Piden en Cámara de Diputados aplicar exámenes de control de confianza, médicos, toxicológicos y psicológicos en instituciones policiales

• La Diputada Greycy Marian Durán Alarcón (PT) presentó reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Diputada Greycy Marian Durán Alarcón, del PT, propuso reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de establecer, entre los requisitos para el ingreso y permanencia de los integrantes de las instituciones policiales, exámenes de control de confianza, médicos, toxicológicos y psicológicos.

La propuesta, que adiciona el artículo 48 Bis y reforma los artículos 77y 87 de dicha Ley, señala que las evaluaciones psicológicas deberán practicarse de manera periódica, con la finalidad de garantizar la estabilidad emocional, la idoneidad y la aptitud del personal para el desempeño de sus funciones.

Enfatiza que dichas pruebas forman parte de los requisitos de permanencia para todo su personal operativo y administrativo, los cuales deberán realizarse al menos una vez cada doce meses, o con mayor frecuencia cuando la naturaleza de las funciones o el resultado de las evaluaciones así lo ameriten para continuar en el servicio activo de las instituciones de seguridad pública. 

El documento, turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, puntualiza que las evaluaciones y programas tendrán carácter confidencial y preventivo, y deberán integrarse en el expediente profesional de cada elemento, sin perjuicio de los derechos laborales y humanos del evaluado.

Explica que el desgaste psicológico al que están expuestos los cuerpos policiales puede derivar en consecuencias graves: decisiones impulsivas en operativos, uso excesivo de la fuerza, desmotivación, o incluso afectaciones en su entorno familiar. 

Enfatiza que, a pesar de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla mecanismos de control de confianza, las evaluaciones psicológicas no se realizan de manera periódica ni con un enfoque preventivo, sino como un requisito inicial o reactivo.

Refiere que según la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP) de 2017, realizada por el INEGI, el 75.3 por ciento de los policías con funciones operativas había hecho uso de la fuerza en el desempeño de su trabajo.

En tanto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y sus homólogas estatales, reportaron en 2022 que ante sus ventanillas se tramitaron 54,248 quejas contra instituciones de seguridad pública, elementos del Ejército o de la Marina por motivo de brutalidad contra civiles.

Por ello, considera que es obligatorio realizar evaluaciones psicológicas periódicas a todos los elementos de las instituciones policiales, para detectar, prevenir y atender a tiempo cualquier afectación emocional o conductual que pudiera poner en riesgo el desempeño profesional o la integridad del propio elemento y de la ciudadanía.

Comisión de Seguridad Ciudadana emite opinión positiva a reforma que protege derechos de mujeres a una vida libre de violencia

* Modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Comisión de Seguridad Ciudadana, que preside la Diputada Jessica Saiden Quiroz (MORENA), emitió opinión en sentido positivo a la minuta que reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de medidas de protección y derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

La opinión, aprobada por unanimidad de 26 votos, fue remitida a la Comisión Dictaminadora de Justicia, para los efectos del artículo 69, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y una copia a la Mesa Directiva para actualizar los registros parlamentarios correspondientes.

Saiden Quiroz informó que la minuta fue turnada el viernes y se recibió hoy en esta instancia, para que se incluya en el dictamen que mañana se someterá a la consideración del Pleno.

Señaló que se busca avanzar en adecuaciones jurídicas que aún faltan para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y generar las condiciones sociales, económicas, laborales y políticas caracterizadas por la igualdad sustantiva.

Agregó que es importante articular medidas institucionales para atacar las principales problemáticas en materia de violencia contra las mujeres y uno de ellos que destaca el documento es prevenir el feminicidio, asegurar el acceso a la justicia y atender la violencia estructural.

Se subraya que el fenómeno de la violencia contra la mujer se ha revelado como una verdadera epidemia y que las medidas adoptadas hasta ahora han podido contener en cierta medida la problemática.

Agrega que los efectos de la violencia son irreversibles porque dañan profundamente la vida, la salud, la integridad y probidad de la sociedad, por lo que se requiere reforzar diversos marcos jurídicos.

