegirán en nuestro país 3 mil 326 cargos de elección popular entre ellos al Presidente de la República, la Cámara de Senadores, la de Diputados, nueve gobernadores y en 30 estados se renovarán alcaldías y/o congresos locales.
Martínez Vargas reconoció que el proceso electoral del 2018 que dará inicio mañana será un proceso singular y muy importante en nuestro país, organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), una institución muy cuestionada por los excesivos y superfluos gastos que demanda para la preparación y desarrollo del mismo.
Además, denunció, no obedece a principios ciudadanos imparciales sino más bien a criterios de naturaleza política.
Consideró que es una elección atípica para la cual el INE está pidiendo un recurso millonario del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cámara de Diputados tendrá que aprobar el recurso que se le asignará del Presupuesto de Egresos.
Destacó que es un recurso que el Partido de la Revolución Democrática está planteando no se otorgue y exige a ese organismo que implemente una política de austeridad puntual.
Acusó que es una elección que “no tiene cancha pareja” porque los servidores públicos y aspirantes a cargos públicos de este país pueden continuar haciendo campaña con los programas sociales, haciendo promoción personalizada y contratar propaganda del erario público, sin que haya una sanción, toda vez que el TRIFE anuló los lineamientos del INE que regulaba el Artículo 134 Constitucional. “No hay cancha pareja”, reiteró.
Delató que los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) están integrados por Consejeros propuestos en su mayoría por los gobernadores, es decir, que tienen una filiación partidaria, “el árbitro pertenece a un partido político lo que hace a este proceso electoral poco equitativo, sin ninguna seriedad ni confiabilidad”.
Mencionó que acudirán a la integración de los Consejos Distritales, Federales y Locales de los Consejos Municipales, esperando que estos verdaderamente se integren por ciudadanos imparciales y no por personas que tienen simpatías partidarias o que ya llevan una línea del partido en el poder.
De igual forma, mencionó, el permanente acecho y despilfarro de los recursos públicos en los procesos electorales así como de aquellos provenientes del lavado de dinero y de actos de corrupción, como lo acreditan las transferencias bancarias de 3 millones 140 mil dólares que realizó la constructora Odebrecht a Emilio Lozoya, Coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Aseveró que de este hecho todavía no hay resultados de la investigación por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), ni de la Procuraduría General de la Republica (PGR), ni del INE, con el propósito de sancionar estos actos de corrupción, del dinero que utilizan en los procesos electorales.
Aunado a todo esto, subrayó, la profunda inseguridad que se vive en nuestra nación, que no deja de ser un foco rojo, como lo es el caso del asesinato de David Santos Roldán, Secretario Particular del alcalde de Mazatepec Morelos, Jorge Toledo, quien denunció que fue extorsionado por el crimen organizado.
Lo mismo sucede en el estado de Guerrero, informó, donde han asesinado a varios dirigentes importantes del Partido de la Revolución Democrática, que tienen grandes posibilidades de triunfar en sus aspiraciones políticas y por ello el crimen organizado los está eliminando.
Por último, el Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas, recalcó, el acecho del crimen organizado queriendo incidir en los procesos electorales para favorecer a algún candidato en especial, amagando a los ciudadanos y a los aspirantes a los cargos públicos.
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