El Secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez, pide se niegue el amparo a Emilio Lozoya y se le arraigue por actos de corrupción

• Indicó que la autoridad judicial debe de investigar el Amparo a este personaje ligado con financiamiento ilícito que presumiblemente usó para la campaña presidencial de Peña Nieto.

• Además exhortó a que se congelen sus cuentas bancarias, se identifiquen sus bienes inmuebles para impedir que sean enajenados, se garantice que responda a la justicia y que se castiguen todos sus actos de corrupción.

En el marco de la renuncia de Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la República,  el Secretario Electoral del Comité Nacional del PRD, Octavio Martínez Vargas afirmó que se va y deja pendiente el caso Odebrecht, uno de los casos de corrupción más grandes de nuestro país, por lo que exigió que no haya impunidad para Emilio Lozoya y se le castigue con todo el peso de la ley.
Después de conocer que el ex director general de Pemex,  Emilio Lozoya Austin solicitó un amparo contra la investigación de la FEPADE por presuntamente incurrir en financiamiento ilícito en las campañas electorales del 2012, el integrante del Secretario Electoral del PRD, Octavio Martínez Vargas, demandó que se le niegue el amparo a este personaje ligado a actos de corrupción para que responda ante la justicia mexicana. 
Martínez Vargas aseveró que la Procuraduría General de la República (PGR)  debe de actuar y  resguardar el patrimonio de Emilio Lozoya, congelar sus  cuentas bancarias, solicitar un arraigo y librar orden de aprehensión ante el flagrante y evidente acto ilícito.
Recalcó que incomprensiblemente se otorgaron contratos millonarios a esta empresa transnacional, por obras incluso inexplicables, sin licitación, asignadas de manera directa y las cuales nunca se realizaron o si se empezaron a cimentar quedaron inconclusas. 
Recordó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la formal denuncia contra Emilio Lozoya Austin por su posible participación en los sobornos de 10 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht entregó a cambio de contratos de obra pública y porque se presume que ese recurso lo utilizó en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en el año 2012.
Recalcó que la PGR debe de indagar minuciosamente el origen de esos 10 millones de dólares y su destino.
Asimismo requirió tanto a la Procuraduría General de la República como a Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) den un informe detallado sobre  los avances de las denuncias presentadas por el Partido de la Revolución Democrática.
Y a la autoridad judicial, apeló, liberar las respectivas órdenes de aprehensión  así como dictar las medidas precautorias, con la finalidad de solicitar se congelen sus cuentas bancarias y de igual forma impedir que los bienes inmuebles que tiene acreditados a su nombre se puedan escriturar  a un prestanombres.