Piden que el Estado garantice cuidado de infancias y adolescentes con escuelas de horario completo

• El Diputado Zavala Gutiérrez (MC) impulsa cambios a la Ley General de Educación

• Se deberán proveer servicios de cuidado básicos tales como alimentación saludable, nutritiva y gratuita, en el nivel básico

El Diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) propuso reformar la Ley General de Educación para que el Estado implemente programas y políticas públicas que garanticen el cuidado de las infancias y adolescentes, mediante el establecimiento de escuelas con horario completo en educación básica.

Las modificaciones a los artículos 3, 9 y 114 precisan que dichas escuelas incluirán servicios de cuidado básicos tales como alimentación saludable, nutritiva y gratuita y se deberá privilegiar su establecimiento en aquellas zonas con mayores índices de pobreza, marginación y condición alimentaria.

Asimismo, plantea estipular que entre las atribuciones de las autoridades educativas de los estados y Ciudad de México esté el implementar programas y políticas que complementen los planes y programas que emita la Secretaría de Educación Pública, entre ellas las que garanticen el cuidado de las infancias y adolescencias, así como el ofrecimiento de servicios educativos de horario completo.

Para dichos efectos, precisa, las acciones que promuevan dichas autoridades se regirán por el principio de complementariedad; es decir, no sustituyen ni excluyen a los planes y programas que emita la Secretaría.

El documento, remitido a la Comisión de Educación, afirma que se busca reconocer a las escuelas de tiempo completo como ejes fundamentales de la estrategia de educación y de cuidados a nivel nacional, a fin de que sus alcances apoyen a las niñas y niños de zonas con mayor índice de marginalidad a reducir las barreras que les impidan tener un desarrollo pleno y digno.

Al mismo tiempo, agrega, que estos planteles formen parte de una política integral de cuidados que vele por el bienestar y el goce de derechos de las personas cuidadoras.

Con esta reforma, indica, se impulsa el fortalecimiento del federalismo en el nivel educativo, desde donde las entidades puedan focalizar y colaborar en su implementación de conformidad con los contextos locales. Todo ello, con la finalidad de que las escuelas logren convertirse en un vehículo de desarrollo social en todo el país.

Piden que el Estado otorgue apoyos educativos y sociales a hijas e hijos menores de víctimas de feminicidio

• En México, la situación de orfandad por feminicidio es alarmante: Diputada González González (PRI)

La Diputada Ana Isabel González González, del PRI, presentó una iniciativa de reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que el Estado otorgue apoyos a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio.

Precisa que para las hijas e hijos o personas que dependan de la víctima de feminicidio el Estado deberá garantizar el acceso a apoyos educativos que incluyan becas y programas de tutoría y asegurar que puedan continuar su educación sin interrupciones, además de ayudas económicas mensuales para cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda.

Agrega que el Estado también debe brindar servicios jurídicos, médicos con cobertura integral de salud y atención psicológica especializada de manera gratuita, para la recuperación de las víctimas indirectas de feminicidio, con apoyo de las diferentes instituciones públicas de manera permanente y garantizar con ello su derecho a la salud física y psicológica y el acceso a la verdad y a la justicia.

El documento, que modifica la fracción I y III, y adiciona una fracción IV al artículo 26, turnado a la Comisión de Igualdad de Género, considera que la implementación de estos apoyos tiene un costo, pero es una inversión esencial en el futuro de nuestra sociedad, ya que proporciona estabilidad y apoyo a los menores; es decir, no solo cumple con los compromisos de derechos humanos, sino contribuye a la construcción de una sociedad más equitativa y resiliente.

Subraya que en un país donde la violencia de género cobra la vida de tantas mujeres, es responsabilidad moral y legal proteger y apoyar a quienes quedan en vulnerabilidad luego de actos tan atroces.

En México, advierte, la situación de orfandad por feminicidio es alarmante, pues datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) confirman que, entre abril de 2018 y marzo de 2021, se documentaron más de cinco mil niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos debido a feminicidios.

Sin embargo, para 2024 no existe todavía una cifra exacta de cuántas niñas, niños y adolescentes han perdido a sus madres por actos de violencia. Y a pesar de que el 4 de agosto de 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expide el “Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio”, la atención es casi nula o a medias.

Frente a esta situación, enfatiza, es necesaria la modificación propuesta para que se garantice la atención especializada a todas las niñas y niños que han perdido a su madre por este delito, y es momento de que México adopte medidas para un futuro más seguro y justo para la niñez y la adolescencia.

La Comisión de Gobernación y Población aprobó dictamen que propone crear tres secretarías de Estado

* Se trata de las secretarías de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, de las Mujeres y la de Anticorrupción y Buen Gobierno

* Diputadas y diputados emiten postura sobre los ejes temáticos de las reformas

La Comisión de Gobernación y Población, presidida por la Diputada Graciela Ortiz González (PRI), aprobó, en reunión extraordinaria, con 18 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Con las reformas se crea la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres, y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Acordó que las reservas para la discusión en lo particular se desahoguen y presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El documento fue canalizado a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Reingeniería de la Administración Pública Federal

La Diputada Ortiz González expresó que el dictamen busca atender las iniciativas presentadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la de la Diputada Kenia López Rabadán y legisladores integrantes del PAN, ambas turnadas y recibidas en la Comisión el 5 de noviembre.

Indicó que a la Comisión le turnaron iniciativas de las y los legisladores del grupo parlamentario del PVEM, por el que se adiciona una fracción XXVII al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y la que reforma el artículo 26 y adiciona el 42 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por la Diputada Xitlalic Ceja García (PRI), por lo que ambas se consideran conexas al dictamen.

Destacó que se proponen adecuaciones normativas en las atribuciones de 15 Secretarías de Estado, de las cuales en ocho de ella se realizan modificaciones a sus actuales atribuciones, siendo estas las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Salud.

Además, dijo, se cambia la denominación de la Secretaría de Función Pública por la de Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y le asignan nuevas facultades en materia de transparencia, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.

Expuso que se reforman atribuciones relacionadas con la Oficina de la Presidencia, así como de las unidades administrativas y sus equivalentes. Se crean dos nuevas Secretarías de Estado: la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación.

Puntualizó que se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encargada de formular y conducir las políticas de inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones de la Administración Pública Federal.

