Avalan en comisiones del Senado de la República reformas a la Ley Aduanera

* Las modificaciones son en materia de agentes aduanales independientes

Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos aprobaron con 12 votos a favor y dos abstenciones, reformas a la Ley Aduanera en materia de agentes aduanales independientes.

El Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, detalló que la reforma es para adicionar al artículo 163, fracción séptima de la Ley Aduanera, sobre los agentes aduanales independientes que se encuentran en una situación desigual con relación a la agencia aduanal, ya que no pueden proponer un sustituto para que sea evaluado en caso de retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente.

Dijo que con el marco normativo vigente y con la ausencia del agente aduanal, los trámites se ven interrumpidos al no contar con una persona autorizada que dé continuidad a los trabajos, por ello se establece que el agente aduanal independiente pueda proponer a una persona que sea evaluada por el Servicio de Administración Tributario (SAT), para que lo sustituya por retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente.

Ochoa Fernández refirió que con esta reforma se salvaguarda el principio por el que la patente de agente aduanal es personal e intransferible, y permite que los mejores aspirantes y quienes obtengan los mejores resultados mantengan la patente, además, establece que el aspirante que obtenga la patente no podrá, a su vez, designar a otra persona física por retiro voluntario, fallecimiento o incapacidad permanente, ni ser designado por dos o más agentes aduanales al mismo tiempo.

Especificó que, con estas modificaciones a la Ley Aduanera, se reconoce el derecho del agente aduanal a retirarse de manera voluntaria cuando acredite que la patente tiene una antigüedad de 25 años, o bien, que haya alcanzado la edad de 65 años.

Waldo Fernández González, por el PVEM, dijo que este dictamen moderniza la figura del agente aduanal, el cual desempeña una función crucial, dado que facilita el flujo de mercancía y garantiza el cumplimiento de las regulaciones fiscales, por lo que tendrá un impacto positivo en la economía del país, además de introducir un derecho innovador y permitir la profesionalización del sector.

Por el PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que si bien votarán a favor, es importante decir que la figura aduanal ha sida mal usada, por eso es trascendental que los requisitos sean rigurosos en cuanto a que sean personas técnicas, confiables, calificadas, para que pueden cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país, “no debemos dar cheques en blanco”.

Del PAN, Gustavo Sánchez Vázquez, aseveró que, al estar México inmerso en un movimiento transfronterizo, la función del agente aduanal es fundamental, por lo que es importante darles un trato igualitario a los agentes independientes comparados con las agencias aduanales, a fin de que la economía continúe en movimiento.

De MORENA, Nora Ruvalcaba Gámez, indicó que esta reforma no es un “pase automático” a los agentes aduanales sustitutos, por el contrario, se trata de fortalecer la tarea de garantizar la continuidad de las funciones aduanales, a fin de que quienes operan en el comercio exterior, dispongan de herramientas necesarias para aprovechar los beneficios de los acuerdos comerciales y contribuir a la economía nacional.

Senado de la República recibe minuta en materia de simplificación orgánica

* El proyecto fue remitido a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos

El Pleno del Senado de la República recibió de la Cámara de Diputados la minuta que plantea reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica, la cual, de acuerdo con la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, Imelda Castro Castro, se turnó este lunes directo a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

En el documento se establece que el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión, establecerá las condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios, así como de la información relacionada con los datos personales en posesión de los particulares.

Las reformas plantean la extinción del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación; así como del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para transmitir sus atribuciones al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Además, propone la extinción de los órganos reguladores coordinados en materia energética, y dichas atribuciones pasan a formar parte de la dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país, la cual contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora.

También plantea que se extinga la Comisión Federal de Competencia Económica, por lo que sus atribuciones y funciones pasarán a la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país.

De igual forma, el Instituto Federal de Telecomunicaciones se extingue y la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión absorbe sus atribuciones y responsabilidades.

El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos.

La propuesta le brinda facultades a la Comisión Permanente para ratificar los nombramientos que la titular del Poder Ejecutivo Federal haga de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.

Aprueban comisiones del Senado de la República reforma a Guardia Nacional

* El dictamen recibió el respaldo de 25 votos a favor de MORENA, PVEM y PT; y 10 en contra de senadores del PAN, PRI y MC

Por mayoría, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron las reformas a la Guardia Nacional, para dotar al Estado mexicano de una fuerza de seguridad pública disciplinada y profesional, que permita enfrentar los desafíos y amenazas que representa el crimen organizado.

