Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó su programa anual de trabajo para el primer año de ejercicio

*  Las y los integrantes de esta instancia legislativa guardan un minuto de silencio por el fallecimiento del elemento de la SSPC, en Culiacán

En reunión extraordinaria semipresencial, la Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside la Diputada Jessica Saiden Quiroz (MORENA), aprobó su programa anual de trabajo para el primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.

En dicho plan, esta Comisión se plantea como objetivos proponer ajustes legislativos y administrativos para la mejora continua del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, elaborar dictámenes a iniciativas, minutas y proposiciones con punto de acuerdo, con una visión objetiva, profesional y colaborando con los distintos grupos parlamentarios.

Resalta que mantendrá vínculo y coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el Senado de la República y con las dependencias gubernamentales federales y locales para buscar soluciones en conjunto para las necesidades del país.

Además, buscará mantener comunicación con la ciudadanía, asociaciones civiles, organizaciones académicas y población en general que aporten ideas y acciones encaminadas a la mejora de la seguridad ciudadana, incluyendo foros de capacitación y certificación.

Dentro de sus tareas realizará las adecuaciones en el marco jurídico en las diversas leyes en materia de seguridad, mediante reformas orientadas a la prevención del delito, la protección de los derechos humanos y la promoción de la paz social.

También, se encargará de supervisar y evaluar las políticas públicas en seguridad ciudadana, fomentando la rendición de cuentas y la eficacia en la implementación de programas de seguridad. De igual forma, fortalecer desde el marco normativo los institutos de seguridad del país en el ámbito de la competencia.

Guardan minuto de silencio por elemento de la SSPC fallecido en Sinaloa

Durante su tercera reunión extraordinaria, las y los integrantes de esta instancia legislativa guardaron un minuto de silencio por el elemento de inteligencia de la SSPC fallecido ayer miércoles en Culiacán, Sinaloa, en el marco de los trabajos realizados por esta dependencia para buscar la reconciliación y la paz en esta región.

Esta propuesta fue impulsada por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio (MORENA).

Robo a negocios pega al PIB de los estados, señala estudio del IBD

La inseguridad afecta de manera negativa a la inversión, la generación de empleos y el crecimiento económico de las entidades.
Inversión en seguridad y estado de Derecho podría favorecer a la creación de negocios.

Se estima que por cada punto porcentual que aumentan los robos con violencia a negocios, el PIB de las entidades federativas disminuye en 0.019 puntos porcentuales, según un cálculo realizado por la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo con la nota elaborada por el investigador Jaime Arturo Del Río Monges, por medio de una modelación econométrica de tipo panel data, se concluye que el incremento de los robos con violencia a negocios tiene una correlación negativa estadísticamente significativa con el crecimiento económico de las entidades federativas de México.

El documento explica que para estimar dicha correlación se utilizaron los datos de los robos con violencia a negocios se obtuvieron del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que los datos del Producto Interno Bruto de las entidades federativas se obtuvieron del Banco de Información Económica de INEGI.

Con base en lo anterior, el investigador señala que la inseguridad pública puede contribuir a desincentivar la inversión privada, lo cual impacta negativamente en la creación de empleo y el crecimiento económico.

Por ello, afirma que invertir en seguridad pública y el fortalecimiento del Estado de Derecho pueden contribuir a incrementar la creación de negocios y el crecimiento económico en el país.

Minuto de silencio en memoria de Gisela Gaytán

Exige MORENA destitución inmediata del Fiscal General y del Secretario de Seguridad Pública del Estado
Pide PAN a los tres órdenes de gobierno que garanticen un proceso electoral democrático

El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, quien fue asesinada en un ataque armado y era candidata del partido MORENA para la alcaldía de Celaya, Guanajuato.

La Presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, expresó la solidaridad de la Cámara de Senadores a los familiares y amigos de Gisela Gaytán, e hizo votos porque las autoridades esclarezcan este lamentable hecho.

Por MORENA, la Senadora Martha Lucía Micher Camarena exigió al gobernador de ese Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la destitución inmediata del fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, así como del secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Alvar Cabeza de Vaca Appendini.

