Analizan Ley para el desarrollo integral en la Primera Infancia

Una primera infancia sana garantiza mejores sociedades y abona al bien común: Alicia Mercado.
Comisiones analizan la iniciativa del Diputado Rigoberto Vargas Cervantes.

Diputadas y diputados locales mexiquenses coincidieron en la oportunidad de expedir una Ley de la Primera Infancia del Estado de México, propuesta del Diputado Rigoberto Vargas Cervantes para contar con un marco jurídico que proteja y garantice el cumplimiento y ejercicio de los derechos de las personas desde su gestación hasta los seis años de edad de manera integral a fin de garantizarles un excelente comienzo en su vida.

Durante la reunión de las comisiones para la Atención de Grupos Vulnerables y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, la Legisladora Alicia Mercado Moreno (MORENA) señaló que no se puede hablar de desarrollo infantil sin hablar de los mecanismos para el desarrollo cerebral, el cual empieza en el vientre materno.

Detalló que la iniciativa incorpora la participación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la estrategia nacional de atención a la primera infancia y novedades como las personas cuidadoras y el concepto de primera infancia.

También de MORENA, el Legislador Jorge García Sánchez apuntó que la iniciativa atiende a un grupo de alta vulnerabilidad, cuando con frecuencia se apela al principio de interés superior de la niñez, el cual es demasiado amplio y su aplicación queda en cuestiones de orden jurídico cuando su atención debe ser integral, lo que puede derivar en servicios de baja calidad para las y los menores, en especial los de familias marginadas o escasos recursos.

Con esta ley, dijo, podría garantizarse el respeto a sus derechos incluso antes del nacimiento, pues incorpora un marco para abordar temas como abuso y negligencia, y la garantía de que podrán acceder a servicios de salud y nutrición adecuados.

De acuerdo con la iniciativa, para garantizar la promoción, respeto y protección de los derechos de la primera infancia, autoridades estatales y municipales deberán realizar acciones y medidas que fortalezcan el marco institucional, con base en los cuatro principios de la Convención de los Derechos del Niño: interés superior; participación y ser escuchado; derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, así como la igualdad y no discriminación.

También plantea que el Estado deberá garantizar en las políticas, programas, presupuesto y campañas el desarrollo integral de la primera infancia, por lo que en el desarrollo prenatal la madre recibirá la nutrición adecuada, suficiente, inocua, equilibrada y completa; así como el uso de suplementos para un buen desarrollo y crecimiento del bebé, atención médica periódica en conjunto con los exámenes correspondientes y, de ser necesaria, la atención psicológica y emocional adecuada.

Pide Congreso local informe sobre obras complementarias al Interurbano

 

Solicita datos sobre el avance en las obras en materia de transporte, vigilancia y ambulantaje, entre otros.

Plantea prever presupuesto para ampliar y remodelar infraestructura a la terminal en Zinacantepec y estaciones en el Valle de Toluca.

A través de la Diputación Permanente, presidida por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, el Congreso mexiquense solicitó al gobierno del Estado de México (GEM) informe sobre las obras complementarias en torno a la operación del Tren Interurbano México-Toluca, “El Insurgente”, particularmente en la regulación del transporte, la vigilancia, la iluminación, el comercio informal y el ambulantaje, entre otras.

En sesión de la Diputación Permanente, el diputado Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI), autor del punto de acuerdo, consideró necesario que el gobierno estatal informe sobre las obras complementarias que son necesarias para crear entornos confiables y de calidad para los usuarios del servicio dentro y fuera de las estaciones y terminales.

En este sentido, también solicitan información sobre las obras en materia de drenaje, paraderos de taxis y autobuses, estacionamientos, puentes peatonales, sincronización de semáforos, tránsito en horas pico, accesibilidad a personas en situación de discapacidad y adultos mayores, los protocolos de seguridad y protección civil, que constituyen una preocupación para las personas que habitan en las zonas donde se van a asentar las estaciones y la terminal del tren.