Los órganos legislativos, presididos por Ernestina Godoy Ramos y Citlalli Hernández Mora, avalaron el proyecto con 25 votos a favor de MORENA, PVEM y PT; y 10 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

En tono conciliador, el Presidente de la Junta de Coordinación Política e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Adán Augusto López Hernández, hizo un llamado a todas las fracciones parlamentarias para, independientemente de las diferencias políticas, construir entre todos un modelo de seguridad profesional, coordinado, que ayude a las regiones donde no existen policías municipales, y en aquellas entidades donde persiste el déficit de elementos de seguridad.

Por MORENA, Andrea Chávez Treviño, aclaró que la militarización que señalan quienes se oponen a la reforma evoca desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura que tuvieron lugar en las dictaduras de América Latina, para “exterminar” a militantes de izquierda, pero no tienen que ver con la Guardia Nacional, porque ni Andrés Manuel López Obrador ni Claudia Sheinbaum Pardo utilizarán a las Fuerzas Armadas para violentar derechos humanos.

Marko Cortés Mendoza subrayó que, para Acción Nacional la militarización no es la solución al problema de inseguridad del país, pues lo único que ello ha provocado son más muertos y violencia, por lo cual, propuso la construcción de un modelo de transición que permita impulsar una policía civil ordenada y fiscalizada por instancias nacionales e internacionales.

Del PRI, Carolina Viggiano Austria advirtió que, con la reforma, la Guardia Nacional pierde su carácter civil para convertirse de manera definitiva en un cuerpo policiaco militar, lo que la aleja de un esquema de seguridad pública centrado en la protección de la ciudadanía, así como de los principios de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos.

Juanita Guerra Mena, de la bancada del PVEM, aseveró que es responsabilidad del Poder Legislativo dotar al Estado Mexicano de los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar la paz y la seguridad interna, de ahí la importancia de consolidar a la Guardia Nacional como una institución profesional y permanente al servicio de las y los mexicanos.

Del PT, el Senador Alejandro González Yáñez expresó que no hay represión político-militar por parte del gobierno actual, y que durante la presente administración los homicidios dolosos se han reducido 18 por ciento, lo que refleja que “la estrategia de seguridad es totalmente exitosa”. Además, explicó que clasificar como terrorismo a la actividad de los cárteles mexicanos daría pie a la intromisión militar de gobiernos extranjeros.

Por Movimiento Ciudadano, el Senador Luis Donaldo Colosio Riojas destacó que esta reforma “es el clavo final al ataúd de la seguridad civil en México”, ya que representa la rendición del gobierno ante su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus habitantes desde lo ciudadano.

Posteriormente, Ernestina Godoy Ramos informó que se presentaron ocho reservas al dictamen, mismas que, por acuerdo de los Grupos Parlamentarios, serán presentadas y tramitadas cuando el proyecto se discuta ante el pleno del Senado de la República.

Senado de la República publica en Gaceta Parlamentaria minuta en materia de Guardia Nacional

* El texto fue turnado a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos

El Senado de la República publicó en la Gaceta Parlamentaria la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar diversas disposiciones de la Constitución Política sobre la Guardia Nacional.

El Presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó en redes sociales que el texto fue turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Dicho proyecto plantea que la Federación contará con la Guardia Nacional, como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia.

Así, la secretaría del ramo de seguridad pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. Y la investigación de los delitos correspondería al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia.

La minuta faculta al Congreso de la Unión para que pueda expedir las leyes que regulen y establezcan límites para la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.

El titular del Ejecutivo Federal, por su parte, está facultado, con la ratificación del Senado de la República para nombrar a coroneles y demás oficiales superiores de la Guardia Nacional, y podrá disponer de ésta para tareas de apoyo a la seguridad pública.

Comisión turna a la Dirección Jurídica del Senado minuta que expide Ley General de Operación de los Registros Civiles

• Senadora Mónica Fernández Balboa convocó a reunión ordinaria para desahogar este asunto, pero no se alcanzó el quorum legal

La Presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, convocó a reunión ordinaria para analizar el proyecto de dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles.