El dictamen, afirmó Graciela Ortiz, permite establecer una reingeniería de la Administración Pública Federal, reformulando su organización, en función de eficiencia, eficacia, austeridad y gobernanza digital.

Explicó que el debate sería en cuatro ejes: Política interior y económica, para referirse a las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Anticorrupción y Buen Gobierno y lo relativo a la Oficina de la Presidencia y Unidades Administrativas.

Sobre Política social para hablar de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Salud. Un eje más, es el de mujeres y seguridad, en lo que concierne a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de las Mujeres.

El cuarto, sobre Ciencia, Tecnología e Innovación, respecto a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, así como las secretarías de Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Cultura, Turismo, Educación y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Posturas en lo general del dictamen

El Diputado Joaquín Zebadúa Alva (MORENA) indicó que se hará una Secretaría de las Mujeres porque se está respondiendo a un movimiento que se ha manifestado, se busca un empoderamiento y lograr concretar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se plantea que el avance de las tecnologías de la información esté al alcance de todos.

Del PAN, el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño indicó que nunca se convocó al análisis de la iniciativa y la posterior elaboración del dictamen; no contempla el impacto presupuestario con lo que se viola el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. “Se crean tres Secretarías de Estado que sin duda tendrían impacto”.

El Diputado Carlos Enrique Canturosas Villarreal (PVEM) afirmó que se actualiza el ejercicio público y modifica el andamiaje jurídico para crear nuevas secretarías y cumplir los objetivos y compromisos de campaña; impulsa una administración pública más dinámica, transparente y cercana a necesidades de la gente, con lo que “damos pasos firmes y acertados al desarrollo integral del país”.

Por el PT, el Diputado José Luis Sánchez González explicó que el dictamen contiene planteamientos necesarios para posibilitar el trabajo de la presidenta de la República y no tenga obstáculos artificiales, pues permite que la Administración Pública sea más eficiente y pueda servir mejor a la ciudadanía.

El Diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez (PRI) dijo no compartir la visión administrativa que centralice funciones. Las facultades sobre transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales pasarían a la Secretaría de Anticorrupción, y con la creación de la Agencia surgen varias preocupaciones y no está clara su finalidad.

Miguel Ángel Sánchez Rivera, Diputado de MC, consideró importante la creación de las nuevas secretarías; sin embargo, demandó que se le otorguen cinco días para conocerlo como lo establece el Reglamento de la Cámara de Diputados y poder entregar un buen posicionamiento en tiempo y forma.

Política interior y económica

A su vez, el Diputado Adrián González Naveda (PT) expuso que existe un sentido de urgencia para adecuar la Ley y hacer modificaciones robustas y no hay afán de concentración. “Es significativo lo que se propone en materia de política interior y seguridad; se busca eficientar el gasto. Las adecuaciones son necesarias y trascedentes”.

Carlos Arturo Madrazo Silva, Diputado del PVEM, apuntó que con la Secretaría Anticorrupción se busca establecer un modelo ejemplar en la lucha contra la corrupción centrado en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción; se encargará de garantizar que las instituciones públicas actúen con transparencia, eficiencia y honestidad.

El Diputado Asael Hernández Cerón (PAN) calificó como positivas algunas de las propuestas realizadas en el dictamen como la de crear la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la transformación del Instituto Nacional de las Mujeres a una secretaría; no obstante, pidió fortalecer el Inai para que éste sea más transparente.

Leonel Godoy Rangel, Diputado de MORENA, se pronunció por aprobar el dictamen porque los titulares de los ejecutivos pueden proponer modificaciones a la Ley que auxilia y contribuye a ejercer una mejor forma de gobernar. “Nunca se negó a los presidentes la posibilidad de modificar ese ordenamiento conforme ellos consideraban que debía orientarse el aparato burocrático federal para el mejor ejercicio de su función”.

Política social

De MC, el Diputado Sánchez Rivera comentó que es indispensable que se garantice el presupuesto para que la SEMARNAT pueda implementar los programas de restauración ecológica, fiscalizar el cumplimiento de normas ambientales y operar con la eficacia que se espera de una institución tan importante.

El Diputado Cantú Ramírez (PRI) consideró que llama la atención que a la SEMARNAT se le den atribuciones para defender los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, pero la pasada administración generó un impacto socioambiental en el sureste con la creación de obras prioritarias en medio de la destrucción de la selva y la biodiversidad.

El Diputado Sánchez González, del PT, resaltó que el neoliberalismo no solo contaminó el aire sino el agua y la tierra. “Hay rezago, abandono y olvido. No podemos ser paquidérmicos, omisos o negligentes; sería una gran irresponsabilidad y traición no atender las demás anhelos y sueños del pueblo”.

Por el PVEM, el Diputado Alejandro Avilés Álvarez expuso que el dictamen busca mejorar la efectividad en la gestión del sistema de salud, para unificar la prestación gratuita de los servicios, medicamentos y demás insumos para personas sin seguridad social y formular instrumentos normativos, técnicos y financieros para hacer efectiva la cobertura universal.

La Diputada Eva María Vásquez Hernández (PAN) indicó que las reformas en materia de política social intentan actualizar y mejorar las políticas públicas en agricultura, medio ambiente y salud, pero, para que sean exitosas, se requiere una correcta implementación y asignación de recursos, así como la colaboración del gobierno y la sociedad.

Irma Juan Carlos, Diputada de MORENA, destacó que ahora la SEMARNAT tendrá mayores facultades para sancionar, gestionar y realizar labores coordinadas en materia de medio ambiente, y aseguró que la soberanía alimentaria será el eje rector de la agricultura, porque la Secretaría de Agricultura va a producir y comercializar las semillas.

El Diputado, Francisco Adrián Castillo Morales (MORENA) precisó que se fortalece el sistema de salud y se atienden las necesidades de la población de manera integral, con la finalidad de que obtenga una atención de calidad, a través de la prevención de enfermedades, así como la capacitación contínua del personal de salud, para lograr esos objetivos.

El Diputado del PT, González Naveda, hizo referencia que el dictamen es un primer paso para la defensa del derecho a un medio ambiente sano y, en materia de agua la SEMARNAT podrá impulsar acciones para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, y otorgar contratos y licencias.

