Deuda pública creció en las últimas tres décadas, destaca estudio del IBD

* Hasta agosto de 2024, la deuda neta del sector público federal se ubicó en 16,660,155.3 millones de pesos, monto equivalente al 50.5% del PIB

* Para reducir la deuda pública, sería necesario impulsar alternativas que permitan incrementar de forma equilibrada y fiscalmente sostenible los ingresos públicos

Durante el período 1994-2024, la deuda neta del sector público federal mantuvo una tendencia mixta en términos reales, tanto en valores absolutos, como en la proporción que representa respecto al Producto Interno Bruto (PIB); en el período 1994-2007 dicha variable tuvo una tendencia predominantemente decreciente, mientras que durante 2008-2024 su tendencia fue predominantemente creciente, según un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

La investigación titulada “Evolución de la deuda neta del sector público federal en México durante las últimas cinco administraciones federales, 1994-2024”, elaborada por el investigador Jaime Arturo Del Río Monges, señala que en el último año de gobierno del Presidente Salinas de Gortari (1994), la deuda neta del sector público federal representó el 28.5% del PIB, mientras que para el último año de gobierno del Presidente Zedillo (2000) dicha proporción se ubicó en 18.8% del PIB.

A su vez, en el último año de gobierno del PresidenteFox (2006) la proporción de la deuda neta representaba el 17.8% del PIB, y para el final del gobierno del Presidente Calderón (2012) dicha proporción había ascendido a 32.4% del PIB.

El estudio refiere que, en el último año de gobierno del Presidente Peña Nieto (2018), la proporción de la deuda neta respecto al PIB fue de 44.7%, y para agosto de 2024, dentro del último año de gobierno del Presidente López Obrador, dicha proporción representó 50.5% del PIB al considerar los primeros dos trimestres de 2024.

La investigación apunta que, si bien la deuda pública puede ser un instrumento útil para hacer frente a crisis económicas, un menor nivel de endeudamiento como proporción del PIB permite mantener finanzas públicas más sanas y fiscalmente sostenibles.

Por último, señala que, para reducir la deuda pública, sería necesario impulsar alternativas que permitan incrementar de forma equilibrada y fiscalmente sostenible los ingresos públicos.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6326

Bolivia, EEUU y Suiza eligen a juezas y jueces por voto popular, destaca estudio del IBD

* En EEUU y Bolivia se han presentado diversas problemáticas que podrían ser tomadas en cuenta por nuestro país en el proceso de discusión de la reforma al Poder Judicial

* La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los componentes de la independencia judicial son la estabilidad e inamovilidad en el cargo, un adecuado proceso de nombramiento y protección contra presiones externas

El método de elección de autoridades jurisdiccionales mediante voto popular es uno de los menos frecuentes para la selección de juezas y jueces en todo el mundo, y en los países en los que se ha adoptado este modelo se han tenido experiencias que podrían servir para México en el análisis de la reforma al Poder Judicial que en estos momentos se encuentra discutiendo el Congreso, de acuerdo con un estudio publicado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Senado (IBD).

La investigación titulada “Elección de autoridades jurisdiccionales: países seleccionados”, elaborada por los Investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, señala que entre los países que han incorporado la elección popular destacan los casos de: Bolivia, en donde se eligen a juezas y jueces nacionales; en Estados Unidos y Suiza se eligen juezas y jueces subnacionales; en Japón las y los jueces de la Corte Suprema se enfrentan a elecciones de retención.

Detalla que, en algunos otros países, se eligen juezas y jueces de paz o el nivel equivalente, son los casos de Perú, Colombia, Venezuela y algunos municipios franceses.

La revisión de los casos de Bolivia y Estados Unidos muestra que existe una serie de preocupaciones sobre diversos aspectos de la elección de autoridades jurisdiccionales por voto popular.

En Bolivia, por ejemplo, las críticas se han dirigido al proceso de selección de las y los candidatos, ya que solo un organismo estatal es quien interviene en la preselección, mientras que en los Estados Unidos la principal preocupación es el financiamiento privado de las campañas.

