• Se debe anteponer en todo momento el interés superior de la niñez
• La diputada Berenice Juárez Navarrete (PAN) planteó modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
La diputada Berenice Juárez
Navarrete (PAN) propuso reformar el artículo 28 de la Ley General de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de que los procedimientos de
adopción sean en todo momento expeditos, ágiles, sin más trámites, plazos o
requisitos que los estrictamente necesarios, anteponiendo en todo momento el
interés superior de la niñez.
La iniciativa señala que, según
datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México hay
aproximadamente 33 mil niñas, niños y adolescentes viviendo en algún centro de
asistencia social, privados de estar en familia y en comunidad.
Una de las principales causas de
ello, añade, es que en nuestro país se prioriza más la institucionalización del
cuidado de los menores en situación de desamparo, que su integración a un
núcleo familiar donde sea posible su desarrollo integral.
Resalta que miles de
procesos de adopción se encuentran detenidos entre largos y tediosos trámites
burocráticos, mientras los obstáculos administrativos para que se concreten
adopciones, provocan el estancamiento de los juicios. Uno de los principales
contratiempos es la resolución judicial de los menores de edad, pues un juez
debe determinar si son idóneos para ser adoptados, hecho que puede prolongarse
por largo periodo, incluso de años.
Ello, añade, por la búsqueda de
los padres o familiares biológicos del infante o de la espera para que los
padres biológicos acepten que no pueden hacerse cargo de ellos y cedan los
derechos para que el menor sea jurídicamente apto para ser adoptado. Derivado
de ello, así como del resto de trámites administrativos y judiciales, los
procesos de adopción en nuestro país pueden durar hasta 5 años.
El documento enfatiza que “cada
día que pasa para las niñas y niños que habitan en centros de asistencia
social, representa una posibilidad menos de poder ser adoptados e integrados a
un entorno familiar, pues la mayoría de personas que inician trámites de
adopción, prefieren a menores de 0 a 4 años”.
Refiere que datos del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, durante 2020 se
registraron sólo 23 adopciones, 16 más que en 2019 cuando se contabilizaron
siete.
Afirma que la adopción,
como disyuntiva de cuidado alternativo, representa el principal mecanismo que
permite garantizar el derecho que tiene toda niña, niño y adolescente a vivir
en un entorno familiar que le brinde protección y cuidado, estabilidad material
y emocional, dotándolos de una infancia feliz y los prepare para la vida
adulta.
No obstante, adoptar en el país
puede ser un proceso complejo y lento para quienes aspiran a ser padres o
madres, llegando a representar una verdadera prueba de resistencia.
Por ello, indica, “hay una deuda
social del sistema, ya que este no está funcionando alrededor de los niños”. Su
estancia en espera de adopción debe ser del menor tiempo posible, debiendo
responder en todo momento el cumplimiento de sus derechos.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictaminación.
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