El documento precisa que la información se les haga llegar el gobierno estatal a través de las secretarías General de Gobierno, de Seguridad, de Finanzas, de Desarrollo Urbano e Infraestructura, de Desarrollo Económico, del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Movilidad.

Como parte del exhorto, plantean que se informe el nivel de afectación y la solución en cada una de las estaciones y la terminal, ya que, tanto la avenida Tecnológico, ubicada en Metepec, y la avenida José María Pino Suárez, que conecta a Toluca y Metepec, están saturadas de tráfico vehicular a cualquier hora, por su conexión con vialidades como Paseo Tollocan, Isidro Fabela, las Torres, Paseo Colón, Jesús Carranza, Calzada al Pacífico, además de las calles y centros de población aledañas a la zona, resentirán los efectos colaterales de esta obra.

El diputado subrayó la relevancia de que el gobierno estatal considere en el presupuesto obras como la rehabilitación del camellón de la Blvr. Pino Suárez y del camellón de la Av. Isidro Fabela; la adecuación vial del Boulevard las Torres; un plan parcial para el polígono Alameda 2000 y para el polígono de la Av. José María Pino Suárez; pasos peatonales seguros; infraestructura ciclista y modernizar con fines de utilidad pública los polígonos perimetrales a las estaciones del Tren Interurbano.

Lactancia materna, derecho constitucional, declara el Congreso

Se protege la mejor estrategia para mejorar la salud y prevenir la mortalidad infantil.
La reforma respaldada por la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses garantiza este derecho.

Con el voto a favor de la mayoría de los ayuntamientos mexiquenses, la Diputación Permanente del Congreso local, presidida por el Diputado Rigoberto Vargas Cervantes, declaró la aprobación de las reformas a la Constitución Política Estatal para que la lactancia materna forme parte del derecho a la alimentación y la nutrición desde la primera infancia, conforme a las iniciativas presentadas por las diputadas Anais Miriam Burgos Hernández (MORENA) y Mónica Miriam Granillo Velazco.
La reforma al artículo 5 de la Constitución Política Estatal promueve que las instituciones de salud y de educación realicen un trabajo conjunto e interinstitucional para que las mujeres, niñas y adolescentes se beneficien con el derecho a la alimentación y la nutrición desde la primera infancia.
La declaratoria de aprobación resalta que la lactancia materna es piedra angular de la supervivencia y de la salud infantil porque proporciona nutrientes esenciales e insustituibles para el crecimiento y desarrollo del menor, al tiempo de que funciona como primera inmunización del lactante, por lo que es la mejor estrategia para mejorar la salud y prevenir la mortalidad infantil.
Conforme a la minuta expuesta por la legisladora Anais Burgos, los niños y las niñas tendrán derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; principio que deberá guiar el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez; asimismo, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.
Cabe señalar que durante el análisis de la reforma se dio a conocer que la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida constituye solo 35.4 por ciento del total, por lo que necesario especificar en la Constitución que el derecho humano a la alimentación nutricionalmente adecuada en los infantes a través de una lactancia materna exclusiva sea una ponderación en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Garantiza Diputación Permanente interés superior de la ciudadanía

•Ocupan la Vicepresidencia y la Secretaría el Diputado Braulio Álvarez (PRI) y Anais Burgos (MORENA), respectivamente.
•El Diputado Rigoberto Vargas ofrece colaboración con los poderes públicos y los ayuntamientos.

Al declarar la instalación de la Diputación Permanente, el Legislador Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de este órgano parlamentario, afirmó que en la atención de sus tareas las y los diputados locales bucarán siempre los consensos, la inclusión de las propuestas de todas y todos y, sobre todo, el interés superior de la ciudanía mexiquense, con especial atención a los derechos de las personas más vulnerables.