Mujeres y seguridad

Por MC, el Diputado Sánchez Rivera manifestó su apoyo a la creación de las Secretaría de las Mujeres, pero “seremos vigilantes para asegurar que sea un verdadero motor de cambio”. Hizo votos para destinar recursos y diseñar políticas inclusivas y de rendición de cuentas que permitan cumplir con la misión de igualdad, justicia y dignidad para todas.

Miguel Alejandro Alonso Reyes, Diputado del PRI, dijo estar a favor de acciones que generen igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres, pero deben acompañarse de presupuesto y transparencia en el ejercicio de recursos y programas. Sobre seguridad, expresó que al ser tema de relevancia también requiere recursos para policías estatales y municipales.

El Diputado Torres Cofiño (PAN) puntualizó que la creación de la Secretaría de las Mujeres es un paso fundamental, pues verá todo lo relacionado a la igualdad sustantiva, perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de la violencia de género. “Para nuestra bancada es una prioridad que a las niñas, adolescentes y mujeres se les garanticen sus derechos”.

De MORENA, la Diputada Adriana Belinda Quiroz Gallegos afirmó que la creación de la Secretaría de las Mujeres es una necesidad urgente y estratégica en la actualidad que se vive, toda vez que se alinea con el compromiso de la ´presidenta de transformar al país en un lugar más justo y equitativo, pues solo con una institución fuerte se puede avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Armando Corona Arvizu, Diputado de MORENA, resaltó que el tema de seguridad es un reto complicado para el país y la prevención es factor clave. La creación de la Secretaría de las Mujeres representa la lucha de muchas mujeres y las becas son una ayuda para que los delitos en el país bajen.

Ciencia, Tecnología e Innovación

El Diputado Sánchez Rivera (MC) consideró que la misión de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones debe ser apoyar y coordinar la digitalización, no de descentralizar la información personal en un solo ente, por lo que es fundamental limitar sus funciones; de lo contrario, afectará la privacidad y la libertad de las personas.

Por el PRI, el Diputado Alonso Reyes expresó que la nueva institución debe incluir a universitarios, académicos y científicos para probar su sentido de inclusión e impulsar los talentos en ciencia, tecnología, innovación y humanidades. Sobre la transformación digital manifestó que la centralización de la información en una agencia debe tener un organismo ciudadano que equilibre su estructura y presupuesto.

El Diputado Canturosas Villarreal (PVEM) mencionó que la ciencia, tecnología e innovación son el motor que impulsa la economía global y educación de calidad; deben ser tratados como asuntos prioritarios ya que su desarrollo está directamente vinculado al crecimiento de México y a la capacidad del país para enfrentar los retos globales.

A su vez, el Diputado Fernando Torres Graciano (PAN) se pronunció por enriquecer el dictamen y mejorar la redacción, toda vez que no quedan claros los alcances que tendrá la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y en otros temas existe ambigüedad; se debe crear un órgano de control ciudadano.

María del Rosario Orozco Caballero, Diputada de MORENA, aseguró que el desarrollo tecnológico y la innovación permiten tener beneficios sociales, calidad de vida, comodidad y mejorar la economía y aumentar la justicia social; por ello, es relevante la creación de la secretaría en la materia y evitar duplicidad de funciones y tener ahorros presupuestales.

La Diputada de MORENA, Rosa María Castro Salinas, comentó que el dictamen busca que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, promueva la investigación y el conocimiento, ejes clave para resolver problemas globales como la salud, el cambio climático y la sostenibilidad; además, se impulsará el avance de las humanidades.

Sesiones del Congreso por Sistema Mexiquense de Medios Públicos: GPMC

* La Diputada Ruth Salinas promueve mayor difusión del quehacer legislativo

* Grupo Parlamentario de MC (GPMC) propone elevar a rango de Ley la personalidad jurídica del Sistema Mexiquense de Medios Públicos

Por considerar que la población mexiquense no cuenta con la información necesaria del quehacer legislativo, ni de las iniciativas y propuestas que se impulsan en el Congreso Mexiquense, la Diputada Ruth Salinas Reyes (MC) propuso que las sesiones legislativas se transmitan por el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, para lo cual planteó elevar a rango de ley la personalidad jurídica de este Sistema.

La proponente admitió que no sirve legislar por y para el pueblo si este no se entera sobre los beneficios de las legislaciones, por lo que afirmó que esto obliga a garantizar la máxima publicidad y difusión de la información legislativa para que se conozcan las propuestas y acciones de las bancadas, lo que ayudará a mejorar la aprobación ciudadana de las y los representantes populares.

Tras lamentar que de 17 millones de mexiquenses el Sistema cuente con una audiencia de 500 mil personas, y 850 mil personas usuarias conectadas a sus redes sociales, la legisladora abogó por la necesaria democratización y descentralización del Sistema que le permita contar con una estrategia financiera más competitiva y el incremento de su cobertura.

La iniciativa propone mantener su condición de organismo público descentralizado, y siga siendo una institución competitiva y el vehículo de comunicación social para todos los poderes del Estado.

Establece que se incorporará al objeto del Sistema la igualdad sustantiva en la difusión de la cultura y valores; el fomento de la cultura cívica y democrática; la difusión de las acciones, resultados y actividades de los tres poderes del Estado; y la orientación a la población en la defensa de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones.

Asimismo, modifica la integración del consejo directivo del Sistema, incorporando en sus vocalías a las o los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como del Instituto Electoral del Estado de México y añade que los recursos materiales, financieros y humanos del Sistema queden íntegros al entrar en vigor la ley.

El documento expone que el Sistema se integra por Radio Mexiquense, Televisión Mexiquense, las diversas frecuencias de radio y los canales de televisión radiodifundida que tengan autorizados el gobierno estatal. Así como que el Sistema surgió en 1983 y 1984, con el objeto de difundir las manifestaciones educativas, artísticas, políticas y culturales de la población mexiquense, para establecer un canal de comunicación social institucional.

Respalda EdoMéx reforma constitucional en materia de bienestar

* Reforma asegura un esquema de apoyos para el bienestar de la población vulnerable

* Garantiza un estándar mínimo de desarrollo para las personas con discapacidad, adultas mayores, campesinas y pescadoras

En su calidad de Constituyente Permanente, el pleno del Congreso del Estado de México aprobó, por unanimidad, la minuta con proyecto de decreto enviado por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de bienestar, con la que se busca asegurar un esquema de apoyos para la población en condición de vulnerabilidad.

