Fiscalía de Chihuahua, fábrica de culpables, pruebas y amenazas de muerte

Mexico Violento, Narcopolítica, corrupción y más de lo mismo, Violencia contra las mujeres Por Guadalupe Lizárraga

LOS ÁNGELES.- “Querían que dijera que la señora Marisela y yo trabajábamos para el cártel de Sinaloa, que éramos gente del Chapo Guzmán”, denuncia en su testimonio, Manuel García, quien ayudaba voluntariamente a la asesinada Marisela Escobedo mientras ella exigía justicia a las autoridades de Chihuahua por el crimen de su hija Rubí Marisol Frayre. El testimonio de García revela amenazas de muerte y la intención fabricar pruebas por parte de la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, de la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Una semana después del asesinato de Marisela Escobedo perpetrado el 16 de diciembre de 2010, a través del “comandante Santacruz”, la fiscal Rosa María Sandoval, intimidaba a Manuel García para que cambiara su declaración ante el Ministerio Público e incriminara a Marisela Escobedo y a sí mismo, como miembros del cártel de Joaquín “Chapo” Guzmán. La relación la podrían fabricar, a raíz de una narcomanta aparecida la madrugada del 21 de diciembre, en Ciudad Juárez, de la supuesta autoría de este cártel en la que se solidarizaban con los familiares de Escobedo, y pedían información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino confeso de Rubí Marisol. La negativa de García a “manchar la memoria de Marisela Escobedo” fue el motivo de la amenaza de muerte y la retirada de la protección policíaca, según confiesa. Si aceptaba cambiar su declaración, “la fiscal lo podía mandar hasta China, si quería”, dice en su testimonio, porque el comandante le insistía en que “la fiscal lo podía ayudar y darle protección, si también él la ayudaba a ella”. Fue cuando un agente de la Policía Ministerial, lo amenazó de enviarlo a “Monterrey, a Puebla o a Guadalajara, y en esos lugares, nadie lo iba a proteger”. García tuvo que salir de Ciudad Juárez por sus propios medios para salvar su vida y con la orientación jurídica de dos organismos de derechos humanos locales que guardamos su identidad por seguridad a sus miembros. Primero, fue a Torreón buscando refugio, de donde llamó a Norma Ledezma, de la organización Justicia para nuestras hijas, pidiendo ayuda. Ledezma respondió que sólo podía enviarle mil pesos para “rentar un lugar y comer”, pero que ya no lo podía ayudar más. Después de varios meses, la esperanza de encontrar un apoyo más sólido volvió a Manuel García. El 9 de junio de 2011, la marcha ciudadana de Javier Sicilia, activista por la muerte de su hijo, tenía lugar en Ciudad Juárez. Manuel sabía de la lucha de Sicilia, por lo que comentaba Marisela Escobedo. Sin embargo, su esperanza no logró concretarse en apoyo, porque “en medio de tanta gente, no había posibilidades de contarle mi problema”, dice. Con la ayuda de los organismos de derechos humanos locales pudo viajar a Ciudad de México y mantenerse bajo protección. Pero el acoso no cesaba, y pese a que varias veces le ayudaron a cambiar su número de celular, la Policía Ministerial de Chihuahua volvió a llamarle, intimidándolo para que aceptara involucrar a Marisela Escobedo con el narcotráfico. Manuel García afirma que junto con Marisela Escobedo, antes de ser asesinada, y el hermano de ella, entregaron toda la información investigada a la fiscal Rosa María Sandoval Chávez, incluyendo un CD con tres canciones grabadas por el asesino Sergio Rafael Barraza. La letra de estas canciones narraba cómo había asesinado a Rubí Marisol, “y todo lo que le había hecho”, afirmó García, quien él mismo llegó a escucharlas. Pero a la fiscal Sandoval, eso no le interesó, ni la nueva evidencia ni la investigación que Escobedo realizaba con sus propios esfuerzos. Así que, frente al comandante mencionado, según el testimonio, decidió destruir el CD, junto con otras dos copias. La investigación de las ahora víctimas también incluía evidencias de que el asesino Sergio Rafael Barraza se encontraba en Fresnillo, Zacatecas; y precisaron, ante la fiscal, el domicilio. La información fue desestimada de inmediato por Sandoval, porque dijo que ella estaba en comunicación con la madre de Barraza, y le había dicho que su hijo se encontraba en Estados Unidos. El 22 de agosto de 2011, la funcionaria de la fiscalía responsable de investigar los feminicidios