Asimismo, reconoce la obligación de la Comisión para garantizar el principio de no violencia hacia cualquier persona, establecidos en la legislación mexicana y tratados internacionales en materia de derechos humanos y, por ende, los de las mujeres. Además, refiere que los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflija y garantizar su integridad.

Por lo anterior, considera que la propuesta de opinión debe ser valorada por la Comisión de Justicia en sentido positivo, para efecto de reformar en las legislaciones pertinentes las acciones específicas para garantizar y prevenir la violencia hacia las mujeres.

Plantean que el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia priorice asuntos de mujeres, niñas y niños

• Para ello, la Diputada Aguado Romero (MC) solicitó reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

La Diputada Paulina Aguado Romero (MC) promueve una reforma para que el Servicio Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia, bajo el número único 911, en coordinación con las entidades federativas atiendan prioritariamente los asuntos relacionados con la vida y seguridad de mujeres, niñas y niños. 

La propuesta, que plantea modificar el artículo 111 Bis de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, especifica que esta línea atenderá de forma urgente los asuntos relacionados a emergencias bajo los principios de rapidez y eficacia, tales como violencia, abuso, explotación o discriminación.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Seguridad Ciudadana para dictamen, considera que las llamadas a líneas de emergencia proporcionan una vía de escape y un acceso rápido a la ayuda y asistencia que necesitan las personas en situaciones de emergencia; es decir, pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Explica que el operador del 911 atiende la emergencia, recibe la información del llamante, coordina la respuesta adecuada y envía los servicios apropiados al lugar del incidente lo más rápido posible.

En su fundamentación, subraya que las llamadas a las líneas de emergencia otorgan una rápida respuesta de policías, bomberos, servicios médicos de urgencia y equipos de rescate, lo cual es crucial para salvar vidas y minimizar el daño en situaciones críticas, como accidentes de tráfico, incendios, delitos o emergencias médicas.

En este sentido, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la pandemia de Covid-19 las llamadas al servicio de emergencia 911 por casos de violencia familiar creció casi tres por ciento, al pasar de 925 mil 950 llamadas en 2020 a 949 mil 747 en 2021.

Ante estas cifras y tomando en cuenta que las niñas y los niños son particularmente vulnerables debido a su dependencia de las personas adultas y su limitada capacidad para protegerse a sí mismos, la respuesta rápida y efectiva de los servicios de emergencia puede ser crucial para garantizar su seguridad y bienestar.

La legisladora reitera la importancia de que las llamadas a las líneas de emergencia sean una herramienta rápida y efectiva en la protección y seguridad en momentos de crisis y peligro, especialmente de las mujeres, niñas y niños.

Impulsó Senado de la República reformas para reducir inseguridad en México

Se antepuso el interés superior de los habitantes del país, por encima de cualquier visión partidista: Comisión de Seguridad Pública

La Comisión de Seguridad Pública, que preside la Senadora Lucía Trasviña Waldenrath, afirmó que, con la emisión y actualización del marco normativo, el Senado de la República ha encaminado sus trabajos para atender las demandas de los ciudadanos que legítimamente piden la reducción de la inseguridad en el país.

En su Informe Final de Actividades, los integrantes de este órgano legislativo destacaron que están comprometidos para atender estos reclamos, por encima de cualquier visión partidista y anteponiendo el interés superior de todos los habitantes de México.

“Sabemos que siempre habrá áreas de oportunidad, ante una sociedad dinámica, en permanente cambio, y la complejidad de la maduración operativa de la norma y sus resultados”.

Subrayaron que las manifestaciones de inseguridad se han presentado de diversas maneras y que mutan con el tiempo, de ahí el reto de contar con un marco normativo que atienda a las constantes y variantes de estas manifestaciones, en un país altamente diverso.

Entre los proyectos aprobados por las y los integrantes de la Comisión están las reformas para mitigar los riesgos a la seguridad nacional, limitar el uso y circulación de sustancias químicas, específicamente aquellas susceptibles de ser utilizadas para la fabricación directa o indirecta de armas químicas.

De igual forma, se modificó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la creación y operación de la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes.

Las y los senadores también aprobaron los informes que presenta el Ejecutivo Federal de las actividades que desarrolla la Guardia Nacional.