Además, señaló, es necesario garantizar la seguridad de todas las y los candidatos, especialmente en esa entidad “que se incendia” y en la que, como lo dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “el gobernador gobierna, pero no manda”.

Micher Camarena recordó que se solicitó al INE, en tiempo y forma, que se brindara seguridad a la candidata a gobernadora, Alma Alcaraz Hernández, así como para el aspirante al Senado, Ricardo Sheffield Padilla.

Sin embargo, para el caso de las y los candidatos a cargos municipales, así como para los diputados y diputadas locales, la respuesta fue que no se había iniciado el proceso electoral y se solicitaron una serie de requisitos “absolutamente absurdos por parte de la autoridad electoral del Estado”.

La legisladora dijo que ya van cinco años desde que se le pidió el plan de seguridad a Diego Sinhue, pero hasta el momento “no lo conocemos”; además, se le pidió la destitución del fiscal, pero “no se realizó”.

La Senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, del PAN, se solidarizó con los familiares de las víctimas y condenó que la delincuencia organizada pretenda apoderarse del proceso electoral.

En este sentido, aseguró que “no se trata de linchar autoridades, ni de politizar, sino de exhortar a los tres órdenes de gobierno para que se garantice un proceso democrático”.

La Senadora del PRI, Claudia Edith Anaya Mota, dijo que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene una falla y la estrategia en materia de seguridad no funciona, pues no protege ni a candidatos, funcionarios, ni a ciudadanos.

“Mis sinceras condolencias para la familia de Gisela Gaytán y para las más de 24 personas que han sido asesinadas durante este proceso electoral”, expresó.

Por Movimiento Ciudadano, la Senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla señaló que es inaceptable y no debe repetirse, bajo ninguna otra circunstancia, este tipo de actos, pues con el homicidio de Gisela Gaytán, la legisladora contabilizó 24 candidatos y candidatas que han fallecido en lo que va del proceso electoral.

Además, planteó que su bancada prepara un proyecto para terminar con el vacío legal que ocasiona muerte y dolor en el proceso electoral.

Naucalpan convoca a mujeres a ser policías de proximidad

• La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura informó que se abrirán a concurso 45 plazas para este puesto

Por Mario Ruiz Hernández

Naucalpan, Méx., marzo del 2024. – Como parte de la estrategia para promover su inclusión e igualdad laboral, el Gobierno de Naucalpan convoca a “mujeres con vocación de servicio, disciplina, honestidad y compromiso”, a participar en el proceso de selección para incorporarse como Policía de Proximidad.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura informó que se abrirán a concurso 45 plazas para este puesto, las cuales tendrán una percepción mensual bruta de más de 11 mil pesos y las aspirantes deberán realizar evaluación psicológica, de conocimientos generales, de condición física y control de confianza.

Las interesadas podrán registrarse en el Departamento de Profesionalización y Certificación de la Secretaría Técnica del Consejo Municipal de Seguridad Pública, ubicado en las instalaciones de la corporación, en Avenida Juárez número 39, fraccionamiento El Mirador, de lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas, hasta el 5 de abril. Todos los trámites que se realicen durante el proceso de reclutamiento, selección e ingreso son personales y gratuitos.

Las aspirantes que hayan sido seleccionadas deberán realizar, ya como cadetes, el Curso de Formación Inicial para Policía de Proximidad 2024, el cual tendrá una duración mínima de 1 mil 80 horas como los establece el Programa Rector de Profesionalización emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El programa comprende aspectos teóricos, prácticos, acondicionamiento físico y concede una beca económica de 18 mil pesos, que será cubierta en seis exhibiciones mensuales.

Entre los requisitos para participar en la convocatoria, se encuentran: Edad mínima de 18 años cumplidos y menos de 40 años, estatura mínima de 1.55 metros, ser ciudadana mexicana por nacimiento, no contar con antecedentes penales, haber concluido la educación media superior o equivalente.

Además de aprobar el examen de ingreso y los cursos de formación, gozar de buena salud física y mental, no padecer alcoholismo y no consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras, entre otros requerimientos.

Para mayor información consulta la página oficial del gobierno: https://naucalpan.gob.mx/ o llama al 55-8465-1633.

