Resalta Maurilio Hernández calidad del trabajo legislativo

• Al clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones, el Diputado Maurilio Hernández, enfatizó la relevancia del trabajo legislativo cualitativo, pues aseguró que se ha privilegiado un análisis exhaustivo, comprometido y responsable.

• Informó que durante los dos periodos ordinarios se han presentado poco más de 400 iniciativas.

• Llamó a seguir encontrando coincidencias para acabar con la injusticia, la falta de oportunidades, la inequidad, la violencia, el crimen y la inseguridad.

Al rendir el informe del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la LXII Legislatura mexiquense, en el que destacó la recepción de 183 iniciativas y la aprobación de 37 de ellas, el Diputado Maurilio Hernández González (MORENA), Presidente de la Directiva, resaltó el trabajo legislativo cualitativo y el análisis de las iniciativas, con las que se ha dado respuesta a las necesidades sociales, al mandato popular de transición política y al cambio sustantivo.

En sesión solemne de clausura, el parlamentario informó que, del 31 de enero al 7 de mayo del 2025, se celebró una junta preparatoria y 15 sesiones plenarias, en las que se recibieron las iniciativas de todos los grupos parlamentarios, así como de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, y en las que también se sometieron 59 puntos de acuerdo (31 aprobados), mediante los cuales se hizo un llamado fundado y motivado a instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal para el debido y oportuno cumplimiento de sus funciones.

Tras compartir que, durante los primeros dos periodos ordinarios, se han presentado poco más de 400 iniciativas y suman aproximadamente 600 (considerando a las que no precluyeron), el diputado valoró la relevancia cualitativa de los trabajos legislativos, pues aseguró que se ha privilegiado un análisis exhaustivo, comprometido y responsable, en un contexto político de transición que le da continuidad a la LX Legislatura (2018-2021) y LXI Legislatura (2021-2024). 

En este sentido, llamó a las y los legisladores a seguir encontrando coincidencias, para “caminar por la misma vereda” en la “transformación del estado de cosas”, para acabar con la injusticia, la falta de oportunidades, la inequidad, la violencia, el crimen y la inseguridad. 

Además, refirió que la tribuna fue utilizada sin restricciones, con apego a la ley, a la apertura y la libertad de expresión, pues los trabajos se fortalecieron con la pluralidad, el diálogo permanente y la capacidad de consenso, aunado a que se mantuvo una estrecha comunicación y coordinación con los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con los 125 municipios. 

Agradeció el apoyo de la Junta de Coordinación Política, presidida por el Diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (MORENA), y entregó el informe en formato impreso y digital, con la descripción de las leyes, decretos y acuerdos aprobados. 

Presentan en la Cámara de Diputados iniciativa para evitar la elusión fiscal mediante cambios de domicilio

• La finalidad es aumentar la recaudación fiscal y promover la cultura de responsabilidad en la sociedad: diputado Farías Bailón

El diputado Francisco Javier Farías Bailón (MC) presentó una iniciativa de reforma al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, en materia de prevención de la elusión fiscal.

La finalidad es aumentar la recaudación fiscal y promover una cultura de responsabilidad y legalidad en la sociedad, donde el cumplimiento de las obligaciones fiscales se considere una prioridad para el desarrollo y bienestar colectivo.

El documento, que fue turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, establece que tratándose de personas físicas se considera como domicilio fiscal cuando se realicen actividades empresariales, el local “o establecimiento en el que presten sus servicios o productos al público, desarrollen su actividad económica preponderante y generen la mayoría de sus ingresos”.

Además, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local “o establecimiento” que utilicen para el desempeño de sus actividades, “siempre que se encuentre en la ubicación donde presten sus servicios o productos al público, desarrollen su actividad económica preponderante y generen la mayoría de sus ingresos”.

En ningún caso el domicilio fiscal podrá establecerse en un lugar distinto a donde no existan operaciones efectivas y no se genere la mayoría de los ingresos del contribuyente; de lo contrario, las autoridades podrán realizar diligencias.

En su exposición de motivos, subraya que la elusión fiscal es una práctica que si bien no constituye un delito formal, genera un impacto negativo en la recaudación de ingresos públicos y representa un perjuicio para la hacienda pública. Además, no sólo afecta el presupuesto público, sino el crecimiento económico a largo plazo. 