En la LXV Legislatura se avalaron modificaciones para incorporar la representación de los municipios al Consejo Nacional de Seguridad Pública y generar políticas públicas encaminadas a erradicar y combatir los delitos desde la primera esfera gubernamental.

Entre otros temas, se aprobaron reformas para que la Federación, los estados y los municipios generen protocolos de Actuación de Primer Respondiente, es decir, regulaciones a los protocolos de autoridades que llegan primero al lugar de los hechos delictivos.

Además, se impulsaron cambios para que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública cuenten con las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de los primeros treinta días a su contratación. Y que las autoridades de los tres órdenes de gobierno procuren reconocer el derecho a la pensión por jubilación a los miembros que hayan cotizado por 20 años de servicio. 

En el informe de actividades se señala que es fundamental hacer una revisión permanente del marco jurídico, a fin de contar con mejores normas e impulsar su correcta aplicación por el área Ejecutiva del Estado, mediante una estrecha coordinación.

Proponen otorgar seguro de vida a las y los policías de entidades federativas y municipios

• Diputadas y diputados del PRD plantean reformar el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública

El grupo parlamentario del PRD, que coordina el Diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, impulsa una iniciativa que reforma el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que las instituciones de seguridad pública ofrezcan un seguro de vida a las y los integrantes de las corporaciones policiales de las entidades federativas y municipios.

La iniciativa, enviada para su análisis a la Comisión de Seguridad Ciudadana, busca blindar a las familias de las y los policías en caso de fallecimiento.

En su propuesta, las y los diputados del PRD refieren que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el último trimestre de 2020 se registraron aproximadamente 350 mil elementos distribuidos en todo el país.

Señalan que esta profesión es desarrollada principalmente por hombres, quienes conforman el 82.9 por ciento del total, mientras que las mujeres representan el 17.1 por ciento.

La distribución por edad de los elementos se concentra entre los 30-45 años, es decir el 46.15 por ciento, mientras que el 76.06 por ciento de las y los policías se encuentran casados o en unión libre, 18.52 por ciento solteros y el restante 5.42 por ciento separados o viudos.

Con respecto a las condiciones de trabajo, el 86 por ciento labora formalmente, mientras que el 14 por ciento restante no cuenta con prestaciones de seguridad social. Del total de formales, 35.35 por ciento cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 49.34 por ciento en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 15.30 por ciento en otras instituciones.

Respecto al ingreso, el 50 por ciento de las y los policías declaró ganar menos de 8 mil 942 pesos mensuales, en tanto que el ingreso promedio de todos los elementos es de 10 mil 316 pesos.

Ante este panorama, las y los diputados del PRD proponen reformar el marco normativo con el propósito de mejorar la situación laboral de los cuerpos policiacos y, por ende, su seguridad.

Aprueban comisiones actualizar protocolo nacional de actuación de primer respondiente

Los y las senadoras consideran que esta figura es fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación penal efectiva y justa.

Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, con modificaciones, una minuta de la Cámara de Diputados que reforma el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de protocolos de Primer Respondiente.

El documento adiciona una fracción XV a dicho artículo, a fin de establecer que la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán generar protocolos de Actuación de Primer Respondiente y acciones de capacitación continua sobre su aplicación, para garantizar su observancia permanente en beneficio de la población.

El documento detalla que el término Primer Respondiente en el Sistema de Justicia Penal es la autoridad con funciones de seguridad pública que llega primero al lugar de los hechos delictivos o al sitio del hallazgo de pruebas, objetos o instrumentos relacionados con un delito.

El senador Reyes Flores Hurtado, de Morena, mencionó que las modificaciones hechas a la propuesta de la colegisladora tienen el propósito de garantizar la actualización permanente del Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente y, lo más importante, garantizar la capacitación continua sobre su aplicación.

Lo anterior, atendiendo a que el papel del Primer Respondiente es fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación penal efectiva y justa, así como para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la preservación de la evidencia.