La reforma, avalada durante sesión deliberante presidida por el Congresista Maurilio Hernández González (MORENA), destaca que se garantiza un estándar mínimo de desarrollo para las personas con discapacidad, adultas mayores, campesinas y pescadoras del país.

De acuerdo con el documento, leído por el Legislador Carlos Alberto López Imm (PVEM), la Federación y sus entidades garantizarán la entrega de una pensión a las personas menores de 65 años, con discapacidad permanente; y el Estado garantizará la rehabilitación y habilitación de estas personas, dando prioridad a menores de 18 años.

Puntualiza que, a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, les corresponde la pensión, y a todas las personas mayores de esa edad les corresponde la pensión de adultos mayores.

Asimismo, el Estado garantizará un jornal seguro, justo y permanente a personas campesinas que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a personas productoras de pequeña escala; y un apoyo anual directo a personas pescadoras.

Además, se indica que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable.

Por otro lado, la minuta también establece el derecho constitucional de toda persona a disfrutar de vivienda adecuada.

En sus participaciones, el Diputado Edmundo Luis Valdeña Bastida (MORENA) resaltó que la reforma disminuye de 68 a 65 años la edad para las pensiones a personas adultas mayores, y establece la obligatoriedad de los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Fertilizantes para el Bienestar, de pesca y precios de garantía. Asimismo, puntualizó que la reforma representa la definición clara del tipo de gobierno que el segundo piso de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México seguirá construyendo a nivel federal, estatal y municipal.

Del PVEM, la Diputada Honoria Arellano Ocampo reconoció la atención de la reforma para el bienestar hacia los grupos vulnerables aunque, admitió, será importante conocer cuáles son sus necesidades reales y crear mecanismos para su desarrollo digno y justo. Solicitó impulsar reformas de acuerdo a la pirámide poblacional más predominante.

La Legisladora Ruth Salinas Reyes celebró que se privilegie a sectores históricamente olvidados, con acciones tangibles que les impactarán positivamente, aunque admitió que desde el Congreso Local se necesita legislar en materia de pensión rural digna y un presupuesto justo y responsable para el campo.

Señaló la necesidad de dar seguimiento a la política social, para garantizar transparencia, responsabilidad y austeridad por parte de personas servidoras públicas, y presentó un vídeo sobre supuesta falta de austeridad y pidió realizar investigaciones.

Presentarán en el Senado de la República iniciativas de leyes de agroecología y de bioinsumos

* Adelanta Ana Lilia Rivera que se buscará que el Estado pueda comprar y proveer insumos que no sean tóxicos

La Senadora Ana Lilia Rivera Rivera informó que en próximas fechas presentará las iniciativas para expedir las leyes de Agroecología y de Bioinsumos, además de que trabajará en la elaboración del Reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible.

En la reinstalación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, cuyo Capítulo México coordina la senadora, explicó que la normatividad de agroecología va en concordancia con los planes que la Presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho en materia de soberanía alimentaria.

“La presidenta ha anunciado que la soberanía alimentaria se sostendrá en agroecología, distribución sana de alimentos, educación de la alimentación y, por lo tanto, nos ha llamado para crear esta ley de agroecología”, añadió.

En lo que respecta a la ley de Bioinsumos, Ana Lilia Rivera Rivera detalló que se busca incluir ese concepto en la normatividad mexicana, para que el Estado pueda comprar y proveer insumos que no sean tóxicos, como los agroquímicos, y así generar una agricultura responsable con el ambiente.

Por último, sostuvo que el Reglamento de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible es indispensable para la implementación de esta norma recientemente creada y que “no se convierta en letra muerta”.

En el encuentro de reinstalación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que conjunta el trabajo de legisladores para garantizar la alimentación en esta región, representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) también reconocieron los avances que México ha hecho en esta materia.

Lina Polh Linares, representante de la FAO México, celebró que el hambre haya disminuido 18 por ciento en América latina y el Caribe de 2018 a 2023, en buena parte por el esfuerzo de nuestro país en los últimos seis años respecto al combate a la pobreza.

Por su parte, Luis Lobo Guerra, oficial técnico de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre, de la FAO, sostuvo que los parlamentos de los países tienen un papel relevante en la creación de leyes para combatir el hambre, y celebró que el Congreso de la Unión haya cumplido con esa meta al incluir en 2011 la obligación del Estado de garantizar la alimentación en la Carta Magna.

Posterior al evento, y en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se conmemora el 16 de octubre de cada año, el interior del Senado de la República se iluminó de naranja, color alusivo a esta causa.

La Senadora Ana Lilia Rivera, quien encabezó este acto, destacó que México ya no está en la lista de países con hambre, gracias a la transformación que vive el país, pero ahora se tiene que lograr que los mexicanos no tengan mala alimentación, “ya no queremos obesidad en los niños ni en los adultos, no queremos muertes que se pudieron prevenir con la sana alimentación”.

Aprueban comisiones del Senado de la República reforma para fortalecer capacidad del Estado sobre sector energético

* El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Energía y Estudios Legislativos aprobaron la reforma constitucional que busca fortalecer las capacidades del Estado en el sector energético y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Con 29 votos a favor y 10 en contra, los órganos legislativos dieron su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado de la República, para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política.

El dictamen elimina del texto constitucional el concepto de “empresas productivas del Estado” y lo sustituye por el de “empresas públicas del Estado”.

Además, precisa que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en áreas estratégicas como el litio y el servicio de Internet que éste provea; ni la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación, y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible.

Dispone que las leyes determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica, que en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, mencionó que la reforma constitucional “revindica el patrimonio del pueblo de México, porque los recursos naturales energéticos serán para beneficio de la gente”.

Laura Itzel Castillo Juárez, Presidenta de la Comisión de Energía, dijo que el objetivo del proyecto es de carácter social y pretende que las empresas públicas del Estado sirvan para beneficio de la sociedad, sobre todo en las áreas de carácter estratégico como la electricidad, el Internet y el litio.