La elusión fiscal, agrega, pone en desventaja a los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, lo cual crea un entorno fiscal desequilibrado y perjudica a las personas responsables, que impulsan el crecimiento económico, generan empleos y fortalecen la economía nacional. 

Destaca que, para que México pueda desarrollar un sistema fiscal justo, equitativo y sostenible, es esencial que todos los contribuyentes asuman su responsabilidad fiscal acorde con la realidad de sus ingresos y su actividad económica, toda vez que la evasión y elusión fiscal, además de representar una pérdida inmediata de ingresos públicos, erosionan el tejido social y la cohesión entre los ciudadanos y el Estado.

Por ello, esta reforma especifica que tanto para personas físicas y morales, el domicilio fiscal no podrá ubicarse en un lugar sin operaciones o establecimiento, para evitar que se eluda el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante prácticas de cambio o elusión de domicilio.

También se incluye la facultad de las autoridades fiscales de realizar diligencias en el domicilio fiscal declarado cuando existan dudas sobre su veracidad o cuando se presuma que el contribuyente ha declarado un domicilio distinto al lugar donde realmente realiza sus operaciones y obtiene sus ingresos.

En caso de que se detecte que el domicilio fiscal declarado no corresponde a la realidad operativa y económica del contribuyente, las autoridades podrían intervenir para verificar el cumplimiento de la normativa, lo cual fortalecerá la recaudación, transparencia y la justicia fiscal en el país.

De igual forma, permitiría que los impuestos locales se distribuyan de manera equitativa y proporcional en las comunidades que realmente soportan la actividad económica de las empresas, fortaleciendo la capacidad de los gobiernos locales, para financiar servicios públicos de calidad y atender las necesidades de sus ciudadanos y de las mismas empresas.

Proponen en la Legislatura Local reducir requisitos para elegir a persona rectora de la UAEMÉX

* El diputado Octavio Martínez (MORENA) planteó omitir la obligación de “prestación de servicios de jornada completa al menos un año antes inmediato a la elección”.
* La limitante excluye a candidatas y candidatos con trayectorias destacadas.

Para permitir que el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX) diseñe procesos de selección de la persona rectora, que equilibren el principio de apertura democrática con la necesidad de preservar la identidad y gobernabilidad de la institución, con respeto pleno a la autonomía universitaria, el Diputado Octavio Martínez Vargas (MORENA) propuso eliminar el requisito de “prestación de servicios de jornada completa al menos un año antes inmediato a la elección”.

La iniciativa de reforma a la Ley de la UAEMEX reconoce que este requisito busca garantizar el arraigo institucional de la o el aspirante, pero en la práctica representa una limitante innecesaria, que excluye a candidatas y candidatos con trayectorias destacadas y capacidades idóneas para liderar la institución.

La propuesta detalla que instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al menos 12 instituciones autónomas en otras entidades federativas han adoptado procesos de selección, para su rectoría que no contemplan un criterio restrictivo de antigüedad o de prestación de servicios de jornada completa, al menos un año antes inmediato a la elección, privilegiando en su lugar la idoneidad del perfil, la experiencia académica y la capacidad de liderazgo, permitiendo procesos democráticos más amplios y abiertos.

“Por lo tanto, modificar la fracción VI del artículo 29 de este ordenamiento no pondría en riesgo la estabilidad institucional de la UAEMEX, sino que abriría la posibilidad de que se postulen perfiles diversos, con competencias y visiones estratégicas, que fortalezcan su misión educativa y de servicio social”, señala el documento.

Al criticar que la iniciativa debió consultarse con la comunidad universitaria y presentarse en otro momento, la Legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) señaló que: “hay muchas fuerzas externas a la UAEMEX que buscan intervenir en ella y debilitarla”, por lo cual llamó a personas legisladoras, funcionarias y servidoras públicas no interferir en el proceso interno de la institución educativa, y abstenerse de cualquier acto de promoción o presión durante la sucesión de la titularidad de su rectoría.

Compartió que, la Contraloría municipal de Toluca, inició una investigación a los directores de gobierno y planeación del ayuntamiento, por su presunta intervención en el proceso de sucesión, y refirió que el Órgano Interno de Control de la UAEMEX ha solicitado que no exista promoción adelantada de aspirantes y no se utilice propaganda institucional, recursos públicos o programas sociales con fines proselitistas.

