Plantean reformas a Ley General de Salud para evitar el consumo de alimentos ultraprocesados

• La propuesta incorpora al marco normativo su definición e impulsa campañas de concientización sobre sus riesgos: Diputado Varela Domínguez (MORENA)

El Diputado Juan Carlos Varela Domínguez (MORENA) impulsa una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 114 y 115 de la Ley General de Salud, a fin de evitar el consumo de alimentos ultraprocesados y generar campañas de concientización sobre los riesgos y efectos negativos.

La propuesta, turnada a la Comisión de Salud, establece el concepto de alimentos ultraprocesados, los cuales son productos alimenticios elaborados industrialmente a partir de sustancias derivadas de otros alimentos, caracterizados por ser altos en calorías, grasas saturadas, azucares y contener aditivos conservantes, colorantes, edulcorantes, potenciadores de sabor.

Así como, ingredientes que han sido sometidos a varios procedimientos previos como la hidrogenación, fritura, hidrólisis de proteínas y refinación o extrusión de harinas o cereales y a procesos que induzcan a la pérdida de calidad y propiedades nutricionales de los alimentos de base, considerándose productos perjudiciales para la salud.

La reforma también contempla que la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y las entidades federativas, concienticen a las empresas de alimentos ultraprocesados sobre los daños ocasionados a la salud y las exhorta a reformular la elaboración de estos productos.

Además, a generar campañas de concientización sobre los riesgos y efectos negativos contra la salud, ocasionados por la elaboración, distribución y consumo de productos ultraprocesados.

El legislador considera que estas modificaciones son de vital importancia, toda vez que hay estudios que relacionan el consumo de alimentos ultraprocesados con la prevalencia de la obesidad, pues estos productos aportan gran cantidad de azúcares libres y grasas saturadas.

Subraya que cada persona anualmente consume cerca de 215 kilogramos de comida chatarra y que México lleva más de un lustro con el índice de obesidad y de consumo de ultraprocesados más elevado de Latinoamérica y el Caribe, lo que coloca al país en una gran desventaja ante enfermedades.

Destaca que los alimentos ultraprocesados más comunes son los cereales de desayunos, zumos de frutas envasados, yogures de sabores, sopas enlatadas, deshidratadas e instantáneas, margarinas, mezclas para pasteles, patatas fritas, bebidas gaseosas, galletas, caramelos, mermeladas, salsas, helados, chocolates, fórmulas infantiles, salchichas y nuggets.

El documento detalla que si bien desde 2009 aparece el término “ultraprocesado” no ha cesado de crecer la evidencia científica que asocia el consumo de estos alimentos con el aumento de enfermedades cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, respiratorias, cáncer, etcétera.

En este sentido, apunta que se han realizado estudios que indican que una alta ingesta de alimentos ultraprocesados induce disbiosis en la microbiota intestinal y el riesgo de desarrollar depresión. Además, este riesgo resulta ser mayor entre aquellas personas con menor nivel de actividad física.

El Diputado Varela Domínguez menciona que otro factor en el consumo de este tipo de productos alimenticios es la mercadotecnia, ya que ofrecen un mayor tamaño de raciones a precios bajos, lo que hace que los alimentos ultraprocesados sean muy accesibles.

Indica que diversos estudios relacionan la situación socioeconómica de la población con el consumo de este tipo de productos, de ahí la importancia de adecuar la Ley General de Salud y, con ello, concientizar a la ciudanía y empresas sobre el riesgo de su ingesta.

Proponen eliminar del Código Penal Federal el delito de “peligro de contagio”

* Se busca fortalecer los derechos humanos de personas que viven con VIH y Sida, señala en una iniciativa la Diputada Hernández García (MC)

Con el propósito de no socavar los derechos humanos y evitar la discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) y Sida (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), la diputada Laura Hernández García (MC) planteó derogar el artículo 199 bis del Código Penal Federal, que se refiere al delito de “peligro de contagio”.

El artículo que se pretende derogar establece que el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa.

