• Trabajará de manera conjunta con la Comisión de Reforma
Política-Electoral.
• Diputadas y diputados intercambian opiniones sobre la
prisión preventiva oficiosa.
La Comisión de Puntos Constitucionales, presidida por el
diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (MORENA), aprobó con 20 votos a favor, 12 en
contra y 2 abstenciones, el acuerdo sobre el mecanismo para la discusión
interna de las iniciativas constitucionales en materia de reforma
política-electoral.
Robledo Ruiz indicó que el acuerdo es un instructivo de
trabajo para procesar el estudio, la discusión y, en su caso, la dictaminación
de las iniciativas que existen, empezando por la del presidente de la
República, las de los grupos parlamentarios del PT y del PAN, así como las que
en lo individual han presentado diputadas y diputados.
En las comisiones que tienen la tarea de dictaminar, como
son la de Reforma Política-Electoral y la de Puntos Constitucionales, hay 42
iniciativas. Mencionó que se propone marcar tiempos para recibir de todas las
diputadas y diputados de esta instancia legislativa, las opiniones que deseen
para poderlas condensar, integrar y circular.
Precisó que en una fecha que se acuerde, se busca arrancar
el proceso de trabajo de discusión, y aclaró que la Comisión de Reforma
Política-Electoral será la encargada de realizar el borrador de dictamen; no
obstante, “nos autorizamos a sesionar de manera conjunta, cuando la oportunidad
del proceso legislativo lo permita”.
Expuso que el propósito es darse plazos muy laxos y
autorizarse a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Reforma
Política-Electoral, una vez que “concluyeron los foros del Parlamento Abierto
acordados por la Junta de Coordinación Política y estamos a la espera de la
compilación de los mismos”.
Desde plataforma digital, la diputada Laura Lorena Haro
Ramírez (PRI) dijo estar en contra del acuerdo, ya que tiene imprecisiones, al
no señalar fechas claras, “pues la discusión de la vida democrática del país no
puede sujetarse solamente a que en el mes de septiembre se reciban las
aportaciones y los comentarios de las fracciones parlamentarias, sin hacer un
análisis real y exhaustivo de las conclusiones del Parlamento Abierto; no puede
ser votada fast track”.
Por MORENA y vía telemática, la diputada Irma Juan Carlos
pidió contemplar la iniciativa que presentó sobre la participación política de
los pueblos indígenas y afromexicano, para que se pueda dictaminar de manera
conjunta con la del presidente y de los grupos parlamentarios del PAN y del
PT.
El diputado Pedro Vázquez González (PT), vía digital,
argumentó que ya se han hecho aportaciones y hay suficiente discusión, debate y
propuestas, “por lo que veo innecesario que se posponga la aprobación del
acuerdo”.
Acuerdo para la discusión de la reforma política-electoral
El acuerdo precisa que las diputadas y los diputados de la
Comisión de Puntos Constitucionales podrán presentar por escrito o a través de
las cuentas de correo electrónico, las opiniones, reflexiones, instrumentos y
propuestas que correspondan a las iniciativas turnadas para su opinión, durante
el mes de septiembre.
Menciona que, previamente, se circularán los integrantes de
la Comisión de Puntos Constitucionales las conclusiones del Parlamento Abierto
sobre la materia.
En su oportunidad, deberá celebrarse sesión ordinaria de la
Comisión con el objeto de dar a conocer y, en su caso, disertar y discutir
sobre las opiniones, reflexiones, instrumentos y propuestas de las diputadas y
los diputados.
Relata que una vez que la Comisión haya celebrado la sesión
ordinaria referida, turnará de forma oficial las opiniones, reflexiones,
instrumentos y propuestas a que se refiere el acuerdo, a la Comisión de Reforma
Política-Electoral para que sean consideradas e incorporadas en el proceso y
elaboración del dictamen de las iniciativas de reforma constitucional.
Además, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará de
manera conjunta con la Comisión Política-Electoral, con el objeto de discutir
y, en su caso, aprobar el proyecto de dictamen de reforma constitucional en
materia electoral.
Prisión preventiva
En asuntos generales, el diputado Robledo Ruiz indicó que
desde hace años existe en la Constitución la figura de la prisión preventiva
oficiosa, pero ante la propuesta de un ministro de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para eliminarla, “es indispensable estudiar y ponderar una
posición sobre el tema”.
Destacó que, desde el punto de vista de los derechos
humanos, algunos piensan que no debe existir y, desde el punto de vista de
otras razones del Estado como la seguridad interior y la seguridad pública, “es
necesario que algunas personas aún sin la sentencia, reincidentes o muy
peligrosas, lleven su proceso penal en reclusión provisional”.
Argumentó que modificar, cambiar o suprimir la Constitución
es una tarea exclusiva y propia del Congreso mexicano y del constituyente
permanente. “Es un asunto de la mayor importancia para la vida y la salud de la
República; me parece que afecta a las instituciones republicanas una
intromisión de esa naturaleza por parte de la Corte y que debe preocupar a
todos”, añadió.
Desde plataforma digital, la diputada Susana Prieto Terrazas
(MORENA) planteó analizar la Constitución y los convenios internacionales. “Hay
que revisar el catálogo de los delitos que se pueden determinar graves y
establecer una sanción en contra de los jueces que dicten prisión preventiva
cuando no se trate de esos delitos; hay libertad y discrecionalidad hacia los
jueces para aplicarla”.
Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, subrayó que la figura
de prisión preventiva oficiosa tiene un rol institucional relevante, pero en el
contexto actual y en el contenido de la Constitución debe replantearse. Añadió
que si la Corte tomara una decisión unilateral “tendría un efecto terrible y
habría una impunidad más profunda. Es oportuno que podamos entrar a un análisis
y estudio serio de cuál será la forma en que subsistirá la prisión preventiva”.
El diputado del PT, Jorge Luis Llaven Abarca, sugirió defender
la autonomía del Poder Legislativo, “más allá de cumplir los acuerdos
internacionales en el respeto a los derechos humanos, abrir la posibilidad de
que se modifique el precepto constitucional por una vía que no es la que el
proceso mismo marca; creo que estamos ante un riesgo muy grave”.
Por MORENA, la diputada Andrea Chávez Treviño dijo estar en
contra de la intromisión a la esfera del Poder Legislativo que en diversas
ocasiones ha promovido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que ameritaría
“en el futuro realizar un espacio de reflexión sobre el fondo del tema respecto
a la supremacía constitucional”.
La diputada Yeidckol Polevnsky Gurwitz (MORENA) mencionó que
es indispensable que la Comisión de Puntos Constitucionales haga un pronunciamiento
que deje en claro cuál es la posición. “No estamos en contra de los derechos
humanos, lo que no aceptamos es la intromisión de ningún otro poder en una
tarea que es exclusiva del Congreso mexicano; nos corresponde a nosotros
legislar una reforma constitucional de esta magnitud. Es urgente hacer reformas
al Poder Judicial y analizar el tema de la prisión preventiva”.