En reunión de instalación, el legislador sostuvo que la actuación de las y los diputados locales mexiquenses, integrantes de la Permanente, se mantendrá apegada a lo establecido en la Constitución Política estatal y a la legislación, y que se conducirán con respeto y voluntad de colaboración con los poderes públicos y con los ayuntamientos.

La Diputación Permanente, agregó, proyectará en su funcionamiento y en sus decisiones, la madurez y el ánimo de la LXI Legislatura como lo exige la elevada función que les ha sido conferida y que históricamente tienen la responsabilidad de atender para construir un mejor Estado de México.

También agradeció a las y los diputados y a los coordinadores parlamentarios la distinción de presidir este órgano legislativo, con las y los Diputados Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) y Anais Miriam Burgos Hernández en la Vicepresidencia y Secretaría, respectivamente.

Asimismo, con las y los diputados Brenda Gómez Cruz (MORENA), Jaime Buitrón Hermida (MORENA), Raúl Ponce Elizalde (MORENA), Gretel González Aguirre (PRI), Miriam Escalona Piña (PAN) y Viridiana Fuentes Cruz (PRD), además de que en las suplencias fueron elegidos Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), Francisco Brian Rojas Cano (PAN), María del Rosario Aguirre Flores (PT), Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) y Juana Bonilla Jaime (MC).

Proponen tipificar penalmente el reclutamiento de menores

Presentaron estudios sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado en el país.
Pobreza, abandono, violencia familiar y la presencia de grupos delictivos en diferentes zonas son factores de riesgo.

Al encabezar el Foro ‘Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por el crimen organizado’, en el que las y los participantes coincidieron en que se debe crear un tipo penal específico para este delito, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, afirmó que su tipificación “es fundamental y es importante” pues solo la semana pasada se dieron tres casos de niñas y niños arrebatados de los brazos de sus madres, en Nezahualcóyotl, Huehuetoca, y Ecatepec. Ya sea para desaparecerlos, explotarlos laboralmente, para trata de blancas o reclutamiento del crimen organizado, “todos los días hay niños que desaparecen”, señaló el también presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, quien indicó que la Legislatura debe asumir la parte que le corresponde para enfrentar este tipo de conductas ilícitas.

En su momento, la diputada Isabel Sánchez Holguín (PRI), secretaria de la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición, pidió considerar la marginalidad como una condición que posibilita el reclutamiento, causada por el abandono del Estado, y que mientras este abandono persista “las infancias y adolescencias seguirán siendo una población rentable para los grupos delictivos, condenando a miles de niños, niñas y adolescentes a una vida de servidumbre, esclavitud, cárcel o muerte”.

La legisladora destacó la importancia de seguir una ruta de trabajo en materia legislativa que inicie por el tipo penal de reclutamiento de menores, además de trabajar en una política de prevención y garantizar un mecanismo de monitoreo y seguimiento a quienes ya vivieron estas circunstancias, para lograr su reinserción social y que retomen su proyecto de vida.

En presencia de las diputadas Mónica Miriam Granillo Velasco, Ingrid Schemelensky Castro (PAN) y María Elida Castelán Mondragón (PRD), Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), quien presentó estudios sobre el Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos en México, afirmó que este reclutamiento es un tema de urgente atención, que enfrenta un desafío en términos de la construcción de un tipo penal para generar un mecanismo que evite la impunidad ante los casos de reclutamiento.

Por su parte, Olga Esquivel Hernández, secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Estado de México, habló de la vulnerabilidad como principal factor para que las y los niños sean reclutados, en tanto que Tania Loredo, integrante de Fundación CEILI, A. C., afirmó que lo que se necesita es que la impunidad ya no sea un factor en los procesos y Raúl Aarón Romero Ortega, consejero de la Judicatura del Estado de México, destacó la importancia de trabajar en la tipificación del delito de reclutamiento de menores.

Raymundo García Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Alzada Especializado en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y coordinador de la Comisión de Justicia de Adolescentes del Poder Judicial del Estado de México, destacó la falta de oportunidades como uno de los factores principales por el que los menores se involucran en el crimen organizado, así como la normalización de la violencia.