Fernández Balboa informó que, con anticipación, se remitió la convocatoria a los correos institucionales de cada uno y cada una de las y los senadores; además, ésta se publicó en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria.

Explicó que “este es un asunto en el que el Senado tiene un mandato judicial”, que se notificó a la Cámara de Senadores y a la Presidencia de la Mesa Directiva, sobre el juicio de amparo 828/2020, promovido por el Titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Sin embargo, al no reunirse el quorum legal para que se realizara el encuentro, la senadora turnó el asunto al área jurídica del Senado de la República.

Agregó que esta minuta estaba en poder de la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, pero dada la naturaleza y complejidad de lo que contiene, se dio a ambas comisiones suficiente tiempo para su estudio y análisis, ya que el proyecto involucra datos biométricos y registros de identidad, lo que ha causado polémica y aplazamientos de diferentes foros y estudios.

Sin embargo, dijo, el Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México que concedió el amparo solicita, de manera insistente, que el Senado haga la dictaminación.

Por todos estos motivos, añadió, convocamos a reunión el 25 de junio, en la que se aprobó por mayoría eliminar del Orden del Día este tema, porque todos los Grupos Parlamentarios solicitamos un mayor análisis de la minuta.

Las comisiones de trabajo del Senado de la República ya hicieron la entrega recepción desde hace meses, y en el caso de la Comisión de Gobernación pedimos una prórroga para poder atender el desahogo de esta minuta.

En este sentido, indicó que el día 15 de agosto entregará la Comisión de Gobernación, “con todo lo que significan los asuntos pendientes.

Por ello, continuó, “damos cuenta de que este asunto pendiente quedará en manos de la Dirección Jurídica del Senado de la República”.

Impulsan en el Senado reforma contra violencia política de género a través de plataformas digitales

Proyecto de la Senadora Laura Iraís Ballesteros fue turnado a las comisiones de Gobernación, Derechos Digitales y Estudios Legislativos.

La Senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca proteger a las mujeres en contra de la violencia política de género que se realiza por plataformas digitales.

En su proyecto, la Legisladora detalló que este tipo de violencia se define como aquella que se realiza a través de medios digitales como mensajería web, publicaciones en redes sociales o dispositivos telefónicos.

Mencionó que el reporte “Violencia política a través de las tecnologías en México”, que realizó la organización Luchadoras MX, documenta las agresiones en contra de mujeres en el proceso electoral en México en el año 2018.

Este documento identificó 85 agresiones asociadas a las tecnologías contra 62 candidatas en 24 estados del país, y detalló que las principales vías a través de las cuales las candidatas recibieron agresiones fueron WhatsApp, llamadas telefónicas, Facebook y Twitter.

Además, en 52 por ciento de los casos, la agresión hacia candidatas provino de alguien desconocido; y no se tuvo información suficiente para caracterizar a los agresores en el 33 por ciento de los casos.

Lo anterior, arroja la hipótesis de que existen tipos de agresores de violencia política de género digital cuya identidad se desconoce, por la facilidad para crear perfiles de usuarios que se hacen pasar por personas o bien varias existen cuentas gestionadas por una sola persona.

Ballesteros Mancilla destacó que la violencia política contra las mujeres la pueden ejercer personas en general, pero también servidoras y servidores públicos, con la finalidad de dirigirse a la condición de mujer en específico y con el objetivo de tener un impacto diferenciado sobre ellas: que les afecte o tenga como fin el menoscabo de sus derechos político-electorales, lo que incluye el ejercicio de su cargo.

La Legisladora enfatizó que corresponde a las autoridades del Estado, en específico a las autoridades electorales, prevenir, investigar, sancionar y reparar la transgresión a los derechos de las mujeres y en su defecto hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia para no contribuir a la invisibilización y normalización de este tipo de conductas”.

Por ello, propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se trata, explicó, de definir que “se entenderá por violencia política de género digital al contenido difundido a través de mensajería web, llamadas telefónicas o contenido digital con el objetivo de monitorear, asechar, acosar, sexualizar, desprestigiar, amenazar y menoscabar los derechos político-electorales por motivos de género, identidad y orientación sexual.

 

Además, precisó que este tipo de agresiones pueden manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley y pueden ser perpetradas indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo o dirigentes de partidos políticos.