Por otra parte, hay voces que ven en la elección de juezas y jueces por voto popular una expresión activa y permanente de la soberanía popular, un mecanismo de rendición de cuentas, un agente de cambio constitucional y un diálogo que facilita la discusión pública sobre las decisiones judiciales.

El análisis del Instituto destaca que, de acuerdo con la jurisprudencia desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los componentes de la independencia judicial son la estabilidad e inamovilidad en el cargo, un adecuado proceso de nombramiento y ser protegidos contra presiones externas.

La investigación completa de IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6299

97.8% del presupuesto educativo se destina a cubrir gasto corriente, señala estudio del IBD

• En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se aprobó un presupuesto de 995,409.9 millones de pesos para el Sector de Educación

• Entre 2018 y 2024, los recursos federales aprobados para la Educación presentan una tasa media de crecimiento anual real de 0.9%

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 se aprobó un presupuesto de 995,409.9 millones de pesos para el Sector de Educación; monto que representa el 22.6% del gasto programable destinado a Desarrollo Social y el 15.3% del gasto programable del Sector Público, destaca un reporte de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “Evolución de los recursos federales destinados al Sector de Educación, 2008-2024”, elaborado por la investigadora Gabriela Morales Cisneros, apunta que el 97.8% del presupuesto educativo aprobado para 2024, equivalente a 973,395.3 mdp, tiene como fin cubrir requerimientos de gasto corriente, mientras que los recursos asignados a gasto de inversión representan el 2.2% del gasto en Educación.

En la comparación histórica, el análisis del IBD estima que los recursos federales aprobados para la Educación en el presupuesto de egresos aprobado para el periodo 2008-2024, presentan una tasa media de crecimiento anual real (TMCAR) de 0.9%. Sin embargo, el análisis detalla que durante todo el periodo se observan diferencias entre el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados a Educación en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el gasto ejercido al final de cada ejercicio fiscal (Cuenta Pública).

Por periodo sexenal, entre 2013 y 2018 la asignación aprobada presentó una TMCAR negativa de 0.3% y para 2018-2023 fue de 0.9%.

El estudio completo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6265

Prisión preventiva oficiosa, asignatura pendiente del Congreso, señala estudio del IBD

• Esta medida cautelar viola principios del sistema penal acusatorio y atenta contra derechos humanos reconocidos en el orden jurídico nacional y tratados ratificados por el Estado mexicano

• En nuestro país hay 61 mil 328 personas privadas de su libertad sin una sentencia

Durante los tres años, en el Congreso de la Unión se presentaron 23 iniciativas de reforma Constitucional que proponen eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han condenado al Estado mexicano por la violación de derechos que esta medida cautelar implica, según un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “Adecuación del ordenamiento jurídico respecto de la figura de Prisión Preventiva Oficiosa en la Carta Magna y en leyes secundarias: una asignatura pendiente”, elaborado por la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland, apunta que por otro lado, se han presentado 33 iniciativas que no están en sintonía con las sentencias de la Corte IDH, algunas de las cuales proponen ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa en delitos como el secuestro, la defraudación fiscal y la deforestación.

De acuerdo con los Principales Resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, había 220.5 mil personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país, de las cuales, 61 mil 328, es decir, el 29.6% aún no contaba con una sentencia.

En este tenor, la investigación concluye que la discusión de la adecuación del marco jurídico nacional en torno a la prisión preventiva oficiosa es un tema pendiente que urge resolver, tanto para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, como de las víctimas de los delitos.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6259

Agenda de género fue prioridad en la Legislatura que concluye, señala estudio del IBD

 

•Destacan las reformas para la eliminación del IVA a productos de gestión menstrual, prohibición del matrimonio en menores, Registro Nacional de Deudores Alimentarios y la 3 de 3 contra la violencia.
•Sistema Nacional de Cuidados, interrupción legal del embarazo y regulación de gestación subrogada, entre los temas que quedaron pendientes.

Con 47 decretos de género aprobados entre septiembre de 2021 y abril de 2024, la agenda de género se consolidó como uno de los asuntos prioritarios para el Congreso de la Unión durante los últimos seis años, según una investigación de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

El estudio titulado “La agenda de género en la LXV Legislatura. Reporte de decretos aprobados”, elaborado por la Investigadora Lorena Vázquez Correa, destaca que la legislatura que está por concluir aprobó reformas como la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, la prohibición del matrimonio forzado de menores de edad y la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios.