También participaron Elvira Díaz Salgado, coordinadora General de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y Fredy Hinojosa Contreras, director general del Centro Estatal de Medidas Cautelares del Estado de México, quienes consideraron que la justicia para adolescentes debe contemplar un plan socioeducativo, además de que se deben implementar políticas públicas que atiendan el descuido que enfrentan los menores desde su núcleo familiar.

Advierten de incremento en desaparición de menores y adolescentes

Señalan que grupos delictivos reclutan menores a través de redes sociales y videojuegos.
Cédula de identificación de menores debe ser por ley: Rigoberto Vargas.
Cada día en Edoméx se reportan casi 5 menores y adolescentes desaparecidos, no localizadas o localizadas: REDIM.

Debido a que en el Estado de México cada día cerca de 5 personas de 0 a 17 años se reportan como desaparecidas, no localizadas o localizadas, y al ser un delito que va en aumento, debido, entre otros factores, al uso de las redes sociales y videojuegos, el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, convocó a sumar esfuerzos y se pronunció que por ley se establezca una cédula de identificación para los menores.

Al encabezar el primer foro ‘Niñas, Niños, Adolescentes y las Desapariciones en el Estado de México’, organizado de manera conjunta con Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), el legislador sostuvo que la comisión que preside y el Congreso han asumido un compromiso con quienes ya no volvieron a casa con sus familias y con las mujeres buscadoras que suman esfuerzos con asociaciones civiles para superar este trágico capítulo de la historia estatal.

Para ello, dijo, se deben revisar las causas y consecuencias de la desaparición de infantes y adolescentes, analizar su impacto social, económico, político, y humano, toda vez que durante el foro se dio a conocer que desde que se tiene registro 20 mil 327 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas en esta situación en la entidad, y una de cada cinco de éstas continuaban desaparecidas o no localizadas hasta el 18 de agosto de 2022, esto es, 3 mil 951, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación.

En su momento, Tania Ramírez destacó la importancia de que el Congreso abra espacios de reflexión para actualizar la legislación y darle seguimiento para atender esta grave crisis de derechos humanos.

Al presentar la investigación ‘La Infancia Cuenta 2022: Niñez y Desapariciones’ detalló que, en los casos de las niñas, niños y adolescentes desaparecidos, en siete de cada 10 casos se trata de mujeres, mientras que tres de cada cuatro fueron adolescentes de 12 a 17 años, lo que supone delitos como trata y explotación sexual; reclutamiento de delincuencia organizada y explotación laboral, entre otros delitos.

Por ello, propone crear unidades especializadas en las fiscalías e incluir a las comisiones locales de búsqueda en las alertas Amber a fin de agilizar la coordinación interinstitucional estatal y nacional, campañas masivas de difusión, alentar la participación de las familias y sociedad, capacitación y socializar el tema en las escuelas.

En su momento, Olga María Esquivel Hernández, secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), detalló que en la entidad habitan 5 millones 100 mil niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan 30 por ciento de la población; de los cuales, hasta siete de cada 10 sufren o viven violencia y detalló que la violencia familiar puede llevar también a la desaparición de menores.

María Sol Salgado Ambros, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de México, alertó que en el caso de las desapariciones de adolescentes se ha detectado que la delincuencia organizada y autores anónimos solitarios reclutan a sus víctimas a través de redes sociales o videojuegos que permiten que las y los menores se conecten en tiempo real con personas desconocidas.

En su momento, Jesús Villalobos, director de Utopía A.C. y representante de las organizaciones de la sociedad civil en SIPINNA, llamó a reconocer que lo hecho en la entidad hasta la fecha no ha dado buenos números, mientras la periodista Vanessa Job presentó la serie documental ‘La Culpa no es Mía’, que narra historias de mujeres sobrevivientes de violencia de género.

