Hay riesgo de que Moreno Valle siga masacrando a su propia población, advierten

Redacción Revolución - @revolucion3_0 “Descontrolado por una locura violenta”, así de rotunda fue la definición del senador del Partido del Trabajo (PT), Manuel Bartlett para con el gobernador poblano, el panista Rafael Moreno Valle, por lo que explicó es una represión generalizada contra la protesta social en la entidad

En medio del repudio generalizado que el mandatario blanquiazul ha provocado por la aplicación de su Ley Bala, que ocasionó la muerte del menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el legislador oriundo de Puebla refirió que la desaparición de poderes que exigieron diversas organizaciones sociales puede proceder en el Senado de la República. Aunque como advirtió, Enrique Peña Nieto y su grupo de colaboradores podrían escudarlo como parte de un agradecimiento político, tras la aprobación que el Congreso local dio a la reforma energética –promovida desde el Ejecutivo- el pasado diciembre. “Está buscando el apoyo de Peña Nieto abiertamente, cuando es panista y ahí lo van a cuidar”, declaró. Luego de lamentar la muerte del menor de 13 años a causa de una bala de goma, lanzada por elementos de la Policía Estatal que se incrustó en su cabeza, Bartlett acusó que el gobierno federal no puede permitir que el crimen quede en la impunidad, pues existe el riesgo de que “siga masacrando a su propia población”, con la promoción de la violencia hacia sus detractores. Sumados a la postura del senador, medios, periodistas, población civil y activistas no dudaron en exhibir su rechazo al gobierno de Moreno Valle. Matías Pascal, columnista del Uno Más Uno, por ejemplo, fue claro y también consideró como el principal responsable del asesinato al mandatario, a quien “los poblanos tendrán que soportar, los excesos y despotismo del hoy gobernador hasta que termine su mandato”, escribió. De igual forma, en su texto titulado “Rafael Moreno Valle, loco de poder”, lo instó a realizarse nuevamente estudios mentales, los cuales dijo no serían positivos, pues de otra manera no se puede justificar “cómo un servidor del pueblo puede decretar leyes crueles e inhumanas que no sólo sobajan a la población, sino que la colocan en riesgo no únicamente de resultar lesionados, sino que ante todo coarta las libertades que se le deben garantizar a todo ciudadano”. En ese mismo sentido crítico, el periodista Arturo Rueda, en su columna Tiempos de Nigromante, expresó que “Asesino” será un apellido que el poblano no podrá quietarse nunca más, tal como su antecesor no pudo librarse del “Precioso”. “Moreno Valle es un peligro para Puebla. Aunque es un político-zombi, un muerto que camina, le quedan dos años de gobierno para continuar aplicando la #LeyBala para continuar machacando a los poblanos que tengan la osadía de salir a reclamar sus políticas dictatoriales”, plasmó el columnista en su espacio para SDP. Desde Estados Unidos, el líder migrante Carlos Orea indicó que lo menos que pueden hacer Moreno Valle y su secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas, es “irse y aceptar sus responsabilidades”, aseguró el activista, quien además exigió que se conforme una comisión internacional que investigue el caso, pues no debe quedar en la impunidad. Igual desde la unión norteamericana, pero esta vez en Nueva York, frente al consulado mexicano, un grupo de manifestantes con pancartas en mano pidió la dimisión del político poblano, además de pronunciarse por la libertad de Mireles. Este tipo de expresiones, fueron secundadas en San Bernardino Chalchihuapan, lugar del incidente, donde los pobladores colocaron mantas en puentes acusando al gobernador de asesino, así como decenas de pintas en paredes de la región, con el fin de externar su repudió al asesinato de su pequeño habitante. La redes sociales también se unieron al rechazo colectivo y encabezados por la actriz Ana Colchero, miles de cibernautas lamentaron el fallecimiento de Luis Alberto y señalaron como único culpable a Moreno Valle, a quien colocaron durante algunas horas como homicida con el hashtag #MorenoValleAsesino. El gobernador por su parte, ha evitado cualquier pronunciamiento al respecto, e incluso en un evento público del lunes impidió el acceso a la prensa.