martes, 18 de junio de 2024

En los primeros cinco meses del año, el INM identificó a 1 millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban en condición irregular

•Provienen de 177 países, principalmente de Centro, Sudamérica, El Caribe, África, China e India

•La mayoría eran hombres adultos no acompañados: 738 mil 270

•En núcleos familiares se identificaron a 154 mil 291 personas; menores no acompañados: 2 mil 992

A través de diversas acciones de verificación migratoria en el país, el Instituto Nacional de Migración (INM), ubicó entre enero y mayo de 2024 a 1 millón 393 mil 683 personas extranjeras que viajaban por el país en condición irregular provenientes de 177 países de los cinco continentes.

De acuerdo con los procesos migratorios, 738 mil 270 hombres adultos transitaban solos, en tanto que 362 mil 979 eran mujeres adultas no acompañadas. Por separado se ubicó a 154 mil 291 adultos que viajaban en núcleos familiares acompañados por 135 mil 151 menores; mientras que menores no acompañados fueron identificados 2 mil 992.

Las personas extranjeras llegaron principalmente de: Venezuela (377 mil 401), Guatemala (209 mil 540), Honduras (144 mil 499), Ecuador (136 mil 699), Haití (107 mil 432), Colombia (70 mil 371), El Salvador (52 mil 636), Nicaragua (45 mil 364), Perú (28 mil 167), Cuba (27 mil 404), Senegal (20 mil 847), Guinea(19 mil 922), República Dominicana (16 mil 228), China (13 mil 780), Brasil (11 mil 058), Mauritania (9 mil 757), India (8 mil 914), y Angola (7 mil 037), entre otros.

Las personas extranjeras adultas no acompañadas fueron trasladadas a las distintas estaciones migratorias en donde se llevó a cabo su procedimiento administrativo migratorio y se resolvió en cada caso su situación de acuerdo a su circunstancia particular, en estricto apego a lo establecido por las leyes correspondientes.

Los núcleos familiares y los menores no acompañados, como lo establece la norma jurídica, se canalizaron para su atención a espacios del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Los menores no acompañados eran originarios de Venezuela, Guatemala, Honduras, Ecuador, El Salvador, Colombia, Haití y Nicaragua. El INM trabaja y se conduce con apego a las leyes migratorias vigentes y en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por nuestro país. Al ser rescatadas, dejan de estar expuestas a grupos delincuenciales y a los tratantes de personas migrantes.

lunes, 17 de junio de 2024

INM realiza proceso administrativo migratorio a 156 migrantes rescatados de una casa de seguridad en Tlaxcala

 

•Fueron ubicados por fuerzas federales y estatales en el municipio de Tenancingo

Se identificaron 112 adultos, 16 menores no acompañados y 28 personas más integrantes de 10 núcleos familiares, originarios de Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras

El Instituto Nacional de Migración (INM) realizó proceso administrativo migratorio (PAM) a 156 personas migrantes originarias de Ecuador, El Salvador, Colombia, Guatemala y Honduras, que fueron ubicadas en una casa por fuerzas de seguridad federales y estatales, en el municipio de Tenancingo, Tlaxcala.

Fue por una llamada anónima el jueves por la noche que se localizó a los ciudadanos extranjeros quienes durante el proceso de verificación no pudieron acreditar su estancia regular en el país.

Fueron identificados 112 ciudadanos adultos que viajaban solos (21 mujeres y 91 hombres), 16 menores de edad no acompañados (cuatro mujeres y 12 hombres) así como 28 personas integrantes de 10 núcleos familiares: 13 adultos (9 mujeres y cuatro hombres) acompañados de 15 menores (10 mujeres y cinco hombres).

Las personas adultas fueron trasladadas a instalaciones migratorias del INM para realizar el proceso administrativo correspondiente, en tanto los núcleos familiares y menores no acompañados fueron canalizados a los albergues de atención para la niñez migrante del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) en espera de que se resuelva su situación migratoria.

Buscan que entrevistas migratorias a niñas, niños y adolescentes sean practicadas por personal especializado


• La Diputada María del Rocío Banquells Núñez (MC) presentó una iniciativa en la materia

La Diputada María del Rocío Banquells Núñez (MC) impulsa una iniciativa para garantizar la representación legal especializada y efectiva en todos los procesos judiciales o administrativos en que sean parte niñas, niños y adolescentes, así como para realizar entrevistas con personal especializado a los menores en contexto de movilidad.