Se adhiere pueblo Nahua a consulta para la Ley de Educación

El diputado Rigoberto Vargas se pronunció por un modelo que incluya a pueblos originarios y garantice el ejercicio de sus derechos.
Presentaron en Texcoco la convocatoria a participar en la elaboración de nueva ley educativa estatal.

En el ámbito de la enseñanza a integrantes de pueblos indígenas, la nueva Ley de Educación del Estado de México debe apoyarse en una docencia que cuente con los recursos económicos, profesionales y didácticos indispensables para un aprendizaje efectivo, así como escuelas con infraestructura y servicios acordes a un modelo incluyente, sostuvo el diputado Rigoberto Vargas Cervantes.

En un encuentro con personas del pueblo Nahua de Texcoco a quienes presentaron la convocatoria a consulta pública para la elaboración de la nueva Ley de Educación con perspectiva pluricultural y pluriétnica del Estado de México, el legislador Vargas Cervantes agregó que también debe considerar apoyos económicos y materiales al estudiantado, abarcar todos los niveles, desde la educación inicial a la superior, y promover el acceso en condiciones de igualdad.

En la escuela primaria Benito Juárez de San Miguel Tlaixpan, ante personal docente y administrativo, estudiantado, madres y padres de familia y representantes de este pueblo originario, el legislador Rigoberto Vargas, integrante de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, que convoca a este Parlamento Abierto, se pronunció por la enseñanza de las lenguas maternas en todos los niveles y por un modelo que garantice el ejercicio de sus derechos.

De acuerdo con la convocatoria, a la que dio lectura Juan Salgado Bautista, profesor indígena y representante de la Alianza de los Originarios, Ancestrales y Tribales de Aridoamérica y Mesoamérica, se informó que se consideran seis consultas a los cinco pueblos originarios reconocidos constitucionalmente: Mazahua, Otomí, Matlatzinca, Tlahuica y Nahua, los cuales inician el 4 de julio y culminan el 15 del mismo mes. Para la comunidad Nahua serán dos consultas, una en Tenango del Valle el 6 de julio y otra en Texcoco el 7 de julio.

Personas de este pueblo aceptaron el llamado a debatir, dialogar y exponer ideas, opiniones, comentarios y propuestas para hacer realidad una ley educativa con perspectiva pluricultural y pluriétnica que descanse en los principios de progresividad y solicitaron que las propuestas tengan carácter vinculante, que la ley consigne que la educación indígena no la imparta el estado, sino los propios pueblos indígenas, para lo que deben contar con un consejo autónomo con presupuesto y reconocimiento de los otros pueblos originarios cuyo tronco común son los chichimecas.

Se debe garantizar educación a personas con discapacidad: Mónica Granillo

Históricamente, han sido olvidadas de las políticas públicas, sociales, económicas, culturales y educativas.

Presentaron la convocatoria dirigida a este sector hacia la nueva Ley de Educación.

La educación es un ámbito en el que se ha generado más desigualdad para las personas con discapacidad, sostuvo la diputada Mónica Miriam Granillo Velazco (NA), por ello, subrayó que visibilizarlas y escucharlas se ha vuelto para las y los legisladores un imperativo que no podemos postergar, para que ninguna persona con discapacidad se quede fuera de la escuela.

También llamó a las personas que se encuentran en esta situación, a padres y madres de familia, a docentes y especialistas a participar con sus propuestas en la Consulta Pública hacia la nueva Ley de Educación de la entidad, cuya convocatoria, dirigida a este segmento de la población, presentó en el Centro Cultural del SNTE Sección 36. Entre más voces se escuchen, mejores resultados obtendremos, dijo.

En representación del diputado Rigoberto Vargas Cervantes, coordinador parlamentario de Nueva Alianza y secretario de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso mexiquense, la legisladora Granillo Velazco señaló que históricamente las personas con discapacidad han sido olvidadas de las políticas públicas, sociales, económicas, culturales y educativas, por lo que, por medio de acciones estratégicas, las y los diputados se han fijado el objetivo de que tengan acceso a una educación que les permita la inclusión social plena, con total respeto a sus derechos humanos.

