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Es la mañana del domingo 25 de mayo de 2014. En el centro de San Bartolo Ameyalco no hay señales visibles del conflicto violento que vivió el poblado el pasado miércoles 21. Las escaleras de una comisaría –frente al quiosco, a unos metros de la iglesia– se han convertido en un improvisado templete. Desde ahí, algunos habitantes del poblado recuperan la frustración, el enojo y el hartazgo acumulados tras siglos de luchar por su manantial, catalizados por la inesperada e innecesaria violencia ejercida por el Estado hace apenas unos días.
Pero hay algo más. No es sólo visceral enojo lo que mueve a San Bartolo. Hay también señales claras de un largo proceso de organización. El pueblo a partir de hoy comienza a construir autonomía. El primer paso, afirman, es suspender la realización de elecciones en Ameyalco: ni una casilla se instalará aquí, nunca más un partido los gobernará. El segundo es desconocer a los comités vecinales elegidos a través del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). En su lugar, regirán los usos y costumbres del pueblo: la Asamblea, las mayordomías, las formas ancestrales de organización política.
Hay una tercera medida, la más urgente en la movilización de San Bartolo: lograr la liberación de los cinco presos del día 21. Reportan numerosas irregularidades en el proceso: las detenciones fueron arbitrarias, no fueron conducidos al Ministerio Público (MP) de inmediato, la serie de irregularidades procesales durante la estadía en la agencia 50, el desconocimiento –por parte de los familiares y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)– del juzgado en el que se está llevando el caso, entre muchos otros. El mismo día 25, después de la Asamblea, una marcha caminó hacia Las Águilas para exigir su liberación. La CDHDF investiga ya el caso. Numerosas organizaciones de la sociedad civil se movilizan en apoyo de los detenidos. La red de organizaciones que se oponen a las políticas públicas de privatización, represión y deliberada manipulación del Estado mexicano se ha vuelto a activar.
Dentro de esta red de movimientos diversos –de las clases medias, anarquistas, comunistas, ecologistas– es importante destacar la presencia de otros pueblos y barrios originarios del Valle de México. Ahí estaban los pueblos de Xochimilco, quienes a través de su vocero se declararon en solidaridad con San Bartolo. Había compañeros que venían de Atenco, de Tláhuac, de la Magdalena Contreras. Los vecinos de Santa Rosa Xochiac, pueblo con el que históricamente ha habido una pugna territorial, también se han unido para hacer frente a las políticas opacas y represivas del gobierno del Distrito Federal (GDF) frente al manejo y la propiedad del agua.
La maestra de ceremonias saluda a los pueblos presentes hacia el final de la Asamblea. Comunica ahí una decisión que se ha tomado, aparentemente con antelación: se forma el Frente Único de Pueblos del Valle de México en contra de las políticas de despojo y privatización que se impulsan desde los distintos niveles de gobierno. La reacción generalizada es de un sonoro apoyo. Aplausos, consignas, miradas que asienten. Hay, desde luego, voces que se oponen. Dos vecinos de Santa Rosa suben al improvisado templete, a pesar de los intentos de algunos organizadores por impedirlo. Manifiestan no su desacuerdo con la medida, sino con su falta de discusión generalizada. Piden definir líneas de acción, medidas concretas. Algunos desde el grueso de la Asamblea les exigen bajar: creen que están alargando la Asamblea demasiado. Otros defienden su derecho a expresarse: es un ejercicio democrático, dicen. Al final, su propuesta de llevar a cabo más discusiones sobre el Frente Único es dejada de lado. La Asamblea termina y la marcha por la liberación de los presos políticos comienza. A fin la gente se dispersa y San Bartolo vuelve a una relativa calma.
Intentamos acercarnos a algunos de los oradores y otros pobladores de Ameyalco. Hay en sus miradas y voces una mezcla de temor y ganas de contar su historia. Nos piden anonimato. Han estado llamando a algunas de sus casas, amenazándolos: las tácticas de represión no cesan en las calles. Ellos, a pesar de esto, están decididos. Muestran fotocopias con la firma del delegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna. Ahí se dice que las obras se suspenderán y que se abrirá el diálogo con los pobladores para encontrar soluciones alternativas. El documento está fechado tres de junio de 2013, es anterior al actual estado de conflicto que inició con la llegada inesperada de trabajadores y maquinaria y de tres camiones con granaderos el 14 de febrero de 2014. Los pobladores, en aquella ocasión, iniciaron un campamento para vigilar el manantial que les surte de agua. No hubo entonces una abierta provocación y represión como en el día 21 de mayo. Sin embargo, la estrategia gubernamental comenzaba a ser visible. El control del manantial se obtendrá de cualquier forma.