La iniciativa reforma el artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que las procuradurías de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes les otorguen una representación legal especializada y efectiva, en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos.

Asimismo, modifica el artículo 21 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, a fin de que las entrevistas realizadas a niñas, niños y adolescentes sean practicadas a través de personal especializado.

Considera que la importancia de esta reforma radica en que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes que dejaron sus lugares de origen debido a múltiples factores, como el desempleo, violencia en sus diversas modalidades, inseguridad alimentaria, amenazas ambientales o climáticas, por reunificación familiar o la esperanza de encontrar una vida mejor.

En este sentido, destaca que el flujo migratorio de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados que llegan a México en contexto de movilidad, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, fue de 113 mil 660 casos durante 2023.

Mientras que de acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) de enero de 2023 a febrero de 2024, 37 mil 29 niñas, niños y adolescentes acompañados y mil 546 niñas, niños y adolescentes no acompañados solicitaron refugio.

La propuesta, turnada a las comisiones unidas de Derechos de la Niñez y Adolescencia y de Relaciones Exteriores, refiere que ésta se fundamenta en el artículo 22 numeral 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño.

En él se establece que “Los Estados parte adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados”.

Enfatiza que estas reformas contribuirán a que las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración y la COMAR realicen entrevistas con personal especializado a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, para constatar su situación de riesgo y sus necesidades de protección internacional, a fin de determinar su interés superior y, con ello, cumplir con el marco convencional y constitucional vigente en la materia. 

Plantean incluir en planes de estudio el derecho humano al agua, su urgente cuidado y valoración indispensable

• La Diputada Vázquez Romero (PT) propone agregar una fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de Educación

La Diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero (PT) impulsa una iniciativa para agregar la materia del “derecho humano al agua, su urgente cuidado y valoración indispensable” en los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares, de acuerdo al tipo y nivel escolar.

La adición de una fracción XXV al artículo 30 de la Ley General de Educación, turnada a la Comisión de Educación para su estudio y dictamen, considera esencial la enseñanza sobre el cuidado del vital líquido, donde las escuelas desempeñan un papel fundamental para la transmisión del conocimiento a las generaciones futuras. 

Argumenta que instruir sobre el cuidado del agua en los planteles permitirá cultivar una sociedad más consciente, responsable y sostenible, pues al otorgar a niñas y niños conocimientos y habilidades para comprender, valorar y conservar el vital líquido, se promueve su uso más eficiente, beneficia al medio ambiente y contribuye al bienestar económico y la salud de la sociedad.

Además, educar desde una edad temprana en esta materia fomentará una cultura de responsabilidad ambiental y sostenibilidad, debido a la receptividad al aprendizaje de la niñez y a que pueden internalizar hábitos de uso responsable y adoptar prácticas que minimicen el desperdicio y contaminación.

Destaca el impacto directo que ello tendría en la conservación de los recursos hídricos locales y globales, ya que las y los estudiantes son agentes de cambio y pueden influir en el comportamiento de sus familias y amigos; al llevar conocimientos sobre la importancia de reparar fugas, reducir el consumo y utilizar prácticas de irrigación eficientes, contribuirían a conservar el agua en sus hogares y comunidades.

La legisladora advierte que la escasez del recurso hídrico puede generar desde el aumento de los costos por el suministro, hasta la pérdida de ingresos en sectores dependientes del agua, como la agricultura y el turismo, por lo que la materia sobre su cuidado tendrá beneficios económicos a largo plazo para la sociedad.

“Al cultivar una generación de niñas y niños conscientes del valor del agua y las repercusiones económicas de su mal uso, se puede promover una gestión más eficiente y sostenible de este recurso, lo que a su vez puede generar ahorros significativos para la sociedad en su conjunto”.

Enfatiza la importancia de la iniciativa, ya que el desarrollo de la conciencia sobre la valoración del líquido, y los temas de reflexión y propuestas para su cuidado deben ser motivo de una asignatura real y adecuada a los enfoques de los planes y programas en todos los niveles de enseñanza, desde la primera infancia hasta la universidad y posgrados. 

Impulsan reforma para establecer las bases de prevención, combate y sanción de la pesca ilegal

 

• Esta actividad funge como uno de los factores que coadyuvan en el detrimento acelerado de los ecosistemas pesqueros y acuícolas: Diputada Díaz Tejeda (PRI) 

La Diputada Nélida Ivonne Sabrina Díaz Tejeda (PRI) propone reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, con la finalidad de prevenir, combatir y sancionar las prácticas de pesca ilegal. 