Los senadores de las Comisiones dictaminadoras determinaron modificar el proyecto de la colegisladora, para establecer la coordinación en la generación y actualización de un Protocolo Nacional de Primer Respondiente, lo que permitirá orientar la actuación de los servidores públicos que participan en los mecanismos y procesos que se han implementado con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Al respecto, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, mencionó que por la relevancia que tiene la figura de Primer Respondiente en el sistema penal acusatorio, es de vital importancia que la actuación de estos funcionarios esté regulada de manera uniforme.

El senador de Morena, José Narro Céspedes, calificó esta propuesta como “muy positiva”, porque especifica la concurrencia entre las facultades de la Federación, las entidades federativas y de los municipios respecto de la actuación coordinada del primer respondiente, conforme un Código Nacional de Procedimientos Penales.

Recordó que el Primer Respondiente es fundamental para garantizar que se lleve a cabo una investigación penal efectiva y justa, así como para proteger los derechos de las víctimas y garantizar la preservación de la evidencia.

Las Comisiones, que presiden la Senadora Lucía Trasviña Waldenrath y el Senador Rafael Espino de la Peña, aprobaron con modificaciones otra minuta de la Cámara de Diputados que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas.

El proyecto tiene como objeto armonizar el texto de la Ley Federal para el Control de Sustancias Químicas Susceptibles de Desvío para Fabricación de Armas Químicas con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, del 30 de noviembre de 2018 y el 20 de octubre de 2021.

Además, pretende homologar la legislación antes citada, con las modificaciones realizadas en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción que nuestro país ratificó el 9 de agosto de 1994, cuya vigencia inició a partir del 29 de abril de 1997.

El Senador Reyes Flores Hurtado explicó que las modificaciones a la minuta atienden a que, al confrontar la lista de sustancias de la iniciativa del Ejecutivo Federal con el contenido de la minuta se encuentran algunas discrepancias que de no corregirse representan un riesgo.

Avanzan en Comisión del Senado reformas para garantizar derechos de policías

• Dignificar el trabajo de éste sector, brindarles condiciones óptimas para su labor y seguridad en el desempeño de sus funciones, entre los objetivos del proyecto.

A fin de garantizar los derechos humanos y laborales de los elementos de las instituciones policiacas, la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que preside la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, aprobó un dictamen que tiene el objetivo de otorgarles seguridad social digna y justa. 

En su reunión del pasado 14 de diciembre, integrantes de este órgano legislativo aprobaron, por unanimidad, este proyecto que reforma la denominación del Capítulo I del Título Tercero y adiciona diversos artículos a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Se trata, explicaron en el documento, de dignificar el trabajo de los elementos policiacos, brindarles condiciones óptimas para su labor y seguridad durante el desempeño de sus funciones.

El dictamen establece que estos trabajadores deben recibir un trato digno y respetuoso de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos, así como el respeto de la comunidad a la que sirven.

También dispone que tienen que asistir y participar en cursos de capacitación, actualización, profesionalización y especialización, así como en aquellos que se acuerden con otras instituciones académicas nacionales y del extranjero, que tengan relación con sus funciones, conforme a la disponibilidad presupuestal y las necesidades del servicio. 

Además de “percibir una remuneración, de acuerdo con las funciones que desempeña, que determine el Presupuesto de Egresos correspondiente, así como las demás prestaciones de carácter laboral y económico que se destinen a su favor”, consideraron en el documento los senadores. 

Con las reformas que aprobó la Comisión Estudios Legislativos Primera, los elementos policiacos tienen derecho a gozar de las prestaciones y los servicios en materia de seguridad social, a recibir el uniforme y demás equipo de cargo reglamentario, sin costo alguno y en los términos que se establezcan en las normas respectivas. 

Y podrán ser sujetos de promociones, ascensos o reconocimientos, cuando su conducta y desempeño sea meritorio, de acuerdo con las normas aplicables y la disponibilidad presupuestal. Además, las reformas garantizan que reciban atención médica oportuna, sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber.

“En caso de extrema urgencia o gravedad, deberán ser atendidos en la institución de salud más cercana al lugar donde se produjeron los hechos”, agregaron las y los senadores en el dictamen.