El papel que el manantial de San Bartolo ha jugado en su historia es complejísimo. Ha sido objeto de deseo de hacendados, empresarios y burócratas; fuente de poder y núcleo de resistencia para pobladores por siglos. Hoy, las obras que lo afectan responden a la gran transformación que ha sufrido el pueblo. De encontrarse aislado en las serranías que rodean al Valle de México, ha sido engullido por la mancha urbana. Alrededor de San Bartolo se levantan colonias de reciente fundación, en las que habitan vecinos que no son comuneros de Ameyalco y que, aparentemente, no participaron de la Asamblea del domingo 25. Es en estas colonias en donde el problema de la falta de agua se manifiesta con mayor dureza. Si en el centro de Ameyalco el manantial es apenas suficiente para satisfacer las necesidades de la población, en sus afueras el agua simplemente no llega. El problema se agudiza cuando observamos que arriba del manantial hay también viviendas, que no pueden ser abastecidas por el manantial sin un costoso sistema de bombeo. Aquí el abastecimiento lo realizan pipas que venden el agua, como en muchos otros lugares de la capital.
Son las pipas la razón que usa el gobierno para justificar la violencia injustificable del día 21. Niños, mujeres, ancianos fueron heridos. La versión oficial simplifica el conflicto diciendo que han sido los piperos, defendiendo su interés económico, quienes han movido al pueblo. Algunos, aún más simples, dicen que han sido los piperos y los anarquistas quienes se han enfrentado a los granaderos. Esta argumentación, que justifica la represión, no es útil para la solución del conflicto. Es necesario considerar que los comuneros de Ameyalco ven al agua como suya porque la han cuidado por más de cinco siglos: la propiedad no es mercantil, sino simbólica y social; no es un problema únicamente económico, sino del ejercicio del poder del agua.
Es por esto que defienden al manantial de una obra opaca, que consideran que llevará el agua a Santa Fe y otros barrios ricos de la capital, dejándolos a merced de los precios de un mercado al que no pueden entrar. La defienden porque no quieren ver al agua convertida en una mercancía más. La defienden ante las tácticas de manipulación y engaño de la delegación Álvaro Obregón y la incapacidad absoluta del GDF de resolver conflictos de forma pacífica, democrática, plural y horizontal. La defienden ante un gobierno que rige y busca vencer y no que escucha y, en su caso, convence.
El GDF niega la veracidad de la versión del pueblo. Defiende la obra, sin mostrar su planeación, diciendo que la llevará a los linderos del pueblo, en donde las pipas abastecen de agua a precios injustos a los que ahí habitan. Además de entubar el agua del manantial, llevará agua del Cutzamala para satisfacer la demanda de toda la población. Los vecinos temen que el agua contaminada del Cutzamala se mezcle con la pura de su manantial, la que han procurado mantener así por siglos. El gobierno niega que esto sucederá, sin lograr convencer a los pobladores. El recurso a la fuerza termina por fortalecer la posición de los pobladores y por cuestionar aún más la legitimidad del GDF y, en general, de un Estado que reprime a su población. Pero el recurso a la fuerza también oculta otra cosa. Los vecinos que hoy no tienen acceso a agua potable deben tenerlo. Ello no debe ser a costa de la propiedad de San Bartolo sobre su manantial.
¿Es posible pensar en regímenes de administración, propiedad y distribución más justos? ¿Es posible encontrar una solución que beneficie a los vecinos que no cuentan con agua potable y a los que han históricamente cuidado los recursos naturales? ¿Hay una solución más allá del mercado y la acción opresiva del Estado?
Queremos pensar que sí, y que esa solución pasa por un diálogo más amplio entre los pueblos y vecinos involucrados. Creemos que las asambleas de San Bartolo son sólo el primer paso de un largo proceso de organización y de construcción de otras formas de poder y sociedad más justas, plurales y equitativas. La inclusión de los vecinos hoy antagonistas al proceso autonómico de San Bartolo es importantísima. La presión sobre el GDF para que cese la represión y el hostigamiento y, en todo caso, se convierta en un facilitador de diálogos y acuerdos, es condición necesaria para que este proceso de ampliación del proyecto de democratización de la vida cotidiana en Ameyalco suceda. Está en juego la vida misma.
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