También se avalaron las reformas “3 de 3 contra la violencia”, la no prescripción de los delitos sexuales, el reconocimiento de la violencia vicaria y de la violencia ácida, así como la ratificación del Acuerdo 190 de la OIT sobre acoso laboral.

Estas acciones se sumaron a los 21 decretos en la materia aprobados por la legislatura anterior, como la paridad en todo, la seguridad social para personas trabajadoras del hogar, la violencia política contra las mujeres en razón de género y la ley Olimpia, entre otras reformas importantes.

Por otro lado, el estudio identifica que algunos pendientes de la agenda legislativa para la igualdad de género son la creación del Sistema Nacional de Cuidados, la interrupción legal del embarazo, la regulación de la objeción de conciencia, así como la reglamentación de la gestación subrogada.

La investigación apunta que la LXV Legislatura fue la más paritaria de la historia del Congreso de la Unión, toda vez que la Cámara de Diputados cerró con 254 mujeres, lo que equivale a 50.8 por ciento de las curules y el Senado terminó el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio con 64 senadoras, esto es, 50 por ciento de los escaños.

El estudio completo del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6246

Jóvenes de 15 años en México: más escolarización, mismos problemas en la calidad de lo que aprenden, señala estudio del IBD

Entre 2000 y 2022 la asistencia escolar de jóvenes de 15 años se incrementó 45%, pero los resultados de las pruebas PISA muestran la persistencia de deficiencias en los aprendizajes fundamentales de un alto porcentaje de quienes concluyen la educación básica.
Comparado con Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia, los porcentajes de estudiantes que obtienen niveles bajos en México se ubican en el nivel medio.

Los resultados obtenidos por México en las pruebas PISA desde el año 2000 muestran la persistencia de serias deficiencias en los aprendizajes y habilidades intelectuales que los estudiantes logran durante su tránsito por la educación básica, a lo que hay que sumar todavía los estragos educativos provocados por la pandemia, destaca un estudio realizado por la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).

La investigación titulada “Las pruebas PISA: jóvenes con niveles bajos de desempeño en México”, elaborada por la Investigadora Concepción Torres Ramírez, señala que los porcentajes de jóvenes mexicanos de 15 años que obtienen niveles bajos de desempeño en Lectura y Ciencias en las pruebas PISA se han mantenido sin cambios significativos desde el año 2000. Pese a ello, se aprecia el incremento en el número absoluto de jóvenes con niveles bajos de desempeño en Lectura y en Matemáticas.

El estudio refiere que, comparado con otros países latinoamericanos evaluados por PISA (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Colombia) los porcentajes de estudiantes que obtienen niveles bajos en México se ubican en el nivel medio.

En ese sentido, Chile y Uruguay tienen tasas menores en todas las áreas, mientras que Colombia, Argentina y, especialmente, Brasil, registran porcentajes mayores.

Desde el 2000, se han aplicado en México las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, por sus siglas en inglés), de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), con el propósito de valorar los conocimientos y las habilidades intelectuales que han logrado desarrollar los jóvenes que continúan en la escuela.

Ataques con ácido, violencia de género cruel en la que predomina la impunidad, señala estudio del IBD

Trece entidades no establecen sanciones específicas para este tipo de violencia y en algunos casos se contemplan pocos años de prisión para los agresores
ONU Mujeres ha llamado a regular la venta de ácidos y establecer servicios médicos, jurídicos y de rehabilitación para las víctimas

En los últimos años, la violencia de género con ácido u otras sustancias corrosivas ha generado mayor visibilidad debido a los casos que se han salido a luz pública, causando gran indignación en diversos sectores de la sociedad mexicana, destaca un estudio de la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez.

 La investigación titulada “Violencia de género con ácido: Una de las manifestaciones más crueles del machismo en México”, elaborada por la Investigadora Irma Kánter Coronel, señala que durante los últimos años, se han aprobado diversas reformas para reconocer y tipificar a la violencia ácida, sin embargo, en muchas entidades aún se considera como lesiones simples que se castiga con muy pocos años de prisión.