El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, recordó que antes del año 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaba 63 por ciento de la electricidad, mientras que las empresas privadas el 37 por ciento, pero en la administración de Enrique Peña Nieto esto se invirtió, y en 2021 el sector privado generó 62 por ciento de la electricidad y la CFE sólo 38 por ciento.

De MORENA, Beatriz Mojica Morga enfatizó que, entre otras cosas, la enmienda constitucional ayudará a “poner orden a los saqueos” de la industria de la electricidad, y servirá para llevar Internet a comunidades indígenas y afromexicanas apartadas, donde las empresas privadas no están interesadas en dar ese servicio a sus habitantes, lo que calificó como un problema de desigualdad.

Agustín Dorantes Lámbarri, del PAN, advirtió que esta reforma “no aborda las crisis financieras” de Petróleos Mexicanos y de la CFE, sino que les permite operar como empresas sin rentabilidad, lo que traerá pérdidas millonarias que, a su vez, impactarán en el bolsillo de los mexicanos.

Del PRI, Claudia Edith Anaya Mota aseguró que la reforma genera incertidumbre para el mercado nacional e internacional, porque no se garantiza certeza legal sobre la regulación del sector, pues se les dice a los particulares “ustedes ya no vengan a invertir, porque no los vamos a dejar entrar a la producción”.

Waldo Fernández González, del PVEM, expresó que el proyecto da certeza a la soberanía energética y al desarrollo económico del país, porque impulsa un mercado eficiente de la industria eléctrica con una expansión regulada por el Estado.

Por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, consideró que la mejor estrategia energética para México no es consolidar a la CFE y a Petróleos Mexicanos como actores preponderantes en el mercado, sino generar energía sostenible y permitir la competencia para que los ciudadanos accedan a servicios más baratos y limpios.

Alejandro González Yáñez, del PT, sostuvo que, con esta enmienda a la Carta Magna, el “nuevo Estado mexicano” pone orden, para que la CFE y Pemex se sigan desarrollando como empresas que garanticen el abasto de energía en el país.

Piden que Estado establezca el principio de accesibilidad en políticas públicas para garantizar derechos de personas con discapacidad

• La Diputada De la Torre Valdez (PRI) planteó adicionar la Constitución Política

La Diputada Yolanda De la Torre Valdez (PRI) propuso adicionar la Constitución Política, con el objetivo de instituir que el Estado deberá establecer el principio de accesibilidad como base de conducción en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

La iniciativa, que plantea adicionar un párrafo al artículo 4º de la Carta Magna y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, sostiene que, en el marco de la construcción de una sociedad inclusiva y equitativa, la adopción del principio de accesibilidad en la toma de decisiones públicas por parte del Estado se erige como una necesidad imperativa.

Este precepto, indica, busca garantizar que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan participar plena y efectivamente en todos los ámbitos de la vida pública y política.

Señala que la accesibilidad como principio rector en la Constitución Política define el camino a seguir por las autoridades en todas sus decisiones y actuaciones cuando se trate de las personas con discapacidad, porque su función orientadora permite hacer efectivo el acceso a sus derechos humanos.

Asimismo, la “accesibilidad como derecho” tiene un impacto directo en la mayoría de los bienes y servicios necesarios para el acceso a los derechos humanos, tales como la movilidad, la información, las comunicaciones y la vivienda.

“El ejercicio del derecho a la accesibilidad permite a su vez el acceso a otros derechos fundamentales para el bienestar psicológico, físico y social”, asevera.

En la exposición de motivos menciona que, en México, según el Censo del INEGI 2020, 20 millones 838 mil 108 personas tenían alguna limitación, discapacidad o problema o condición mental, quienes representan el 16.5 por ciento de la población.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL), la población con alguna discapacidad presenta grandes problemas para poder acceder a sus derechos y en su gran mayoría se encuentra en situación de pobreza.

Por ello, afirma la legisladora, es importante que se incorpore el derecho a la accesibilidad en la Constitución Política, que promueva y garantice la mayor accesibilidad posible en la construcción de las políticas públicas destinadas al acceso a los derechos de la población.

Destaca que asegurar la accesibilidad no solo es un mandato de derechos humanos, sino también una estrategia fundamental para promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Este enfoque, concluye, no solo mejora la calidad de vida de esta población, también enriquece el tejido social al fomentar la diversidad y la inclusión en la esfera pública.

Impulsan el reembolso de gastos en salud por omisiones de servicios y desabasto de medicamentos

• El Diputado Ramírez Barba (PAN) plantea reformar el artículo 4º de la Constitución Política

Para que el Estado quede obligado a reembolsar a la población los gastos en servicios de salud incurridos debido a la omisión de servicios, como la entrega de medicamentos e insumos para la salud que le corresponde por parte de las instituciones públicas, el Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) impulsa una iniciativa que reforma el cuarto párrafo del artículo 4° de la Constitución Política.

Indica que la ley establecerá los mecanismos del reembolso. En los transitorios establece que el derecho al reembolso de los gastos que hayan tenido que realizar los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social para la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa será procedente cuando hayan recurrido a servicios privados o sociales de salud por el incumplimiento a que está obligada la institución pública de salud de que se trate.

También, cuando los insumos para la salud estén contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y los medicamentos, dispositivos médicos, requerimientos clínicos y demás insumos para la salud hayan sido prescritos o indicados por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.

Añade que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiarán los reembolsos a que refiere el decreto con los recursos que anualmente se les asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Ramírez Barba argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante y, además, debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente.

Expone que, ante la interrupción del suministro de los medicamentos del tratamiento médico, las autoridades responsables deben reembolsar al paciente los gastos privados erogados por la adquisición del medicamento.

El legislador detalla que según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gasta un promedio de 5 mil 350 pesos al año en gastos privados, para adquirir los medicamentos que el sector público no le otorga, y el propio gobierno ha reconocido que se dejaron de surtir 45 millones de recetas en estos años.

Por ello, “estamos convencidos que la salud es un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado, y es imperativo contar con un sistema de salud robusto, inclusivo y sustentable. La propuesta es un paso firme hacia la consolidación de un sistema de salud que verdaderamente proteja a todas y todos los mexicanos, especialmente a los más vulnerables”, agrega.

La iniciativa fue enviada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

Congreso resistirá presiones internas o externas en la reforma al Poder Judicial, afirma Ricardo Monreal

• El presidente de la JUCOPO adelanta que el próximo 2 de septiembre se prevé que se discuta y, en su caso, se apruebe el proyecto en la Cámara de Diputados.