Explicó que el principio y el fin de la inclusión es que no sea necesario crear espacios específicos para atender a las personas con discapacidad, sino que ellas sean parte activa de todos los espacios y de todos los temas propios de la vida humana.

Agregó que, si bien existen avances en su atención, todavía falta mucho por hacer: mayor capacitación para los maestros, más apoyos en materiales para un aprendizaje significativo y mejor infraestructura en todas las escuelas, pues la mayoría de ellas no están debidamente adaptadas.

Habló también de impulsar oportunidades reales de empleo, porque de qué sirve que concluyan sus estudios en una profesión, si al momento de querer desarrollarse profesionalmente ninguna puerta se abre. Es importante, dijo, generar oportunidades para ellos, y sobre todo, ayudarles a tener un proyecto de vida, por lo que convocó a la sociedad a participar en la tarea monumental que significa revertir las desigualdades, la injusticia y la exclusión de la personas con discapacidad.

Acompañaron a la diputada Rodolfo Mauricio Hernández, del Departamento de Educación Especial de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México; Andrea Pérez Cruz, estudiante, Obdulia González, madre de familia; Danae Alejandra Rompan, maestra; Irma Clara García, directora del Centro de Atención Múltiple 17; Adriana Fuentes Rojas, representante de la sociedad civil;
La consulta tendrá su etapa de diálogo los próximos 13 y 14 de julio en Toluca y Texcoco, respectivamente, y los resultados serán publicados el 17 de agosto.

En el Congreso Mexiquense avanzan reformas para dar mayor certeza a procesos de adopción

Prevén la certificación de las personas titulares de procuradurías de protección y mejoras en la regulación de la adopción.
Consideran la sustitución de Junta Multidisciplinaria del DIFEM por el Comité Interinstitucional.

Las comisiones de Familia y Desarrollo Humano y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia del Congreso local aprobaron por unanimidad reformas para brindar mayor certeza al proceso de adopción de menores en la entidad, como la certificación de las personas titulares de las procuradurías municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y el perfeccionamiento de la regulación de los centros de asistencia social y de la adopción.

El dictamen, que conjunta las iniciativas presentadas por separado por el diputado Rigoberto Vargas Cervantes, la diputada Ingrid Schemelensky Castro, los legisladores Alonso Adrián Juárez Jiménez y Enrique Vargas del Villar, así como por el Ejecutivo estatal, precisan los requisitos para ser titular de las procuradurías de protección estatal o municipales, entre estos, no tener condena por sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género y no estar inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en ninguna entidad.

Para las procuradurías municipales, sus titulares deben obtener calificación aprobatoria de la evaluación teórico-práctica del curso impartido por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), así como la certificación de competencia laboral sobre Gestión para la Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y serán designados por la Junta de Gobierno a propuesta de quien presida el DIF municipal.

Además de señalar el equipo de profesionistas con el que deberán contar las procuradurías municipales, el dictamen indica la sustitución de la Junta Multidisciplinaria del DIFEM por el Comité Interinstitucional de Niñas, Niños y Adolescentes en acogimiento residencial, que se encargará del análisis y resolución de las solicitudes de adopción de las niñas, niños y adolescentes ubicados en los centros de asistencia social, entre otras actividades.

Al Comité Interinstitucional se sumarán las vocalías con representantes de diferentes dependencias estatales y de la Junta de Asistencia Privada, así como invitados especiales, entre los que destacan integrantes de la Comisión Legislativa Especial de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y titulares de procuradurías municipales, entre otros.

Las reformas abren una oportunidad para atender con mayor profesionalismo a las adolescentes en situación de embarazo o madres, regula las entregas voluntarias de menores por padres o madres, y señala que una persona mayor de 21 años podrá adoptar cuando acredite que cuenta con el oficio de viabilidad, con base en los estudios médico, psicológico, de trabajo social y socioeconómico para expedir el certificado de idoneidad que deberá expedir la Procuraduría de Protección.