Aumenta confianza en policías locales, destaca estudio del IBD

Datos del INEGI arrojan que, de 2013 a 2023, la confianza en las instituciones policiales estatales y municipales incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.
Las policías de Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán, las mejor evaluadas.

En poco más de diez años, el nivel de confianza ciudadana en la policía estatal y municipal se ha incrementado en alrededor de 20 puntos porcentuales, pasando de 39.6% en 2011 a 58.4% en 2023, y de 33.4% en 2011 a 55.7% en 2023, respectivamente, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

La investigación titulada “Algunos aspectos de las policías mejor evaluadas por la ciudadanía”, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, analiza la percepción social sobre los cuerpos policiacos del país, con base en los resultados de la Encueta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI.

Los investigadores destacan que, según la encuesta del INEGI, en lo referente a la percepción ciudadana del desempeño policial, las cinco policías estatales mejor evaluadas fueron las de: Yucatán (74.6%), Aguascalientes (71.4%), Nuevo León (70.8%), Nayarit (67.5%) y Baja California Sur (64.2%). Mientras que las policías municipales fueron las de: Nuevo León (69.3%), Aguascalientes (63.7%), Yucatán (63%), Nayarit (62.1%) y Baja California Sur (61.8%).

En cuanto a la percepción de la corrupción, las entidades federativas en donde la ciudadanía percibe menos corrupción en la policía estatal fueron: Nuevo León (46.5%), Nayarit (51.3%), Baja California Sur (51.9%), Guerrero (52.7%) y Tamaulipas (53.7%). Y en la policía municipal: Nuevo León (46.7%), Oaxaca (50%), Baja California Sur (51.1%), Colima (52.4%) y Nayarit (53.8%).

Sobre el estado de fuerza de las corporaciones, el estudio del IBD señala que existe una variación importante entre las entidades pues, por ejemplo, Aguascalientes en 2022 tenía una tasa de 0.5 policías preventivos por cada 1000 habitantes, ocupando el lugar 23 a nivel nacional, frente a los 1.3 policías de Nayarit, ocupando el tercer lugar.

En cuanto al salario, la investigación resalta que, con la excepción de Baja California Sur, los elementos policiales estatales tienen salarios iguales o por encima del salario digno mensual propuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sin embargo, las policías municipales se ubican por debajo de este referente.

El estudio completo del Instituto se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6149

Impulsan iniciativa para aumentar las sanciones penales por conducir en estado de ebriedad

* La diputada López Sosa pide reformar el Código Penal Federal para establecer una pena de hasta cinco años de prisión

La diputada Mariela López Sosa propuso una iniciativa que reforma el artículo 171 del Código Penal Federal, a fin de aumentar las sanciones penales a quien conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes.

La iniciativa plantea que se impondrá prisión de seis meses a cinco años, una multa de 80 a 160 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la suspensión de 16 meses o hasta la revocación de la licencia de conductor y la obligatoriedad de asistir a clases sobre conducción segura y prevención de adicciones.

Actualmente, dicho artículo establece una pena de "hasta de seis meses de prisión, multa hasta de 100 pesos y suspensión o pérdida del derecho a usar la licencia de manejador, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes cometa alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulación al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda si causa daño a las personas o las cosas".

La legisladora señala que su iniciativa tiene la finalidad de que se tomen acciones correctivas, preventivas y sanciones más severas como herramienta para disminuir en un primer momento esta situación y en un futuro alcanzar una tasa cero por incidentes de tráfico causados por el influjo del alcohol.

El documento indica que, respecto a los accidentes automovilísticos asociados al consumo de alcohol, el Estado los ha identificado como un problema de salud pública que afecta principalmente a personas de 20 a 39 años. 

Por su parte, en la Asamblea General de las Naciones Unidas los países integrantes se han comprometido a reducir 50 por ciento el número de muertes por accidentes de tránsito; sin embargo, lamentablemente cada vez más personas conducen bajo los influjos del alcohol, lo que aumenta el riesgo de accidentes.

La propuesta, enviada a la Comisión de Justicia, señala que, en cuanto a los conductores de automóviles, si bien el fortalecimiento de medidas como el alcoholímetro inhibe el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas, y la evidencia muestra que esta acción ha contribuido a disminuir 20 por ciento los accidentes de tránsito, no es suficiente y se debe seguir trabajando para alcanzar una tasa cero. 