El Senador Ricardo Monreal Ávila dijo que el próximo 2 de septiembre se prevé que se discuta y, en su caso, se apruebe en la Cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial, y que se respetarán todas las expresiones y puntos de vista, pero también “resistiremos presiones internas, externas y mantendremos firmes nuestros principios y nuestros compromisos”.

Durante el octavo foro de los “Diálogos Nacionales para la Reforma al Poder Judicial”, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República se refirió a las declaraciones de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, Margaret Satterthwaite:

“Entiendo y creo que se trata de conjeturas e inexactitudes a partir de una posición parcial e injerencista, derivada de una lectura incompleta. Nosotros resolveremos de manera soberana sobre lo que nos corresponde como Poder de la Unión, sin atender ninguna influencia o presión desmedida desde el exterior”, aseveró.

Ricardo Monreal consideró que “estamos viviendo momentos únicos” por la refundación de la República, de sus instituciones: “esta es y será una de las reformas más discutidas, más celebradas por la ciudadanía, y de las más polémicas en centros y círculos de la sociedad”.

El acceso a la justicia -recordó-, es el último fin del Estado, esencial para cualquier estructura social y política de cualquier nación.

Nadie puede negar, enfatizó, que en México actualmente hay un déficit de justicia, que es indispensable reformar al Poder Judicial “y que el movimiento social y político al que pertenecemos tiene un mandato popular por atender, el cual nos fue ordenado en las urnas de manera legítima”.

Monreal Ávila dijo que, se prevé que estos foros se concluyan el próximo jueves, en Sinaloa; posteriormente, corresponderá a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analizar y, en su caso, aprobar el dictamen, así como incorporar las propuestas que enriquezcan el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

En ese sentido, el senador destacó que la reforma busca mejorar las defensorías públicas estatales y federales, garantizar los derechos de la ciudadanía, fortalecer la gobernabilidad y la transparencia e impulsar la profesionalización, así como el acceso a la justicia, todo ello para contribuir a una sociedad más justa, transparente y participativa.

Subrayó que actualmente, la evolución del desempeño de la defensoría pública es poco alentadora, pues, de acuerdo con encuestas e investigaciones, la insatisfacción de personas privadas de su libertad que acuden a estas instancias, la califican de forma negativa en casi 80 por ciento.

El Senador acotó que la modificación al diseño y estructura de los órganos administrativos y disciplinarios del Poder Judicial tiene por objeto garantizar su autonomía, independencia y especialidad técnica.

Reiteró que la reforma no debilitará al Poder Judicial, ni mermará su autonomía e independencia, sino que lo fortalecerá a través de la legitimidad emanada del poder popular

Realizan en la Cámara de Diputados el foro: “Participación Ciudadana y las relaciones intergeneracionales en Pro del Adulto Mayor”

• Demandan diputadas y diputados mejores medidas para que los adultos mayores vivan con respeto y dignidad

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la Diputada Gabriela Sodi (PRD), realizó el foro: “Participación Ciudadana y las relaciones Intergeneracionales en Pro del Adulto Mayor”, con la finalidad de discutir cuál será el mecanismo que seguirá el Estado en un proceso de envejecimiento en el país.

La Diputada Catalina Díaz Vilchis (MORENA) afirmó que la vejez llega en cualquier momento, por lo que se requiere adoptar medidas a favor de las personas adultas mayores para que vivan con mayor respeto y dignidad, pero es necesario que se involucren las comunidades, la sociedad, las autoridades y las instituciones de niñas, jóvenes y adultos, hasta garantizar sus derechos humanos.

Agregó que, para ello, se debe proporcionar a las personas de la tercera edad, asesoría jurídica gratuita, servicios de salud, cultura, deporte, recreación, orientación, capacitación, educción, alimentación, protección de sus bienes, respeto a sus decisiones, oportunidades de trabajo y atención integral en albergues o casas hogar.

Por su parte, el Diputado Carlos Madrazo Limón (PAN) destacó que antes la vejez no era un problema en México, pues las familias se encargaban de las y los adultos mayores; sin embargo, en la actualidad hay cada vez más ancianos que se encuentran solos y las soluciones que se les dan no han sido suficientes.

Indicó que a pesar de que los adultos mayores reciben su pensión, no están atendidos adecuadamente, son abandonados y discriminados, por lo que ser adulto mayor hoy en día es lo peor que le puede pasar a una persona y los jóvenes piensan que nunca van a llegar a viejos; por eso, se deberían generar políticas públicas para que este sector pueda vivir sin miedo a la pobreza, la enfermedad, la soledad y la inseguridad.

A su vez, la Diputada Brenda Ramiro Alejo (MORENA) consideró importante que las y los adultos mayores reciban atención y se les tome en cuenta, toda vez que en algún momento de la vida todas y todos los mexicanos llegaremos a la vejez.

De igual forma, la Diputada con licencia, Mariela López Sosa (PAN), precisó que hoy las personas que ya rebasan los 60 años cuentan con una mejor calidad de vida; de ahí que a las legisladoras y legisladores les corresponde seguir luchando por ellas.

También del PAN, la Diputada Diana María Teresa Lara Carreón apuntó que es importante que los jóvenes se ayuden de los adultos para nutrirse de experiencia y los exhortó a acercarse a las comunidades y a los diversos sectores sociales para escuchar sus demandas, con la finalidad de contar con mayores políticas públicas.

La Diputada Celestina Castillo Secundino (MORENA), secretaria de la Comisión de Grupos Vulnerable, agradeció la realización de estos foros, pues ayudan a conocer sobre la realidad y las necesidades de las y los adultos mayores.

A nombre de la Diputada Gabriela Sodi, el enlace técnico de la Comisión, Gerardo Larrauri Escobar, manifestó que México se encuentra en una etapa de envejecimiento en la que el porcentaje de población de 60 años se acerca al número de jóvenes menores de 15 años, lo que indica que la pirámide poblacional está a una década de invertirse y nivel presupuestal traerá grandes retos, ya que habrá más dependiente económicos que personas económicamente activas.