Durante el análisis, las y los legisladores consideraron que se beneficiará a más de 4 millones de menores y adolescentes de la entidad, y se solicitó dar seguimiento a las adopciones que gestionen los centros de asistencia social privados.

El dictamen, que será sometido a la Asamblea plenaria incluye reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y las Adopciones en el Estado de México y la Ley que Crea los Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal denominados Sistemas Municipales Para el Desarrollo Integral de la Familia.

Menores mexiquenses perciben sus hogares como el espacio más violento: WVM

• Presentan en el Congreso mexiquense el Informe sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes de World Vision México.

Por Mario Ruiz Hernández

VALLE DE MEXICO., a 10 de marzo del 2022.-Ante el hecho de que la infancia y adolescencia mexiquense perciben su casa como el espacio con mayor violencia, la diputada Viridiana Fuentes Cruz y el legislador Rigoberto Vargas Cervantes consideraron que al ser esta un acto deliberado, es posible prevenirla, combatirla y erradicarla a través de una legislación y políticas públicas que impulsen los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con el informe sobre Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de México, elaborado por la organización World Vision México (WVM), 89% de las y los menores encuestados consideraron su casa como el espacio más inseguro y violento.

Durante enero de este año la entidad registró mil 674 llamadas por violencia doméstica al 911, además de que de 2019 a 2021 se registraron 58 feminicidios contra niñas y adolescentes, y durante la pandemia se han reportado 310 homicidios dolosos y 9 mil 605 reportes de lesiones contra niñas, niños y adolescentes.

En este sentido, el legislador Rigoberto Vargas, presidente de la Comisión Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, llamó a priorizar la protección de las y los menores, pues eliminar la violencia en su contra es un componente esencial para el desarrollo sostenible.

Por su parte, la legisladora Viridiana Fuentes, secretaria de esta comisión, expuso que es necesario capacitar a las personas servidoras públicas para el desarrollo de acciones institucionales que respondan de forma eficaz a este problema, y recordó que la Legislatura local ha refrendado su compromiso de trabajar en la eliminación de cualquier tipo de violencia contra cualquier segmento de la población.

Durante la presentación del informe, Vincent Mireles Rangel, especialista en Política Territorial de WVM, resaltó entre los principales hallazgos del informe, realizado con datos de 26 municipios con encuestas y grupos focales, destacan el incremento de la violencia contra este grupo poblacional en el último año, que en la entidad persiste el matrimonio infantil, así como la deserción educativa derivada de roles de género, además de que 63% de las y los menores consideran que los esfuerzos institucionales son insuficientes.

Además, 90% de niñas, niños y adolescentes consideran que no están seguros todo el tiempo y en ningún lugar, al tiempo de que se tiende a normalizar la violencia y existen dificultades para acceder a los mecanismos de justicia, además de que gritar y golpear sigue siendo parte de la crianza.

Sobre estos resultados, la organización plantea impulsar una agenda legislativa que mejore la normatividad en materia de prevención, prohibición, atención, restitución y acceso a la justicia de las y los menores, la prohibición para eliminar el castigo humillante, homologar las leyes estatales con las federales y reforzar la capacitación de servidores públicos, particularmente los primeros respondientes, además de una campaña de concientización en los municipios.

Durante el encuentro en el que estuvieron las diputadas Mónica Miriam Granillo Velazco y Miriam Escalona Piña, participaron Olga María Esquivel, secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niños y Niñas y Adolescentes, Cristel Yunuen Pozas Serrano, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México.

Asimismo, Nayelli Arenas Morales, de Mujeres Ecatepenses por los Derechos Humanos, Flor Camacho Trejo de WVM, así como Ana Patricia Rangel López, oficial de Incidencia en Género y Derechos Humanos en Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, A.C.