El estudio refiere que actualmente 13 Estados del país (Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas) no se encuentra tipificado el delito de agresiones inferidas con ácidos u otras sustancias químicas o corrosivas, lo que lo que impide el acceso de las mujeres sobrevivientes a la justicia, que los agresores sean sancionados y la reparación del daño ocasionado.

Agrega que en siete entidades (Aguascalientes, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Quintana Roo) se considera como “delito neutro”, es decir sin tomar en cuenta que se trata de un tipo de violencia de género.

En Chihuahua y Colima las agresiones con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se tipifican como lesiones calificadas, mientras que Jalisco tipifica como delito autónomo las lesiones con ácido, sustancias químicas corrosivas o cáusticas.

En los Estados de Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, las agresiones con ácido, sustancias químicas o corrosivas se consideran como agravante del delito autónomo de “lesiones cometidas contra una mujer en razón de su género”.

Asimismo, destaca que cuatro entidades (Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México) han tipificado las agresiones con ácido u otra sustancia química o corrosiva como delito autónomo, bajo la figura de “violencia ácida”, con el impulso de la llamada Ley Malena.

La investigación del IBD destaca que el primer caso de ataques con ácido del que se tiene noticia en nuestro país ocurrió el 9 de noviembre de 1988 la Ciudad de México.

Resalta que, a la fecha, el número de mujeres y niñas que han sido agredidas con ácido u otras sustancias químicas o corrosivas se desconoce puesto que no hay registros y cifras oficiales lo que limita el conocimiento de su naturaleza, magnitud, gravedad y frecuencia que tiene la violencia con ácido en la sociedad mexicana.

El estudio completo del Instituto se puede consultar en la siguiente dirección: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6182

Aumenta confianza en policías locales, destaca estudio del IBD

Datos del INEGI arrojan que, de 2013 a 2023, la confianza en las instituciones policiales estatales y municipales incrementó en alrededor de 20 puntos porcentuales.
Las policías de Aguascalientes, Baja California Sur, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca y Yucatán, las mejor evaluadas.

En poco más de diez años, el nivel de confianza ciudadana en la policía estatal y municipal se ha incrementado en alrededor de 20 puntos porcentuales, pasando de 39.6% en 2011 a 58.4% en 2023, y de 33.4% en 2011 a 55.7% en 2023, respectivamente, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

La investigación titulada “Algunos aspectos de las policías mejor evaluadas por la ciudadanía”, elaborada por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González, analiza la percepción social sobre los cuerpos policiacos del país, con base en los resultados de la Encueta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, elaborada por el INEGI.

Los investigadores destacan que, según la encuesta del INEGI, en lo referente a la percepción ciudadana del desempeño policial, las cinco policías estatales mejor evaluadas fueron las de: Yucatán (74.6%), Aguascalientes (71.4%), Nuevo León (70.8%), Nayarit (67.5%) y Baja California Sur (64.2%). Mientras que las policías municipales fueron las de: Nuevo León (69.3%), Aguascalientes (63.7%), Yucatán (63%), Nayarit (62.1%) y Baja California Sur (61.8%).

En cuanto a la percepción de la corrupción, las entidades federativas en donde la ciudadanía percibe menos corrupción en la policía estatal fueron: Nuevo León (46.5%), Nayarit (51.3%), Baja California Sur (51.9%), Guerrero (52.7%) y Tamaulipas (53.7%). Y en la policía municipal: Nuevo León (46.7%), Oaxaca (50%), Baja California Sur (51.1%), Colima (52.4%) y Nayarit (53.8%).

Sobre el estado de fuerza de las corporaciones, el estudio del IBD señala que existe una variación importante entre las entidades pues, por ejemplo, Aguascalientes en 2022 tenía una tasa de 0.5 policías preventivos por cada 1000 habitantes, ocupando el lugar 23 a nivel nacional, frente a los 1.3 policías de Nayarit, ocupando el tercer lugar.

En cuanto al salario, la investigación resalta que, con la excepción de Baja California Sur, los elementos policiales estatales tienen salarios iguales o por encima del salario digno mensual propuesto por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sin embargo, las policías municipales se ubican por debajo de este referente.

El estudio completo del Instituto se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/6149