El acaparamiento de tierras de una empresa española causa hambre en Guinea Bissau

Varias comunidades junto a ONG africanas y españolas denuncian la expulsión de 600 campesinos de sus tierras de cultivo con graves consecuencias para la salud y el medio ambiente en uno de los países más pobres del mundo.

"Nadie nos preguntó, y desde que llegaron hemos pasado hambre". Sentada bajo un inmenso árbol, rodeada de la mayoría de su aldea, Djanabu Valde se lamenta de la llegada de Agrogeba, una empresa española que en 2010 comenzó a cultivar en los terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 habitantes en el norte de Guinea Bissau. El resto del círculo no deja de asentir en cada una de sus protestas. Con la mirada firme, esta madre de 8 hijos, cuenta que desde la llegada de la empresa arrocera han tenido que abandonar sus tierras más fertiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco. Cuando el traductor le pregunta si la corporación española les ha traído algo bueno, los habitantes de Sara Djae muestran su enfado, como si les molestara el simple hecho de que se les plantee esa posibilidad. En abril de 2010 la empresa española desembarca en Guinea Bissau con la concesión de 3.000 hectáreas durante 99 años. El objetivo declarado, favorecer la modernización de la agricultura y reducir así la importación del arroz, alimento clave en la antigua colonia portuguesa. Hasta ahora sólo han comenzado a cultivar unas 520 hectáreas, según la empresa. "El gobierno cedió tierras sin consultar a las comunidades", explica Filomeno Barbosa, secretario ejecutivo de Aprodel, una ONG guineana que trabajan desde 2001 en la zona. Para Barbosa, el primer responsable de este acaparamiento de tierras es el gobierno de su país, ya que debería haber advertido a la empresa para que negociara con las comunidades afectadas. "No queremos una inversión que traiga beneficios para unos y pobreza para otros", razona su oposición a las prácticas de Agrogeba. Además, el portavoz de Aprodel critica el uso de productos químicos con avioneta contrarios a la normativa internacional. El propio director de Agricultura de la región reconoce que "nadie sabe qué pesticidas se usan" en los cultivos de la arrocera española. Tampoco en el ámbito laboral escasean las críticas a Agrogeba. Los trabajadores de las aldeas cercanas protestan de retrasos en los pagos, tener que aceptar sacos de arroz como sueldo, ausencia de contratos y ninguna cobertura si caen enfermos. "Desde agosto sigo trabajando sin que me paguen", se queja uno de ellos en la comunidad de Sara Djae. Pobreza en nombre del progreso El Gobierno de Guinea Bissau calificó la inversión de Agrogeba en 2010 como un hito en el "proceso de modernización" del sector agrícola del país. Pero los habitantes de las zonas cercanas denuncian que ese supuesto progreso sólo les ha traído hambre, enfermedades y daños al medio ambiente, Según el informe de Alianza por la Solidaridad, en la mayoría de las poblaciones afectadas"han pasado de tres a dos comidas al día" desde la apropiación de las tierras, y el miedo a no poder alimentar a sus hijos hace que muchos de ellos se planteen mudarse a otras tierras. "Ese terreno es donde está nuestra vida", nos explica Calido Ndjai, jefe de la aldea afectada de Sara Djae. El citado informe denuncia que el uso de pesticidas por parte de Agrogeba ha provocado que los mosquitos se trasladen a los terrenos habitados. El resultado, el porcentaje de mujeres afectadas por malaria habría subido de un 15 a un 65% en las zonas cercanas a las plantaciones. Lo confirma Mainu Balde, vecina y matrona del pueblo de Tchutcho, que habla de un fuerte aumento en los abortos involuntarios en su comunidad como consecuencia de la malaria. "Toda la tierra fértil nos la ha quitado Agrogeba, hemos tenido que ir a cultivar a las tierras altas, donde se produce mucho menos", coincide con los habitantes de Sara Djae. Además, Balde denuncia que cada vez encuentran más animales enfermos porque beben agua contaminada de fertilizantes y herbicidas. "Tenemos que comprar el arroz que se produce en nuestra tierra", "cuando el arroz no es bueno lo queman