Proponen crear un sistema de mensajes de alerta para la búsqueda y localización de menores de edad y mujeres

• La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) impulsa una iniciativa para ello.
• El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana implementaría y operaría el sistema.

Con el propósito de crear un sistema de mensajes de alerta para la búsqueda y localización de menores de edad y mujeres, a través del servicio de radiodifusión celular, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) propuso adicionar el artículo 129 Bis a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La iniciativa plantea que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana implementará y operará dicho sistema, de conformidad con el Protocolo de Alerta Común y los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Los concesionarios y, en su caso, autorizados del servicio móvil, de radiodifusión, y de televisión y audio restringidos deberán implementar la plataforma de comunicación correspondiente, con el fin de soportar el Protocolo de Alerta Común.

 El documento, remitido a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Comunicaciones y Transportes, argumenta que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) durante 2022 fueron reportadas como no localizadas y desaparecidas 20 mil 405 personas, de las cuales 39 por ciento son mujeres y 15 por ciento menores de quince años; de éstas, 61 por ciento eran niñas y adolescentes.

Resalta que en la mayoría de los casos las instituciones de procuración de justicia aún minimizan la desaparición de niñas y mujeres y retardan la investigación que, en vez de ser pronta y expedita, se convierte en un calvario para las familias que no cesa hasta encontrar a la víctima de desaparición, comúnmente sin vida, y lo logran presionando al estado cotidianamente o formando grupos de búsqueda civiles que siempre se encuentran en grave peligro de ser atacados por la delincuencia organizada.

La exposición de motivos de la iniciativa, suscrita por legisladores integrantes del grupo parlamentario, destaca que es necesario que toda acción para mejorar la actuación de las autoridades en los procesos, protocolos y alertas sea lo más inmediata y así aumentar las posibilidades de éxito para localizarlas.

Para ello, es posible hacer uso de tecnologías de la información, entre las que se encuentran las redes de telecomunicación, a fin de avanzar de manera exponencial en la materia, integrándolas a la seguridad pública, a la procuración y la administración de justicia en México.

 La creación de un sistema de mensajes de alerta para la búsqueda y localización de menores de edad y mujeres reportadas como desaparecidas, podría integrarse al Protocolo Homologado de Búsqueda PHB, igual que la Alerta Amber, con el objetivo de contar con mecanismos integrales de búsqueda que permitan atacar tan lacerante fenómeno en la sociedad mexicana, puntualiza.

Aprueban reformas que garantizan derecho a la seguridad a personas con discapacidad y grupos vulnerables

• Integrantes de instituciones de Seguridad Pública asistirán y participarán en capacitaciones de atención de calidad 

Con 480 votos a favor y cero en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de garantizar el derecho a la seguridad a las personas con discapacidad y los grupos vulnerables.

El documento, turnado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, refiere que las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios deberán promover la realización de acciones y programas de capacitación en materia de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Asimismo, establece que el Consejo Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana tendrá entre sus atribuciones promover la implementación de políticas y programas en materia de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables. Asimismo, deberán prevenir y erradicar violencia contra la mujer y las personas con discapacidad.

De igual manera, se estipula que los integrantes de las instituciones de seguridad pública asistirán y participarán en las capacitaciones que se lleven a cabo en relación con programas de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Con 474 votos a favor, se aceptó la reserva presentada por el diputado Ángel Miguel Rodríguez Torres (Morena) para incorporar en el artículo 20, fracción III, inciso B, la palabra “afromexicanos”, a fin de que se promueva la erradicación y la violencia a este sector.

Al fundamentar el dictamen, la diputada de Morena, María Magdalena Olivia Esquivel Nava, subrayó la coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la Federación, las entidades federativas y los municipios con la finalidad de promover acciones y programas de capacitación en materia de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables.

Añadió que las mismas atribuciones tendrá el Consejo Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, en cuanto a prevenir la violencia infantil, juvenil y contra la mujer y promover la erradicación de la violencia contra las personas con discapacidad dentro y fuera del seno familiar.

Enfatizó que “la seguridad es un derecho fundamental reconocido en diversos instrumentos internacionales y consagrado en el orden constitucional que se vincula directamente con la libertad y la igualdad sustantiva, por lo que se requiere de cuerpos de seguridad pública con perspectiva de género y capacitación en derechos humanos y atención a grupos vulnerables que garanticen una atención integral”.