Pero también por militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos, medios de comunicación y sus integrantes, un particular o por un grupo de personas particulares.

La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a las comisiones unidas de Gobernación, Derechos Digitales y Estudios Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente.

Piden en el Senado de la República incorporar en planes de estudio uso de Inteligencia Artificial

Es necesario capacitar a los maestros sobre IA para que puedan instruir a los alumnos: Senadores del PT.

Integrantes del Grupo Parlamentario del PT presentaron una iniciativa para establecer que en los planes y programas de estudio de las escuelas se incorpore el uso responsable, comprensión y aplicación de la Inteligencia Artificial (IA), y que se promueva la capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso y comprensión de esta nueva tecnología.

En el documento, que fue suscrito por las Senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el Senador Joel Padilla Peña, se menciona que al usar la Inteligencia Artificial en las escuelas mejora la forma de estudio y aprendizaje.

Pues, afirmaron, que a través de la IA es posible crear materiales de enseñanza que se ajusten a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y esto permite que los alumnos obtengan un contenido adecuado para su desarrollo académico, según sus habilidades y características específicas.

Indicaron que esta tecnología contribuye a proporcionar tutorías y apoyo personalizado a los estudiantes, adapta los materiales y métodos de enseñanza según el nivel de habilidad y ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

Bañuelos de la Torre, Pinedo Alonso, Márquez Alvarado y Padilla Peña insistieron que esta herramienta ayuda en la corrección automática de exámenes y tareas, proporciona retroalimentación instantánea y libera tiempo para que los docentes se centren en interacciones más significativas.

Los Senadores dijeron que la Inteligencia Artificial analiza grandes cantidades de datos sobre el rendimiento de los estudiantes, para identificar patrones y tendencias que puedan informar a los educadores sobre las áreas en las que los alumnos pueden necesitar más apoyo.

Puntualizaron que los maestros podrán utilizar las herramientas de la lA a su favor, ya que, el hecho de monitorear el progreso de los estudiantes y el diseño de diferentes estrategias personalizadas e interactivas es una realidad gracias a dicha herramienta.

Por ello, consideraron fundamental que los docentes puedan tener acceso a las capacitaciones necesarias para tener el conocimiento adecuado, con el fin de que puedan enseñarles a los alumnos la forma adecuada en que la Inteligencia Artificial puede ser utilizada y cómo ocuparla.

En la propuesta, que fue inscrita en la Gaceta Parlamentaria de febrero, se explica que la Inteligencia Artificial tiene como objetivo diseñar tecnología que emule la inteligencia humana, mediante la creación de algoritmos y sistemas especializados.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

Brecha salarial hombre-mujer, obstáculo para alcanzar equidad de género, señalan en el Senado

El empoderamiento económico de las mujeres es esencial para construir una sociedad equitativa: José Erandi Bermúdez.

En pleno Siglo XXI, la lucha por la igualdad de género enfrenta un “obstáculo abrumador”: la persistente brecha salarial entre hombres y mujeres, que desempeñan las mismas actividades o labores, afirmó el Senador José Erandi Bermúdez Méndez.

La magnitud de este problema en México -subrayó el legislador del Grupo Parlamentario del PAN-, “es inquietante y merece una atención urgente”, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2022 del INEGI, en tres meses un hombre gana 10 mil 204 pesos más que una mujer.

Bermúdez Méndez impulsa una iniciativa en el Senado para establecer en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que, sin excepción, a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder un salario igual entre mujeres y hombres.

“Debemos luchar por un México donde las mujeres no sólo sean valoradas por su trabajo, sino también empoderadas para liderar y prosperar en todos los aspectos de la vida”.

La igualdad salarial, enfatizó el legislador, es un paso esencial para construir un país más justo e igualitario, donde todas las personas, sin importar su género, tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

Recordó que, en 2022, el ingreso promedio para las mujeres fue de 19 mil 81 pesos por trimestre, mientras que para los hombres ascendió a 29 mil 285 pesos.

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios Legislativos Segunda, José Erandi Bermúdez subrayó que las diferencias salariales se hacen más grandes por variantes como la edad, el nivel de escolaridad e, incluso, el número de hijos.