La iniciativa, enviada a la Comisión de Pesca para análisis y dictamen, plantea adicionar una fracción II Ter del artículo 420 del Código Penal Federal, para imponer una pena de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a tres mil días multa a quien “de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con las especies acuáticas determinadas para la pesca deportiva, sin contar con la autorización que corresponda, o que exceda la cantidad máxima de captura incidental determinada por la CONAPESCA”.

Respecto a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, las propuestas de modificaciones son a los artículos 2, 4 y 135 y adiciona un Capítulo I Bis denominado “Prevención, combate y sanción de la pesca ilegal”, que contiene los artículos 72 Bis, 72 Bis 1, 72 Bis 2, 72 Bis 3, 72 Bis 4 y 72 Bis 5.

Incorpora el concepto de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, como aquella práctica pesquera que socava los esfuerzos nacionales y regionales de conservación y ordenación de las poblaciones de peces y, como consecuencia, limita el avance hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad a largo plazo y de responsabilidad.

Establece que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la CONAPESCA, diseñará el proyecto de Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal que definirá la política del Estado mexicano frente a este fenómeno, el cual deberá contemplar, entre otros elementos, un diagnóstico, estrategias y esquemas de coordinación de instituciones, un censo pesquero, y programas de capacitación y actualización. 

Igualmente, apunta, la Secretaría y las entidades federativas promoverán actividades de investigación, campañas de información y difusión con miras a prevenir y combatir la pesca ilegal, implementar políticas, programas y demás medidas que fomenten la inclusión de pescadores en vigilancia y otros sectores para prevenir estas acciones ilegales. 

También, realizar acciones de supervisión de negocios, inspecciones u otros esquemas de verificación desde su captura, hasta su procesamiento y comercialización en puntos de venta, fomentar el desarrollo de alianzas estratégicas con el sector terciario para prevenir el abasto de productos pesqueros de procedencia ilegal, y llevar a cabo programas de desarrollo local pesquero que deberán incluir acciones de asistencia y campañas sobre las consecuencias de la pesca ilegal.

Estipula que la Secretaría fomentará el uso de tecnología para la vigilancia de las embarcaciones que operen en las aguas nacionales mediante el Sistema de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras.

Señala que, para la imposición de las sanciones, la Secretaría tomará en cuenta si se trata de una práctica de pesca ilegal que ponga en riesgo la estabilidad de los ecosistemas y la sostenibilidad de los recursos pesqueros.

La diputada indica, en la exposición de motivos, que la sobreexplotación de los recursos naturales se ha convertido en una práctica común que repercute en la sustentabilidad y sostenibilidad de los ecosistemas naturales nacionales. 

Subraya que la pesca ilegal y no reglamentada funge como uno de los factores que coadyuvan en el detrimento acelerado de los ecosistemas pesqueros y acuícolas; sin embargo, la pesca furtiva se ha posicionado como una práctica común dentro del país y que resulta difícil para las autoridades monitorear. 

A su vez, sostiene, las consecuencias a mediano y largo plazo que genera este agotamiento obligarán al Estado mexicano a responder a retos importantes en cuanto a la seguridad alimentaria e incluso económica y comercial de México. La industria pesquera es un área importante de generación de empleos e ingresos económicos para un gran número de familias mexicanas.

La Diputada Díaz Tejeda resalta que es imperativo reforzar las acciones tendientes a prevenir y eliminar las prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada dentro del territorio nacional, salvaguardando a las y los pescadores que realizan su trabajo conforme a la ley, cuya sostenibilidad económica debe ser procurada y, además, apuntalando a la conservación de los ecosistemas pesqueros y recursos marinos del país. 

Considera que añadir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada con fines comerciales como un delito perseguible y con sanciones definidas, es con la finalidad de establecer una acción tajante en aras de prevenir y eliminar la práctica de la pesca ilegal dentro del territorio mexicano.

Proponen difundir el deporte y la actividad física en radio y televisión restringidos

• La iniciativa del Diputado Natale Gutiérrez (PVEM) señala que los medios tienen la responsabilidad de promover estilos de vida saludables

El Diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez, del PVEM, presentó una iniciativa que adiciona una fracción X al artículo 223 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objetivo de que en la programación que se difunda a través de radiodifusión o televisión y audio restringidos se propicie el fomento y difusión del deporte y la actividad física.