en vez de dejárnoslo", "no han cumplido ningún compromiso", son otras de las denuncias que se escuchan en una reunión de los vecinos de Tchutcho. Sólo dos de las comunidades afectadas, Bijini y Djana, consiguieron recuperar sus tierras tras protestar al Gobierno central y organizar una manifestación donde ocuparon los terrenos de cultivo. "La comunidad dijo que no aceptaba la presencia de Agrogeba porque nuestra supervivencia dependía de esa finca", recuerda Muniro Bayo, jefe de la comunidad. Hasta el momento, ninguno de las zonas comunidades afectadas ha acudido a los tribunales para intentar recuperar sus tierras, sino que esperan la mediación del régulo. Una suerte de jefe tradicional de la comarca, que desde el comienzo de la disputa mantiene una buena relación con los gestores de Agrogeba. "No le hemos quitado la tierra nadie" Jaume Pons, uno de los cuatro socios propietarios de Agrogeba y gerente de la empresa en el terreno niega la mayoría de las acusaciones de las comunidades y las ONG. "No le hemos quitado la tierra a nadie", "no había nada cultivado cuando llegamos", "los salarios se pagan al día", "mantenemos los precios de venta para ayudar a la población", defiende ante un grupo de periodistas en la misma fábrica de la empresa. Pons también niega que sus cultivos hayan contaminado las zonas cercanas a sus plantaciones, aunque admite que no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental, ya que no lo exige la legislación guineana. En cambio, sí reconoce que queda por cumplir su promesa de construir una escuela en la aldea de Sara Djae, aunque justifica el retraso en la que la empresa aún no ha dado beneficios. El socio de Agrogeba confía en aumentar la producción y llegar a cultivar las 3.000 hectareas cedidas por el gobierno de Bissau. Para ello, el embajador de la Unión Europea en este país, Joaquín González-Ducay, le ha transmitido su deseo de apoyar a Agrogeba a través de un programa de apoyo al desarrollo agrícola que cuenta con un presupuesto total de 10 millones de euros. Agrogeba forma parte del grupo empresarial petrolero Petromiralles, cuyos dueños son los hermanos Josep María y Pere Torrens Ferrer. Ambos están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional acusados de fraude fiscal de más de cien millones de euros, blanqueo de capitales, maquinación para alterar el precio de las cosas y falsedad documental. Acaparamiento global El acaparamiento de tierras en los países del sur por parte de empresas extranjeras es uno de esos hechos que, al producirse poco a poco y en zonas alejadas entre sí, suele pasar desapercibido. Sin embargo se trata de un fenómeno de alcance y consecuencias mundiales. La Coalición Internacional de Acceso a la Tierra calculó en 2012 que desde el año 2000 se había comprado el 1'7% de las tierras cultivables en el planeta. Un proceso que se acelera a partir de 2008 como consecuencia de un fortísimo aumento del precio de los alimentos en los mercados globales. El guión por el cual la tierra pasa de manos campesinas a propiedad de multinacionales tiene en África su principal escenario y en las corporaciones chinas el último actor invitado. Según uninforme de Intermón Oxfam, 20 mil personas habrían sido expulsadas de sus tierras en Uganda a causa de una única empresa maderera, la New Forest Company. Las empresas privadas de los países occidentales serían sin duda los protagonistas de este expolio progresivo, y los gobiernos locales los cómplices necesarios. El aumento de la población junto a la especulación en los precios de las materias primas hace prever que estos acaparamientos de tierras no dejarán de crecer en los próximos años. La paradoja, Guinea Bissau es desde 2007 destino preferente para la agencia de cooperación española. En uno de los lugares más pobres del mundo, donde uno de cada 5 habitantes pasa hambre de forma crónica, la actividad de una empresa de capital español parece provocar justamente los efectos contrarios a los que persigue la ayuda al desarrollo en ese país. Nota: este reportaje ha sido elaborado gracias a las facilidades en el transporte ofrecidas por la ONG Alianza por la Solidaridad.