La mayor brecha por edades y género se observa en el grupo de 50 a 59 años, ya que una mujer percibió en promedio 23 mil 652 pesos, mientras que un hombre ingresó 37 mil 947 pesos.

Comentó que, de acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, las mujeres en México ocupan sólo 28.7 por ciento de los cargos de alta dirección en las empresas más importantes del país.

El senador señaló que las diferencias en los ingresos se hacen más grandes si se observan por grado escolar, pues una mujer con posgrado completo o incompleto reporta 32 mil 887 pesos menos que lo que percibe un hombre en tres meses.

Alcanzar la igualdad salarial, agregó, no sólo es una causa justa, sino una necesidad urgente para transformar la sociedad en su totalidad. “Enfrentar este desafío requiere un compromiso profundo y sostenido de todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno y las empresas hasta las familias y las comunidades”.

Avalan en comisiones proyecto para que casas de empeño garanticen devolución de bienes

  

°Plantea que se puede indemnizar a quienes tengan la necesidad de empeñar sus bienes, cuando éstos hayan sido robados, extraviados o sufran algún daño o deterioro.

Las comisiones unidas de Defensa a los Consumidores y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron una reforma para que quienes tengan la necesidad de empeñar sus bienes, puedan ser indemnizados en caso de que la casa de empeño les niegue la devolución de éstos, hayan sido robados, extraviados o sufran algún daño o deterioro.

Los integrantes de estos órganos legislativos, que presiden la Senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez y Rafael Espino de la Peña, respectivamente, consideraron que es necesario establecer disposiciones legales que garanticen la devolución de los bienes entregados en prenda en este tipo de operaciones.

Las casas de empeño son fuentes de financiamiento que coadyuvan en el desarrollo de la economía popular, al proveer de recursos económicos inmediatos a los sectores más vulnerables de la población, que en su mayoría no tienen acceso a los servicios financieros y se ven en la necesidad de solicitar los servicios de mutuo con interés y garantía prendaria.  

Las operaciones de financiamiento a través del mutuo con interés y garantía prendaria, destacaron los senadores, crecieron en un 40 por ciento durante el periodo de contingencia sanitaria ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2. 

En 2019, por ejemplo, las casas de empeño realizaron 61.1 millones de operaciones que ascendieron a 63 mil millones de pesos, con un promedio al día de 125 mil operaciones, distribuidas entre tres mil 500 sucursales en todo el territorio nacional;

Para 2020, cada sucursal hizo en promedio 50 operaciones al día, de las cuales menos de la mitad fueron prestamos con interés y garantía prendaria, lo que se traduce en un total de 175 mil operaciones a nivel nacional, que representan un incremento del 40 por ciento en comparación con el año anterior.  

Sin embargo, en el dictamen los legisladores subrayaron que, durante el periodo de la contingencia sanitaria, específicamente durante 2021, se presentaron 480 quejas en contra de los servicios proporcionados por las casas de empeño, donde el principal motivo de reclamación de los consumidores fue por la negativa a la entrega del producto, es decir, que los proveedores se negaron a devolver o restituir el bien entregado en prenda para garantizar el mutuo con interés. 

Lo anterior, ya sea porque se vendió, se extravió o se dañó mientras se encontraba en resguardo de la casa de empeño. 

“Esto refleja que existe una práctica ilegal para no devolver el bien entregado en prenda, aún y cuando el marco jurídico regulatorio obliga a los prestadores de servicios de mutuo con interés y garantía prendaria a establecer un procedimiento para la devolución del bien entregado en prenda, así como a resguardarlo en óptimas condiciones y no venderlo hasta en tanto se haya vencido el plazo establecido en el contrato de adhesión registrado ante la PROFECO”. 

En este contexto, el dictamen plantea reformar el artículo 65 Bis 6 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para establecer que las casas de empeño, en caso de que el bien sobre el que se constituyó la prenda haya sido robado, extraviado o sufra algún daño o deterioro, el pignorante pueda optar por: 

Indemnización económica, en forma inmediata, equivalente al valor real que tenga en el mercado el bien empeñado al momento del pago, siempre que sea mayor al avalúo inicial; o la entrega de un bien del mismo tipo, valor y calidad.  

Y, en caso de que el pignorante opte por la restitución mediante la entrega de un bien, ésta se garantice en términos del Capítulo IX de esta Ley.