Plantean iniciativa para aumentar penas por abuso sexual y violación en espacios públicos y transporte

• Diputada y diputado del PVEM proponen adicionar una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal

La diputada María del Carmen Pinete Vargas y el diputado Jorge Luis Llaven Abarca, del PVEM, presentaron una iniciativa para aumentar hasta en una mitad las sanciones penales para los delitos de abuso sexual y violación cuando se cometan en lugares públicos, establecimientos mercantiles, vía pública, así como en el transporte público y privado.

La propuesta, que adiciona una fracción VI al artículo 266 Bis del Código Penal Federal, expresa que el objetivo es establecer una agravante a esos delitos y hacer frente a la violencia sexual que sufren las mujeres, niñas y adolescentes por la falta de medidas de seguridad adecuadas y la normalización de la violencia de género.

Explica que la violencia en espacios públicos es una problemática alarmante, pues cada año aumentan las cifras y se ha vuelto “normal” encontrar casos que dan cuenta de esas agresiones, que se cometen en todo tipo de espacios, desde centros nocturnos hasta escuelas, exponiendo que esta violencia afecta a mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y niñas.

La violencia sexual contra las mujeres “no se da de forma accidental, es resultado de una discriminación arraigada y no muchas veces percibida”, y ha provocado la pérdida de su capacidad para disfrutar sus derechos y libertades.

Señala que, a pesar de los avances significativos en el reconocimiento formal de sus derechos y la igualdad de género, las mujeres en México enfrentan desigualdades económicas, sociales y marginación, muchas sufren violencia física, psicológica y sexual.

Indica que es un problema sistémico derivado de las desigualdades de género arraigadas en la sociedad mexicana, por lo que es necesario establecer medidas urgentes para prevenirla, erradicarla y que se sientan seguras en cualquier espacio, especialmente en el público, lo cual es indispensable para el ejercicio pleno de sus derechos y libertades.

En 2021, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares demostró que el 70 por ciento de las mujeres encuestadas de 15 años y más había experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, y la violencia sexual es la segunda con mayor prevalencia.

Asimismo, las llamadas de emergencia por abuso sexual y acoso u hostigamiento llegaron a un máximo histórico, ya que hubo 6 mil 977 llamadas por abuso sexual y 11 mil 323 por hostigamiento; entre enero y noviembre de 2022 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registró 21 mil 615 delitos de violación.

La Encuesta de Victimización Prevalencia e Incidencia Delictiva, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mostró que en 2021 las mujeres eran más vulnerables, pues por cada 10 delitos sexuales cometidos contra ellas, hubo uno cometido contra hombres.

Proponen disminuir la edad para ser diputada o diputado

 

El objetivo es promover la participación de las y los jóvenes en el quehacer legislativo

La propuesta impulsada por Corona Nakamura plantea reformar el artículo 55 constitucional

Con la finalidad de promover la participación de las y los jóvenes en el quehacer legislativo, la diputada María del Rocío Corona Nakamura (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 55 de la Constitución Política.

La propuesta enviada para su análisis a las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, de Puntos Constitucionales, y de Gobernación y Población, busca establecer que para ser diputada o diputado se deben tener 18 años de edad cumplidos el día de la elección.

De acuerdo con la iniciativa, con esta adecuación normativa se busca eliminar cualquier acto discriminatorio en contra de las y los jóvenes al permitirles el derecho de ser votados y abonar en el proceso de profesionalización que requieren los actores políticos del país.

Al llevar a cabo esta reforma, todos los congresos locales se verían en la necesidad de armonizar sus ordenamientos con lo establecido en nuestra Constitución y crecerían las posibilidades de que se redujera también la edad para acceder al cargo de diputadas o diputados locales.

El documento argumenta que es fundamental que la juventud tenga una participación real y efectiva por un cargo de representación popular en la vida política y democrática, como es el de legisladora o legislador ya sea federal o local.

La diputada Corona Nakamura considera que la edad actual para poder acceder a una diputación federal deja al margen y excluye del disfrute del derecho de ser votado a nuestra población de entre 18 y 20 años de edad; esto representa, según cifras oficiales, al menos el 4.13 por ciento de nuestro padrón electoral, es decir, aproximadamente a 3 millones 603 mil 40 jóvenes.

Enfatiza que son casi cuatro millones de jóvenes que ya tienen el derecho de votar y que también deberían poder ser votados para acceder al cargo de diputada o diputado local o federal, pero que injustificadamente se les niega esa posibilidad.