Además, si la enfermedad fuera incurable será de seis meses a cinco años de prisión, y cuando se trate de cónyuges, concubinarios o concubinas, sólo podrá procederse por querella del ofendido.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, considera que esta descriminalización contribuye a eliminar barreras que limitan la prevención y detección oportuna del virus. Además, fortalece las medidas de política pública que abonan al combate de la pandemia del VIH en el marco de la salud pública.

Expresa que el VIH constituye un problema de salud pública y de derechos humanos que, a 2023, afectaba a 39.9 millones de personas alrededor del mundo, y quienes, debido al estigma y discriminación, ven violentados sus derechos humanos y enfrentan barreras para ejercer sus derechos y acceder a servicios de salud que les permitan un tratamiento adecuado.

Esas barreras, destaca, significan violencia institucional, por lo que es necesario derogar el artículo 199 Bis del Código Penal Federal, pues el delito por peligro de contagio “no puede seguir vigente”.

Se pronunció por construir una nueva perspectiva en torno al VIH, el Sida y las personas que viven con esta condición, con una cultura basada en la información que fomente la no discriminación, el trato igualitario, la prevención y la realización de pruebas.

Explica que de los 33 códigos penales que operan en México, 27 prevén el delito de peligro de contagio, que suele usarse contra personas con VIH, por lo que esta propuesta es un primer paso para que se derogue en los estados donde aún existe.

Refiere que el punitivismo y la criminalización tienen diferentes consecuencias para las personas que viven con VIH, como la pérdida del empleo o la vivienda, que se les orille a vivir aisladas de sus familias y de la sociedad, así como ser objeto de violencia física.

Coloca a las personas seropositivas --en especial a las mujeres-- en una situación de mayor riesgo de violencia y abusos, e ignora la realidad de que es posible que algunas carezcan de la capacidad para revelar su estado serológico o no están en condiciones de negociar con su pareja el uso de preservativo.

Agrega que esa criminalización restringe la respuesta institucional al VIH en materia de salud pública, pues provoca que menos personas acudan a servicios de salud a realizarse pruebas de detección para evitar ser visibilizadas, diagnosticadas o castigadas, lo cual no ayuda a que, en caso necesario, inicien el tratamiento o compartan su diagnóstico.

La enfermedad no sólo afecta a quien vive con el virus; también a sus familias y a quienes forman parte de su entorno social. Por eso es necesario que no exista ninguna figura penal que vulnere sus derechos humanos y su acceso a servicios de salud.

La perspectiva de la respuesta al virus debe enfocarse en la salud pública, no en el punitivismo, enfatiza.

Piden vigilar el “Buen Fin” para evitar publicidad engañosa

* Alejandro Castro Hernández, Legislador del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un punto de acuerdo para que las secretarías estatales vigilen este evento

* Solicita que se garanticen ofertas reales, seguridad y transporte público para la población

El Diputado Alejandro Castro Hernández (PRI) presentó un punto de acuerdo, en la LXII Legislatura Mexiquense, a fin de exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico, y con acciones concretas garantice que los descuentos y promociones, durante el “El Buen Fin 2024”, sean respetados por los más de 19 mil establecimientos que los ofrecen.

En su punto de acuerdo, el legislador solicita medidas para que no se realicen campañas de publicidad engañosa, descuentos simulados u otra estrategia publicitaria que afecten los derechos de los consumidores mexiquenses.

El exhorto también incluye a la Secretaría de Movilidad para que, del viernes 15 al lunes 18 de noviembre, amplíe los horarios de operación del transporte público, con apoyo de sus concesionarios, para que las y los consumidores puedan trasladarse.

También se solicita a la Secretaría de Seguridad que refuerce los operativos de prevención al delito, tanto en centros comerciales, como en el transporte público, para garantizar la seguridad la población y la de sus bienes.

En el documento señala que, desde su creación, en el 2011, “El Buen Fin” busca apoyar la economía de las familias, de los pequeños y medianos negocios, así como la adquisición de productos a precios bajos y con descuentos considerables, por ello, las ofertas deben ser reales, sin simulación, ni abusos.

Agregó que en la entidad se proyecta un consumo estimado en 18 mil millones de pesos, de los cuales, más de siete mil millones de pesos se quedarán en el Valle de Toluca, con lo cual se beneficiarán a 4.8 millones de empresas y negocios en diferentes rubros.