insistió todavía en crear falsas pistas de investigación en el caso de Marisela Escobedo. Declaró a la prensa mexicana, a través de un comunicado conjunto con el Instituto Chihuahuense de la Mujer, dirigido por Emma Saldaña, que algunos de los casos “podrían estar relacionados con el crimen organizado”. En aquel momento, enfatizó Sandoval que “el modus operandi con que se perpetraron algunos feminicidios, como el uso de armas de grueso calibre, tortura y mensajes de grupos criminales”, podrían ser evidencias de esta relación. Y con una afirmación contundente, que hoy podríamos interpretar como demagógica, concluyó la funcionaria que "la Fiscalía está investigando esos y todos los casos de homicidios de mujeres para esclarecer las causas, así como detener y procesar a los responsables". La responsable legal de uno de los organismos de derechos humanos de Ciudad Juárez que apoyó a Manuel García confirmó a Los Ángeles Press que sí tenía conocimiento de las amenazas directas por parte de la fiscal al joven. “Un muchacho muy humilde, que necesitaba mucha ayuda y nadie lo escuchaba”, dijo, por lo que se decidió solicitar el apoyo de otra organización y actuar con rapidez para salvar la vida de García, enviándolo a la Ciudad de México. Al entrevistarlo sobre el hostigamiento del que era víctima, García confesó a la responsable de esta organización de la que nos reservamos su identidad, “que querían que dijera que Marisela Escobedo traficaba droga, y que si testificaba le conseguirían asilo en Estados Unidos”. Sostiene la defensora de derechos humanos que el mayor acoso que recibió Manuel García en Ciudad Juárez fue entre abril y mayo de 2011, que fue cuando ella intervino con su gestión para poder sacarlo de la ciudad. Pero también confirmó que este acoso continuó en la Ciudad de México, por lo que tuvieron que sacarlo del país. Concluye que “Manuel sí había dado a las autoridades de la fiscalía la ubicación precisa del asesino de Rubí Marisol, y las autoridades, en todo este tiempo, no lo han detenido”. Las irregularidades y delitos de la fiscalía

En la reunión con las madres de desaparecidas en las instalaciones de la fiscalía el pasado 12 de diciembre, Rosa María Sandoval Chávez aceptó públicamente el encubrimiento de información por negligencia de las autoridades, y dijo que se debía a que eran “funcionarios nuevos”. Este encubrimiento se refería a los cadáveres retenidos por años en la morgue. Sin embargo, no son pocas ni aisladas las irregularidades y delitos en los que ha incurrido la fiscalía del estado sobre los crímenes de niñas y jóvenes. La más frecuente es la de “perder” declaraciones para quitar líneas de investigación. Incluso se han perdido partes importantes de expedientes o no se entregan las copias completas a las madres de las víctimas. También existe como excusa “la falta de tiempo” por parte de la fiscalía para analizar cada uno de los expedientes o para tomar declaraciones de personas que están dispuestas a aportar información valiosa para las investigaciones. Un ejemplo de ello, es el caso de Adriana Sarmiento Enríquez, desaparecida el 18 de enero de 2008. El responsable de la Unidad de Personas Extraviadas y Ausentes, Ricardo Esparza Jurado, solicitó el 10 de noviembre de 2009 a la agente del Ministerio Público, Edith Acevedo Martínez, una constancia sobre la existencia de algún reporte de desaparecida que coincidiera con las características físicas que aportaba el informe forense en este caso. El expediente de Sarmiento dice textualmente “que Edith Acevedo contesta poco después que no se ha encontrado ningún reporte con esas características”, y la fecha es del 12 de noviembre de 2009. Adriana Sarmiento fue asesinada, según el análisis forense, en noviembre de 2008, y según la fiscalía encontró el cuerpo el 5 de noviembre de 2009, mismo día en que se llevaría a la morgue de Juárez. La desaparición de la joven Sarmiento fue publicado profusamente mediante pesquisas y medios digitales que se pueden constatar haciendo una simple búsqueda en Internet y dará los resultados por fechas. El reporte lo había puesto su madre Ernestina Enríquez desde el mismo día en que no volvió a casa. No había manera de no saber sobre su ausencia, y sin embargo, la agente Acevedo Martínez negó la existencia del reporte de la desaparecida al funcionario que lo solicitaba. En este mismo caso de Sarmiento, fueron entregados