El alcohol es una sustancia que tiene efectos negativos en la funcionalidad del sistema nervioso y el cerebro, afectando el pensamiento, la capacidad de razonar y la coordinación muscular, habilidades esenciales para operar un vehículo de manera segura. A medida que los niveles de alcohol en el sistema de una persona aumentan, también se acrecientan los efectos negativos sobre su capacidad de coordinar y tomar decisiones.

De acuerdo con datos del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de 2022 sumaron en el país un total de 11 mil 412 carpetas abiertas por muertes en accidentes de tráfico, 7.5 por ciento más en comparación con el mismo periodo de 2021, el año que hasta el momento ha tenido el mayor registro con 12 mil 975 casos en 12 meses completos. Cifras del año pasado reflejan un aumento de accidentes mortales de hasta el 40 por ciento en comparación con hace siete años.

Las leyes y sanciones por conducir en estado de ebriedad varían ampliamente en todo el mundo; sin embargo, en algunos países son más estrictas que en otros. Por ejemplo, en Australia, Nueva Zelanda y Canadá las sanciones por conducir bajo la influencia del alcohol pueden incluir multas muy elevadas, la suspensión o revocación de la licencia de conducir y, en algunos casos, la prisión. 

Aprueban reforma para que recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública

• La Cámara de Diputados reformó el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito
• El documento se canalizó al Senado de la República 

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública.

Especifica que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en la cuenta global con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.

También, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general. 

Las instituciones estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.

El documento fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.

En los transitorios, menciona que a efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación.

Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, deberá instrumentar los mecanismos de coordinación, así como los convenios y acuerdos idóneos, con las instituciones que conforman el sistema bancario, así como con sus órganos reguladores, a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos financieros a que se hace referencia en el párrafo quinto del artículo 61 del presente Decreto, para el año 2022, en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor del presente y sean integrados al presupuesto de la dependencia responsable de la seguridad pública.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos, atendiendo las necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos, así como en la legislación correspondiente, el cual deberá establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.

Subraya que los recursos financieros a los que se hace referencia en el presente decreto, al formar parte del presupuesto, serán objeto de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública en términos de la legislación aplicable.

La iniciativa presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (MORENA) y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena (MORENA), se consideró de urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

Expone que la finalidad es disponer del monto total que resulte de restarle los recursos que hayan prescrito en favor de la beneficencia pública y se encuentren en la cuenta global, a fin de que precluyan en favor de la seguridad pública y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, aclara.

Fortalecimiento institucional de la seguridad pública

El diputado Mier Velazco (MORENA) señaló que el tema de seguridad ha sido motivo de discusión y también que el Sistema Nacional de Seguridad cuente con mayores recursos. “Eso anima a la iniciativa, el fortalecimiento institucional de la seguridad pública; la reforma es para que se pueda disponer de los recursos financieros abandonados en la banca comercial”.

Indicó que los depósitos e inversiones vencidas y no reclamadas en el transcurso de tres años cuyo importe no exceda al equivalente a 540 UMA, prescribirán en favor de la Seguridad Pública, es decir el equivalente a 51 mil pesos. 

Además, dijo, en el sistema financiero se alojan recursos que no tienen origen lícito y provienen de la delincuencia organizada. “Se da certeza jurídica, ya que son recursos que ya prescribieron”.  

En la discusión en lo particular, se desecharon las reservas con propuestas de modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, presentadas por las y los diputados del PAN, Román Cifuentes Negrete, Javier González Zepeda, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Patricia Terrazas Baca y José Antonio Zapata Meraz, así como por la diputada de MC, Taygete Irisay Rodríguez González.

Edoméx primer lugar nacional en feminicidios en 2022: Higinio Martínez

• El Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que en el primer semestre se reportaron 76 feminicidios.
• Hay capacidad y experiencia para impulsar a nivel estatal políticas públicas que frenen violencia contra mujeres.