A su vez, la diputada Mónica Becerra Moreno (PAN) argumentó que esta reforma tiene la finalidad que las instituciones de seguridad públicas del país promuevan la realización de programas de capacitación que permitan garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los grupos vulnerables.

“Hoy en día se deben velar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y los grupos vulnerables para que tengan un trato digno y exista una igualdad de condiciones, por lo que se requieren de políticas públicas que promuevan la capacitación en la materia y con ello tener un país más humano y donde las violaciones a los derechos humanos ya no existan”, aseveró.

Proponen jornadas laborales de máximo ocho horas diarias para las y los elementos de seguridad pública

• Además, descanso de un día por cada seis días y pago de horas extra.
• El diputado Agustín Carlos Basave Alanís (MC) planteó cambios a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con el propósito de regular los derechos laborales de las y los elementos de seguridad pública, el diputado Agustín Carlos Basave Alanís (MC) propuso reformar y adicionar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La propuesta plantea adicionar un artículo 45 Bis para establecer que las instituciones de seguridad pública garantizarán a las y los elementos de seguridad un régimen de jornadas laborales de máximo ocho horas diarias, debiendo respetar los días de descanso, que cuando menos será de un día por cada seis días laborales, prevaleciendo en todo momento la perspectiva de género para los casos de necesidad de servicio. 

Indica que, superada la jornada máxima de ocho horas, deberán pagarse las horas extra de servicio, sin exceder de tres horas diarias ni de tres veces en una semana. El acuartelamiento por razones de necesidad será considerado como horas extra. 

Señala que quedan prohibidas las jornadas laborales mayores a doce horas continuas. Excepcionalmente y por condiciones de necesidad en seguridad pública podrán exceder dicho plazo. 

Una vez que sea superada la eventualidad y las condiciones de necesidad de dicho plazo máximo laboral, la institución deberá compensar por cada hora excedida en horas de descanso de manera continua 

Asimismo, y en ninguna circunstancia podrán quitar días de descanso o de vacaciones para establecer sanción o corrección disciplinaria interna, o para actividades de capacitación, adiestramiento o evaluación. 

También se adiciona un artículo 46 Ter para precisar que las instituciones de seguridad pública de la Federación, entidades federativas y municipios, deberán instituir un sistema para recibir la información respecto a las denuncias o quejas que presenten sus elementos sobre el desempeño institucional de su unidad, región o zona, cuando pudieran constituir actos o hechos ilícitos en el cumplimiento de sus deberes y que se presuma un abuso por parte de un mando superior o jerárquico.

Dicha información será remitida trimestralmente al Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

El documento, turnado a las comisiones de Seguridad Ciudadana y de Trabajo y Previsión Social, refiere que “en muchos casos, las condiciones de trabajo en las que se desempeñan los policías pueden traducirse en violaciones a sus derechos humanos, ya que prevalecen las jornadas de 24x24 (veinticuatro horas de jornada laboral por veinticuatro horas de descanso) que impiden el pleno desempeño de los policías y amenazan su integridad física y psicoemocional”.

Recalca que los horarios tan extensos tienen consecuencias físicas, mentales y de salud. Los elementos de seguridad pública que laboran jornadas amplias tienen repercusiones en su organismo, especialmente en su estado de ánimo que les ocasiona depresión, trastornos del sueño y ansiedad, enfermedades cardiacas, hipertensión, sobrepeso, diabetes, fatiga crónica, así como afectaciones al corazón y la vista. 

Subraya que, ante una falta de homogeneidad en las condiciones laborales, así como en los derechos de las y los policías de los tres órdenes de gobierno, “se propician condiciones de discrecionalidad y abusos que permiten a los mandos establecer jornadas laborales contrarias a lo que señala la Constitución y los parámetros internacionales”.

Por ello, indica, la iniciativa tiene el objetivo de fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, garantizando el respeto a los derechos humanos de sus elementos, a través del establecimiento de un criterio homogéneo para las jornadas laborales policiacas.