los restos a la madre el primero de diciembre de 2011, después de que se enterara por nuestro medio que el cadáver de su hija estaba en la morgue por años. La misma fiscal, Rosa María Sandoval, todavía negó la información a la madre hasta que a la noche del día siguiente se vio obligada a entregar el cuerpo. Ernestina Enríquez declaró destrozada que “en el celular de su hija aparecieron unos números de México y que hasta allá fueron a buscarla, haciéndose pendejos”, porque a su hija ya la tenían en la morgue. El caso de Brenda Berenice Castillo, desaparecida el 6 de enero de 2009, es contundente también en irregularidades y falta de profesionalismo y ética por parte de la fiscalía del estado. Cuando recién desapareció Brenda de 17 años, Irma Cornejo fue testigo visual y habló por teléfono a la fiscalía para avisar que había visto a la joven en el centro de Juárez, con dos hombres, y que ella iba golpeada y llorando. Pero no fue tomada su declaración en ese momento, y tiempo después, en marzo de 2009, el perito José Fernando Chávez solicitó, a través de oficio por escrito, a la funcionaria del Ministerio Público, Haydeé Guzmán, la elaboración de los retratos hablados de los presuntos agresores con la declaración de la testigo. Los dos retratos se realizaron con el número de oficio PGJE-UEIPAE-CDJ-646/2009 y se tomó oficialmente la declaración de la testigo. Sin embargo, para principios de septiembre de 2011 que Los Ángeles Press investigaba este caso, buscó la declaración de Irma Cornejo en la Unidad de de Desaparecidas para cotejarla con la información de nuevas pistas de la víctima. A dos años y medio, ya no existía ninguna declaración de la testigo Irma Cornejo. Incluso, las autoridades confirmaron que esa parte del expediente “se había perdido”. La omisión, la fabricación o la destrucción de evidencias han sido los delitos más frecuentes en las investigaciones sobre feminicidios por parte de los funcionarios de la fiscalía. Como lo hizo la fiscal Rosa María Sandoval con el CD de las canciones del asesino de Marisela Escobedo y su hija. Así también han desaparecido o ignorado varias de las declaraciones de algunas madres de víctimas que han recibido llamadas telefónicas presuntamente de sus hijas, y al aportar números y referencias, en declaraciones ante el Ministerio Público, la fiscalía no da seguimiento a los hechos. El cambio de competencias entre las dependencias gubernamentales también parecería ser un juego sucio para frenar las investigaciones y no sólo en casos recientes. El caso de Silvia Arce, desaparecida el 11 de marzo de 1998, ha sido ignorado por mucho tiempo, y se ha pasado de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía del Estado, quedando paralizado por completo. La fiscalía de Estado de Chihuahua también ha sido acusada de la fabricación de culpables, como da cuenta el testimonio de Manuel García sobre la fiscal Rosa María Sandoval. Muchos de los casos aparentemente resueltos contienen denuncias de tortura y errores judiciales, a los que difícilmente se puede tener acceso informativo, por las constantes amenazas de muerte y hostilidades a los investigadores. Amenazas que se han extendido a la responsable de esta investigación. Los familiares de las desaparecidas también son amenazados de muerte y algunas de estas amenazas las han intentado cumplir, según pone en evidencia el reciente atentado de Norma Andrade, madre de Liliana Alejandra García, asesinada a sus 17 años en febrero de 2001. Hay otros casos que aún pueden ser contados por los dueños de estas experiencias, por ejemplo, el caso de Nora Sarahí Castillo, quien buscaba con insistencia a su hermana Brenda Berenice, y en marzo de 2009, Nora fue amenazada telefónicamente por una voz masculina que le dijo “cuídate, porque ya sé dónde vives”. Pese a que puso la denuncia ante el Ministerio Público, en la que declaró tener miedo por su vida, no le dieron seguimiento. Y Nora dejó de buscar a Brenda. Las amenazas a Manuel García para que incriminara a Marisela Escobedo como narcotraficante, es sólo una parte de la gran madeja de corrupción, ineptitud e indiferencia de las autoridades investigadoras en los feminicidios de Juárez. Las madres están solas. Los márgenes de actuación de los defensores de derechos humanos están limitados por la hostilidad del poder. Y las desaparecidas, aún vivas, tienen muy pocas esperanzas de volver a casa.