Por Mario Ruiz Hernández

VALLE DE MEXICO, julio de 2022. En violencia contra las mujeres, de enero a junio de este año, el Estado de México mantuvo el primer sitio en el país con 76 presuntos feminicidios, lo que refleja la ineficaz política estatal para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, lamentó el senador Higinio Martínez Miranda.

Martínez, quien es el hombre mejor posicionado rumbo a encabezar la organización de los Comités de Defensa de la 4T en la entidad, refirió que de acuerdo con datos reportados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de un total de 479 hechos que se reportaron a nivel nacional, la entidad mexiquense se ubicó en primer lugar en este ilícito.

Dentro de los 100 municipios del país con mayor número de presuntos feminicidios, se ubican tres mexiquenses entre los primeros lugares: Ecatepec ( Valle de Chalco ( y Tlalnepantla (5).

De la misma forma, la entidad mexiquense, ocupó el primer lugar en ese mismo periodo por los delitos de lesiones dolosas (7,945) y culposas (2,334) de un total de 33 mil 629 y 10 mil 493 registradas en el país, señaló el senador Texcocano.

Respecto del homicidio culposo contra féminas, el secretariado Ejecutivo informó que el Edoméx sumó 129 casos que lo ubicaron en cuarto sitio, después de Michoacán (131), Jalisco (137) y Guanajuato (259).

El senador mexiquense, quien lamentó el feminicidio de Luz Raquel Padilla, quien fue quemada viva en Jalisco, expresó que uno de los problemas más graves a los que se enfrenta el país es la violencia de género.

Refirió que, de acuerdo a ONU Mujeres, la inequidad de género y la discriminación son las causas-raíces de la violencia contra la mujer, en donde intervienen los desequilibrios históricos y estructurales de poder entre mujeres y hombres.

Destacó que tiene la capacidad y experiencia, el respaldo de la mayoría de integrantes de morena en la entidad, de otras fuerzas políticas y personajes políticos, así como un proyecto construido a lo largo de más de dos décadas, para desarrollar a nivel estatal políticas integrales que avancen en garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.

“Al ser la inequidad de género una de las raíces de la violencia contra las mujeres y niñas, es fundamental desarrollar esfuerzos a largo plazo para mejorar los derechos, el nivel de desarrollo humano, así como las oportunidades de las mujeres, pues es evidente que la política estatal no está funcionando”, subrayó.

Nicolás Romero clama por seguridad pública en sus colonias

Por: David Esquivel
Nicolás Romero Méx.- Habitantes de esta localidad insisten en exigirle al gobierno municipal encabezado por Angelina Carreño Mijares seguridad pública, más patrullas y elementos policíacos que cuiden a la población, ya que, aseguran, los robos a negocios, al transporte público, violaciones sexuales y atracos a la población en general están desbordado.
Ante la incapacidad o falta de voluntad de la Alcaldesa por brindar seguridad a las comunidades, los habitantes han optado por organizarse y buscar la manera de paliar la inseguridad existente, ya que mediante mantas y vinilonas amenazan a los delincuentes con lincharlos si los atrapan robando.
Reiteran las  cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública que documentan cómo mensualmente aumentan los delitos cometidos en el municipio de Nicolás Romero, pues, por citar un ejemplo, el robo con violencia a negocios en el último trimestre de 2017 registró 21, 19 y 12 casos entre octubre, noviembre y diciembre del año anterior; pero en este año subió.
Asimismo el robo de vehículos registró 24, 32 y 17 casos en los mismos meses del último trimestre, del 2017 y  es uno de los flagelos que más daño provocan por la pérdida material y la tranquilidad de los nicolásromerenses, porque los delincuentes utilizan armas de fuego para despojar de sus carros a las víctimas hasta en las mismas puertas de domicilios.
Otros latrocinios que viven día a día los habitantes dé Nicolás Romero es el robo a transeúntes que se denunció 30, 38 y 16 casos, en los referidos meses de octubre, Noviembre y diciembre, respectivamente de 2017.
Por último destacar que tales cifras sólo representan las denuncias interpuestas ante la autoridad ministerial, ya que la llamada cifra negra de delitos cometidos pero no denunciados podría rebasar hasta el doble de la cifra oficial, según estimaciones de las mismas autoridades.