La propuesta, turnada a la Comisión de Radio y Televisión, argumenta que la programación de radio y televisión desempeña un papel trascendental en el fomento y difusión del deporte y la actividad física, ejerciendo una influencia significativa en la sociedad moderna. 

“Más allá de simplemente entretener o informar, los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de promover estilos de vida saludables y contribuir a la prevención de enfermedades derivadas de la inactividad física”. 

Puntualiza que en un mundo donde los hábitos sedentarios y los problemas de salud asociados con la falta de ejercicio son cada vez más comunes, la labor de los medios en este ámbito adquiere una relevancia indiscutible. 

“A través de la transmisión de eventos deportivos, programas de ejercicio y campañas de concientización sobre la importancia de la actividad física, la radio y la televisión pueden desempeñar un papel crucial en la promoción de la salud y el bienestar de la población”, subraya el texto.

Además, al llegar a audiencias diversas y variadas, los medios tienen la capacidad de impactar positivamente en comunidades enteras, inspirando a las personas a adoptar hábitos más activos y saludables en su vida diaria.

Señala que esta influencia no solo se limita al ámbito individual, sino también puede extenderse a nivel comunitario y nacional, generando un cambio cultural hacia una mayor valoración y práctica del deporte y la actividad física. 

“Al transmitir eventos deportivos, programas de ejercicio y campañas de concientización sobre la importancia de la actividad física, estos medios pueden influir significativamente en las decisiones y comportamientos de la población en relación con su salud y bienestar”, sostiene.

Promueven que los tratamientos para enfermedades en menores de edad sean obligatorios e inmediatos

 

• Garantizar medicamento inmediato reducirá la mortalidad y atacará las enfermedades en sus etapas tempranas: Diputada Castell de Oro Palacios (PAN)

La Diputada María Teresa Castell de Oro Palacios (PAN) impulsa una iniciativa para que las autoridades de los tres órdenes de gobierno se coordinen a fin de garantizar de manera efectiva, inmediata y obligatoria a niñas, niños y adolescentes tratamientos correspondientes a enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas, cáncer, VIH/SIDA y otras de transmisión sexual. 

La propuesta de reforma a la fracción X del artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes señala que el objetivo es hacer explícito que el tratamiento sea obligatorio e inmediato.

En su exposición de motivos, menciona que, aunque se busca solucionar principalmente el problema de la falta de medicamentos y atención especializada a menores con cáncer, eso no significa que las demás enfermedades sean menos importantes. 

Garantizar medicamentos con acceso inmediato traerá grandes beneficios a México, al sector salud y al económico, ya que al evitar y reducir la mortalidad o atacar las enfermedades en sus etapas tempranas, permitirá que los sujetos de derecho de la presente propuesta aporten en un futuro al sector productivo, generando mayores ingresos al país, considera.

Advierte que, según datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia (CENSIA), el cáncer infantil es la primera causa de muerte en menores de entre cinco y 14 años, por lo que anualmente fallecen alrededor de dos mil menores de edad. 

Relata que cada 90 minutos se detecta un nuevo caso de la afección, y al año se diagnostican más de cinco mil nuevos casos en menores de 18 años, de los que aproximadamente el 52 por ciento es algún tipo de leucemia.

El mismo organismo señala que en México existen más de 60 Unidades Médicas Acreditadas para la atención del cáncer infantil; sin embargo, solo hay alrededor de 165 oncólogos pediatras, 35 hematólogos, 35 cirujanos oncólogos 10 radioterapeutas y cinco psico-oncólogos, lo que resulta insuficiente teniendo en consideración la cantidad de casos diagnosticados por año.

Es de conocimiento público que los tratamientos y los estudios clínicos para la detección, control o curación del cáncer es altamente costoso, y se estima que por niño el gasto aproximado de un tratamiento con quimioterapias es de un millón de pesos, sin contar gastos de comida y transporte, precisa. 

Ante este panorama, es necesario y urgente garantizar que se les dé un tratamiento obligatorio, efectivo y de calidad, así como inmediato a estos grupos, ya que mientras más pronto se inicie el combate a su enfermedad, mayor probabilidad hay de supervivencia.

Aclara que la reforma no se hace a la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, especializada en este tema, sino tiene como meta que otros infantes y jóvenes con padecimientos respiratorios, renales, gastrointestinales, epidémicos, cáncer, VIH/sida y demás enfermedades de transmisión sexual gocen del mismo derecho de acceso a tratamientos oportunos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.