Por su parte, Ignacio Molina, de la Asociación Civil Pro Adulto Mayor, exhortó a las legisladoras y legisladores a crear leyes justas para evitar que las y los adultos mayores sean vistos como “desechos sociales”, pues, por el contrario, son personas productivas que trabajan y luchan por engrandecer a la nación; por ello, pidió que se les dé la oportunidad de seguir siendo vigentes, con un trabajo digno y respetuoso.

A su vez, Wendy Ramos, representante de organizaciones juveniles, manifestó que las políticas públicas son muy importantes en estos momentos, porque aún no existe una buena atención para los adultos mayores, quienes viven en constante maltrato y discriminación en sus trabajos u hogares.

Mesa uno: Gobernanza y participación institucional

Rocío Ruiz, directora de Fortalecimiento y Operación de Políticas Públicas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, indicó que alrededor de 18 millones de personas adultas mayores llegarán a representar el 25 por ciento de la población en 2050, por lo que se pronunció a favor de trabajar en pro de un envejecimiento digno que permitan la participación de todas las personas, sin importar la edad.

Erik Andre Torres Solís, del taller “Jóvenes Políticos”, dijo que es fundamental emprender áreas de tecnología accesible para las y los adultos mayores que les permitan estar conectados de manera independiente, fortalecer los programas de educación continua, fomentar su emprendimiento, y a crear políticas públicas que les ayuden a mantener su calidad de vida y el acceso a servicios de salud y oportunidades laborales.

La Directora de la Red Mexicana de Jóvenes Políticos, Jimena García Evaristo, convocó a quienes pertenecen a su generación a escuchar las demandas de las y los adultos mayores, para involucrarlos en la toma de decisiones, con el fin de coadyuvar en la construcción de un mejor país.

Mesa dos: Participación Intergeneracional

Juan Jesús Suárez Dueñas, Vicepresidente de Fundación La Dueña, dijo que se debe cerrar la brecha de desigualdad y buscar compatibilidad con las y los adultos mayores. “Buscamos que las personas de la tercera edad se sientan vistas, es por ello que realizamos labores y jornadas donde les llevamos música y convivencia” que les ayude a salir de su entorno.

La psicóloga Marybel Nieto Vergara dijo que se requiere de un proyecto de salud pública que integre la salud mental de los adultos mayores y conminó a los jóvenes a ayudar a promover los derechos de estas personas para desarrollar políticas públicas incluyentes.

Ángel Gabriel Almada Zacarías, Coordinador de Agenda 2030 de la Red de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, aseveró que los jóvenes desean ser escuchados, que las políticas públicas incluyan a todos los sectores sociales, principalmente a los más vulnerables, pero sin perder de vista la memoria colectiva, porque queremos una nueva forma de hacer política, pero sin un gobierno clasista, racista y sin ninguna forma de violencia.

En su turno, Omar Vargas, de la Fundación La Dueña, manifestó que la sociedad ha dejado de lado a los adultos mayores, lo cual no debe ocurrir en la realidad que vive el país. “Debemos generar esas políticas públicas y apoyos que tienen que ser aplicados a ese grupo de personas para lograr su integración”.

María Ángel Torres Gutiérrez, Coordinadora Estatal de Cambio Climático de la Red de Jóvenes Políticos de la Ciudad de México, reconoció que este país no solo es de jóvenes, sino de muchas personas más, por lo que llamó a su comunidad a salir a las calles, al campo a otras ciudades, a escuchar las necesidades de las personas de la tercera edad, a fin de empezar a trabajar en favor de ellas y ellos.

Finalmente, la Maestra en finanzas, Leticia Rodríguez, propuso dar capacitación y educación a las y los adultos mayores, así como educar a las niñas y niños desde el kínder sobre el papel y la importancia que tienen en la sociedad las personas adultas mayores

Piden garantizar a las personas adultas mayores el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso

•La iniciativa también incorpora el concepto de autonomía regresiva: Diputada Álvarez Solís (MC) 

La Diputada María Asención Álvarez Solís (MC) propuso modificar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para garantizar a estas personas el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, así como incorporar el concepto de autonomía regresiva que se debe considerar en cualquier proceso judicial que las involucre. 

Los cambios a dicha ley definen a la autonomía regresiva como “el proceso de la autonomía progresiva, en el que se tiene menor autonomía y mayor dependencia, debido al deterioro en las capacidades físicas, sensoriales y cognitivas, que implican un deterioro en el bienestar de las personas adultas mayores”.

Establecen que esta legislación tendrá por objeto garantizar a las personas adultas mayores el derecho a recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, “atendiendo en todo momento su autonomía regresiva”.

Además, señala que al garantizar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el beneficio de las personas adultas mayores de asistencia jurídica en el retiro de sus actividades laborales, considere en este proceso la situación de vulnerabilidad que presenten, ocasionada por su autonomía regresiva. 

La propuesta, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refiere que existen diversos instrumentos internacionales que buscan garantizar a las personas adultas mayores el acceso a la justicia; sin embargo, para alcanzar este objetivo es necesario hacer posible un procedimiento especial para la o el adulto mayor. 

El Estado, agrega, debe establecer nuevos mecanismos jurídico-procesales que permitan un verdadero acceso a la justicia sin trabas o requisitos innecesarios; además, considerar la edad de las personas como un elemento o factor que siempre ha gravitado en el derecho.

Afirma que cuando una o un adulto mayor acude ante las instituciones del Estado a ejercer sus derechos, concretamente al Poder Judicial, éste debe garantizar en todo momento que se respete la dignidad humana, que no se cometan abusos en su contra y que se tomen las medidas necesarias para cerciorarse de que se entiende claramente el procedimiento en que se están ventilando sus derechos y que conozca en todo momento la situación jurídica en que se encuentra, para que pueda ejercerlos. 

En ese sentido, añade, se debe considerar obligatoriamente la disminución en la condición física y sensorial de las personas adultas mayores que advierta un deterioro cognitivo que impida comprender lo que acontece, de tal manera que pueda o no acudir a la justicia por derecho propio; por ello, las instituciones en cualquiera de sus niveles de competencia deben tener especial cuidado en salvaguardar los derechos y la dignidad humana de esas personas.

Piden que el Estado implemente acciones afirmativas para compensar las condiciones de discriminación de personas adultas mayores

• La Diputada Alvarado Murguía (MORENA) plantea reforma legal en la materia

La Diputada Rosa María Alvarado Murguía, de Morena, impulsa una iniciativa para que el Estado, a través de la Administración Pública, implemente las acciones afirmativas necesarias para compensar las condiciones que discriminan a las personas adultas mayores del ejercicio de sus derechos, a fin de restablecer la igualdad y reivindicar sus derechos. 

El proyecto de decreto, turnado a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, propone adicionar la fracción IV al Artículo 6º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a fin de contribuir a garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de este sector poblacional, ya que es un pilar fundamental de la sociedad mexicana.

En su exposición de motivos, Alvarado Murguía asegura que en México el número de personas mayores de 60 años aumenta considerablemente. Sin embargo, enfrenta hoy en día actos de discriminación de diversas formas, ya sea sexual, por su situación socioeconómica, condición étnica o estado de salud, además de las carencias en vivienda y cuidados adecuados.

Por ello, es necesario fortalecer el vínculo entre las políticas sociales de vivienda y salud, con el propósito de coadyuvar a que las personas adultas mayores vivan una vida digna y libre de todo tipo de discriminación. 

Expone que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación es la que reglamenta el contenido y alcance de la cláusula antidiscriminatoria contenida en el Artículo 1º constitucional, cuyos fines son prevenir y eliminar la discriminación que se ejerza contra cualquier persona.

A pesar de ello, la acción del Estado ha sido desarticulada y fragmentada frente a un problema complejo y estructural como la discriminación, debido a su base histórico y cultural, su magnitud, extensión y profundidad, pues se ha limitado a considerarlo como un problema secundario y no socio estructural.

Desde esta perspectiva, subraya que a esta situación se debe enfrentar con una estrategia transversal, sostenida y concertada, que atienda las causas estructurales y sus manifestaciones generalizadas, con la participación de los poderes públicos y los tres niveles de gobierno.

La Diputada Alvarado Murguía destaca que su iniciativa tiene como objetivo adicionar a la ley la definición “acciones afirmativas”, para que “el Estado, a través de la administración pública las implemente, para compensar las condiciones de discriminación a las personas adultas mayores del ejercicio de sus derechos, a fin de reivindicar sus derechos”.

Autoridades sanitarias deben garantizar tratamientos adecuados para personas con VIH, piden en Senado

•El Estado tiene que asegurarse de que este sector de la población tenga una óptima calidad de vida: Gregorio Díaz Carrasco.

Las personas con VIH que reciben un tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable, además de proteger a sus parejas y a la sociedad, ya que se reduce el riesgo de contagio, aseguró el Senador del PRD, Christian Gregorio Díaz Carrasco.

Por tal motivo, el legislador exhortó a diversas autoridades del sector salud, para que realicen acciones con pleno respeto a los derechos humanos, la diversidad y perspectiva de género, y garanticen el abasto de medicamentos necesarios y suficientes para los usuarios de los tratamientos de prevención, atención y control de personas con VIH.

Mediante un punto de acuerdo, busca que la Secretaría de Salud, el Centro Nacional Para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado garanticen tratamientos que le permita llevar a este sector de la población una óptima calidad de vida.

En la propuesta, publicada en la Gaceta del Senado de la República, el Senador Díaz Carrasco señaló que tratamientos como la terapia antirretroviral reducen la carga viral en el sistema del paciente y ayudan a que se mantenga sano y en óptimas condiciones, para que su organismo logre combatir el resto de las infecciones que generalmente se encuentran en el entorno.

Recordó que el VIH ataca el sistema inmunitario de una persona, por lo que, de no tratarse adecuadamente, pasa a la fase del SIDA, misma que es la más grave del virus, por lo que pueden transmitirlo fácilmente a otras personas.

Por ello, agregó, es imperante atender este asunto, ya que representa un problema de salud pública, por lo que las autoridades sanitarias deben refrendar su compromiso con la sociedad y aminorar los efectos adversos a las personas que contraen el virus, para que tengan una calidad de vida digna con el tratamiento adecuado.

Plantea Max Correa blindar programas sociales ante posible uso electoral

* Propuso dar rango constitucional a los programas sociales y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.
* Busca contribuir al Estado de bienestar impulsado a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En nombre del grupo parlamentario de MORENA en el Congreso Local, el diputado Max Agustín Correa Hernández propuso reformas a la Constitución Política estatal para garantizar la extensión progresiva con cobertura equitativa, cuantitativa y cualitativa de los programas de bienestar social que el Ejecutivo estatal otorga a la ciudadanía, como un derecho constitucional y no como una dádiva político-electoral.

El legislador, informó que 24% de la población mexiquense se encuentra en pobreza alimentaria. Explicó que también se busca establecer el derecho constitucional a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad y la obligación del Estado a garantizarla, como parte del proyecto de Estado de bienestar igualitario y fraterno que el grupo legislativo de MORENA pide ampliar y elevar a rango constitucional en la entidad, explicó.

En este sentido, señaló que el apoyo económico relativo al derecho a la alimentación sea para personas con discapacidad permanente, indígenas o afromexicanas que se encuentren en situación de pobreza, madres solteras que tengan a su potestad hijas e hijos menores de edad o con alguna discapacidad y adultos mayores.

Además, mandata al Ejecutivo estatal, al Sistema Estatal de Planeación Democrática, al Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de México y municipios a hacer uso de indicadores estadísticos y geográficos para la planeación, programación, presupuestación y en la elaboración de los informes de gobierno que permitan garantizar los principios de progresividad, cobertura equitativa, transparencia y rendición de cuentas.

El legislador explicó que de esta manera se fortalece el uso del marco geoestadístico, diseñado para que los municipios y el gobierno estatal puedan identificar las áreas que tienen mayor rezago social para la entrega de los programas sociales.

Esta iniciativa, explicó, va en concordancia con la reforma a la Constitución Política del país impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los apoyos sociales sean una realidad constitucional para toda la población beneficiaria, mediante la instauración del Estado de bienestar que le permita superar la condición de vulnerabilidad combatiendo la discrecionalidad y el condicionamiento político-electoral como práctica nefasta al otorgar programas y beneficios sociales con recursos públicos

La iniciativa remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo y Apoyo Social, propone reformas a la Constitución Política estatal, así como a la Ley de Asistencia Social del Estado de México y Municipios.